Manuel Rodas Galvez

Expediente 1628/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1628/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Manuel Rodas Galvez
  • Gabriela Berenice Vazquez Cigarroa
  • Ana Luisa Reyes Gamboa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADOVista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al presente juicio de amparo, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, notifíquese la presente determinación a las autoridades responsables, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADOVista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al presente juicio de amparo, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, notifíquese la presente determinación a las autoridades responsables, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cuarenta minutos del primero de agosto de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado José Alfonso García López, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1628/2019, promovido por Rubiselia Guzmán Ruiz, Víctor Manuel Sigaroa Pérez, Diana Lizeth Delgado Guzmán, Manuel Rodas Gálvez, Lorena Yaneth Tovar Herrera, Joel Sandoval Cruz, Gonzalo Meza Morales, Leydi Dallana Antonio Morales, María Edith Morales Pereryra, Rosa Linda Cigarroa Pérez, Gabriela Berenice Vázquez Cigarroa, Maricela Lizbeth Vázquez Cigarroa, Dolores Mazariegos Martínez, José Manuel Ruiz López, Dulce María Machuca Cabrera, Natividad Morales Bonilla, Dulce Mercedes Pineda Gordillo, Antonio García Morales, Lucila Sánchez García, Rosa Vilma Ortega Natividad, Laura de León López, Hernán Guillén Cifuentes, Nancy Paola Barrios Barrios, Irma Yohana Vázquez Morales, Ermila Pérez Díaz, Cindy Karina Vázquez de León, Hernán Guillén de León, Adriana Belén Vázquez de León, Orfida Méndez Jiménez, María del Socorro Gutiérrez Sánchez, Edith Ruiz Méndez, Jorge Enrique Aquino Coello, Ethelvina Pereyra Interiano, Llendy Nallely Antonio Morales, Hercidia Arevalo Ategria, Aura Marina Pérez López, Ana Luisa Reyes Gamboa, Berenice Olanda Robledo Mendoza, Rosa Ortega Natividad, Rodolfo Bogari Aguilar, Cecilia Aurora Valenzuela Reyna, Juan Antonio Alemán Velázquez, Doris Eliza Ovalle Roblero, Yesenia Méndez Reyes, Ruby Toscano Ruis, contra actos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, residente en esta Ciudad y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. Enseguida, el Secretario del juzgado certifica que en este acto se procedió a dar lectura de las constancias que obran en el sumario, las cuales se tienen por reproducidas, así como la razón actuarial (foja 17) mediante la cual devuelve los oficios 832, 835 y 836 que se enviaron a las autoridades que la parte quejosa señaló como Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, Comandante General Fronterizo Costa, Inspector Titular de la Estación de la Policía Federal, residentes en esta ciudad, en virtud de que no existen con esa denominación proporcionada por la parte quejosa, con lo cual se le dio vista en auto de diez de junio de este año (foja 24), para que manifieste lo que a su derecho conviniere, sin que lo hubiese hecho; Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar y en relación a la vista otorgada a la parte quejosa, en auto de diez de junio de este año, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tienen por inexistentes a las autoridades responsables de cuenta, ordenándose suspender comunicación con ellas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio sin que las partes ofrecieran medio de convicción alguno. Al no existir más escritos con que dar cuenta al Juez se cierra dicho período. A continuación se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1628/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Rubiselia Guzmán Ruiz, Víctor Manuel Sigaroa Pérez, Diana Lizeth Delgado Guzmán, Manuel Rodas Gálvez, Lorena Yaneth Tovar Herrera, Joel Sandoval Cruz, Gonzalo Meza Morales, Leydi Dallana Antonio Morales, María Edith Morales Pereryra, Rosa Linda Cigarroa Pérez, Gabriela