Manuel Vladimir Carachure Juarez
Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Vladimir Carachure Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio a través del cual la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, remite la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintitrés a efecto de acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con dicho comunicado, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable en cita. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El diez de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 985/2023, con una promoción registrada con el número 19135. Conste. Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita un término adicional a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, se tiene a la autoridad en cita, en vías de cumplimiento al fallo protector. Ahora, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 17/02/24 10:43:45 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.38.31.33.33.33 ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se concedió la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable respectiva, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para los siguientes efectos: "a) Deje sin efectos el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés pronunciado dentro del juicio oral familiar 715/2022, que sobre investigación de la paternidad promovió por Jarely Giselle Chávez Rentería, frente a Manuel Vladimir Carachure Juárez, respecto del menor de iniciales L.K.C.R, únicamente en la parte correspondiente a la fijación de una pensión alimenticia a favor del menor, correspondiente al 30% del total de las percepciones económicas que el quejoso percibe en cuanto". b) En su lugar, atendiendo a las consideraciones establecidas en esta sentencia, emita otro en el que se pronuncie nuevamente respecto de la fijación de una pensión alimenticia a favor del menor de iniciales L.K.C.R., pero considerando los alimentos de las diversas acreedores y la propia subsistencia del deudor." Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 985/2023; promovido por Manuel Vladimir Carachure Juárez; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Manuel Vladimir Carachure Juárez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno correspondió el conocimiento de este asunto a este juzgado, quien la admitió a trámite el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés (foja 12), ordenó que se registrara con el número 985/2023, otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y reconoció el carácter de tercera interesada a Jarely Giselle Chávez Rentería, representante legítima del menor de iniciales L.K.C.R, en su calidad de parte actora en el juicio familiar de origen. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el uno de septiembre del año en curso tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Manuel Vladimir Carachure Juárez señala como autoridad responsable y acto reclamado, lo siguiente: Acto reclamado: Auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés pronunciado dentro del juicio oral familiar 715/2022, que sobre investigación de la paternidad promovió por Jarely Giselle Chávez Rentería, frente a Manuel Vladimir Carachure Juárez, respecto del menor de iniciales L.K.C.R, en el cual se determinaron diversas medidas provisionales, incluyendo la fijación de una pensión alimenticia a favor del menor, correspondiente al 30% del total de las percepciones económicas que el quejoso percibe en cuanto empleado del Senado de la República. Autoridad responsable: Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado visible en la foja 22. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistentes en tres medios ópticos que contienen el expediente digitalizado relativo al juicio familiar de origen. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020051, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 1014, que dispone: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable; es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Definitividad. Al respecto, la juez responsable señala que la determinación reclamada en la cual se fijó como medida provisional, una pensión alimenticia a favor del menor involucrado, correspondiente al 30% del total de las percepciones económicas que el quejoso percibe en cuanto empleado del Senado de la República, puede ser revisada de oficio o a petición de la parte involucrada, en términos del artículo 996 del Código Familiar aplicable y que por lo mismo puede ser confirmada, modificada o revocada. Dicha causal es infundada, ya que a juicio de quien resuelve, la procedencia de la revisión de la medida cautelar a la que alude la juez responsable, está sujeta a interpretación adicional. Se explica. Primeramente, debe señalarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que contiene el principio de definitividad rector en el juicio de amparo, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como se ve, en la fracción antes citada se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. Sin embargo, como excepción a la configuración de dicho principio, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando se actualicen cualquiera de las hipótesis: *Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; *Cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; *Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y *Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso, el suscrito considera que la revisión de medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias, que