Manuel Magaña Prado

Expediente 665/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
665/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Directora de la Escuela Primaria Urbana Federal "Emiliano Zapata", Tlazazalca, Michoacán.
  • Manuel Magaña Prado

Actuaciones

  1. Principal

    CUENTA. En tres de enero de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con el estado que guardan los autos, así como con la certificación secretarial que antecede, dentro del juicio de amparo 665/2021. Conste.Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio en que se desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Cristina García Maya, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5844/2022; asistida de Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Manuel Magaña Prado, por propio derecho, fórmese expediente y regístrese con el número 505/2021-III-D, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado de distrito. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la promovente, señala como autoridad responsable a: La Directora de la Escuela Primaria Urbana Federal "Emiliano Zapata", con domicilio en la calle Aquiles Serdán Número 1, Colonia Centro, Tlazazalca, Michoacán (Leticia León Durán). De quien reclama: La omisión acordar el oficio 684 -de diecisiete de julio de dos mil veintiuno-, así como, la negativa de expedir y remitir constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, ello dentro del exhorto 65/2011, derivado del Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Omisión que tiene su origen en el Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 173, Apartado A fracciones II y VII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 173. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) II. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; (.)". De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo el juicio de amparo, sólo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierten los hechos que dieron lugar a la emisión del exhorto de donde emana el acto combatido, el cual tiene su origen dentro de la sustanciación del juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Jovita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, procedimiento que -según lo manifestado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad- se encuentra en trámite. En ese tenor, se tiene que Jovita Villagómez Espinosa promovio el juicio ordinario oral familiar sobre perdida de la patria potestad frene al peticionario de amparo registrado en el índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, el cual seguido por sus trámites legales giro exhorto al Juez de Primera Instancia en Turno en Materia Familiar de La Piedad, Michoacán, a fin de que gire atento oficio a la Director de la Escuela Primaria Urbana Federal "Emiliano Zapata", ubicada en la calle Aquiles Serdán número 1, en Tlazazalca, Michoacán, mediante el cual le solicite remita la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, quien a su vez giró el diverso al Juez Menor Mixto de ese distrito judicial, siendo este quien emitió el oficio 684 de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, siendo esta última actuación la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que el contradictorio de origen aún se encuentra en trámite, pues no se ha dictado sentencia definitiva. De lo expuesto en los párrafos anteriores, debe primeramente establecerse que se trata de una omisión acaecidos dentro de un proceso jurisdiccional; esto es, se verificaron después de que se amplió la demanda en reconvención y no existe constancia de que se haya dictado sentencia ejecutoria. Así como que la constancia a recabar fue ofrecida como prueba de la parte quejosa. De ahí que la naturaleza de los actos y de la omisión sean intraporcesales, puesto que los derechos que se afectan con la emisión de los mismos o con la omisión de realizarlos son adjetivos, porque se encuentran regulados por las normas procesales aplicables al caso en concreto. Se afirma lo anterior, porque de los antecedentes que fueron reseñados se advierte que el juicio Ordinario Oral Familiar se encuentra en el periodo probatorio, ya que el quejoso afirma que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno lo tuvo el juez de origen ampliando la demanda por reconvención; esto es, cuando la fase de instrucción no ha concluido. Asentado lo anterior, se desprende que el contenido de la comunicación que el quejoso reclama, no son de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que por la etapa procesal por la que transita el juicio Ordinario Oral Familiar sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus consecuencias materiales se reducen en que se expida la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, la cual fue ofrecida como prueba por la parte quejosa; lo que puede ser reparado en la resolución que se dicte si obtiene sentencia favorable a sus intereses; incluso de no ser así podrán hacer uso de los medios de impugnación ordinarios que la ley preveé para reparar tales violaciones. Sin que sea inadvertido para este juzgador los argumentos hechos valer por la parte quejosa entorno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados consistentes en la omisión de emisión de la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, dentro del exhorto 65/2011, derivado del Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la cual fue ofrecida como prueba, pero por la etapa en que se encuentra, no se producen violaciones a derecho sustantivos, pues ya se encuentra celebrada la audiencia final, lo que es considerado como una violación procesal. En ese sentido, el juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra dicha determinación, no es reclamable en la vía indirecta en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, pues, como se destacó, solo existe una omisión a la exhibición de una prueba, sin embargo la autoridad jurisdiccional a cuyo cargo está el trámite del juicio de origen tiene a su alcance los medios para hacer cumplir sus determinaciones. De igual forma, la omisión de dar respuesta a la solicitud en que los quejoso ofrecieron pruebas dentro del referido exhorto, tampoco constituye una afectación a derechos sustantivos pues con independencia de la naturaleza del medio de convicción ofrecido, la inadmisión, la falta de desahogo o su recepción en una forma prevista en la ley por si sola no produce la afectación de que se habla, ya que el juez al dictar sentencia debe valorar todos los elementos incorporados al proceso para determinar en su caso si se demostró la existencia del delito y la responsabilidad de los indiciados. Luego, como se dijo, la omisión de expedir la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, que no necesariamente trascenderán al fallo, y dichas violaciones procesales con ese carácter deben ser combatidas mediante la promoción del juicio de amparo en la vía directa -artículo 170 de la Ley de Amparo- es inconcuso que en la especie, como se anticipó, no es procedente el amparo indirecto, sino el uni-instancial, que en su momento promovieran las partes contra la sentencia definitiva que emita la autoridad responsable, si le fuere adversa la sentencia definitiva. Bajo esa tesitura, se estima actualizada la referida causa de improcedencia antes invocada, al tratarse de una violación procesal -luego de haberse designado un defensor diverso para que se continúe con el procedimiento- impugnable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". PROTESTA DE LEY Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. DESECHAMIENTO Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 -interpretado en sentido contrario- y precepto 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que indica. CORREO ELECTRÓNICO De igual forma, el correo electrónico ziglag@hotmail.com, del cual se ordena su habilitación para la recepción de notificaciones, sin que obste a lo anterior que el artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción IV, disponga que el único medio para recibir notificaciones electrónicas es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE) haciendo uso del Certificado de Firma Electrónica. No obstante, debe decirse que la circular SECNO/12/2020 que interpreta el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció la necesidad de encontrar soluciones creativas dentro del marco de la ley aplicable para sostener los nuevos retos que supone el trabajo a distancia, en el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19. Incluso, de conformidad con los artículos 28 y 34 del Acuerdo General Plenario 21/2020, la actuación a través de medios electrónicos constituye un eje rector en la tramitación de los expedientes, como medida preventiva de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por tanto, resulta factible ordenar la habilitación del correo electrónico aludido, en el entendido de que la notificación sólo resultará válida con la confirmación telefónica respectiva a través del número proporcionado para tal efecto. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Del mismo modo, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por el referido artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda promovida por Manuel Magaña Prado, por propio derecho, fórmese expediente y regístrese con el número 505/2021-III-D, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado de distrito. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la promovente, señala como autoridad responsable a: La Directora de la Escuela Primaria Urbana Federal "Emiliano Zapata", con domicilio en la calle Aquiles Serdán Número 1, Colonia Centro, Tlazazalca, Michoacán (Leticia León Durán). De quien reclama: La omisión acordar el oficio 684 -de diecisiete de julio de dos mil veintiuno-, así como, la negativa de expedir y remitir constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, ello dentro del exhorto 65/2011, derivado del Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Omisión que tiene su origen en el Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 173, Apartado A fracciones II y VII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 173. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) II. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; (.)". De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo el juicio de amparo, sólo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierten los hechos que dieron lugar a la emisión del exhorto de donde emana el acto combatido, el cual tiene su origen dentro de la sustanciación del juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Jovita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, procedimiento que -según lo manifestado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad- se encuentra en trámite. En ese tenor, se tiene que Jovita Villagómez Espinosa promovio el juicio ordinario oral familiar sobre perdida de la patria potestad frene al peticionario de amparo registrado en el índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, el cual seguido por sus trámites legales giro exhorto al Juez de Primera Instancia en Turno en Materia Familiar de La Piedad, Michoacán, a fin de que gire atento oficio a la Director de la Escuela Primaria Urbana Federal "Emiliano