Manuel Zepeda Moreno

Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
108/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Manuel Zepeda Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se recibe el escrito signado por el quejoso Manuel Zepeda Moreno, por medio del cual solicita copia certificada de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, autorizando para tal efecto a la persona que refiere. Con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele las copias en los términos que solicita, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase al Presidente de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio 6883 mediante el cual se le notificó la sentencia de catorce de mayo del año en curso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, la documental que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas del catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 108/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó a su informe el Magistrado Presidente de la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en el expediente del que deriva el acto reclamado. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Manuel Zepeda Moreno, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Recepción, trámite y turno del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este juzgado, quien lo registró con el número 108/2021 y mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la admitió a trámite (foja 41), requirió el informe justificado a la autoridad responsable y otorgó al fiscal de la adscripción la intervención que le corresponde. Asimismo, en auto de veinticuatro de marzo de la anualidad que transcurre (foja 55), se reconoció el carácter de tercero interesado al Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por figurar como autoridad demandada en el juicio de nulidad del que deriva el acto reclamado y se ordenó su emplazamiento mediante oficio. Finalmente, el diecinueve de abril del año en curso (foja 59), se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa y la autoridad responsable, son los siguientes: Autoridad responsable: Magistrados Integrantes de la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La resolución de veintidós de enero de dos mil veintiuno dictada en el recurso de queja interpuesta por Manuel Zepeda Moreno que promovió por defecto en el cumplimiento de la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad administrativo número 700/19-21-01-2-OT. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (foja 53). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a su informe, consistentes en copias certificadas del juicio de nulidad 700/19-21-01-2-OT. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en sus conceptos de violación, el quejoso aduce esencialmente que la resolución que reclama es ilegal, en atención a que no se consideró que la autoridad demandada, al verificar la liquidación de diferencia de pensiones, no aplicó de manera correcta el procedimiento para obtener los montos correspondientes a los años 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1996 y 2004. Ello, porque dice, la suma correcta de los incrementos debe arrojar un aumento total correspondiente al 778.52% de acuerdo a la constancia de evolución salarial presentada y la autoridad demandada sólo aplicó un total de un 695.72%. Refiere también que la liquidación presentada por la autoridad demandada es incorrecta, en virtud que sólo considera los porcentajes de la constancia de evolución salarial, pero no los aplicados y pagados por el instituto, los cuales, para algunos años resultan con mayor beneficio. Además, que no se aprecia que la autoridad haya comparado año con año, los incrementos que debió aplicar a la cuota pensionaria con los que la autoridad demandada ya empleó y pagó, a pesar que así se ordenó en la sentencia definitiva. Conceptos de violación que en su totalidad se califican de inoperantes, como a continuación se demostrará. Para hacerlo, por principio, conviene realizar una breve exposición de los antecedentes del caso que consisten en: Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, Manuel Zepeda Moreno, por su propio derecho, demandó del Delegado Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los incrementos aplicados a su cuota pensionaria, así como el pago de las diferencias que resultaran. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, la magistrada instructora de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda (foja 19 del tomo de pruebas) -en la vía ordinaria- y la registró con el número de expediente 700/19-21-01-2-OT. Seguido el juicio por su cauce legal, el once de julio de dos mil diecinueve (foja 124 del tomo de pruebas) la sala del conocimiento dictó sentencia definitiva, en la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio 2.11.15.5/DPSH/2238/2019 emitido el ocho de abril de dos mil diecinueve por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se informó al quejoso que los incrementos realizados a su pensión fueron correctamente entregados, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de dicho instituto y condenó al Instituto demandado a lo siguiente: Inconforme con el fallo anterior, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso el recurso de revisión contenciosa administrativa número 113/2019, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 141 del tomo de pruebas) declaró infundado el recurso interpuesto. El diecinueve de septiembre de dos mil veinte (foja 171 del tomo de pruebas), el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio número 2.11.15.5/2672/2020, a través del cual dio cumplimiento a la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 700/19-21-01-2-OT, en el que, una vez realizados los ajustes correspondientes, concluyó lo siguiente: "PENSIÓN QUE SE DEBIÓ PAGAR.....$931,694.86 PENSIÓN PAGADA............$871,836.55 TOTAL...................