invoca la juez responsable, configura un medio de defensa cuyo agotamiento por parte del quejoso, es optativa, en la medida que su configuración legal como un auténtico recurso, está sujeta a interpretación adicional; se afirma así, porque dicha revisión se encuentra establecida en el artículo 996 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que a la letra dice: "Artículo 996. Las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, serán revisadas de oficio o a petición de parte y, en su caso, modificadas en la audiencia a que se refiere el presente capítulo. Si las medidas se solicitaren en la audiencia, el juez resolverá en ella atendiendo, en lo conducente, a las disposiciones que conforme a su naturaleza resulten aplicables. Si se ofrecieren y admitieren pruebas, se desahogarán en la propia audiencia. Las resoluciones que recaigan en la revisión y la concesión de medidas en la audiencia preliminar serán irrecurribles." Como se ve, el primer párrafo del artículo inserto señala que la revisión de medidas cautelares, puede verificarse de oficio o a petición de parte y que tiene como resultado la posibilidad de modificación de la medida respectiva; sin embargo, a juicio del suscrito, dicho medio de defensa no establece claramente que el mismo constituya un medio ordinario de defensa, por virtud del cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse el acto reclamado, pues se insiste, únicamente establece la posibilidad de que, derivado de la revisión de medidas cautelares, el juez modifique la medida sujeta a la revisión, sin contener la totalidad de los alcances exigidos por el legislador (revocar, modificar y/o nulificar). De esta manera, si medio de defensa invocado por la juez responsable, no está diseñado para combatir la resolución reclamada de forma que íntegramente pueda revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, entonces, no puede exigirse a la parte quejosa que agote ese medio de impugnación antes de acudir a la vía constitucional, ya que en términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, la exigencia de agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, sólo puede operar en aquellos casos en los que, tanto la parte quejosa como el órgano aplicador de las normas adjetivas ordinarias, no se ven en la necesidad de realizar un ejercicio interpretativo "adicional" (demasiado sofisticado o complejo) para tener la certeza de que, efectivamente, procede un medio de control ordinario; por ello, procede desestimar la causal invocada. Se cita como sustento de lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 71/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2027190, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE DELITO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR ALGÚN RECURSO ORDINARIO PREVISTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios respecto a si es necesario o no agotar algún recurso ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de cumplir con el principio de definitividad y combatir, vía amparo indirecto, la resolución concerniente a la medida provisional de restitución de bienes inmuebles objeto del delito, prevista por el artículo 111 del mismo ordenamiento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no es necesario agotar algún medio de impugnación ordinario previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como condición para promover un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que concierne a la medida provisional de restitución de bienes inmuebles objeto del delito, prevista por el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: En los artículos 465 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevén los recursos de revocación y de apelación a través de los cuales diversas resoluciones judiciales pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas; sin embargo, dentro de las hipótesis previstas en ambas disposiciones legales, no se encuentra el supuesto relativo a la impugnación de la orden como medida provisional de restituir el inmueble materia del delito en favor del ofendido. De manera específica, ninguna de las once fracciones del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el supuesto a través del cual se ordena como medida provisional a favor de la víctima u ofendido del delito, restablecer las cosas al estado previo en que se encontraban, según lo dispone el artículo 111 del mismo ordenamiento. De esta manera, si el recurso de apelación no está diseñado para combatir la resolución reclamada en el juicio de amparo, entonces, no puede exigirse a la parte quejosa que agote ese medio de impugnación antes de acudir a la vía constitucional. En términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, la exigencia de agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, sólo puede operar en aquellos casos en los que, tanto la parte quejosa como el órgano aplicador de las normas adjetivas ordinarias, no se ven en la necesidad de realizar un ejercicio interpretativo "adicional" (demasiado sofisticado o complejo) para tener la certeza de que, efectivamente, procede un medio de control ordinario. En el caso, se necesitaría un razonamiento analógico de relativa complejidad para caracterizar la medida provisional prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales como una figura asimilable a una providencia precautoria o a una medida cautelar, por ser supuestos explícitamente susceptibles de apelación. Ese razonamiento únicamente podría lograrse a partir de un discernimiento