Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez

Expediente 994/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
994/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a cuatro de enero de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; dejándose sin efectos la medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión que deriva este juicio. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a cuatro de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Jorge Trejo Veloz. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON. Esta autoridad con domicilio en Blvd. México s/n del Fraccionamiento Latinoamericano de Torreón, Coahuila. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO REGION LAGUNA I, LIC. EDUARDO NAKASIMA MARTINEZ Esta autoridad con domicilio en Periférico Raúl López Sánchez km 3+900 Colonia Los Viñedos, Torreón, Coahuila IV.- ACTOS RECLAMADOS: RECLAMO DEL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON AUTO DE VINCULACION A PROCESO DICTADO CON FECHA 05 DE JULIO DE 2021DENTRO DE LA CAUSA PENAL No. 493/2021 QUE SE ME INSTRUYE POR EL DELITO DE DESPOJO POR IMPEDIMENTO DE DISFUTE DE UN DERECHO REAL SUPUESTAMENTE EN PERJUICIO DE LA TERCERA INTERESADA CONSTRUCCIONES MONACO, S.A. DE C.V. Y DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD DE LITIGACION DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO REGION LAGUNA I, LIC. EDUARDO NAKASIMA MARTINEZ LA JUDICIALIZACION DE LA CARPETA DE INVESTIGACION No. 2137/TOR/UTMCT/2019 Y TODAS LAS CONSECUENCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE DERIVEN DEL ACTO RECLAMADO DEL JUEZ RESPONSABLE. ADEMAS RECLAMO DEL MISMO JUEZ Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO RESPONSABLE LA ENTREGA MATERIAL DE LA FINCA URBANA UBICADA EN CALLE VENEZUELA No. 1231 DEL FRACIONAMIENTO LATINOAMERICANO DE ESTA CIUDAD EN LA CUAL TENGO EL CARÁCTER DE ARRENDATARIA, ORDEN DICTADA EN LA MISMA FECHA DEL AUTO DE VINCULACION A PROCESO Y SUPUESTAMENTE EJECUTADO EL DIA 08 DEL MISMO MES Y AÑO, DE LO CUAL NUNCA FUI NOTIFICADA NI FUI LLAMADA A PARTICIPAR EN DICHA DILIGENCIA. POR OTRA PARTE SE RECLAMA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EL DESPOJO DE LOS BIENES MUEBLES DE MI PROPIEDAD CON EL ASEGURAMIENTO Y ENTREGA DE LA FINCA ASEGURADA SE ME OCACIONO DICHO PERJUICIO SIN QUE FUERA NOTIFICADA NI LLAMADA A PARTICIPAR EN DICHA DILIGENCIA". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señalo que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Previa aclaración, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se desechó en parte la demanda de amparo y se admitió parcialmente la misma, se solicitaron los informes justificados, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se dio la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En el mencionado acuerdo, se desechó la demanda de amparo respecto de la judicialización de la carpeta de investigación número 2137/TOR/UTMCT/2019, y se admitió respecto de los diversos actos consistentes en el auto de vinculación a proceso de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictado en contra de la quejosa por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, dentro de la causa penal 493/2021, así como la orden de entrega material del inmueble ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad, así como su ejecución por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado Región Laguna I. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 52 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta y, tiene ejecución en el lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictado en contra de la quejosa por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, dentro de la causa penal 493/2021, así como, La orden de entrega material del inmueble ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad, decretada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, dentro de la causa penal 493/2021, así como su ejecución por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado Región Laguna I, Licenciado Eduardo Nakasima Martínez. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los mismos, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así expresamente lo manifestaron al rendir su informe justificado. Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las documentales enviadas por el juez responsable, consistentes en la copia certificada del audio y video de la audiencia respectiva y su continuación de fechas treinta de junio y cinco de julio ambas de dos mil veintiuno. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, al tratarse de documentos públicos, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Al respecto se aplica la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Sustenta lo anterior además la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenida al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, página 553, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, este juzgador estima que respecto de los actos reclamados al agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado Región Laguna I, Licenciado Eduardo Nakasima Martínez, consistente en la ejecución de la orden de entrega material del inmueble ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad, decretada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, dentro de la causa penal 493/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso numeral 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esos