Manuel Núñez Pérez Redondo

Expediente 1081/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1081/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Manuel Núñez Pérez Redondo

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********************, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, a través de su Oficina de Correspondencia Común, a las que se anexa el escrito original de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *************** contra actos reclamados a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1081/2019-I-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. En ese sentido, la parte quejosa, dentro de su demanda de amparo, señaló como acto reclamado: "De la Ordenadora le reclamo la resolución del toca de trece de noviembre del año 2019, emitida por la responsable ordenadora dentro del toca número 2037/2019 de su índice." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del toca 2037/2019 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que declara infundado el recurso de queja interpuesto por el demandado (aquí quejoso) en contra del auto de tres de septiembre del presente año, dictado en el juicio ordinario civil 935/2007/VII, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, por el que desecha el incidente de nulidad de actuaciones, en contra de los autos emitidos en sección de ejecución de sentencia, de ocho y veintitrés de enero; uno, ocho, catorce y veinticinco de marzo; cinco y diez de abril; y, seis de mayo, todos del presente año. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...)IV.Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo subrayado es propio) Lo dispuesto en el primero de los preceptos legales enunciados debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de ampro que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. Es decir, no sólo las veintitrés fracciones del referido artículo 61, establecen los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, sino que éstas pueden derivar otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Por lo que cabe destacar que el artículo 107, de la ley de la materia, dispone contra qué tipo de actos procede el amparo indirecto, específicamente la fracción IV, de dicho precepto establece que éste es procedente contra actos de tribunales judiciales, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, enfatiza que en el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Ahora bien, la parte promovente en su demanda de amparo señala como acto reclamado la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del toca 2037/2019 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que declara infundado el recurso de queja interpuesto por el demandado (aquí quejoso) en contra del auto de tres de septiembre del presente año, dictado en el juicio ordinario civil 935/2007/VII, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, por el que desecha el incidente de nulidad de actuaciones, en contra de los autos emitidos en sección de ejecución de sentencia, de ocho y veintitrés de enero; uno, ocho, catorce y veinticinco de marzo; cinco y diez de abril; y, seis de mayo, todos del presente año. Asimismo, dicho quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que en dieciocho de febrero de dos mil nueve, se dictó sentencia en los autos del juicio ordinario civil 935/2007/VII, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, a favor de las actoras en el juicio de origen, por el que interpusieron recurso de apelación, mismo que fue confirmado en segunda instancia, posteriormente se ordenó la apertura de la sección de ejecución en el citado juicio civil. Asimismo, mediante proveído de diez de junio de dos mil diez, se señalaron las nueve horas el diecinueve de agosto de ese mismo año, para la audiencia de remate, misma que no fue llevada a cabo por haberse realizado de manera incorrecta las publicaciones en los medios de comunicación en la forma y términos que señala la ley. Posteriormente, promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de los autos emitidos el ocho y veintitrés de enero; uno, ocho, catorce y veinticinco de marzo; cinco y diez de abril; y, seis de mayo, todos del presente año, el cual fue desechado por no acompañar las copias de traslado, por lo que en contra de dicha determinación interpuso recurso de queja, la cual en trece de noviembre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, resolvió declararla infundada, siendo lo anterior, el acto que se reclama en el presente juicio. En este contexto, se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, interpretado en sentido contrario, en razón de que el acto reclamado que se pretende combatir no constituyen la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se trata de la resolución que ordena el archivo definitivo del expediente, sino que se trata de un acto intermedio dentro de tal procedimiento, en el que únicamente se declara infundada la queja interpuesta en contra del desechamiento de nulidad de actuaciones de diversos autos efectuados en sección de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 917, Junio de 2003, Tomo XVII, Novena Época, con número de registro 184223, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo." En efecto, debe considerarse que la demanda que se provee es notoriamente improcedente, en razón de que en el caso no se reclaman actos que pudieran ser considerados como de ejecución irreparable, ya que el acto del que se duele el promovente no afecta materialmente algún derecho sustantivo, ya sea de los tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en alguno de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y si bien es cierto que el acto del que se duele el impetrante de amparo podría generarle posibles violaciones, no menos cierto es que tales violaciones serían adjetivas, y además están íntimamente vinculados a los derechos dilucidados en el juicio natural, por lo que forman parte de la cosa juzgada, las cuales se pueden combatir, cuando se emita la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución de la sentencia. Tiene aplicación la tesis número 2a. VIII/98 que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." También se cita la tesis XIX. 1º.P.T.3 K, XXXII, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." En este contexto, resulta claro que no se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la legislación que nos ocupa, en virtud de que la resolución aquí combatida no constituye una actuación que examine lo relativo al último acto dictado en la etapa de ejecución del juicio. Situación que deriva en la improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el precitado artículo, toda vez que, como se dijo, cuando se trata de violaciones cometidas tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo (la que la aprueba o declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir, o que, ordenara el archivo definitivo del expediente), pudiendo reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; por lo que se desecha de plano la demanda en cuestión. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 44454, y por autorizado con la restricción que impone el citado precepto, a **************, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco la parte quejosa acreditó que ésta cuente con dicho documento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

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