Manuel Rosales Valencia
Expediente 572/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Manuel Rosales Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 572/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración únicamente en virtud de que se concedió la suspensión de plano, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al V; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con sede en Cuautla, Morelos, en turno, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso MANUEL ROSALES VALENCIA en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, lugar donde se encuentra recluido, y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Se hace del conocimiento al Juez despachado, que al momento de que el actuario de su adscripción notifique la presente determinación deberá asentar en la razón de notificación correspondiente las constancias con las que corrió traslado al quejoso, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 572/2018-I, promovido por MANUEL ROSALES VALENCIA, por derecho propio. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de abril de dos mil dieciocho, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos recibió la demanda de amparo promovida por MANUEL ROSALES VALENCIA y otros, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos y otras autoridades. En la referida data, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda por cuanto a Juan Ordaz Llano, y por los demás quejosos realizó la separación de juicios, remitiendo las demandas de amparo promovidas por los restantes quejosos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, a efecto de que fueran turnadas. Por oficio OCC/C18/JDM/599/2018, de nueve de abril de dos mil dieciocho, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnó a este Juzgado Federal la demanda de amparo promovida por MANUEL ROSALES VALENCIA. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente la demanda de mérito contra los actos que el quejoso hizo consistir en abuso de autoridad, humillación, acoso sexual e intimidación. Del mismo modo, en dicha fecha se admitió la demanda de garantías por cuanto hace a los restantes actos reclamados; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se notificó la radicación del juicio al promovente del amparo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y previo los trámites de ley, el treinta de agosto de dos mil dieciocho se emitió la sentencia respectiva. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, que fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, emitiendo resolución el siete de marzo de dos mil diecinueve, en los términos siguientes: ".En las relatadas circunstancias, lo conducente es dejar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar se reponga el procedimiento en el juicio de amparo, a fin de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, recabe de manera oficiosa las bitácoras sobre el proceder de las autoridades responsables, exámenes médicos y psicológicos que cumplan con el Protocolo de Estambul, entre otros, así como de la totalidad del expediente personal del quejoso y demás que estime necesarias para estar en condiciones de hacer una valoración integral sobre la existencia de los actos reclamados, y en su caso, realizar el análisis de constitucionalidad correspondiente, en la inteligencia, que las bitácoras deben ser las relativas a las fechas en que refiere el quejoso ocurrieron los actos reclamados; y con ello, confirmar o descartar ese tipo de violaciones atribuidas a las responsables..." En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el trece de marzo de dos mil diecinueve, se requirió al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se encontrara debidamente notificado del proveído, remitiera a este juzgado copia certificada, completa y legible de las bitácoras del módulo cuatro y de "acceso a módulo" (aduana) del día veintiuno de marzo y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, así como los siguientes videos: Videos de vigilancia de las cámaras de los pasillos "A","B" y "C" del módulo cuatro, del día veintiuno de marzo y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho en el horario de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Video de la cámara instalada en el área de "acceso a módulo" (aduana) de los días veintiuno de marzo y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en el horario antes mencionado. Videos de la cámara instalada en el área de "acceso a modulo" de todo el mes de marzo de dos mil dieciocho, en un horario de las nueve de la mañana a siete de la tarde. En cumplimiento al requerimiento aludido en el párrafo que antecede, las autoridades responsables remitieron copia certificada de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en las copias de las bitácoras del módulo cuatro y del área de acceso de veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho. Asimismo, el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala Morelos, informó que después de una búsqueda exhaustiva realizada por el encargado de Soporte Técnico, no encontró existencia alguna de los videos requeridos en el sistema de Circuito Cerrado instalado en el Centro de Control, toda vez que al exceder la capacidad de almacenamiento de manera automática se elimina la información. Con lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa. Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, y en su atención se determina. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. Segundo. Precisión de actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura integral de la demanda y como quedó establecido en el auto admisorio de nueve de abril de dos mil dieciocho, los actos reclamados son los siguientes: a) Discriminación, actos denigrantes y tortura psicológica debido a las revisiones de veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en las que se le obligó a bajarse los pantalones y ropa interior, quedando descubiertos glúteos y genitales, con lo que se le discrimina, siendo actos denigrantes que lo llevaron a baja autoestima. b) Revisiones efectuadas en el centro de reclusión a partir de octubre de dos mil diecisiete, a través de aparatos que transmiten radioactividad que afectan la salud. Tercero. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Director General, Director de Seguridad y Custodia y personal de Seguridad y Custodia de las compañías uno, dos y tres, todas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, identificado con el inciso a) relativo a los actos de discriminación, denigrantes y tortura psicológica debido a las revisiones de veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en las que según el dicho del quejoso se le obligó a bajarse los pantalones y ropa interior, quedando descubiertos glúteos y genitales, lo que refiere lo discrimina, siendo actos denigrantes que lo llevaron a baja autoestima; toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que alguna de las partes haya desvirtuado dicha negativa con medio de convicción idóneo. Sin que obste lo anterior, las pruebas que fueron ofertadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda ni las recabadas en cumplimiento a la ejecutoria de siete de marzo de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Alzada, ya que el Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial manifestó que después de una búsqueda exhaustiva realizada por el Encargado de Soporte de esa Unidad Administrativa, no encontró existencia alguna de los videos ofertados como prueba dentro del presente juicio, en el sistema de Circuito Cerrado instalado en el Centro de Control, toda vez que al exceder la capacidad de almacenamiento de manera automática eliminó la información. Del mismo modo las copias certificadas de las bitácoras del módulo cuatro y de acceso a modulo aduana del veintiuno de marzo y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de ellas únicamente se observan anotaciones de las medidas de seguridad del centro preventivo en el que guarda reclusión el quejoso, y que se realizan para el control y orden de la población penitenciaria, sin que se evidencie que al quejoso MANUEL ROSALES VALENCIA se le hubiese realizado revisión alguna los días veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en los que se efectuaron los actos que refirió como discriminatorios, denigrantes a su persona y tortura psicológica. Por lo anterior y, toda vez que este Juzgado agotó los medios necesarios a fin de recabar las pruebas ofertadas por el quejoso, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, existiendo una imposibilidad material para obtenerlas en razón de lo indicado en párrafos que anteceden y, máxime que el promovente no aportó medio de convicción diverso para demostrar la existencia de los actos de discriminación, denigrantes y tortura psicológica de las que dice fue sujeto en las revisiones efectuadas el veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho por parte de la autoridad penitenciaria, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues como se indicó no obra en autos constancia alguna de la que se advierta se hayan efectuado tales revisiones en las fechas que indica el peticionario de garantías. Se llega a la anterior determinación sin que se inadvierta que no se ordenó el desahogo de las pruebas médicas y psicológicas conforme al Protocolo de Estambúl, toda vez que al no acreditarse la existencia de las revisiones que refirió el quejoso se le practicaron el veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en las que indicó haber sido sujeto a los actos reclamados, tales pruebas especializadas resultan innecesarias para resolver el presente asunto, pues se parte de la inexistencia de tales revisiones, por lo que no existiría materia sobre la cual peritar. Máxime que de las constancias allegadas por las responsables consistentes en el expediente único de ejecución penal CFRP/1519/2011, el cual se integra -entre otras- de las notas médicas del aquí quejoso MANUEL ROSALES VALENCIA, de éstas no se advierte ni de manera indiciaria que haya sido atendido por golpes, malos tratos y la tortura que alega; constancias de las que se le dio vista por auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, y se le notificó el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 393) sin que, como se indicó, haya aportado medio de prueba que desvirtuara tales documentales, por lo que no existe indicio alguno que permita al suscrito suponer la existencia de tales actos reclamados. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Director General, Director de Seguridad y Custodia y personal de Seguridad y Custodia de las compañías uno, dos y tres, todas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, precisado en el inciso b) consistente en las revisiones efectuadas en el centro de reclusión a partir de octubre de dos mil diecisiete, a través de aparatos que transmiten radioactividad que dice atentan contra su salud, porque, si bien al rendir el informe justificado, negaron su existencia; dicha negativa se encuentra desvirtuada con las manifestaciones que realizaron. Lo anterior al referirse que conforme la normatividad que rige los Centros Federales, toda persona que ingrese a esas instalaciones tendrá que someterse a los protocolos de revisión del área de seguridad, en aplicación estricta y sin distinción del Reglamento a fin de garantizar el orden y la disciplina en el Centro penitenciario; agregando que los procesos de revisión personal y material con apoyo de los instrumentos electrónicos e identificación ante las cámaras se realiza, con la finalidad de mantener y salvaguardar la seguridad al interior de esa institución. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto reclamado, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe Quinto. Causal de improcedencia. De oficio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación al acto consistente en las revisiones efectuadas en el centro de reclusión a partir de octubre de dos mil diecisiete, a través de aparatos que transmiten radioactividad que afectan la salud, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen: El juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, ello debe realizarse en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues dichos cuerpos normativos permiten al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de procedencia de dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentra, relacionados con aspectos inherentes a su salud, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. En ese sentido, como se estableció en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que los actos reclamados precisados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Al respecto, del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar acciones u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. En tal virtud, dado que el peticionario de amparo MANUEL ROSALES VALENCIA refiere encontrarse interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y promueve la acción constitucional contra las revisiones efectuadas en el Centro de reclusión a partir de octubre de dos mil diecisiete, a través de aparatos que refiere trasmiten radioactividad que afecta su salud, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control para reclamar esa circunstancia, esto es, sin haber formulado controversia ante el Juez de Ejecución, es razón suficiente para considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2018548, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Entonces, dado que los actos reclamados en esta instancia constitucional necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; entre los que se encuentras los aludidos por el impetrante de amparo consistentes en las revisiones efectuadas en el centro de reclusión a partir de octubre de dos mil diecisiete, por aparatos que transmiten radiactividad que afectan la salud; al encontrase relacionadas incluso con la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, y en seguida, ante el Juez de Ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia explicada. En conclusión, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial, con sede en Cuautla, Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique la presente sentencia al quejoso MANUEL ROSALES VALENCIA en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, lugar donde se encuentra recluido, y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Se hace del conocimiento al Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial, con sede en Cuautla, Morelos, que al momento de que el actuario de su adscripción notifique la presente determinación deberá asentar en la razón de notificación correspondiente las constancias con las que corrió traslado al quejoso, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por MANUEL ROSALES VALENCIA, contra los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, por lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta determinación. Notifíquese personalmente...
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Cuernavaca, Morelos, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 239/2019-I, de nuestro índice; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, toda vez que este juzgado se reservó la notificación de los acuerdos de diecisiete de junio y diecisiete de julio de dos mil diecinueve, hasta en tanto obrara en autos el resultado de la comunicación oficial antes referida, y en virtud de que dicha situación ya aconteció, se provee lo siguiente: Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y a fin evitar mayores dilaciones procesales con la expedición de despachos, por conducto de uno de los Actuarios adscritos a este juzgado, notifíquese al quejoso MANUEL ROSALES VALENCIA el presente acuerdo, así como los diversos de diecisiete de junio y diecisiete de julio del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acordó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario del Juzgado Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa no obra el resultado de la comunicación oficial 239/2019, girada a efecto de notificar al quejoso MANUEL ROSALES VALENCIA el auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se ordenó darle vista con las pruebas que ofreció y que fueron remitidas por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Ahora, resérvese notificar el presente auto a la parte quejosa, hasta entonces obre en autos la notificación aludida en el párrafo que antecede. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
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