Berenice Vázquez Cigarroa, Maricela Lizbeth Vázquez Cigarroa, Dolores Mazariegos Martínez, José Manuel Ruiz López, Dulce María Machuca Cabrera, Natividad Morales Bonilla, Dulce Mercedes Pineda Gordillo, Antonio García Morales, Lucila Sánchez García, Rosa Vilma Ortega Natividad, Laura de León López, Hernán Guillén Cifuentes, Nancy Paola Barrios Barrios, Irma Yohana Vázquez Morales, Ermila Pérez Díaz, Cindy Karina Vázquez de León, Hernán Guillén de León, Adriana Belén Vázquez de León, Orfida Méndez Jiménez, María del Socorro Gutiérrez Sánchez, Edith Ruiz Méndez, Jorge Enrique Aquino Coello, Ethelvina Pereyra Interiano, Llendy Nallely Antonio Morales, Hercidia Arevalo Ategria, Aura Marina Pérez López, Ana Luisa Reyes Gamboa, Berenice Olanda Robledo Mendoza, Rosa Ortega Natividad, Rodolfo Bogari Aguilar, Cecilia Aurora Valenzuela Reyna, Juan Antonio Alemán Velázquez, Doris Eliza Ovalle Roblero, Yesenia Méndez Reyes, Ruby Toscano Ruis, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 1628/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza administrativa de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: De las autoridades ordenadoras - La orden de desalojo y lanzamiento de cada uno de los departamentos que tienen en posesión. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Sector V Zona Costa, Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Judicialización para Delitos Graves y No graves en el Distrito Fronterizo Costa, todos residentes en esta Ciudad, negaron categóricamente el acto que se les reclama. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Además, debe señalarse que del contenido de la demanda de amparo no se desprende que los quejosos se encuentren privados de su libertad, por lo que no queda de manifiesto que pueda ser objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior es así, pues se insiste en que no se proporcionan datos o medios de convicción de los que se advierta que efectivamente que se encuentren privados de la libertad, aspecto que se estima indispensable para ser objeto de los actos relativos a la tortura psicológica, malos tratos y amenazas, pues a juicio de este juzgador, la afectación aducida por el quejoso no podría llevarse a cabo estando en libertad. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Rubiselia Guzmán Ruiz, Víctor Manuel Sigaroa Pérez, Diana Lizeth Delgado Guzmán, Manuel Rodas Gálvez, Lorena Yaneth Tovar Herrera, Joel Sandoval Cruz, Gonzalo Meza Morales, Leydi Dallana Antonio Morales, María Edith Morales Pereryra, Rosa Linda Cigarroa Pérez, Gabriela Berenice Vázquez Cigarroa, Maricela Lizbeth Vázquez Cigarroa, Dolores Mazariegos Martínez, José Manuel Ruiz López, Dulce María Machuca Cabrera, Natividad Morales Bonilla, Dulce Mercedes Pineda Gordillo, Antonio García Morales, Lucila Sánchez García, Rosa Vilma Ortega Natividad, Laura de León López, Hernán Guillén Cifuentes, Nancy Paola Barrios Barrios, Irma Yohana Vázquez Morales, Ermila Pérez Díaz, Cindy Karina Vázquez de León, Hernán Guillén de León, Adriana Belén Vázquez de León, Orfida Méndez Jiménez, María del Socorro Gutiérrez Sánchez, Edith Ruiz Méndez, Jorge Enrique Aquino Coello, Ethelvina Pereyra Interiano, Llendy Nallely Antonio Morales, Hercidia Arevalo Ategria, Aura Marina Pérez López, Ana Luisa Reyes Gamboa, Berenice Olanda Robledo Mendoza, Rosa Ortega Natividad, Rodolfo Bogari Aguilar, Cecilia Aurora Valenzuela Reyna, Juan Antonio Alemán Velázquez, Doris Eliza Ovalle Roblero, Yesenia Méndez Reyes, Ruby Toscano Ruis, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que al día de hoy ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte promovente en el acuerdo inicial, para que diera cumplimiento a la prevención de demanda ahí efectuada, sin que lo hubiere hecho. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído, quedarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el referido auto inicial. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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