Manuel Zuñiga Muñoz

Expediente 772/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
772/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Manuel Zuñiga Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 14/JUL/2021, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente para atender el requerimiento ordenado mediante proveído de veintiocho de junio del presente año, sin que lo hubiese desahogado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Manuel Zúñiga Muñoz, por propio derecho. Notifíquese personalmente al promovente Manuel Zúñiga Muñoz, en el domicilio ubicado en calle Homero, número quinientos treinta (530), despacho ciento dos (102), colonia Polanco Quinta sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en esta ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido vía electrónica el escrito en que el autorizado de la parte quejosa, manifiesta que se encuentra conforme con la cantidad propuesta por la autoridad responsable y señala teléfono y correo electrónico para establecer comunicación; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de mérito tomando conocimiento de su contenido. Ahora, en atención al escrito que se provee, se tiene como cantidad líquida a devolver a la quejosa, la que asciende a $14,389.34 (catorce mil trescientos ochenta y nueve pesos 34/100 moneda nacional), por el concepto diferencias de aguinaldo correspondiente al año dos mil dieciséis. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga el plazo de DIECISIETE DÍAS a las siguientes autoridades: responsable, vinculadas y sus respectivos superiores jerárquicos, para que, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo cual, se determina como plazos razonables y determinados para realizar cada uno de los actos siguientes: 1.- Respecto de la autoridad directamente responsable y la vinculada, en el ámbito de sus facultades, respecto de la Directora General de Recursos Humanos y Director de Operación y Control de Pago y su superior jerárquico Oficial Mayor, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga CINCO DÍAS, para realizar lo siguiente: a) Deje de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, la porción normativa de los lineamientos reclamados que vinculan el cálculo del aguinaldo al salario base y, en consecuencia; b) Que pagó al quejoso la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. Toda vez que se determinó una cantidad a favor a la parte quejosa, procederá lo siguiente: 2.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: b) Acreditar que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, a favor del quejoso. 3.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: c) Elaborar la Cuenta por Pagar a nombre del quejoso. 4.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su respectivo superior jerárquico Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍA, para realizar lo siguiente: e) Expedir el título de crédito por la cantidad correspondiente a nombre del quejoso. 5.- Respecto de la autoridad directamente responsable Directora General de Recursos Humanos y Director de Relaciones Laborales y Prestaciones y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: g) Citar y entregar el cheque respectivo al quejoso, por la cantidad que le corresponde. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación , visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Finalmente, importa reiterar que atendiendo a la transformación jurídica en la estructura orgánica, administrativa y jurídica que dio como resultado la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Ciudad de México, las autoridades responsables como las vinculadas a cumplir con la ejecutoria de amparo, deberán ajustar su proceder a los manuales, lineamientos, normativa interna que tengan y normas generales aplicables para el caso, para cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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