dispositivos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Por acto de autoridad se entiende aquel acto unilateral a través del cual un órgano del Estado, en un plano de supra a subordinación y en ejercicio de una facultad decisoria, con fundamento en una norma legal crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Para clarificar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, a través de la cual éstos actúan en un mismo plano; así, para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente, porque esas partes se encuentran en el mismo nivel; es decir, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Bajo este contexto, de lo transcrito y del análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados al agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado Región Laguna I, Licenciado Eduardo Nakasima Martínez, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no son actos que deriven de una relación de supra a subordinación. Ahora, si bien por regla general, el agente del Ministerio Público puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria y, por tanto, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo; la realidad es que tales facultades tienen como límite la judicialización de sus actuaciones; es decir, que una vez que se consigna la causa de que se trate ante un órgano jurisdiccional y que éste radica el mencionado expediente, el agente de Ministerio Público dejará de tener el carácter de autoridad y adquirirá el de parte dentro del proceso. Lo anterior, implica que una vez judicializada la causa penal de que se trate, las actuaciones desplegadas por el agente del Ministerio Público se encontrarán exentas del tamiz constitucional, al no poder considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 40/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Febrero de 2001, Página: 9, registro digital 190299, de contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes". Así como la tesis I.8o.P.23 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5285, de contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional". De la lectura de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por el juez responsable, consistente la copia certificada del audio y video de la audiencia de treinta de junio de dos mil veintiuno y su continuación de cinco de julio ambas de dos mil veintiuno, se obtiene que el Agente del Ministerio Público responsable, judicializo la carpeta de investigación número 2137/TOR/UTMCT/2019, lo que dio origen a la causa penal 493/2021. Ahora bien, en la mencionada causa penal, el treinta de junio de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia de formulación a la imputación ante el juez de la causa, y en su continuación de cinco de julio siguiente se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la quejosa; asimismo, en la mencionada audiencia, a solicitud del asesor jurídico de la parte ofendida, el juez responsable ordenó la entrega material del inmueble ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad, dentro de los próximos tres días hábiles después de esa fecha; determinación que se ejecutó el siete de julio de dos mil veintiuno. De este modo, resulta factible considerar que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado Región Laguna I, Licenciado Eduardo Nakasima Martínez, ha perdido el carácter de autoridad y adoptado el de parte dentro del proceso penal 493/2021; lo cual a su vez, implica que no podría considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque actualmente sus determinaciones carecen de autonomía y coercibilidad; precisamente porque al haber judicializado la causa, sus actuaciones se encuentran supeditadas al arbitrio del juzgador que conoce de la causa de que se trata; por tanto, el juicio de amparo promovido contra la ejecución de la orden de entrega material del inmueble ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad, resulta improcedente. En ese orden de ideas, el juicio de amparo contra los actos reclamados al agente del Ministerio Público de la Unidad de Litigación de la Delegación de la Fiscalía General de Justicia del Estado Región Laguna I, Licenciado Eduardo Nakasima Martínez, deviene improcedente al no tratarse de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme al artículo el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo. En conclusión, respecto de los mencionados actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER el presente juicio de amparo. Por otro lado, al no advertirse diversa causal de improcedencia de oficio ni alguna alegada por las partes, resulta procedente realizar el estudio del fondo del asunto respecto de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón. QUINTO. Cuestión previa. La obligación del juez de amparo, tratándose de este medio extraoficial de defensa, en contra del auto de vinculación a proceso, debe verificar, -en suplencia de la queja deficiente-, todos aquellos aspectos que trascendieron a la decisión del juez de control, pues naturalmente, los datos dados por el fiscal, sirvieron de base para formular la imputación y vincular a proceso, sin que ello desatienda que son actos diferentes, con independencia que se hubiesen dictado en la misma audiencia, por lo cual, al cerrarse las etapas en el sistema penal acusatorio, oral y adversarial, es de suma importancia en este juicio de amparo indirecto, verificar la legalidad y constitucionalidad