Manuela Encinas Oláis
Expediente 178/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuela Encinas Oláis
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por Manuela Encinas Oláis, también conocida como María Manuela Encinas Oláis, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil, con residencia en Córdova, Veracruz. Se ordena el registro de la demanda con el número 178/2016-III. Ahora bien, efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Atendiendo a dichas directrices, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: a) Por el mismo quejoso o quejosos. b) Contra las mismas autoridades. c) Por el propio acto reclamado. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista los autos del juicio de amparo 19/2015-V del índice de este órgano jurisdiccional; ello, habida cuenta que dichas constancias constituyen un hecho notorio para el suscrito. Del que se obtienen los siguientes datos: a) Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, **********, también conocida como **********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades: Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en Córdova, Veracruz. Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad. Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad. Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad. Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad. Oficina Central de Actuarios de esta ciudad. De quienes reclamó: "De las RESPONSABLES ORDENADORAS, reclamo: La privación de la posesión y mis derechos de propiedad, con carácter de embargo, actos procesales, adjudicación judicial, otorgamiento de escritura en rebeldía, y sus consecuencias legales como el acto de privación y posesión, que quieran hacer en la etapa de ejecución verificado y que se quiera verificar sobre el inmueble ubicado en calle de Constituyentes #217 antes Carr. Panamericana Celaya-Salvatierra de la Ciudad de Celaya, Guanajuato., con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE 9.85 Mts., con Propiedad de CLEMENTE BIBIAN. AL SUR: 9.85 Mts., con Av. CONSTITUYENTES. AL ORIENTE: 11.20 Mts., con ROSA MARIA CARACHEO. AL PONIENTE: 11.20 Mts, con RESTO DE LOS VENDEDORES. Sin haberme citado, oído ni vencido en Juicio, habiéndome dejado en un completo estado de indefensión y sin posibilidad de hacerlo, y sin mediar juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en las que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento, sin fundamentar ni motivar adecuadamente sus actos. Toda vez, que no he sido oído ni vencido en Juicio, y que bajo protesta de decir verdad, no he sido debidamente emplazada, con lo que se conculca en mi perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, Garantías de Audiencia y de legalidad y Seguridad Jurídica, en forma independiente, que en el Juicio Ordinario Mercantil Número 1384/2010/VI, seguido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba Veracruz de Ignacio de la Llave no se adeuda un solo centavo, y que por ignorancia del TERCERO INTERESADO LEONEL CHINCHILLAS ENCINAS, al momento de hacer liquidación del adeudo, no solicitó la liberación de la obligación de pago y gravamen que obra sobre mi propiedad. De las RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS, reclamo: La ejecución que hicieron y están haciendo de los actos reclamados de las responsables ordenadoras, con todas las consecuencias de hecho y derecho. En esencia: El remate que pretenden o hicieron en bienes de mi propiedad, sin haber sido oída ni vencida en juicio, actos que señalo de la autoridad, así como el gravamen que obra en mi propiedad, dichos actos reclamados, de las responsables ordenadoras y ejecutoras, con todas las consecuencias de hecho y derecho." b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de quince de enero de dos mil quince, se radicó bajo el número 19/2015-V y se admitió a trámite. c) Seguidos los trámites y una vez integrado el expediente el veintidós de julio de dos mil quince, se dictó sentencia en dicho juicio, en la que por una parte se sobreseyó el amparo y por otra se negó. d) Inconforme con dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, el que en ejecutoria de dos de diciembre de dos mil quince, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero del fallo que se revisa. SEGUNDO. En la materia del recurso se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** o **********, en contra de los actos que reclama del Juzgado Segundo Civil de Partido de Córdoba, Veracruz, del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia y Actuario adscrito a este último, ambos con residencia en Veracruz, Veracruz, consistentes, en el emplazamiento que se le practicó dentro del expediente M1384/2010-IV, la tramitación del juicio y su ejecución." Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: **********, también conocida como **********, promovió el presente controvertido señalando como autoridades responsables al: Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en Córdova, Veracruz. Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad. Oficina Central de Actuarios de esta ciudad. Señaló como acto reclamado: "De las RESPONSABLES ORDENADORAS, reclamo: La privación de la posesión y mis derechos de propiedad, con carácter de embargo, actos procesales, adjudicación judicial, otorgamiento de escritura en rebeldía, y sus consecuencias legales como el acto de privación y posesión, que hicieron en la etapa de ejecución con fecha 4 de Febrero del 2016 que se verificó sobre el inmueble ubicado en la calle de Constituyentes #217 antes Carr. Panamericana Celaya-Salvatierra de la Ciudad de Celaya, Guanajuato., con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE 9.85 Mts., con Propiedad de CLEMENTE BIBIAN. AL SUR: 9.85 Mts., con Av. CONSTITUYENTES. AL ORIENTE: 11.20 Mts., con ROSA MARIA CARACHEO. AL PONIENTE: 11.20 Mts, con RESTO DE LOS VENDEDORES. (.) Toda vez, que no he sido oído ni vencido en Juicio, y que bajo protesta de decir verdad, no he sido debidamente emplazada, con lo que se conculca en mi perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, Garantías de Audiencia y de legalidad y Seguridad Jurídica, el Juicio Ordinario Mercantil Número 1384/2010/VI, seguido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba Veracruz de Ignacio de la Llave. Donde se deriva que fui emplazado ilegalmente supuestamente en al ciudad de Boca del Rio Veracruz el día 13 de Diciembre de 2010. De las RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS, reclamo: La ejecución que hicieron y están haciendo de los actos reclamados de las responsables ordenadoras, con todas las consecuencias de hecho y derecho. En esencia: El remate que pretenden o hicieron en bienes de mi propiedad, sin haber sido oída ni vencida en juicio, actos que señalo de la autoridad, así como el Gravamen que obra en mi propiedad, así como el auto ejecutado el 4 de Febrero del 2016 en que se ordena poner en posesión material del inmueble ubicado en Av. Constituyentes #217 de la Ciudad de Celaya, Guanajuato.." Bajo esas premisas, en la especie el requisito marcado con el número 1 se encuentra cubierto, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fueron promovidas por la misma quejosa **********, también conocida como **********. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo, a excepción de que en el segundo promovido se omite señalar a los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Quinto Civiles de Partido de ciudad. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos esencialmente reclamó el emplazamiento que se le practicó en el juicio ordinario mercantil M-1384/2010-VI, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en Córdoba, Veracruz, que promovió **********, actualmente **********, por conducto de su apoderado legal, en contra de ********** y **********, así como todo el procedimiento y su respectiva ejecución. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, también se encuentra cubierta, debido a que el acto que se reclama en el presente juicio ya fue materia del diverso juicio de amparo 19/2015-V, del índice de este juzgado. Bajo las anteriores consideraciones, si la aquí quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado el mismo que ya fue objeto del diverso juicio de amparo 19/2015-V del índice de este juzgado, en el que se determinó por una parte sobreseer y por otra negar el amparo solicitado, es incuestionable que ese pronunciamiento no puede ser desconocido en esta ocasión en que la impetrante pretende una vez más combatirlo en esta vía; de ahí que el acto reclamado que se analiza constituya cosa juzgada, al haberse declarado su firmeza. Sin que obste a lo anterior que en las correspondientes demandas la quejosa refiere haberse hecho sabedora de los actos reclamados en distintas fechas, circunstancias que no desvirtúan la mencionada identidad, ya que tal cuestión no influye en la analizada causa de improcedencia por no exigirlo la ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Antonio Rodríguez Arroyo, Carlos Morado García y Rosa María Rodríguez Morado, al contar con cédula profesional número 1323992, 1549168 y 7323337, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, y a José Antonio Rodríguez Morado, al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del Word SISE.
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