$46,730.19 Finalmente por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte (foja 161 del tomo de pruebas), ante la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal De Justicia Administrativa, Manuel Zepeda Moreno, promovió el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada el once de julio de dos mil diecinueve en el juicio de nulidad 700/19-21-01-2-OT, el cual mediante resolución de veintidós de enero de dos mil veintiuno (foja 199 del tomo de pruebas), se declaró procedente pero infundado, bajo el argumento que no existe cumplimiento defectuoso de la sentencia. Así, a juicio de quien resuelve, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son inoperantes, en la medida que la comparación entre los agravios que hizo valer el aquí quejoso ante los magistrados responsables y los conceptos de violación que vertió en su demanda constitucional, se advierte que éstos son -en esencia- una repetición de aquéllos. Lo anterior, ya que no ataca las consideraciones en las que la autoridad responsable, fundó su decisión en la resolución que constituye el acto reclamado, consistentes en: Que los argumentos esgrimidos por el quejoso en la instancia de queja, eran inoperantes porque los mismos buscaban la inclusión de porcentajes de incremento distintos a los ya definidos en la sentencia definitiva de once de julio de dos mil diecinueve y que por ende, rebasaban los alcances del fallo; Que no había defecto sencillamente porque la actora pretendía que la autoridad demandada realizara actos que no formaron parte de los efectos y lineamientos dados en la sentencia de nulidad; Que era incorrecto que el quejoso a través de la queja, pretendiera agregar un resultado ajeno al fallo, porque en todo caso, estuvo en posibilidad de promover los medios de defensa para constreñir a la sala a atender cuestiones no abordadas, omitidas e incluso irregulares, que a su parecer, debieron ser parte de los efectos de la sentencia; Que suponer que la instancia de queja es una vía para aclarar una sentencia definitiva o adicionarle efectos no contemplados originalmente, daría lugar a que una resolución posterior pudiera modificar un fallo jurisdiccional firme, en detrimento de la seguridad jurídica a la que quedó sujeta la parte contraria para su cumplimiento; Que lo que se ordenó específicamente en la sentencia, fue que se aplicara el incremento de acuerdo a la constancia de evolución salarial de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, allegada al juicio; Que no advertía inconsistencias en la aplicación de los porcentajes expresamente ordenados en el fallo, porque la autoridad demandada determinó como incrementos a la pensión que debió pagar, los porcentajes de aumento indicados en la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve y además, porque una vez hecho eso, los comparó con la pensión que fue pagada al quejoso, advirtiendo diferencias a su favor por la cantidad de $46,730.19; y, Que por ello, no existía defecto en el cumplimiento, porque la autoridad demandada acató todas las directrices especificadas en la sentencia definitiva. De modo que, si el quejoso, en lugar de controvertir o superar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable se limita a sostener que la liquidación presentada por la autoridad demandada es incorrecta, en virtud que sólo considera los porcentajes de la constancia de evolución salarial, pero no los aplicados y pagados por el instituto y además, que no se aprecia que la autoridad haya comparado año con año, los incrementos que debió aplicar a la cuota pensionaria con los que ya empleó y pagó; entonces, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio de sus planteamientos, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto en la alzada, pues para ello era necesario, por ejemplo, que indicara porque el considerar la propuesta de liquidación que el quejoso insertó en su escrito de interposición del recurso de queja, no equivale a modificar o alterar lo ordenado en la sentencia o bien, porque hacer esa inclusión no altera o modifica la firmeza legal de la sentencia definitiva. También pudo indicar, por ejemplo, cuál numeral autoriza a las responsables a considerar para la liquidación, porcentajes diversos a los anotados en la constancia de evolución salarial y por qué la comparación que realizó la autoridad demandada, fue incorrecta. De forma que, si el quejoso no atacó todas las consideraciones que los magistrados responsables sostuvieron para decretar lo inoperante de los agravios que hizo valer a ese respecto, y en cambio, únicamente transcribe, reitera e insiste en que la liquidación presentada por la autoridad demandada es incorrecta, en virtud que sólo considera los porcentajes de la constancia de evolución salarial, pero no los aplicados y pagados por el instituto y además que, no se aprecia que la autoridad haya comparado año con año, los incrementos que debió aplicar a la cuota pensionaria con los que ya empleó y pagó, es evidente que no se otorgan al suscrito los parámetros para que esté en condiciones de emprender el estudio del acto reclamado. Así es, porque en esta instancia de amparo el quejoso estaba obligado a manifestar que contrario a lo señalado por la responsable, los agravios que en ese sentido expuso no eran inoperantes, exponiendo las razones lógico-jurídicas para llegar a tal conclusión, y no únicamente reiterar los agravios expresados ante la responsable pero ahora bajo el título de "conceptos de violación"; por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que no atacó la declaración de inoperantes realizada por parte de la autoridad responsable. No obsta para ello, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estudiar un planteamiento como concepto de violación basta expresar la causa de pedir; pues también aclaró que la aplicación de dicha figura no tiene el alcance de que se analicen aspectos genéricos si no hay argumentos que rebatan los fundamentos del acto reclamado, como en el caso acontece, ya que el quejoso se limitó a transcribir los agravios que hizo valer en apelación. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Asimismo, lo expuesto en la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Pag. 1683, Décima Época, registro 2010038, que dice: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." Es aplicable -conforme al contenido del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente- la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." Aunado a que no se advierte nada que suplir en favor de la quejosa, siendo innecesario hacer estudio oficioso del acto reclamado, pues ello debe hacerse sólo cuando deriva un beneficio, lo que no ocurre en la especie. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de Manuel Zepeda Moreno, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Zepeda Moreno, respecto del acto que atribuyó a la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las razones contenidas en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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