Manuel Villaseñor Rosas

Expediente 1411/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1411/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Manuel Villaseñor Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, y por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Coordinador General Jurídico Consultivo y de Derechos Humanos y del Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, realizan diversas manifestaciones en torno al cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Coordinador General Jurídico Consultivo y de Derechos Humanos y del Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relativas a que dichas autoridades no forman parte del protocolo de ejecución para realizar pagos en los juicios de amparo, deberá estarse a lo acordado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en que YA SE DESVIRTUARON SUS MANIFESTACIONES, máxime que el dieciocho del mismo mes y año, se requirió a las referidas autoridades para que el primero ordenara a la segunda dar cumplimiento a lo requerido, y remitieran el oficio en el que se haga constar que se han agotado todos los medios de impugnación, y no así para que realizara el pago respectivo, por lo que es evidente que tales manifestaciones constituyen únicamente un intento de dilatar el procedimiento de cumplimiento del fallo protector. Por otra parte, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la jurisprudencia del rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", que mediante oficio 26395, dirigido al expediente 248/2021-II, del índice de este juzgado, la Subdirectora de Amparos Administrativos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que Edmundo Alejandro Escobar Sosa es la persona que actualmente ocupa el cargo de Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal. En consecuencia, toda vez que mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós se identificó a una diversa persona como Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, se ordena regularizar el procedimiento de cumplimiento y requerir a Edmundo Alejandro Escobar Sosa para que dé cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, es un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 117/2022, derivado del juicio de amparo 370/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que estableció: "En ese orden de ideas, aun cuando el referido Tribunal Colegiado de Circuito ha estimado procedente remitir a este Alto Tribunal el incidente respectivo, importa destacar que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los incidentes de inejecución 9/2022 y 20/2022, estableció que el respectivo procedimiento de ejecución debe cumplir con las siguientes formalidades: 1. Consistencia en el dictamen del Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito debe emitir dictamen consistente con la secuela procesal del asunto, por lo que si el incidente de inejecución de sentencia inició por lo que ve a la autoridad vinculada al cumplimiento, y no así por las acciones de su superior jerárquico, no es dable que ese órgano jurisdiccional proponga la separación de esta última, que no fue previamente multada y, en consecuencia, requerida antes de la apertura del incidente. 2. Plazo razonable entre la imposición de la multa y el acuerdo que ordena la apertura del incidente de inejecución. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, no es adecuado que en el mismo auto en el que se imponga la multa se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. 3. Suficiencia de requerimientos a las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y superiores jerárquicos. El juez de amparo debe operar bajo una actitud oficiosa para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, sin quedarse en una posición expectante, de ahí que debe ir más allá y requerir a la autoridad que manifestaba un obstáculo para cumplir, ya fuera la responsable o la vinculada al cumplimiento, que informara y acreditara que llevó a cabo todas las gestiones a su alcance para superar el obstáculo anunciado. Así, en caso de que las autoridades se concreten a informar que estaban a la espera de que otra autoridad actuara, el juez de amparo debe requerir que acrediten que habían solicitado la información o documentación faltante a la diversa autoridad y no asumir una actitud pasiva de simple espera; ni mucho menos emitir requerimientos genéricos, sino adecuarlos a la situación expresada de manera particular por las autoridades requeridas. En la misma tónica, resulta insuficiente que el Juez de Distrito encuentre satisfechos los requerimientos a la autoridad superior jerárquica de las responsables con la sola manifestación de que giró oficios para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues aquélla debe acreditar ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que ambas autoridades se señalaban una a la otra, y no solo que se plantó como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a las dependientes de ésta, pues de, hacerlo solo así, resulta acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. 4. Identificación de las personas físicas que se desempeñan como titulares de las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y su superior jerárquico. Para que se considere adecuadamente integrado el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, es indispensable que el juzgador de amparo, al requerir el cumplimiento, identifique de manera clara a la persona que le corresponde actuar en consecuencia, y no dejar ese aspecto al tribunal colegiado de circuito ni a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno. Es por ello que, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto proponga la destitución de las personas titulares de la autoridad vinculada al cumplimiento y su superior jerárquica, debe expresar sus nombres. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan diferentes actos cuya emisión constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que señala que en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. 5. Vinculación al juez o sala del tribunal ordinario que resolvió el juicio de nulidad. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto implique la ejecución de una diversa sentencia dictada por un juez o una sala de un tribunal ordinario, debe vincularse en el procedimiento correspondiente a quien la emitió, tomando en cuenta que ese juez o tribunal emisor deben ser los principales operadores jurídicos encargados de velar por el exacto cumplimiento de lo sentenciado, para lo cual deben desplegar todas las facultades que les encomiende la ley que les rige, de ahí aun cuando se ha llegado a un punto en el que fue necesaria la intervención de un juez de amparo, deben continuar impulsando la prosecución del trámite ordinario que las leyes dispongan para logar el cumplimiento de sus fallos, por lo que el juzgador de amparo habrá de vinculares para que, en ejercicio conjunto de sus facultades procuren la total observancia de lo ordenado, para materializar la eficacia del acceso a la justicia. Así pues, tratándose del cumplimiento de fallos del orden administrativo, el procedimiento ordinario debe satisfacer los estándares de rigurosidad, claridad y exactitud con los que se debe dictar y procurar el cumplimiento de las sentencias de orden administrativo, de esta manera las actuaciones del tribunal administrativo no deben constreñirse a la remisión de los autos que integraron el juicio de nulidad, sino también a realizar las acciones que le faculta la ley para dictar y dar cumplimiento a las sentencias en materia administrativa, en el entendido de que la falta de determinación de las acciones que las autoridades demandadas debían realizar, los requerimientos hechos a éstas, e incluso la falta de rigor en la imposición del sistema sancionatorio previsto en la ley ordinaria administrativa, no cumplen con los estándares de exactitud y claridad con los que se debe conminar al cumplimiento de una sentencia. 