de las autoridades responsables. Sirve en sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Tesis: 1a./J. 94/2011 (9a.), página 689, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." En el caso, no ha lugar a analizar respecto de la legal detención, puesto que la quejosa no fue detenida, sino que compareció a la audiencia inicial en libertad. SEXTO. Debido proceso. Defensa adecuada. Asistencia técnica legal y control de la detención. Previo al inicio de la audiencia de imputación, el juez responsable, advirtió la comparecencia del defensor público, quien fue designado en la audiencia por la quejosa; sin que en el caso se deba analizar el control de la detención, puesto que la imputada no fue detenida, sino que compareció a la audiencia en libertad. Formulación de imputación. En audiencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de la quejosa Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez, por parte de la fiscalía, que se le sigue investigación por el delito de despojo por impedimento de disfrute de derecho real, cometido en agravio de Edificaciones Monaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues se le comunicó que se le imputa que siendo aproximadamente entre las dos horas del doce de julio del año dos mil diecinueve, arribó en compañía de tres sujetos al domicilio ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano, construido en el lote de terreno número 6, manzana 11, superficie 148 metros cuadrados, con las medidas y colindancias ahí descritas, quienes comenzaron a golpear el candado, mientras la quejosa jaloneaba la puerta hasta que lograron abrirla para después introducir muebles al mencionado inmueble, ocupando la quejosa y un diverso sujeto el ilegítimamente el inmueble, además impidiendo a la víctima el derecho real que tiene sobre el inmueble, siendo el uso, goce y disposición del mismo, el mencionado hecho está tipificado como despojo por impedimento de disfrute de un derecho real, previsto y sancionado en el numeral 298, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con su forma de intervención de autor material en términos del artículo 34 apartado A, del mencionado Código Penal de forma dolosa; haciéndole saber las personas que declarar en su contra. Luego el juez le otorgó su derecho a la declaración y a la no autoincriminación; la quejosa manifestó su deseo en declarar y así lo hizo; declarando entre otras cosas que ella llegó a esa casa el seis de julio de dos mil dieciséis, ya que le rentó la casa a una persona de nombre María Guadalupe Alvarez Aguilar, y que fue hasta septiembre de dos mil diecisiete que al llegar al domicilio encontró una notificación en el mismo, y que se lo llevó a la persona que le rentó la casa para que se encargara de ello. Acto seguido, el fiscal interviniente manifestó que era su deseo formularle preguntas a la imputada, sin embargo ella se negó a contestar, virtud a lo cual el fiscal manifestó que no formularía preguntas. Posterior a ello, el juez responsable le preguntó a la imputada sí resolvía en ese momento, en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro, decidiendo la imputada acogerse al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, previo a ello, se permitió a la imputada escuchar los datos de prueba con los que cuenta la fiscalía, y fijaron las diez horas del cinco de julio de dos mil veintiuno para su continuación. Acto seguido, la imputada solicitó al juez de la causa se levantara el aseguramiento decretado por el agente del ministerio público, y una vez que dio oportunidad a debate, el juez resolvió que debía subsistir dicha medida en términos del numeral 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, terminado con la audiencia. Concluyendo con la audiencia inicial a las diez horas con treinta y cinco minutos de esa fecha. Continuación de la audiencia. Comenzó a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco de julio de dos mil veintiuno, y terminó las catorce horas con quince minutos de la fecha, lo cual será analizado en su apartado correspondiente. Término constitucional. Igualmente, es factible verificar que se cumpliera con lo establecido en los artículos 16, 19 y 20, apartado A, fracción II, y apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la jurisprudencia 120/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la pregunta respecto al término en que debe resolverse la situación jurídica de los quejosos, se debe realizar después que los imputados escuchen la formulación de la imputación y no antes. Se explica. Con independencia que la audiencia se lleve a cabo en un solo momento, ello no indica que se deba dividir las etapas por las que transcurre el proceso penal, estas son 1) Solicitud de legal detención; 2) Formulación de imputación y 3) Solicitud de vinculación a proceso. La jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217, primer párrafo de la Ley de Amparo, en el sentido que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, lo que de no acontecer ocasiona una violación al derecho de adecuada defensa que le reviste al imputado. Al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal, determinó que sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendría como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. El criterio jurisprudencial a que se hace referencia es del rubro y textos siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar . En la especie, el juez responsable