Manuel Rodriguez Adame
Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Manuel Rodriguez Adame
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, con las copias certificadas que remite, fórmense los tomos I, II y III de pruebas, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta, cuando así lo soliciten. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************; en atención a su contenido, se le tiene por desahogada la prevención realizada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de mayo del año en curso; por tanto, se procede a proveer en relación a la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Por haberlo solicitado tramítese por cuerda separada y duplicado el incidente de suspensión. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Se tiene como tercera interesada a ********************, en su calidad de albacea del finado ********************, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 27 de la ley de la materia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que se constituya en el domicilio ubicado en ********************, y con copia simple de la demanda y del escrito de desahogo de prevención lo emplace a juicio, para que si a sus intereses conviniere comparezca a deducirlos. De igual forma lo requiera para que en el acto de la diligencia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le realice, apercibido que de no hacerlo así, las siguientes notificaciones, salvo las que sea de carácter estrictamente personal, sin mayor pronunciamiento, se le practicaran por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º, en relación con el precepto 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que de ser este último caso deberán solicitarlo expresamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 558/2023, promovido por Manuel Rodríguez Adame, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades, se apertura por separado el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formule en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de garantías y escrito aclaratorio y requiriéndole que en el mismo se precise la fecha en que fue emitido el acto reclamado. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a la autoridad responsable que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una corrección disciplinaria, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 132, de la ley de la materia. En este sentido indíquesele a dicha autoridad que dentro del artículo 55, del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que se aplica supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo permite el arábigo 2, de esta última, se reconoce entre las correcciones disciplinarias la multa que no exceda de sesenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio, cuyo máximo le será impuesto en caso de que incurra en el desacato citado, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Dígasele a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial "C", responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, el cual el siguiente: "Reclamo la ilegal ejecución de la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, que pretende realizar a través del remate del bien inmueble embargado en autos, cuantificando con intereses moratorios usurarios del 7% (siete por ciento mensual, traducido al 84% anual), ejecución emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 20/2010-V promovido por Natalio Martínez Villanueva (actualmente representado por su albacea Inés Manzano Balbuena) y las resoluciones emitidas el 5 de marzo del 2012 (fojas 321 a 342), 31 de enero del 2014 (foja 619 a 627); 26 de abril del 2016 (fojas 683 a 689) y 12 de junio del 2017 (foja 767 a 771), que la parte actora tiene liquidado un total de $ 1,149,285.07 ( un millón ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional). Dicho acto reclamado se traduce en que la responsable, C. Juez primero de Distrito en el Estado de Guerrero, me condenó a pagar en el resolutivo SEGUNDO: la cantidad de $ 686,000.00 (seiscientos ochenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios por el periodo comprendido del siete de mayo del dos mil diecisiete al siete de marzo del dos mil veintitrés, y en la misma sentencia actualiza la planilla haciendo constar y validando las resoluciones emitidas el 5 de marzo del 2012 (fojas 321 a 342), 31 de enero del 2014 (foja 619 a 627); 26 de abril de 2016 (fojas 683 a 689) y 12 de junio de 2017 (foja 767 a 771), que la parte actora tiene liquidado un total de $ 1,149,285.07 (un millón ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional) al 07 de mayo del 2017. Dando un total de $ 1,835,285.07 (un millón ochocientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional), cuantificó la deuda a pagar en la etapa procesal de ejecución (suerte principal e intereses) tomando en cuenta un interés moratorio usurario, o sea al 7% mensual, traducido al 84% anual el cual es considerado usurario, por rebasar en gran medida la tasa de interés efectiva promedio ponderada (TEEPP) emitida por el Banco de México, en la fecha de suscripción de los pagarés" En tanto que en el escrito aclaratorio señaló como tal: "la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de abril del dos mil veintitrés, pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado en el Juicio Ejecutivo Mercantil número 20/2010-V promovido por Natalio Martínez Villanueva (actualmente representado por su albacea