6. Determinación la cantidad que corresponde pagar a la parte quejosa, tratándose de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo implique la observancia de una sentencia de un tribunal ordinario que condena al pago de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación, la determinación y cuantificación de dicha cantidad constituye un aspecto esencial para determinar la forma y el momento en que se tendrá por cumplido el fallo protector, de ahí que es procedente que se tramite el incidente que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, sin que, por tanto, la presentación de la planilla de liquidación ante el Juez de Distrito, así como sus actualizaciones anuales sin modificarse el periodo que abarca la prestación a pagar, resulten suficientes para determinar el monto de la cantidad en favor de la persona quejosa, máxime si de las constancias que integran el asunto no se desprende que la autoridad responsable del cumplimiento, al momento de fijar las cantidades correspondientes por el concepto de la prestación periódica respectiva, haya señalado de forma clara y precisa el procedimiento aritmético, así como los fundamentos y motivos que utilizó para obtener la cantidad resultante en la planilla de liquidación, sobre todo, al destacarse la necesidad de establecer, en primer término, el periodo que abarca la prestación liquidada." De lo transcrito se observa que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el procedimiento de ejecución de sentencia debe cumplir lo siguiente: 1.- En los casos en los que la autoridad vinculada al cumplimiento manifieste que se encuentra a la espera de que otra autoridad actúe, el juez de amparo deberá requerir que acredite haber solicitado la información o documentación faltante. 2.- Cuando se requiera a la autoridad superior jerárquica de las responsables, este juzgado deberá verificar si acreditó haber ejercido verdaderamente sus facultades como superior jerárquico para vencer la renuencia al cumplimiento, esto es, que impuso medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del juzgado de distrito, o bien, que solventó el punto en el que diversas autoridades se señalaban una a la otra. 3.- Al requerir el cumplimiento de la sentencia, el juez de amparo deberá identificar de manera clara a la persona que corresponde actuar, es decir, deberá expresar sus nombres. 4.- Además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar el fallo protector. En consecuencia, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE a Yolanda Carolina Salcedo Pérez Directora General de Recursos Humanos, a Luis Alberto Espinoza Sauceda Director General de Programación, Organización y Presupuesto y a Edmundo Alejandro Escobar Sosa Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que acrediten ante este Juzgado de Distrito haber realizado lo siguiente: a) Edmundo Alejandro Escobar Sosa Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, emitir el oficio en el que se haga constar que se han agotado todos los medios de impugnación. b) Yolanda Carolina Salcedo Pérez Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haber solicitado al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, la suficiencia presupuestal por la cantidad que asciende a $509,490.77 (quinientos nueve mil cuatrocientos noventa pesos, 77/100 moneda nacional), por concepto de diferencias en el pago de aguinaldo, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, en favor de la parte quejosa, y remitirle la planilla de liquidación por dicha cantidad. c) Luis Alberto Espinoza Sauceda Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haber otorgado la suficiencia mencionada en el inciso b) que antecede. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE a Laura Ángeles Gómez Coordinadora General de Administración y a Jesús Omar Sánchez Sánchez Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superiores jerárquicos de la Directora General de Recursos Humanos y del Director General de Programación, Organización y Presupuesto, la primera, y de la Nava Directora General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, el segundo, las conminen a dar cumplimiento al fallo protector y remitan a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acrediten haber ordenado a las vinculadas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismos a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. En el entendido de que no basta la sola manifestación de que giraron oficios para instar a las citadas autoridades a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues deben acreditar que ejercieron verdaderamente sus facultades como superiores jerárquicos de aquellas para vencer su renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que las autoridades directamente obligadas se señalan una a la otra, y no solo se queden como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a sus dependientes, pues de, hacerlo solo así, resultaran acreedoras a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas que en caso de omisión, sin causa justificada, se hará del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que por turno corresponda conocer del incidente de inejecución de sentencia. En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, y cualquier trámite interno que ahora deba realizar, deberán hacerlo dentro del término legal que fue concedido, a efecto de evitar mayores dilaciones, por lo que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) En efecto, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, es un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en específico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como lo es que ante el inicio de próximo ejercicio fiscal, pretenderá reiniciar el procedimiento de pago bajo el pretexto de solicitar la planilla de liquidación actualizada, y así continuamente año con año de manera indefinida, evadiendo el cumplimiento de los requerimientos que le formula este órgano jurisdiccional; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. Por lo que precisamente, con en el objeto de evitar la prolongación indefinida del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, e impedir que llegue un nuevo año, que implique volver a empezar el procedimiento de cumplimiento, se les reitera, no se otorgará prorroga alguna para cumplir con lo ordenado. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta en que la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito signado por Francisco Javier Álvarez Lara, perito oficial en materia de Valuación Inmobiliaria, por medio del cual solicita se requiera diversas documentales a la quejosa, para rendir su dictamen pericial. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de remitirle a la citada perito las copias que solicita, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia simple del escrito de cuenta, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba copia certificada de las escrituras del departamento a valuar, así como la memoria técnica del régimen en condominio al cual pertenece, o en su defecto manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de ser omisa al presente requerimiento, se impondrá una multa de cincuenta unidades de cuenta, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en ***

  4. Principal

    *** Ciudad de México, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio signado por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México mediante el cual, remite el diverso por el cual, la Subdirectora de lo Contencioso, Titular del Área de Asuntos Contenciosos, en representación del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realiza manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Notifíquese

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