Manuel Reyes García
Expediente 967/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 51 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Reyes García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello, deberá depurarse; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el citado numeral de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendió las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Digitalización expediente electrónico. Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico, anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Vista con cumplimiento al fallo protector Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a las partes en el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El dos de abril de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia dictada en este asunto, en la que este juzgado federal determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel Reyes García en contra de los actos que reclamó a la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. II. Por auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con el fallo protector aludido III. Mediante diversos oficios recibidos el diecisiete de mayo, cuatro y once de junio, diez de julio, uno, cinco y ocho de agosto, diez, diecisiete y veinte de septiembre, diez, dieciocho y veintiuno de octubre, veinte y veintiocho de noviembre, cuatro y veinte de diciembre, todos de dos mil diecinueve, veintinueve de enero, veinte y veintiséis de febrero, dos de marzo, cuatro de agosto, veintiuno de octubre, seis de noviembre, dos y quince de diciembre, todos de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Conviene precisar que las documentales relacionadas en el punto III cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. IV. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que, en el plazo de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual informó la autoridad responsable, sin que ninguna lo haya realizado Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Valoración Con los antecedentes detallados procede valorar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, revela que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional, toda vez que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, omitió realizar actuaciones eficaces para que se cumpla el laudo dictado dentro del juicio laboral 723/2005. Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que el efecto de la concesión fue, en esencia, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: " Aplicar en beneficio de la parte ejecutante la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Con base en lo anterior, hacer los requerimiento y apercibimientos que en derecho correspondan, respetando los plazos establecidos en la ley; y, en su caso, haciéndolos efectivos. " Ahora, las constancias aportadas en vía de cumplimiento el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje en el Estado, realizó lo siguiente: Mediante auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, determinó lo siguiente: ". ahora bien y tomando en consideración que de autos se advierte que la parte DEMANDADA haya dado cumplimiento al laudo de fecha 28 veintiocho de octubre de 2008 dos mil ocho, es decir acreditar haber pagado al trabajador actor la cantidad de $114,450.50 (CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N) en tales condiciones y tomando en consideración que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado Municipal, en su artículo 51 el cual señala la facultades que tiene el síndico y en su fracción VIII. Representar legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento y en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo se requiere al Síndico Municipal para que en el término de 03 tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que quede notificado, de cumplimiento al laudo es decir deberá pagar al trabajador actor la cantidad de $114,450.50 (CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N) o en su caso manifestar la imposibilidad que tenga, con el apercibimiento legar que de no hacerlo dentro del término concedido se aplicara lo establecido en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el cual señala "....57 la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia', quedando notificado el Síndico Municipal a través de sus apoderados jurídicos que el mismo designo para tal efecto." Mediante auto de uno de septiembre de dos mil veinte, al no haber dado cumplimiento la parte demandada con el laudo envió copias certificadas a la Auditoria Superior de Michoacán, para el efecto de que en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, asimismo, envió oficio a la Fiscalía General del Estado para hacer de su conocimiento la omisión del Ayuntamiento demandado. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, al no dar cumplimiento la parte demandada con el laudo en términos del artículo 41 y 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ordenó la suspensión del salario por quince días del Síndico del Ayuntamiento demandado. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, tuvo a la parte demandada exhibiendo el cheque número 0000457 de la Institución Bancaria BANORTE por la cantidad de $114,450.50 (ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N), a nombre del trabajador actor -aquí quejoso-. El treinta de noviembre de dos mil veinte, entregó a la parte actora el cheque 0000457 de la Institución Bancaria BANORTE por la cantidad de $114,450.50 (ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N) y tuvo por cumplido el laudo dictado en el juicio de origen, por lo que ordeno el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfecho el efecto del mismo. En ese contexto, al haberse realizado requerimiento y hecho efectivo apercibimientos hasta lograr la ejecución del laudo, lo cual era en lo que se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. En el entendido de que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Apoya lo afirmado en este apartado, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Vista a las partes Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días, a fin de que manifiesten si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista con cumplimiento al fallo protector Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a las partes en el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El dos de abril de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia dictada en este asunto, en la que este juzgado federal determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel Reyes García en contra de los actos que reclamó a la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. II. Por auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con el fallo protector aludido III. Mediante diversos oficios recibidos el diecisiete de mayo, cuatro y once de junio, diez de julio, uno, cinco y ocho de agosto, diez, diecisiete y veinte de septiembre, diez, dieciocho y veintiuno de octubre, veinte y veintiocho de noviembre, cuatro y veinte de diciembre, todos de dos mil diecinueve, veintinueve de enero, veinte y veintiséis de febrero, dos de marzo, cuatro de agosto, veintiuno de octubre, seis de noviembre, dos y quince de diciembre, todos de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Conviene precisar que las documentales relacionadas en el punto III cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. IV. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que, en el plazo de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual informó la autoridad responsable, sin que ninguna lo haya realizado Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Valoración Con los antecedentes detallados procede valorar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, revela que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional, toda vez que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, omitió realizar actuaciones eficaces para que se cumpla el laudo dictado dentro del juicio laboral 723/2005. Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que el efecto de la concesión fue, en esencia, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: " Aplicar en beneficio de la parte ejecutante la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Con base en lo anterior, hacer los requerimiento y apercibimientos que en derecho correspondan, respetando los plazos establecidos en la ley; y, en su caso, haciéndolos efectivos. " Ahora, las constancias aportadas en vía de cumplimiento el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje en el Estado, realizó lo siguiente: Mediante auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, determinó lo siguiente: ". ahora bien y tomando en consideración que de autos se advierte que la parte DEMANDADA haya dado cumplimiento al laudo de fecha 28 veintiocho de octubre de 2008 dos mil ocho, es decir acreditar haber pagado al trabajador actor la cantidad de $114,450.50 (CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N) en tales condiciones y tomando en consideración que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado Municipal, en su artículo 51 el cual señala la facultades que tiene el síndico y en su fracción VIII. Representar legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento y en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo se requiere al Síndico Municipal para que en el término de 03 tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que quede notificado, de cumplimiento al laudo es decir deberá pagar al trabajador actor la cantidad de $114,450.50 (CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N) o en su caso manifestar la imposibilidad que tenga, con el apercibimiento legar que de no hacerlo dentro del término concedido se aplicara lo establecido en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el cual señala "....57 la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia', quedando notificado el Síndico Municipal a través de sus apoderados jurídicos que el mismo designo para tal efecto." Mediante auto de uno de septiembre de dos mil veinte, al no haber dado cumplimiento la parte demandada con el laudo envió copias certificadas a la Auditoria Superior de Michoacán, para el efecto de que en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, asimismo, envió oficio a la Fiscalía General del Estado para hacer de su conocimiento la omisión del Ayuntamiento demandado. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, al no dar cumplimiento la parte demandada con el laudo en términos del artículo 41 y 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, ordenó la suspensión del salario por quince días del Síndico del Ayuntamiento demandado. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, tuvo a la parte demandada exhibiendo el cheque número 0000457 de la Institución Bancaria BANORTE por la cantidad de $114,450.50 (ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N), a nombre del trabajador actor -aquí quejoso-. El treinta de noviembre de dos mil veinte, entregó a la parte actora el cheque 0000457 de la Institución Bancaria BANORTE por la cantidad de $114,450.50 (ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N) y tuvo por cumplido el laudo dictado en el juicio de origen, por lo que ordeno el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfecho el efecto del mismo. En ese contexto, al haberse realizado requerimiento y hecho efectivo apercibimientos hasta lograr la ejecución del laudo, lo cual era en lo que se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. En el entendido de que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Apoya lo afirmado en este apartado, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Vista a las partes Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días, a fin de que manifiesten si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Reanudación de los plazos y términos procesales Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la sentencia pronunciada el dos de abril de dos mil diecinueve se encuentra para calificar el cumplimiento de la autoridad responsable a la ejecutoria, por lo que en su momento se emitirá el pronunciamiento respectivo. Por otro lado, agréguese a los autos el correo electrónico remitido por el Sistema de Servicios en Línea, mediante el cual se informa que se generó una cita en el Sistema de Agendas de Cita OJ -la cual corresponde a Juan Manuel García Sánchez apoderado del quejoso-. Sin que se haga mayor pronunciamiento al respecto, dado que la cita de referencia se encuentra programada para el mismo día en que se provee el correo electrónico de cuenta, en la inteligencia de que, con base en el sistema electrónico establecido en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, es posible atender a los justiciables en los días y horas establecidos en dicho portal, con independencia de la fecha en que se provea el correo electrónico que da aviso al órgano jurisdiccional sobre la cita programada para consulta de expedientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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