Manuel Nicolás San Cristóbal López
Expediente 568/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Manuel Nicolás San Cristóbal López
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual solicita acuse de recibo. Atento a lo anterior, como lo solicita el tribunal de alzada, para evitar mayores dilaciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron las constancias que remitió con su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de desechamiento. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. 13/10/22 13:22:38 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 2 Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través del acuerdo dictado en este asunto, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE. Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales 13/10/22 13:22:38 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 3 dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, advirtiéndose que este expediente contiene documentos exhibidos por la parte quejosa en copia certificada con su escrito de demanda, se le previene para que acuda a este tribunal dentro del plazo de noventa días a recogerlo, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente, como lo 13/10/22 13:22:38 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 4 autoriza el último párrafo del artículo Vigésimo del Acuerdo General de referencia. SE DEVUELVEN TOMOS DE PRUEBAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, adjuntó diversas constancias a su informe justificado, mismas que obran por separado; en consecuencia, mediante oficio que al efecto se envíe, devuélvanse dichas documentales a la citada autoridad, solicitando que acuse recibo de estilo para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Téngase por recibido el oficio signado por el oficio firmado por el Secretario de Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, a través del cual remite el juicio de amparo directo 416/2021, de su índice, promovido por Manuel Nicolás San Cristóbal López, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula; al determinar que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, y que por ello, debe tramitarse en la vía indirecta ante un Juez de Distrito. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, SE ACATA LA COMPETENCIA y este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente, regístrese bajo el número 568/2021-VI-B. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la Superioridad, para facilitar el manejo del presente juicio de amparo, fórmense el tomo de prueba por separado de este asunto. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda que dio origen a este asunto, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama: El auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, en el expediente 142/2011, relativo a la tercería excluyente de dominio, promovida por el quejoso Manuel Nicolás San Cristóbal López, derivado del juicio ejecutivo mercantil promovido por Jorge Sumuano López y Ezequiel Saúl Orduña Morga. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así, en el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan en archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, en su fracción IV, párrafo segundo, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia, puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por Nuestro Más Alto Tribunal, en la tesis visible en la página 7, del Tomo VI, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Es importante resaltar que la parte quejosa no tiene el carácter de persona tercera extraña al juicio de origen, pues así se advierte de las constancias del expediente 142/2011 remitidas por el Juzgado Primero Civil, con sede en esta ciudad, de los cuales en concreto se desprende que el quejoso Manuel Nicolás San Cristóbal López, tiene el carácter de actor en dicho procedimiento, pues fue quien promovió la tercería excluyente de dominio, misma que en sentencia de fecha catorce de julio de dos mil quince, se declaró improcedente, condenando al aquí quejoso al pago de gastos y costas en dicha instancia. Por lo que la parte contraria promovió el incidente de liquidación de costas en contra de Manuel Nicolás San Cristóbal López, mismo que mediante resolución de segunda instancia de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, fue condenado a pagar la cantidad de $103,800.00 (ciento tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N), por concepto de costas. Seguidamente, mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, por solicitud expresa de la contraparte, facultó al actuario de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio del demandado, hoy quejoso, y procediera a embargar bienes de su propiedad para garantizar el pago por concepto de costas a que fue condenado (acto reclamado). Establecido lo anterior, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituyen el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, donde la autoridad responsable, ordena al actuario de dicho juzgado, para que se constituya en el domicilio del quejoso Manuel Nicolás San Cristóbal López, y embargara bienes de su propiedad, para dar cumplimiento a la sentencia dictada, ello no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución en ese juicio, como lo sería aquella que en forma definitiva ordena la entrega del bien reclamado; de tal manera, lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Por lo que, los vicios que pudiese ocurrir en la ejecución, debe decirse que se encuentran en aptitud de hacerlo valer ante el juez civil responsable o en su defecto, reclamarlos en la demanda de amparo que se intente contra la última de las resoluciones mencionadas, en la que podrán hacer valer tales hechos como violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre y cuando la hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Por lo que se evidencia que el acto impugnado en la presente vía constitucional, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, es decir, la que tiene por cumplida dicha determinación, sino sólo representa una actuación judicial para hacer eficaz y definitiva la resolución. Apoya esta decisión la jurisprudencia J/10, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página: 1941, que dice: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución. Sin que pase inadvertido para este Juzgador, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página seis, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, Registro 163152, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE".La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por tanto, este juzgador considera que el acto reclamado no constituye la última resolución definitiva; por ende, se trata de actos intermedios que por su propia naturaleza no son impugnables en amparo indirecto, porque entorpecerían la tramitación del citado procedimiento, y sólo hasta que se actualice la etapa procesal señalada en líneas que anteceden, serán reclamables todas y cada una de las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo; por lo tanto, es improcedente contra los procedimientos que preceden al remate. En ese contexto, se evidencia que el acto reclamado está dirigido a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento natural -que tiene la categoría de sentencia ejecutoriada-, y por el contrario, debe constituir la última resolución dictada en dicha etapa y estar encaminado directamente a cumplir con el fallo respectivo, toda vez que ninguna de las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia -como lo es precisamente el acto reclamado, puede ser combatida a través del juicio de amparo indirecto; así las cosas, será hasta que se ordene en forma definitiva la escrituración y/o entrega de la posesión del inmueble al adjudicatario, cuando las partes podrán promover el juicio de amparo indirecto en donde planteen las violaciones que se hubieran cometido durante el procedimiento de remate y adjudicación. De lo que se concluye que, el acto reclamado no constituye la última resolución definitiva; por ende, se trata de actos intermedios que por su propia naturaleza no son impugnables en amparo indirecto, porque entorpecerían la tramitación del citado procedimiento, y sólo hasta que se actualice la etapa procesal señalada en líneas que anteceden, serán reclamables todas y cada una de las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página: 60, que dice: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. De la misma forma le resulta aplicación la jurisprudencia 253, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página: 1331, que dice: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. También es atendible en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno del Décimo Octavo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Tesis: PC.XVIII. J/10 L (10a.), Página: 1492, que dice: AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Manuel Nicolás San Cristóbal López, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Respecto a la solicitud de que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, dígase al promovente que no es procedente en atención a que la Ley de Amparo, no lo contempla en el capítulo correspondiente a las notificaciones; por lo tanto, no ha lugar a tenerlo como domicilio para los efectos que indican; sin embargo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicarlas, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este juzgado, asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo Asimismo, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio José Pérez Rodríguez, en virtud que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea", para lo cual es indispensable el uso de la misma. 1 De esa manera, se encontraran en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones 1 Así como demás aplicables y concernientes al Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Finalmente, y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- Manuel Merayo Moren1628/2022
- Manuel Mesias Flores Gomez187/2023
- Manuel Mora Martinez345/2020
- Manuel Morales Marin1984/2016
- Manuel Nicolas San Cristobal Lopez911/2018
- Manuel Nicolás San Cristóbal López35/2020
- Manuel Nieves Romo439/2016
- Manuel Palacios Montejano254/2018
- Manuel Pineda Marroquin2380/2019
- Manuel Pio Carbonell109/2022
- Manuel Regalado Castro177/2016
- Manuel Rodas Galvez1628/2019