Manuel Garcia Guatemala
Expediente 506/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Manuel Garcia Guatemala
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General citado. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó diversas documentales con el escrito de demanda; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado Federal a recogerlos, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose, apercibido que de no hacerlo así tal documento serán destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por el quejoso Manuel García Guatemala, atento a su contenido, téngasele por desahogada la prevención realizada en autos; por tanto, se procede a proveer en relación a la admisión de la demanda de amparo. Ahora bien, antes debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, escrito de desahogo de la prevención formulada. En tal sentido, se precisa que el promovente en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: Es por ello que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se previno al promovente de amparo a efecto de que precisara el acto que reclamaba, lo cual pretendió desahogar por escrito presentado el tres de mayo de del presente año, en el que estableció: Es por ello que mediante auto de cuatro de mayo siguiente, al no haber desahogado la prevención en los términos requeridos, se le reiteró que precisara el acto que reclamaba, lo cual realizado por escrito de diez de mayo del que cursa refiriendo lo siguiente: Ahora bien, después de haber analizado los actos que reclama el impetrante de garantías, se precisa que el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, del referido numeral 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". De la porción normativa transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Siendo importante mencionar, que la citada obligación de agotar los medios de defensa que establece la ley ordinaria, contiene las siguientes excepciones: a) Cuando no se prevea la suspensión del acto impugnado de oficio o mediante la interposición del recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el recurrente, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni más plazo que el establecido para otorgar la suspensión provisional; con independencia de que el acto sea o no susceptible de ser suspendido. b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. c) Cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) El juicio, recurso o medio de defensa legal se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo anterior, se colige que la procedencia del juicio de amparo (salvo las excepciones que expresamente establece el propio numeral), está condicionada a que si existe contra el acto reclamado, algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, debe ser agotado sin distinción alguna, en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que se analiza, es terminante al establecer lo anterior, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación la tesis: XXI.1o.6 A, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Prmer Circuito, Novena Época, materia Administrativa, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 991, registro digital 203032, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Una vez precisado lo anterior, de acuerdo a lo expuesto se obtiene que los actos reclamados en esta vía, puede ser modificados, revocados, o confirmados a través del procedimiento correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, dado que se traducen en una controversia en materia administrativa entre un particular y autoridades municipales de esta ciudad. Por ende, el promovente del amparo estaba obligado a acudir previo al juicio de amparo indirecto, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a promover el correspondiente juicio de nulidad contra los actos que ahora reclama. Respecto al funcionamiento de dicho tribunal, conviene citar los siguientes preceptos: Artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero: "Artículo 138. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para: I. Resolver las impugnaciones de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los municipios, Órganos Autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los particulares [.]". Artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 467: "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tiene competencia para: I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los particulares [.] T R A N S I T O R I O S [.] Séptimo. Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero." Artículo 1 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763: "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés general en el Estado y tiene como finalidad: I. Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica y los particulares, cuando se emitan actos en materia administrativa y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas; II. Sustanciar y resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y los órganos internos de control de los entes públicos estatales o municipales, o por la Auditoría Superior del Estado para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas; así como imponer a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos; III. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella; así como resolver sobre la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos estatales y paraestatales, municipales y paramunicipales, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica, siempre que la persona moral respectiva, obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad pueda vincularse con faltas administrativas graves; IV. Sustanciar y resolver los juicios que se originen por fallos en licitaciones públicas, la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica; así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal; V. Decretar las medidas cautelares cuando sean solicitadas por las autoridades investigadoras competentes, relacionadas con los juicios de responsabilidades administrativas graves; VI. Sustanciar y resolver las controversias que surjan con motivo del pago de garantías a favor del Estado y los municipios; VII. Sustanciar y resolver sobre las resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado que impongan sanciones administrativas no graves a sus servidores públicos; y VIII. Sustanciar y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero". La interpretación de estos preceptos permite obtener que el otrora denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas municipales, estatales o de organismos públicos descentralizados. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, lo que en el caso acontece, por lo que antes de que este órgano de control constitucional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad de los actos reclamados, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa local, como se prevé en el artículo 29, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que dispone: "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia para: [.] VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía técnica; [.]". De los artículos transcritos se advierte la existencia del juicio administrativo, que tiene la naturaleza de un medio ordinario de impugnación con el alcance de nulificar, modificar o revocar el acto que se combata, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolver un órgano en sede administrativa, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar los actos que se combaten en esta vía constitucional, respecto de los cuales resulta competente para dirimirlos y resolverlos un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tales cuestiones a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses de la ahora parte quejosa. En el caso concreto, si los actos reclamados en el presente juicio, tienen naturaleza administrativa, entonces el quejoso, previamente a promover la instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo local, en términos del artículo 29, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. En ese orden, se afirma que se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque no se agotó previamente al juicio de amparo, el medio de defensa aludido; en la inteligencia de que no se advierte que se incurra en alguna de las excepciones establecidas por el numeral que contempla dicha causal, como se verá. a) Respecto a la excepción consistente en que no se prevea la suspensión del acto impugnado de oficio o mediante la interposición del recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el recurrente, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni más plazo que el establecido para otorgar la suspensión provisional; con independencia de que el acto sea o no susceptible de ser suspendido, no se actualiza. Lo anterior por cuanto a que el juicio contencioso administrativo en cita, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para obtener la suspensión del acto reclamado; por lo que es patente la obligatoriedad de acatar el principio de definitividad, antes de impugnar vía amparo los actos reclamados. Se afirma lo anterior, al ser patente para quien resuelve, que el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, establece en sus artículos del 69 al 77, la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, como enseguida se explica: "Artículo 69. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la Sala Regional en el mismo acuerdo en que se admita la demanda, con excepción del procedimiento en responsabilidad administrativa grave. Artículo 70. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 71. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el proceso. Artículo 72. Cuando los actos materia de impugnación hayan sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. Se podrá incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Artículo 73. La suspensión podrá ser revocada por la sala en cualquier momento del procedimiento si varían las condiciones en las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de tres días hábiles. Contra el auto que conceda o niegue la suspensión procede el recurso de revisión ante la Sala Superior, el que debe presentarse ante la Sala Regional que dictó el auto que se impugna. Cuando se interponga el recurso respectivo en contra de la suspensión, no se interrumpen sus efectos ni se suspende el procedimiento contencioso administrativo. Artículo 74. Al iniciar el procedimiento, el actor deberá garantizar el interés fiscal conforme a las disposiciones aplicables. En tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado podrá discrecionalmente conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe, tomando en consideración la cuantía del acto reclamado. Cuando a juicio del magistrado sea necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento de dichos intereses, con base en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a menos que dicha garantía se haya constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 75. En los casos en que proceda la suspensión, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran causarse en caso de no obtener sentencia favorable; en el supuesto de que con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 76. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el tercero perjudicado, a su vez, exhibe caución bastante para garantizar que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación, y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá cubrir el importe de la que haya otorgado el actor. Contra el señalamiento de fianzas y contrafianzas procede el recurso de revisión ante la Sala Superior, el que deberá presentarse ante la Sala Regional que dictó el auto que se impugna. Artículo 77. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarla ante la sala respectiva dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto en que se declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. El derecho del interesado para solicitar la devolución de la garantía prescribirá a favor del Fondo Auxiliar del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, si transcurridos dos años contados a partir de la fecha en que se dicte la resolución anterior no la reclamara." Como se ve, los requerimientos para la procedencia de la suspensión establecidos en las dos legislaciones citadas, Ley de Amparo en vigor y el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, básicamente son los mismos, ya que en ambos casos la suspensión puede solicitarse por el agraviado, y se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, con relación al plazo para decidir sobre la medida cautelar, en la Ley de Amparo en vigor en el capítulo de suspensión no se establece el plazo en la forma como en la anterior legislación lo precisaba; empero, debe considerarse que conforme lo dispuesto en el artículo 112 de la actual ley de la materia, se debe proveer respecto de la admisión de la demanda -y por ende sobre la suspensión de los actos reclamados de ser el caso- dentro del plazo de veinticuatro horas, y que esa disposición resulta acorde con el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el cual establece que se debe conceder la suspensión de la ejecución, en el mismo acuerdo en que se admite la demanda, o cuando sea solicitada dicha medida cautelar, en relación con el diverso numeral 57 del invocado código, que refiere que se dictará auto sobre la admisión de la demanda a más tardar al día siguiente de su presentación, pues si bien en una se determina en horas (24 horas), y otra en días (día siguiente), en ambos tratos se da un sentido temporal equivalente. Bajo tal perspectiva, resulta evidente que en esencia, la Ley de Amparo en vigor y el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, establecen el mismo plazo y similares requisitos para solicitar y obtener la medida cautelar. Ahora bien, el hecho de que el citado medio ordinario de defensa, esté previsto en una legislación diversa de aquella de la que emana formalmente o en la que encuentra su fundamento el acto de autoridad impugnado, no implica que se carezca de la obligación de agotarlo, ya que basta con que en alguna ley formal y material se prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite su modificación, revocación o nulificación y cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, para que éste sea obligatorio. Dicha consideración tiene sustento en la jurisprudencia número 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impone: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).-Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Asimismo, cabe precisar que el hecho de que en un acto de autoridad no se citen todos los ordenamientos legales que lo reglamentan, inclusive aquel que prevé el recurso, juicio o medio de defensa legal que en su contra se puede interponer, no es motivo para estimar que no existe obligación de agotarlo previamente a la promoción del amparo, pues el estricto cumplimiento al principio de definitividad que en él rige, no puede quedar sujeto a esa eventualidad, dado que el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio oficioso. b) En lo que interesa de la excepción relativa a cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, debe acotarse que si bien el quejoso sólo refiere que se viola en su perjuicio el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita, ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que los promoventes únicamente refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Bajo esa circunstancia, aun cuando el argumento expuesto por la parte justiciable haga énfasis sobre violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, dado el propio contenido de los actos que combate en esta instancia, obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad, toda vez que puede ser oído con amplitud respecto de los derechos fundamentales que persigue, ante el referido tribunal ordinario. Se cita al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." c) Finalmente, tampoco se actualiza la excepción consistente en que el juicio, recurso o medio de defensa legal se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues como se indicó, está previsto en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 467, no en un reglamento. En las relatadas circunstancias, al no actualizarse ningún caso de excepción al principio de definitividad, la parte quejosa debió promover contra los actos reclamados juicio de nulidad ante la Sala Regional correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; y al no haberlo hecho así, inobservó el aludido principio. En consecuencia, al no haberse agotado el medio legal que le concede la ley ordinaria aplicable a la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar, por los motivos que expone, el exhorto 115/2023 de número de orden 249/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal emplazara a juicio al tercero interesado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez. Sin que haya lugar a acusar recibo en virtud de que éste se genera automáticamente al momento del envío por tratarse de una comunicación electrónica. Dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel García Guatemala, contra actos de Norma Otilia Hernández Martínez, en su carácter de Presidenta Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 506/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º., penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Por otra parte, resulta conveniente precisar lo siguiente: Los actos que pueden ser reclamados en el juicio de amparo, según su naturaleza se clasifican en: 1. Positivos. Los que representan un hacer de las autoridades. Dentro de estos se encuentran aquellos con efectos negativos, los cuales se materializan cuando la autoridad se rehúsa a acceder a las pretensiones que le fueron formuladas; y con efectos prohibitivos cuando imponen una obligación de no hacer. 2. Negativos. Implican un no actuar de la autoridad (omisión o abstención de hacer). Ahora, los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dan la pauta para identificar cuál es el objeto del juicio de amparo, así como quiénes tienen el carácter de autoridad responsable. Además, cabe recordar que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones y que tendrá la calidad de autoridad en el juicio, aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones; sin embargo, de la lectura a la demanda que nos ocupa, particularmente de la ponderación de lo señalado en los capítulos destinados a la precisión del acto reclamado en contraste con los antecedentes del mismo, no es factible identificar en qué consiste la conducta de autoridad -o de particular equivalente a la de autoridad-, contra la que se solicita la tutela constitucional, habida cuenta que lo que se designa como acto reclamado a las autoridades responsables es lo siguiente: "ABUSO DE AUTORIDAD, 262 FRACCIÓN III, INTENTAR OBLIGARME REALIZAR ACTO JURÍDICO CON PARTICULARES, DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN DE RAZA MORENA." Pero además, en los apartados números uno y dos de su capítulo de antecedentes del escrito de demanda, manifiesta: Por tanto, a fin de fijar correctamente la litis en este juicio y ante la imprecisión de los actos que atribuye a la autoridad señalada como responsable y al no quedar claro cuáles son los actos reclamados, la parte quejosa deberá bajo protesta de decir verdad. Precisar cuáles son los actos que en concreto reclama, es decir: - Indique si lo que reclama es la detención de su vehículo acontecida el veinte de abril de dos mil veintitrés y si en su caso a que autoridad lo atribuye, pues asevera que estaban participando Policías Municipales, Agentes de Tránsito y Guardia Nacional. - Si el acto reclamado es la retención del vehículo automotor que describe o bien, si reclama la infracción 46163 y de ser el caso, a que autoridad se lo atribuye. - De igual forma precise si el acto que reclama es el pago por concepto de arrastre y encierro en un corralón particular y de ser así señale la autoridad a quien se lo atribuye. Sustenta lo expuesto la tesis integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Por otra parte, respecto de la solicitud de designarle un defensor público, dígase que no ha lugar a acordar favorable, en razón de que después de una búsqueda en el Sistema de Registro de Profesionistas del Derecho REGPROF, se aprecia que el promovente cuenta con registro de su cédula profesional, que lo acredita como licenciado en derecho, como se advierte de la siguiente imagen. Además, es un hecho notorio que en diversos asuntos que se tramitan en este órgano de control constitucional ha sido designado como autorizado, por lo que se colige que tiene las aptitudes necesarias para su debida defensa. Ahora bien, toda vez que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, notifíquesele mediante lista que se publique en los estrados de este Juzgado. Asimismo, téngase señalado el número telefónico 7471193173, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que éste órgano jurisdiccional lo estime necesario. Sin que sea el caso de proveer sobre la suspensión de plano por la tortura psicológica que refiere, puyes de su narrativa solo se desprende que fue detenido en un filtro policiaco por no portar equipo de seguridad ni licencia para operar el vehículo automotor en el que se transportaba. Finalmente, toda vez que se advierte que la parte quejosa expresa una serie de calificativos insultantes dirigidos a las autoridades que refiere intervinieron en la detención de su vehículo, se le apercibe para que, en lo subsecuente omita dirigirse en los términos denigrantes en que lo hace con el apercibimiento que de no acatarlo lo indicado, con fundamento en los artículos 54 y 55, fracción ll del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hará acreedor a una corrección disciplinaria, a efecto de resguardar el buen orden en el trámite del asunto de que se trata. Notifíquese personalmente.
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