Manuel Rodríguez Baltazar
Expediente 1151/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Manuel Rodríguez Baltazar
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio 35508/2019, firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo 1178/2019 de su índice, que formó con motivo de la demanda promovida por Manuel Rodríguez Baltazar contra actos reclamados a ese propio órgano jurisdiccional y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1151/2019-3-A. Ahora bien, del oficio y anexos de cuenta se advierte que el titular del juzgado de distrito antes citado, se declaró incompetente para conocer de la demanda de mérito y remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito para el turno respectivo, correspondiendo a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, el conocimiento de la misma; por tanto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. No escapa de la atención del suscrito que la demanda que se provee, carece de firma criptográfica y autógrafa, ni tampoco contiene estampada huellas dactilares del promovente; sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en su Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO," que ese requisito no es exigible en las demandas en las que el acto reclamado se trate de aquellos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, hecho que en el caso acontece, puesto que el acto que por esta vía constitucional combate el quejoso se trata de la orden de tortura librada en su contra, por lo cual no es factible desechar la demanda de que se trata. SE ITERA LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que sigue subsistiendo la suspensión de plano concedida al aquí quejoso en proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 1178/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por lo que resulta innecesario aperturar el incidente de suspensión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que ya fue concedida la suspensión de plano, y en ella se analizó el acto reclamado por la parte quejosa. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, hágase saber a las autoridades responsables que el informe justificado que se les requiere, podrán presentarlo a este Juzgado o remitirlo vía ordinaria; o a por medio del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (haciendo uso de cuenta de correo institucional); o vía telegráfica, sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, deberán abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. En el entendido de que, si estiman remitir constancias en apoyo a dicho informe, deberán acompañarlas por el medio ordinario que estimen conducente (correo, mensajería acelerada, etcétera). Se precisa que se excluye del apercibimiento anterior al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, toda vez que ya lo rindió a través del oficio de cuenta; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, con el cual se da vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase por rendido el informe de suspensión de plano rendido por el citado órgano jurisdiccional, con el que se da vista al quejoso para que manifieste lo que a sus intereses legales convenga. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) Comuniquen el cambio de situación jurídica, y en su caso, si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se les aplicará en sentencia una sanción consistente en una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Remitan copias certificadas completas y legibles de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se les aplicará en sentencia una sanción consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: Que para el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de dicha autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refiere la fracción III del artículo 5, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, se determina que no existen los mismos, dada la naturaleza del acto que por esta vía se combate. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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