sobre la naturaleza de las medidas comparadas y sobre la genuina intención del legislador. Exigir a la parte quejosa la realización de ese ejercicio interpretativo resultaría en un obstáculo procesal injustificado e incompatible con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, el cual pretende hacer del juicio de amparo un medio de control accesible y efectivo." Dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, procede que este juzgador emprenda el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, el concepto de violación en el que el peticionario del amparo aduce que la determinación de alimentos que constituye el acto reclamado, es ilegal porque dejó de realizar un análisis integral de los elementos que valore globalmente las necesidades alimentarias de todos sus acreedores alimentarios, así como su propia subsistencia. Para dar sustento a dicha calificación, primeramente debe señalarse que como ya se dijo, el quejoso se duele en esta instancia de amparo de la determinación pronunciada en la etapa preliminar correspondiente al juicio oral familiar 715/2022, que sobre investigación de la paternidad promovió por Jarely Giselle Chávez Rentería, frente a Manuel Vladimir Carachure Juárez, respecto del menor de iniciales L.K.C.R. en el cual se determinaron diversas medidas provisionales, incluyendo la fijación de una pensión alimenticia a favor del menor, correspondiente al 30% del total de las percepciones económicas que el quejoso percibe en cuanto empleado del Senado de la República Al respecto, las constancias remitidas por la juez responsable revelan que dentro del controvertido de origen, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se desarrolló en una parte, la audiencia preliminar correspondiente al juicio oral familiar 715/2022, en la cual, a solicitud de la parte actora, se ordenó proveer por separado, respecto de la medida de alimentos a favor del menor L.K.C.R., en la que se resolvió lo siguiente: Como se ve, los argumentos esenciales de la juez responsable para fijar el quantum de la obligación de los alimentos a cargo del quejoso, fueron los siguientes: 1. Que está demostrado que existen lazos genéticos de paternidad del quejoso con el menor materia de la investigación de paternidad; 2. Que está demostrado que el quejoso tiene celebrado con la Cámara de Senadores, un contrato de prestación de servicios; 3. Que el quejoso manifestó vía confesional, que actualmente labora para el senador Antonio García Conejo, y que percibe mensualmente $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales destina $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para su subsistencia y $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para la manutención de su esposa y sus dos hijas de cinco y dos años de edad. Que la niña mayor asiste a escuela pública. Que habita en la casa que tiene destinada el Senador en la Ciudad de México. Que no tiene vehículo propio y que se traslada en vehículos del senador y que su esposa trabaja vía home office, en el cual recibe de sueldo $5,200.00 (cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) quincenales, que son destinados para el pago de alimentos, internet, luz y agua. Que su esposa se traslada en un vehículo del que es propietario el padre de ella; y, 4. Que la actora Jarely Giselle Chávez Rentería, percibe mensualmente un sueldo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales destina para ella $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), y que a su hijo le destina la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. Que ella está pagando una vivienda y que en gastos para la casa destina $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). Que el niño asiste a primaria pública y no cuenta con vehículo propio. Pese a la existencia de tales datos, en el caso tenemos que al verificar la motivación de su decisión, la juez responsable razonó que el deudor alimentista actualmente cuenta con las condiciones suficientes para proporcionar una pensión alimenticia a su hija, debido a que los informes de las dependencias gubernamentales y fuente laboral, demuestran que cuenta con los recursos necesarios para mantener el estilo de vida que lleva su hija sin descuidar sus propias necesidades y las de su acreedora alimentaria diversa. Lo que por principio es ilegal, en la medida que al final de la foja 10, también contradictoriamente motivó que al tener medianamente claro el panorama de las necesidades del niño, resultaba más benéfico fijar un quantum a fin que la fuente laboral procediera a descontar de la nómina un porcentaje, porque se desconocía con certeza el diverso ingreso y/o ingresos no reportados por el actor pero si evidenciados con el desahogo de las pruebas confesionales. Argumentos los anteriores, que como lo aduce el quejoso son ilegales en la medida que la juez responsable no está considerando que además del menor de iniciales L.K.C.R, el quejoso cuenta con dos acreedoras más, quienes en la actualidad tienen cinco y dos años de edad; adicionalmente, porque por un lado afirma que, el quejoso cuenta con los recursos necesarios para mantener el estilo de vida que lleva su hija sin descuidar sus propias necesidades y las de su acreedora alimentaria diversa y por otro, señala se desconoce con certeza el diverso ingreso y/o ingresos no reportados por el actor. Así, la razón esencial por la que el suscrito considera ilegal la determinación sujeta a regularidad constitucional, descansa en que el caudal probatorio del juicio de origen revela hasta este momento, que objetivamente sólo se tiene comprobado el ingreso mensual de 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, que fu lo que el propio peticionario del amparo reconoció, pues no obran en autos los informes requeridos a las dependencias para demostrar otros ingresos; por ello, el quantum determinado por la juez responsable no atiende a la capacidad económica del deudor, ya que objetivamente no está probado cuál es su capacidad real. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la capacidad económica debe entenderse como todos los recursos al alcance del deudor para satisfacer las necesidades propias y las de sus acreedores. Asimismo, ha referido que dicha capacidad no puede estar basada en la especulación y que en caso de controversia sobre la misma, deben recabarse los medios de prueba para conocer la verdad y fijar el monto. Así se evidencia de la jurisprudencia 1a./J. 97/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital 2027000, Undécima Época, Materias(s): Civil, pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA ALIMENTARIA DEBE FIJARSE CON BASE EN SU CAPACIDAD ECONÓMICA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron hechos sustancialmente similares en los que un hombre demandó la disminución de la pensión alimenticia fijada previamente a su cargo. En uno de los casos, el demandante había incorporado a su hogar a una de sus hijas, mientras en los otros dos la progenitora había conservado la custodia de sus descendientes. Los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron criterios opuestos al analizar la forma en que debía fijarse la obligación del deudor con base en su capacidad económica. Un Tribunal sostuvo que la capacidad económica, entendida como la capacidad en el sentido amplio del término, es la aptitud, talento o cualidad de que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. Asimismo, consideró que aun cuando el deudor no contaba con la posesión de un inmueble del que era copropietario, el derecho de copropiedad revela la capacidad de dar alimentos en términos amplios, por lo que resulta intrascendente si el inmueble le genera o reporta un ingreso. Por su parte, otro Tribunal consideró la capacidad del deudor con base en su posibilidad de generar riqueza de acuerdo con su experiencia laboral previa y el grado de escolaridad, así como el ingreso derivado del arrendamiento de un predio que donó a su padre. Por último, el otro Tribunal tomó en cuenta la capacidad económica del deudor únicamente con base en los ingresos obtenidos de su empleo. Criterio jurídico: La obligación alimentaria de la persona deudora debe fijarse con base en su capacidad económica, entendida como todos los recursos a su alcance para satisfacer las necesidades de la persona acreedora. Se trata de conceptos remunerativos y no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, que comprenden los ingresos obtenidos de rentas de capital y del trabajo. Aunque la determinación de la capacidad económica no puede estar basada en la especulación, la interpretación debe ser extensiva para cumplir su finalidad de protección alimentaria, por lo que debe evitarse cualquier punto de vista restrictivo o limitativo que atente contra el interés superior de la infancia. Justificación: El principio de proporcionalidad responde al interés público y social que persigue el derecho de alimentos, pues busca evitar la fijación de un monto imposible de cumplir o que atente contra la subsistencia de la persona deudora alimentaria. Por ello, no es posible imponer un criterio estrictamente matemático o aritmético para fijar el monto de la pensión alimenticia, pues una regla general de este estilo podría generar resultados inequitativos y desproporcionados que atenten contra el interés público que persigue el derecho de alimentos. En este sentido, la capacidad está referida tanto a los conceptos remunerativos como a los no remunerativos de libre disponibilidad del sujeto obligado, tratándose de trabajadores dependientes, y en caso de ser profesionales independientes, al total de los honorarios y otros conceptos que perciban por el ejercicio de su profesión. Esta capacidad no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado por la persona deudora, sino que debe estar referida tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales. Atendiendo a estas particularidades, en caso de controversia sobre la capacidad económica del deudor, la autoridad jurisdiccional está obligada a recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad y fijar el monto correspondiente. Con este propósito, podrá allegarse de elementos adicionales como los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, los informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida." Bajo ese orden de ideas, si hasta el momento únicamente se tiene acreditado que el quejoso tiene un sueldo mensual de $10,000.00 (diez mil pesos mensuales 00/100 M.N.), la determinación del quantum en un 30%, supone la posibilidad de un riesgo para la subsistencia del quejoso y de sus demás acreedoras de los alimentos; ello, considerando que esa cantidad suponen $3,000.00 mensuales y el quejoso refirió que para sus gastos mensuales requiere $3,400.00; lo que en automático dejaría a las dos menores restantes con $3,600.00 mensuales para ambas, y $1800.00 para cada una, infringiendo con ello el derecho alimentario de dichas acreedoras alimentarias. Por ello, resulta necesario que la juez responsable considere que, cuando un padre tenga hijos menores con diferentes madres, los alimentos