Manuel Vera Ulloa
Expediente 2755/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2755/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 23/06/2021
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Manuel Vera Ulloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, esta Juzgadora procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiocho de febrero de dos mil veinte, por un lado, se decretó el sobreseimiento del juicio y, por otro, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Manuel Vera Ulloa, para que las autoridades responsables en esencia, realizaran lo siguiente: "[.] se precisa la forma en que las autoridades responsables deberán proceder: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no deberán restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. 2. Las autoridades responsables ejecutoras realizarán las gestiones necesarias y devolverán a Manuel Vera Ulloa, las cantidades descontadas por el concepto fondo de pensiones, con fundamento en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde el uno de noviembre de dos mil diecinueve (folio 26)". Así las cosas, la citada resolución causó ejecutoria por ministerio de ley, y en consecuencia por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Director General y Presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, para que dieran acatamiento al fallo protector dentro del plazo de diez días hábiles. Luego, a través de acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo a este órgano de control constitucional el oficio FP/717/2021, de trece de abril del año en curso del cual se desprende que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los artículos 11, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, determinación que le notificó el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, asimismo, adjunta la transferencia realizada el doce de abril del presente año a nombre del solicitante de amparo por la cantidad de $5,035.80 (cinco mil treinta y cinco pesos 80/100 moneda nacional) correspondiente al concepto de los numerales que fueron declarados inconstitucionales. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Por otra parte, con sustento en el artículo 18, inciso a),del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, esta Juzgadora procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiocho de febrero de dos mil veinte, por un lado, se decretó el sobreseimiento del juicio y, por otro, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Manuel Vera Ulloa, para que las autoridades responsables en esencia, realizaran lo siguiente: "[.] se precisa la forma en que las autoridades responsables deberán proceder: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no deberán restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. 2. Las autoridades responsables ejecutoras realizarán las gestiones necesarias y devolverán a Manuel Vera Ulloa, las cantidades descontadas por el concepto fondo de pensiones, con fundamento en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde el uno de noviembre de dos mil diecinueve (folio 26)". Así las cosas, la citada resolución causó ejecutoria por ministerio de ley, y en consecuencia por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Director General y Presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, para que dieran acatamiento al fallo protector dentro del plazo de diez días hábiles. Luego, a través de acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo a este órgano de control constitucional el oficio FP/717/2021, de trece de abril del año en curso del cual se desprende que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los artículos 11, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, determinación que le notificó el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, asimismo, adjunta la transferencia realizada el doce de abril del presente año a nombre del solicitante de amparo por la cantidad de $5,035.80 (cinco mil treinta y cinco pesos 80/100 moneda nacional) correspondiente al concepto de los numerales que fueron declarados inconstitucionales. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Por otra parte, con sustento en el artículo 18, inciso a),del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos el ocurso y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, así como con los diversos oficios y anexos presentados el doce y catorce de abril, así como el diez de mayo de dos mil veintiuno, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos el ocurso y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, así como con los diversos oficios y anexos presentados el doce y catorce de abril, así como el diez de mayo de dos mil veintiuno, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.
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