Manuel Vera Ulloa

Expediente 987/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
987/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Manuel Vera Ulloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 63-65), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de treinta del mes pasado (foja 66), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el cinco de septiembre del año en curso (foja 69); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del nueve al once del mes en curso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 42-50), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En tales condiciones, lo conducente es conceder el amparo solicitado, para efecto de que: a) El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, de manera fundada y motivada, dé respuesta a la petición formulada por el quejoso, en breve término, de forma congruente con lo solicitado; y, hecho lo anterior, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia." Luego, en proveído de veintidós de agosto de dos mi diecinueve, se requirió a la autoridad responsable de mérito para que dentro del plazo de cinco días la acatara (fojas 59-60). Luego, a través del oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de agosto de la presente anualidad (foja 63), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, adjuntó el acuse de recibo relativo al oficio FP/652/2019, recibido por la parte quejosa el veintisiete del mes pasado del año en curso, por medio del cual dio contestación a la petición realizada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (foja 10) cuya omisión de dar respuesta se reclamó en la presente instancia constitucional; comunicado del cual se desprende que la autoridad efectuó lo siguiente: Informó que una vez revisada sus solicitud de pensión por retiro por edad, se encontró procedente turnar a la comisión revisora con el objeto de integrar su expediente de conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y, concatenado a lo anterior, le hizo de su conocimiento de cuáles son las subsecuentes etapas que deben de llevarse a cabo para emitir cualquier dictamen de pensión. Le notificó a la parte quejosa las anteriores circunstancias como se desprende del oficio adjuntado (fojas 64-65). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia, en razón de que dicha respuesta resulta congruente con lo solicitado por la parte quejosa, respecto a si existía permisos de construcción las calles aludidas asimismo, la autoridad responsable fundó y motivó, a su consideración la respuesta otorgada. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones vertidas por el propio quejoso mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 70), en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida pues precisa, entre otras cosas, que la responsable no se le ha realizado notificación alguna respecto de su dictamen de pensión. Sin embargo, como ya se precisaron, lo efectos de la sentencia de amparo fueron para que la autoridad responsable diera contestación a su petición realizada el veintitrés de enero del año en curso, situación que ya aconteció, pues el director responsable le informó que se encontró procedente turnar su solicitud a la comisión revisora con la finalidad de integrar su expediente, lo anterior, fundamentado en la legislación correspondiente, empero, lo que alega la parte quejosa, no es materia del presente juicio de amparo, de ahí que esta juzgadora únicamente se limite, exclusivamente a verificar si dio contestación congruente a lo solicitado por la agraviada, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquier otra cuestión ajena. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 63-65), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de treinta del mes pasado (foja 66), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el cinco de septiembre del año en curso (foja 69); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del nueve al once del mes en curso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 42-50), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En tales condiciones, lo conducente es conceder el amparo solicitado, para efecto de que: a) El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, de manera fundada y motivada, dé respuesta a la petición formulada por el quejoso, en breve término, de forma congruente con lo solicitado; y, hecho lo anterior, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia." Luego, en proveído de veintidós de agosto de dos mi diecinueve, se requirió a la autoridad responsable de mérito para que dentro del plazo de cinco días la acatara (fojas 59-60). Luego, a través del oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de agosto de la presente anualidad (foja 63), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, adjuntó el acuse de recibo relativo al oficio FP/652/2019, recibido por la parte quejosa el veintisiete del mes pasado del año en curso, por medio del cual dio contestación a la petición realizada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (foja 10) cuya omisión de dar respuesta se reclamó en la presente instancia constitucional; comunicado del cual se desprende que la autoridad efectuó lo siguiente: Informó que una vez revisada sus solicitud de pensión por retiro por edad, se encontró procedente turnar a la comisión revisora con el objeto de integrar su expediente de conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y, concatenado a lo anterior, le hizo de su conocimiento de cuáles son las subsecuentes etapas que deben de llevarse a cabo para emitir cualquier dictamen de pensión. Le notificó a la parte quejosa las anteriores circunstancias como se desprende del oficio adjuntado (fojas 64-65). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia, en razón de que dicha respuesta resulta congruente con lo solicitado por la parte quejosa, respecto a si existía permisos de construcción las calles aludidas asimismo, la autoridad responsable fundó y motivó, a su consideración la respuesta otorgada. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones vertidas por el propio quejoso mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 70), en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida pues precisa, entre otras cosas, que la responsable no se le ha realizado notificación alguna respecto de su dictamen de pensión. Sin embargo, como ya se precisaron, lo efectos de la sentencia de amparo fueron para que la autoridad responsable diera contestación a su petición realizada el veintitrés de enero del año en curso, situación que ya aconteció, pues el director responsable le informó que se encontró procedente turnar su solicitud a la comisión revisora con la finalidad de integrar su expediente, lo anterior, fundamentado en la legislación correspondiente, empero, lo que alega la parte quejosa, no es materia del presente juicio de amparo, de ahí que esta juzgadora únicamente se limite, exclusivamente a verificar si dio contestación congruente a lo solicitado por la agraviada, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquier otra cuestión ajena. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ******, mediante el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento a la sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, téngase por hechas las manifestaciones que vierte, en relación con el cumplimiento del fallo protector realizado por parte de la autoridad responsable, sin perjuicio de tomarse en cuenta en el momento en que se emita pronunciamiento respecto al cumplimiento dado al fallo protector dictado en autos, una vez que transcurra el término de tres días otorgado mediante auto de treinta de agosto del presente año (foja 66); máxime que, en el presente caso el cumplimiento del fallo no queda supeditado a lo manifestado por la parte quejosa, sino a corroborar que la autoridad responsable cumplió en sus términos la sentencia concesoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad y anexo, a través del cual informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. **

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