Manuel Sol Díaz

Expediente 1967/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1967/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
13/04/2018

Partes del expediente

  • Manuel Sol Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1967/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos II a V; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito presentado por la autoridad responsable DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, mediante el cual revoca la designación de los autorizados de la responsable y, en su lugar señala nuevos delegados en términos del artículo 12 de la ley de la materia; el que se agrega a los autos para que obre como corresponde; en mérito de lo anterior, se tiene como delegados a Carlos Hugo García Cuéllar y Sandra Lucía Vargas Hernández. Finalmente, se comunica a las partes que el Titular del Juzgado a partir del uno de abril de dos mil dieciocho es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del juzgado Encargado del Despacho por licencia del titular autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1871/2018 de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1967/2017-II, promovido por MANUEL SOL DÍAZ, constante de sesenta y dos fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, asimismo, remite cinco anexos y un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se emite el presente acuerdo en esta data, puesto que si bien el veintiuno de marzo del año en curso, es inhábil, pero laborable, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio; encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 14/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 6, de la Décima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. SENTENCIA: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1967/2017-II del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 152/2018-III del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Manuel Sol Díaz, por propio derecho, en contra de actos del director de Responsabilidades a los Recursos Federales en los Estados y Municipios "B" de la Auditoría Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 24 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, Manuel Sol Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV. ACTOS RECLAMADOS. DEL DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "B" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, reclamo lo siguiente: A) El ilegal 'ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN' de fecha veintisiete de octubre del año de dos mil diecisiete, mismo que me fuera notificado el pasado diez de noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas número DGRRFEM/B/07/2016/11/167 instruido por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios. III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B" de la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, con domicilio conocido en [.]." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no señaló tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete registró la demanda bajo el número 1967/2017-II y requirió al quejoso para que exhibiera una copia más de la demanda de amparo. Una vez cumplida la anterior prevención, el juez auxiliado, mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, a las diez horas con doce minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 46 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 106 del juicio de amparo), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 1967/2017-II, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 152/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de seis de febrero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto con efectos de ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: -El proveído denominado "acuerdo de recepción de documentación", de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el que se precisó que para que se tenga por otorgada la suspensión de la sanción que se le fincó, debía acreditar ante la autoridad exactora la garantía del pago de la sanción impuesta. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en los Estados y Municipios "B" de la Auditoría Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El director de Responsabilidades a los Recursos Federales en los Estados y Municipios "B" de la Auditoría Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México (fojas 37 a 40 del juicio de amparo), al rendir el informe justificado aceptó la existencia de la determinación reclamada. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó la juez responsable a su informe justificado, relativas al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/B/07/2016/11/167 y al recurso de reconsideración RR-077/2017; donde se dictó la resolución reclamada; actuaciones que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis, el director general de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, dictó acuerdo de inicio de procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, el cual se radicó con el número DGGRRFEM/B/07/2016/11/167 respecto al ejercicio fiscal 2011, al estimar en forma presunta, que José Alejandro Villareal Gasca, Demetrio Román Isodoro y Juan García Avilés, quienes en la época de los hechos se desempañaron como secretario de Finanzas y Planeación, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Subsecretario de Programación y Presupuesto, todos del Estado de Morelos, ocasionaron un daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de $22,843,687.41 (veintidós millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos 41/100 M.N.) (fojas 321 a 326 del tomo II de pruebas-. 2. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil diecisiete, se advirtieron elementos que implicaban la presunta existencia de responsabilidad resarcitoria atribuida a Manuel Sol Díaz, por lo que se ordenó notificarle del procedimiento sancionatorio (fojas 1676 a 1679 del tomo III de pruebas). 3. Mediante oficio DGRRFEM-B-2594/17, el director general de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B" de la Auditoría Superior de la Federación, comunicó al quejoso que derivado de las auditorías realizadas a la cuenta pública de dos mil once, se desprendió la presunta responsabilidad resarcitoria en la cual incurrió durante su desempeño como director general de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos (fojas 1680 a 1683 ibídem). 4. Mediante ocurso presentado ante la autoridad responsable, el diez de mayo de dos mil diecisiete, Manuel Sol Díaz ofreció diversas pruebas y formuló los alegatos que a sus intereses convino, para desvirtuar la presunta responsabilidad resarcitoria que se le comunicó (fojas 1707 a 1757 ibídem). 5. El cuatro de agosto de dos mil diecisiete se emitió la resolución en el procedimiento de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, en la que se determinó responsable a Manuel Sol Díaz y otros de la conducta irregular que le fue atribuida y se ordenó emitir el pliego definitivo de responsabilidades, en el que se debía de fincar el monto de $21,772,699.55 (veintiún millones, setecientos setenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 5/100) -fojas 1780 a 1873 ibídem-. 6. En contra de dicha resolución el hoy quejoso interpuso recurso de reconsideración, en el cual además solicitó la suspensión de los efectos de la resolución recurrida (fojas 1 a 42 del tomo IV). 7. Dicho recurso de reconsideración, la autoridad responsable lo admitió por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, y lo registró con el número DGRRFEM/B/07/2016/11/167 RR-077-2017, y respecto a la suspensión solicitada, determinó que la sanción resarcitoria impuesta, tenía el carácter de crédito fiscal, por lo que debía de garantizar en la forma establecida por el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el pago de la sanción impuesta (fojas 154 a 158 ibídem). 8. Ante lo cual, el quejoso, mediante ocurso presentado ante la autoridad responsable, el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, manifestó oponerse a la garantía como condición para que surta efectos la suspensión de la resolución de cuatro de agosto del mismo año, al estimar que debido a que no se encuentra obligado a exhibir dicha garantía al estimar que el monto exigido no es definitivo, pues este había sido impugnado (fojas 179 a 184 ibídem). 9. En respuesta a las manifestaciones del quejoso, el director de Responsabilidades a los Recursos Federales en los Estados y Municipios "B" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (el cual se denominó "acuerdo de recepción de documentación") precisó que para que se tenga por otorgada la suspensión de la sanción que se le fincó, debía acreditar ante la autoridad exactora la garantía del pago de la sanción impuesta (fojas 185 a 187 ibídem). Lo anterior, constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. 10. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, se declaró el cierre de instrucción del recurso de reconsideración (foja 190 ibídem). 11. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó resolución definitiva en el recurso de reconsideración DGRRFEM/B/07/2016/11/167 RR-077-2017, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO.- El suscrito Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Auditoría Superior de la Federación, es competente para conocer, sustanciar y resolver el presente recurso de reconsideración, de conformidad con lo señalado en el considerando PRIMERO de la presente resolución. SEGUNDO. En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos del CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución, esta autoridad confirma en todos y cada uno de sus términos la resolución definitiva de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoria Superior de la Federación, en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/B/07/2016/11/167 y, por consecuencia, el pliego definitivo de responsabilidades número PDR103/17 del cuatro de agosto de dos mil diecisiete" (fojas 213 a 233 ibídem). QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa línea de pensamiento, es fundada la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B", prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos derivados de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio, si se dicta una resolución que cambie la situación jurídica que operaba anteriormente, de modo que sea imposible analizar y resolver, respecto de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones combatidas, deben considerarse consumadas de manera irreparable. Cabe precisar que, para que se actualice la causal de improcedencia aludida, generalmente, es necesario que concurran los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) El dictado "posterior" a la presentación de la demanda de una resolución que modifique la situación jurídica que se generó anteriormente con la emisión del acto reclamado. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto combatido en amparo, sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio constitucional; y, d) La existencia de autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 51 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del siguiente tenor: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De manera que, al concurrir los supuestos enunciados, debe considerarse que se actualiza la causal de improcedencia destacada, pues en asuntos como el de la especie no es jurídicamente correcto permitir la destrucción de actos posteriores al acto reclamado que escapan a la litis planteada en este juicio, actos que son autónomos o independientes del impugnado, pues constituiría una extralimitación de la sentencia, al invalidar actos cuya legalidad o constitucionalidad no se ha controvertido, de modo que las violaciones alegadas en vía de amparo han de considerarse irreparables, por no poder resolverse el juicio sin afectar la nueva situación. Se sostiene lo anterior, pues en el procedimiento administrativo se dan una serie de actos ligados por un nexo de causalidad y aunque generalmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando existen actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que puedan subsistir con independencia de la ilegalidad de los que le preceden, por tanto, los autónomos cambian la situación jurídica existente al momento de la emisión del reclamado, lo que produce la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales alegadas. En esa tesitura, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa, por lo siguiente. El acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye: -El acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el precisó que para que se tenga por otorgada la suspensión de la ejecución de la sanción que se le fincó al hoy quejoso, debía acreditar ante la autoridad exactora, esto es, el Servicio de Administración Tributaria, la garantía del pago de la sanción correspondiente. Acto que derivó del recurso de reconsideración DGRRFEM/B/07/2016/11/167 RR-077-2017, que se formó con motivo del medio de impugnación que interpuso el quejoso en contra de la resolución definitiva del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Ahora bien, de los antecedentes narrados en el cuerpo del presente fallo se pone de relieve que fue resuelto en definitiva el recurso de reconsideración DGRRFEM/B/07/2016/11/167 RR-077-2017, mediante resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. La narrativa anterior hace patente que ocurrió un cambio de situación jurídica, puesto que con posterioridad al acto reclamado (veintisiete de octubre de dos mil diecisiete), la responsable resolvió en definitiva el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, en la que se confirmó esta última. De ahí que se considere que no es posible analizar la constitucionalidad de la determinación dictada en el auto denominado "recepción de documentación" de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete; porque es evidente que operó un cambio de situación jurídica. Ello es así, pues el dictado de la resolución definitiva en el recurso de reconsideración, generó una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado en el presente juicio de amparo, ya que de hacerlo afectaría forzosamente la nueva situación jurídica creada con motivo de aquella, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en la substanciación del recurso administrativo, debido a que la situación jurídica de las partes en la contienda de origen quedó sometida al fallo definitivo. En efecto, la quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la determinación de la autoridad responsable, que le exigió que cubriera una garantía ante la autoridad exactora con la finalidad de suspender la ejecución del fallo recurrido. Lo que implica que al haberse dictado una resolución en el recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar la dictada en el procedimiento administrativo, actualiza la hipótesis de improcedencia que nos ocupa si se toma en consideración que ya se emitió resolución en el recurso de reconsideración, por lo que si el suscrito emprendiera el análisis de los conceptos de violación, sin duda afectaría la nueva situación jurídica porque la contienda ya fue resuelta y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en este juicio constitucional. Dicho en otras palabras, no es posible analizar si fue correcta o no la decisión de la autoridad responsable de exigir que se acreditara ante la autoridad exactora, esto es, el Servicio de Administración Tributaria, la garantía del pago de la sanción para evitar la ejecución de la sanción impuesta en la sentencia dictada en el procedimiento a administrativo para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, pues al haberse resuelto el recurso de reconsideración que se interpuso, será esta última que la defina su situación jurídica, al haber sido subsumida la de primer grado por la que resolvió el recurso de reconsideración, por lo que en todo caso, al interponer el respectivo medio de defensa, deberá solicitar nuevamente la suspensión de la ejecución de la sanción que se confirmó en el recurso de reconsideración. Bajo ese contexto, se sostiene que opera la causal de improcedencia a estudio, dado que con posterioridad al acto reclamado, se emitió la resolución en el recurso de reconsideración; determinación que ahora es la que rige en el procedimiento administrativo, por lo que se insiste es evidente que operó un cambio de situación jurídica. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del dispositivo 63 de la ley de la materia, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa porque el sobreseimiento que se decreta en este capítulo, impide a este juzgado federal de su estudio. En apoyo de lo anterior, es de invocarse la jurisprudencia 509 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel Sol Díaz, respecto del acto que reclamó a la autoridad responsable precisado en el considerando segundo de esta resolución; de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe."

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

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