Manuel Villaseñor Rosas
Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Villaseñor Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el diverso 2586/2023, toda vez que dicha comunicación se encuentra dirigida a otra dependencia; esto es, al "Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y servicios Sociales para los Trabajadores del Estado"; en ese sentido, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y en obvio de mayores dilaciones procesales, además atento a los principios de prontitud y expedites en la administración de justicia, reenvíese la comunicación 2586/2023 a la autoridad que se encuentra dirigida, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Magistrado Instructor y el Secretario de Acuerdos de la Tercera Ponencia de la Primera Sala Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusan recibo del diverso 2587/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se les notificó el proveído de veintiocho de febrero del año en curso y se les remitieron las constancias que adjuntó al presente asunto.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c), del acuerdo en cita, el presente expediente será susceptible de destrucción en un plazo de tres años; contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Primera Sala Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como del análisis efectuado a las constancias que integran el presente asunto, en especial las remitidas por el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Primera Sala Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución -como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta- que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: El oficio DPSH/AC/2346/2022, emitido el veintiuno de junio de dos mil veintidós, por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a: I. la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno y II. la interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintidós; emitidos en el juicio de nulidad ************, de la estadística de la Primera Sala Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México. Acto que tiene como antecedentes los siguientes: **************, por su propio derecho, demandó la nulidad del oficio DPSH/2040/2021 de doce de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones Económicas en el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato, en el cual resuelve de acuerdo a lo solicitado en la sentencia de oficio DPSH/1075/2019. Del asunto conoció la Primera Sala Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, bajo el número 17847/21-17-01-3. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada para los efectos precisados en dicho fallo. En acatamiento a la sentencia del juicio de nulidad, la autoridad demandada emitió el oficio DPSH/AC/1399/2019, de seis de mayo de dos mil veintidós; asimismo, ante el requerimiento de la Sala, aquella autoridad remitió diversas constancias con las que dijo demostrar que puso a disposición del actor, un cheque por la suma de $36,935.14 (treinta y seis mil novecientos treinta y cinco pesos 14/100 m.n.). Con motivo de lo anterior, la parte actora interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, por lo cual el veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Sala responsable dirimió dicho recurso, en el sentido de declarar procedente y fundada la queja intentada por la actora, y dejó sin efectos el oficio DPSH/AC/1399/2019, de seis de mayo de dos mil veintidós. En cumplimiento, la autoridad demandada emitió el oficio DPSH/AC/2346/2022 de veintiuno de julio de dos mil veintidós, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad. Acto reclamado en la presente instancia constitucional. Resta mencionar, que idéntico criterio se sostuvo al resolver el diverso juicio de amparo 449/2022-IV, del índice de este órgano judicial. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama lo constituye el comunicado emitido por la autoridad responsable, por medio del cual adujo dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de referencia; es inconcuso, que no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime, que no debe perderse de vista que el acto reclamado no es autónomo a la ejecución de sentencia, pues guarda directa relación con ésta al constituir el cumplimiento dado a la misma. Además que no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 63 del mismo ordenamiento legal, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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