acertadamente cumplió con aquello, pues permitió que entre las etapas 2) y 3), esto es, después que escuchó la imputada la formulación de la imputación y posterior a la solicitud de vinculación a proceso, le cuestionó respecto que sí era su deseo se resolviera su situación jurídica en esa audiencia, o si decidía acogerse al término del artículo 19 constitucional. Conclusión. El juez al resolver sobre la vinculación a proceso cumplió con los parámetros previstos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la quejosa, ya que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Decisión Judicial. Suplencia. En principio, cabe resaltar que el presente asunto es de naturaleza penal del nuevo sistema de justicia penal, oral y adversarial y que la quejosa es la imputada, por lo cual, tanto el análisis de los conceptos de violación como del auto de vinculación, serán bajo la óptica de la suplencia de la queja deficiente, a fin de satisfacer el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo. Metodología de resolución. Ahora, respecto a la metodología del sistema epistémico que se realizará a fin de resolver el presente asunto, se aborda en principio, los argumentos formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo a manera de conceptos de violación, luego, la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso. Conceptos de violación. Sostiene la parte quejosa, en su concepto de violación que la resolución reclamada transgrede los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no existen datos suficientes que hagan probable la responsabilidad de la quejosa, además de que el auto de vinculación a proceso no está debidamente motivado, violando la garantía de legalidad a que alude el artículo 16, ya que no se expresa en forma amplia y suficiente la motivación, circunstancia del supuesto ilícito que se le imputa a la impetrante de garantías. Además que el juez de la causa no especifica ni abunda en los datos en los que acredita el delito genérico ni la modalidad, por lo que es carente de argumentación que funde y motive; y que a la fecha había precluido el derecho de querella de la parte ofendida. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Acorde a lo anterior, en relación al dolo y participación no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ahora, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo y participación, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo y participación es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. Por tanto, sí el auto de vinculación a proceso, no es el momento idóneo para comprobar la participación y el dolo, como elementos del cuerpo del delito, el juez responsable, no tenía por qué analizarlo al dictar el auto de sujeción a proceso. Sirve en sustento a lo anterior, lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.), Página: 360, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Así como el criterio visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Tesis: XXIII.10 P (10a.), página 2168, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE." Constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, en suplencia. Sobre el tema, es necesario fijar el alcance de estudio del juez de amparo, en el auto de vinculación a proceso. Primeramente, es de fijar que la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Luego, se puede realizar un test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Apoyan las anteriores consideraciones la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Penal, Tesis: XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), página 2388, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Así como el criterio consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P.80 P (10a.), página 2571, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR." Ahora, es momento de verificar que, conforme los razonamientos apuntados en la primera parte del apartado que antecede, el juez responsable -para sujetar a proceso a la ahora imputada- verificara que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Respecto al inciso 1), el juez responsable consideró que los hechos sucedieron en el domicilio ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano, el doce de julio de dos mil diecinueve a las dos horas aproximadamente, cuando diversas personas se introducen al inmueble, las cuales no tienen el derecho o propiedad sobre el inmueble, y con su actuar vulneraron el derecho real de la parte ofendida. Así pues, quedó satisfecha la primera exigencia constitucional, al existir un hecho. Ahora, respecto al inciso 2), el artículo 298, fracción II, dispone que lo siguiente: "Artículo 298 (Despojo) Se impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa: I. (Despojo de inmueble o de derecho real ajenos) A quien, por medio de intimidación, violencia física, engaño, furtivamente, o aprovechándose de la falta de vigilancia, se posesione de un bien inmueble ajeno, o haga uso de un derecho real que no le pertenezca. II. (Despojo por impedimento de posesión del propietario, o por impedimento del disfrute de un derecho real) A quien empleando cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior, de propia autoridad impida materialmente el disfrute de un derecho real, o la posesión de un inmueble por parte de quien tenía el disfrute o la posesión conforme a la ley". En ese orden de ideas, el juez responsable, verificó que el hecho puesto a su árbitro