deben ser otorgarlos atendiendo a las posibilidades de quien debe darlos, por lo que los ingresos económicos o salario del deudor de dicha prestación deben ser distribuidos entre todos ellos, incluyendo al propio deudor, quien por ser la persona que genera los recursos económicos para satisfacer la obligación alimentaria, debe considerarse que tiene mayores necesidades que cada uno de los referidos acreedores en lo individual. Entonces, en supuestos como el que nos ocupa, lo conveniente es que al asignar un porcentaje a cada uno de los acreedores, se consideren a la totalidad de éstos, así como la propia subsistencia del deudor, a quien debe considerarse con mayores necesidades que cada uno de los acreedores; en el caso, razonablemente podríamos considerar que si el quejoso tiene tres acreedores de alimentos, que es el menor de iniciales L.K.C.R, así como las dos menores de su actual unión, la juez responsable debe dividir en cinco partes iguales, el ingreso total del quejoso, para que así, dos partes sean consideradas para su propia subsistencia, y las tres restantes, sean asignadas a cada uno de sus acreedores de alimentos. Lo que en términos de porcentaje, nos dejaría con una asignación de un 40% para la subsistencia del propio quejoso, y un 20% para cada uno de sus tres acreedores alimentarios; lo que debe de ser de esa forma, pues es deber de la autoridad ponderar las obligaciones que el deudor tenga frente a otros acreedores, al momento de resolver lo conducente, salvaguardando el interés superior de todos los menores involucrados. Se cita como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 8/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2023537, Undécima Época, Materias(s): Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1892, de texto: "REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. FORMA DE RESOLVER LA ACCIÓN RELATIVA CUANDO SE FUNDA EN EL NACIMIENTO DE NUEVOS HIJOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discrepan sobre cómo debe resolverse la acción de reducción de pensión alimenticia cuando se funda en el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, pues para uno de esos tribunales, basta la demostración de ese hecho para que proceda la disminución, mientras que para el otro no es así, sino que se requiere además agotar otros medios de prueba, para determinar si la pensión fijada previamente debe reducirse. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se promueve la acción de reducción de pensión alimenticia alegando como causa de pedir el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, no basta la prueba de ese nacimiento para proceder en automático a la disminución solicitada, sino que atendiendo al principio de proporcionalidad rector de los alimentos, considerando las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos sus acreedores, el Juez ha de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores y, a partir de ahí, considerar si procede o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los demandados. Justificación: Lo anterior es así, porque atendiendo al principio publicístico que rige los procesos judiciales del orden familiar y al imperativo de tener como consideración primordial el interés superior de la niñez, el Juez familiar debe velar por que se respeten los derechos de los menores de edad involucrados, tanto los que fueron demandados, como aquellos cuya existencia se invoca como motivo para reducir la pensión alimenticia, y asegurarse de que sus derechos alimentarios sean respetados y satisfechos cabalmente. Para lo cual, a partir del análisis integral de los elementos para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores, y la capacidad económica del deudor, se podrá determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, junto a la propia subsistencia del deudor, para definir si cabe o no hacer una reducción a la pensión alimenticia respecto de la cual se ejerció la acción. Por lo expuesto, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés pronunciado dentro del juicio oral familiar 715/2022, que sobre investigación de la paternidad promovió por Jarely Giselle Chávez Rentería, frente a Manuel Vladimir Carachure Juárez, respecto del menor de iniciales L.K.C.R, únicamente en la parte correspondiente a la fijación de una pensión alimenticia a favor del menor, correspondiente al 30% del total de las percepciones económicas que el quejoso percibe en cuanto empleado del Senado de la República; y, En su lugar, atendiendo a las consideraciones establecidas en esta sentencia, emita otro en el que se pronuncie nuevamente respecto de la fijación de una pensión alimenticia a favor del menor de iniciales L.K.C.R., pero considerando los alimentos de las diversas acreedores y la propia subsistencia del deudor. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Manuel Vladimir Carachure Juárez, contra el acto reclamado la Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, descrito en la consideración segunda y por los motivos y para los efectos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad correspondiente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Manuel Salvador Suazo Martínez1055/2022
- Manuel Servín Peñaloza324/2021
- Manuel Torres Castro58/2016
- Manuel Vargas López922/2014
- Manuel Vieyra Anguiano58/2018
- Manuel Vieyra Anguiano1116/2019
- Manuel Zepeda Moreno108/2021
- Manuel Zuñiga Lemus1423/2022
- Manuela González González71/2018
- Mara Tamayo Mujica797/2021
- Marbella Baez Ceja662/2021
- Marbella Bedolla Martinez1516/2023