Inés Manzano Balbuena) en contra del suscrito Manuel Rodríguez Adame." Precisado lo anterior, esta juzgadora se pronunciará únicamente respecto de las consecuencias del acto reclamado en el escrito aclaratorio. Es aplicable a la anterior determinación, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 182529, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." En ese sentido, cabe hacer mención que la medida cautelar se pide para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se lleve a cabo cualquier trámite de remate o adjudicación del bien inmueble embargado en el juicio de origen, lo que no guarda relación con el acto que aclaró constituye el acto reclamado. Sin embargo, conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), en Materia Constitucional, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, con registro digital 2019200, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.", esta juzgadora Federal se pronunciará en relación con el nuevo acto reclamado por el incidentista. Para ello, es menester observar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 constitucional, que señala que para proveer en torno a dicha medida cautelar, debe atenderse a la naturaleza de la violación alegada, lo cual resulta posible a través de la precisión de los actos que se combaten por esta vía constitucional. En tanto que los Artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción se desprende que el precepto primeramente citado dispone que únicamente podrá decretarse la suspensión de los actos reclamados cuando se cumplan los siguientes requisitos, a saber: 1. Que la solicite el agraviado y 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte el artículo 147 de la propia ley de la materia, dispone que para que proceda otorgar la suspensión del acto reclamado, es menester que se tomen en cuenta las siguientes condiciones. I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio. II. Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Esto último significa que la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se haya ejecutado, con la condición de que la restitución solo sea provisional, lo que significa que si atento a su naturaleza el restablecimiento es pleno, entonces esa restitución es improcedente por la vía de la suspensión, porque el supuesto no se encuentra previsto en dicha disposición. Precisado lo anterior, es momento de verificar la procedencia de la medida cautelar que se solicita, y en ese sentido, este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, concluye que no ha lugar a conceder a la parte quejosa aquí incidentista Manuel Rodríguez Adame, la suspensión provisional del acto reclamado, ya que de hacerlo se estarían dando efectos restitutorios; lo cual es propio de la sentencia que se pronuncie en el fondo del amparo, en términos del diverso precepto 77 de la legislación en cita. Ello, implicaría darle un alcance indebido, al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la suspensión, incluso sustituyéndola en la toma de medidas para lograr el acatamiento de la sentencia que constituye cosa juzgada, cuestión que sólo puede ser propia del fondo del asunto, todo lo cual opera, incluso, por similitud de consideraciones jurídicas, tratándose de la suspensión provisional. Por lo tanto, como ya se indicó, resulta inadmisible conceder la suspensión del acto en análisis, toda vez que las medidas decretadas dentro del incidente de suspensión es únicamente un adelanto provisional del derecho para que no se consume de modo irreparable el acto reclamado y no para resolver en forma definitiva la cuestión planteada, pues la institución jurídica de la suspensión del acto se encuentra regulada en los artículos 125 a 158, de la Ley de Amparo, los cuales establecen que la suspensión tiene como finalidad paralizar los actos reclamados a efecto de que no se ejecuten de manera irreparable en perjuicio del quejoso, y con ello mantener viva la materia del juicio de amparo, lo que traería como consecuencia de concederse en su caso la suspensión como lo pretende el aquí incidentista. Sobre el particular se cita la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 74, Tomo CII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 349359, que señala: "SUSPENSIÓN, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados". En otro orden, toda vez que el presente expediente se tramita por cuerda separada del principal, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a Julio Torres Suástegui y Viridiana Yasmín Estrada Gutiérrez, toda vez que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar mayor agilidad al trámite del presente juicio, se tienen como puntos de contacto el correo electrónico así como el número telefónico, que la parte quejosa proporciona en su escrito de demanda, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. Con base en los artículos 26, 27 y 28, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con apoyo en el artículo 138 se la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · 7,641 expedientes
- Manuel Garcia Antunez1371/2023
- Manuel Garcia Guatemala506/2023
- Manuel Maganda Lorenzo682/2019
- Manuel Medina Hernández675/2019
- Manuel Ramos Garcia1153/2022
- Manuel Rodriguez Adame127/2022
- Manuel Rodríguez González61/2019
- Manuel Salvador Bello Aivar1118/2022
- Manuel Salvador Radilla Rodríguez693/2023
- Manuel Sanchez Regino545/2018
- Marbella Ortega Bautista1204/2018
- Marccos Martell Rivera190/2023