judicial, está señalado en la ley como delito, esto es, la conducta de impedir materialmente el disfrute de un derecho real, o la posesión de un inmueble por parte de quien tenía el disfrute o la posesión conforme a la ley. Así pues, quedó satisfecha la segunda exigencia del artículo 19 constitucional. Finalmente, respecto al inciso 3), también se encuentra satisfecho, pues tal y como lo señaló el juez responsable, fueron señalados por los testigos, como la persona que ingreso al domicilio en compañía de diversos sujetos y quien ocupaba el inmueble relativo a la causa penal. En efecto, existe señalamiento directo por personas con capacidad para hacerlo, y con ello, se satisface el tercer elemento exigido por el artículo 19 constitucional. Incluso el juez destacó que la imputada no aportó un dato de prueba objetivo que tuviera un derecho real sobre el inmueble y que por el contrario, afirmó la imputada que existe una relación contractual con una diversa persona respecto del inmueble, la que incluso no se acreditó ante el juez que la diversa persona tenga un derecho sobre el mencionado inmueble. Por lo que el juez destacó que existía la probabilidad de que la imputada sea una de las personas que acudieron al inmueble el doce de julio de dos mil diecinueve a las dos horas, y aprovechándose que el domicilio no se encontraba ocupado, forzando los medios de seguridad establecidos en el inmueble se introducen en el mismo. No obsta recalcar, que tal y como lo dijo el juez responsable, todo el análisis de lo anterior, radica en un grado bajo de inferencia, esto es, en probabilidad, pues la vinculación a proceso no es más que verificar que exista un hecho que la ley señale como delito y se acuse directamente a las personas que probablemente cometieron esa conducta, de ahí que, es constitucional el auto de vinculación a proceso. Aunado a lo anterior, el juez no advirtió causa excluyente de delito, y que no se encontraba prescrita la acción penal. Sin que exista alguna cuestión en contra, que contraponga la tesis epistémicamente adoptada y constitucionalmente aceptada, con el actuar del juez de control. En ese sentido, el juez responsable resolvió adecuadamente la vinculación a proceso de la aquí quejosa. Restitución de inmueble. Por otro lado, en la continuación de la mencionada audiencia de cinco de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable valoró los datos de prueba aportados por las partes y determinó que fueron suficientes para acreditar tener derecho para restituirle el inmueble materia de la causa penal ubicado en Calle Venezuela número 1231, del fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad, máxime que como correctamente lo expresó la juez responsable, la querellante acreditó la propiedad del inmueble involucrado; por lo que concluyó que la persona física Edificaciones Monaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, es quien tiene derechos sobre la propiedad y posesión del inmueble y por el contrario no se escucharon medios de prueba que puedan acreditar que la imputada tienen derechos reales sobre el inmueble. Atento a lo anterior se estima que fue correcta la determinación de la autoridad responsable en acceder a la restitución provisional del mencionado inmueble, máxime que de acuerdo a los artículos 109, fracción XXIII y 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que en cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido puede solicitar al órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo; lo anterior atendiendo sobre todo a que hasta el momento de resolver no encontró elementos de prueba que hagan suponer que la imputada tiene derechos reales sobre el mencionado inmueble, y por el contrario, la ofendida acreditó contar con derechos sobre el mismo. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto| y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. 2. Deje insubsistentes el pago contenido en el recibo de tres de mayo de dos mil dieciocho, expedido por la Administración Fiscal General, a nombre del quejoso con número de referencia 759666779. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades que enteró en el referido recibo, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Los efectos señalados se justifican, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, si bien prevé de manera expresa la cantidad mínima a pagar los conceptos de trato, esta es considerada desproporcional atento a las razones anotadas en esta sentencia. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". Impugnación. Inconformes con la sentencia, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Tan pronto fue recibida esa ejecutoria, nueve de abril de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 759666779, por la cantidad de $9,272.00 (nueve mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveídos de veinticinco de febrero y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, con el valor probatorio antes concedido, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 759666779, por la cantidad de $9,272.00 (nueve mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia, sin que ésta hubiere acudido a recoger el citado título de crédito a las oficinas de la autoridad responsable. De ahí que, si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues incluso, ante la renuencia injustificada del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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