Zapata", ubicada en la calle Aquiles Serdán número 1, en Tlazazalca, Michoacán, mediante el cual le solicite remita la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, quien a su vez giró el diverso al Juez Menor Mixto de ese distrito judicial, siendo este quien emitió el oficio 684 de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, siendo esta última actuación la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que el contradictorio de origen aún se encuentra en trámite, pues no se ha dictado sentencia definitiva. De lo expuesto en los párrafos anteriores, debe primeramente establecerse que se trata de una omisión acaecidos dentro de un proceso jurisdiccional; esto es, se verificaron después de que se amplió la demanda en reconvención y no existe constancia de que se haya dictado sentencia ejecutoria. Así como que la constancia a recabar fue ofrecida como prueba de la parte quejosa. De ahí que la naturaleza de los actos y de la omisión sean intraporcesales, puesto que los derechos que se afectan con la emisión de los mismos o con la omisión de realizarlos son adjetivos, porque se encuentran regulados por las normas procesales aplicables al caso en concreto. Se afirma lo anterior, porque de los antecedentes que fueron reseñados se advierte que el juicio Ordinario Oral Familiar se encuentra en el periodo probatorio, ya que el quejoso afirma que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno lo tuvo el juez de origen ampliando la demanda por reconvención; esto es, cuando la fase de instrucción no ha concluido. Asentado lo anterior, se desprende que el contenido de la comunicación que el quejoso reclama, no son de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que por la etapa procesal por la que transita el juicio Ordinario Oral Familiar sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus consecuencias materiales se reducen en que se expida la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, la cual fue ofrecida como prueba por la parte quejosa; lo que puede ser reparado en la resolución que se dicte si obtiene sentencia favorable a sus intereses; incluso de no ser así podrán hacer uso de los medios de impugnación ordinarios que la ley preveé para reparar tales violaciones. Sin que sea inadvertido para este juzgador los argumentos hechos valer por la parte quejosa entorno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados consistentes en la omisión de emisión de la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, dentro del exhorto 65/2011, derivado del Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la cual fue ofrecida como prueba, pero por la etapa en que se encuentra, no se producen violaciones a derecho sustantivos, pues ya se encuentra celebrada la audiencia final, lo que es considerado como una violación procesal. En ese sentido, el juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra dicha determinación, no es reclamable en la vía indirecta en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, pues, como se destacó, solo existe una omisión a la exhibición de una prueba, sin embargo la autoridad jurisdiccional a cuyo cargo está el trámite del juicio de origen tiene a su alcance los medios para hacer cumplir sus determinaciones. De igual forma, la omisión de dar respuesta a la solicitud en que los quejoso ofrecieron pruebas dentro del referido exhorto, tampoco constituye una afectación a derechos sustantivos pues con independencia de la naturaleza del medio de convicción ofrecido, la inadmisión, la falta de desahogo o su recepción en una forma prevista en la ley por si sola no produce la afectación de que se habla, ya que el juez al dictar sentencia debe valorar todos los elementos incorporados al proceso para determinar en su caso si se demostró la existencia del delito y la responsabilidad de los indiciados. Luego, como se dijo, la omisión de expedir la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, que no necesariamente trascenderán al fallo, y dichas violaciones procesales con ese carácter deben ser combatidas mediante la promoción del juicio de amparo en la vía directa -artículo 170 de la Ley de Amparo- es inconcuso que en la especie, como se anticipó, no es procedente el amparo indirecto, sino el uni-instancial, que en su momento promovieran las partes contra la sentencia definitiva que emita la autoridad responsable, si le fuere adversa la sentencia definitiva. Bajo esa tesitura, se estima actualizada la referida causa de improcedencia antes invocada, al tratarse de una violación procesal -luego de haberse designado un defensor diverso para que se continúe con el procedimiento- impugnable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". PROTESTA DE LEY Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. DESECHAMIENTO Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 -interpretado en sentido contrario- y precepto 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que indica. CORREO ELECTRÓNICO De igual forma, el correo electrónico ziglag@hotmail.com, del cual se ordena su habilitación para la recepción de notificaciones, sin que obste a lo anterior que el artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción IV, disponga que el único medio para recibir notificaciones electrónicas es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE) haciendo uso del Certificado de Firma Electrónica. No obstante, debe decirse que la circular SECNO/12/2020 que interpreta el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció la necesidad de encontrar soluciones creativas dentro del marco de la ley aplicable para sostener los nuevos retos que supone el trabajo a distancia, en el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19. Incluso, de conformidad con los artículos 28 y 34 del Acuerdo General Plenario 21/2020, la actuación a través de medios electrónicos constituye un eje rector en la tramitación de los expedientes, como medida preventiva de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por tanto, resulta factible ordenar la habilitación del correo electrónico aludido, en el entendido de que la notificación sólo resultará válida con la confirmación telefónica respectiva a través del número proporcionado para tal efecto. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Del mismo modo, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por el referido artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda promovida por Manuel Magaña Prado, por propio derecho, fórmese expediente y regístrese con el número 505/2021-III-D, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado de distrito. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la promovente, señala como autoridad responsable a: La Directora de la Escuela Primaria Urbana Federal "Emiliano Zapata", con domicilio en la calle Aquiles Serdán Número 1, Colonia Centro, Tlazazalca, Michoacán (Leticia León Durán). De quien reclama: La omisión acordar el oficio 684 -de diecisiete de julio de dos mil veintiuno-, así como, la negativa de expedir y remitir constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, ello dentro del exhorto 65/2011, derivado del Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Omisión que tiene su origen en el Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 173, Apartado A fracciones II y VII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 173. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) II. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio; VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; (.)". De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo el juicio de amparo, sólo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierten los hechos que dieron lugar a la emisión del exhorto de donde emana el acto combatido, el cual tiene su origen dentro de la sustanciación del juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Jovita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, procedimiento que -según lo manifestado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad- se encuentra en trámite. En ese tenor, se tiene que Jovita Villagómez Espinosa promovio el juicio ordinario oral familiar sobre perdida de la patria potestad frene al peticionario de amparo registrado en el índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, el cual seguido por sus trámites legales giro exhorto al Juez de Primera Instancia en Turno en Materia Familiar de La Piedad, Michoacán, a fin de que gire atento oficio a la Director de la Escuela Primaria Urbana Federal "Emiliano Zapata", ubicada en la calle Aquiles Serdán número 1, en Tlazazalca, Michoacán, mediante el cual le solicite remita la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, quien a su vez giró el diverso al Juez Menor Mixto de ese distrito judicial, siendo este quien emitió el oficio 684 de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, siendo esta última actuación la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que el contradictorio de origen aún se encuentra en trámite, pues no se ha dictado sentencia definitiva. De lo expuesto en los párrafos anteriores, debe primeramente establecerse que se trata de una omisión acaecidos dentro de un proceso jurisdiccional; esto es, se verificaron después de que se amplió la demanda en reconvención y no existe constancia de que se haya dictado sentencia ejecutoria. Así como que la constancia a recabar fue ofrecida como prueba de la parte quejosa. De ahí que la naturaleza de los actos y de la omisión sean intraporcesales, puesto que los derechos que se afectan con la emisión de los mismos o con la omisión de realizarlos son adjetivos, porque se encuentran regulados por las normas procesales aplicables al caso en concreto. Se afirma lo anterior, porque de los antecedentes que fueron reseñados se advierte que el juicio Ordinario Oral Familiar se encuentra en el periodo probatorio, ya que el quejoso afirma que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno lo tuvo el juez de origen ampliando la demanda por reconvención; esto es, cuando la fase de instrucción no ha concluido. Asentado lo anterior, se desprende que el contenido de la comunicación que el quejoso reclama, no son de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que por la etapa procesal por la que transita el juicio Ordinario Oral Familiar sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus consecuencias materiales se reducen en que se expida la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, la cual fue ofrecida como prueba por la parte quejosa; lo que puede ser reparado en la resolución que se dicte si obtiene sentencia favorable a sus intereses; incluso de no ser así podrán hacer uso de los medios de impugnación ordinarios que la ley preveé para reparar tales violaciones. Sin que sea inadvertido para este juzgador los argumentos hechos valer por la parte quejosa entorno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados consistentes en la omisión de emisión de la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, dentro del exhorto 65/2011, derivado del Juicio Ordinario Oral Familiar Número 151/2019, sobre perdida de la patria potestad promovido por Joyita Villagómez Espinosa frente al quejoso Manuel Magaña Prado, que se tramita en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la cual fue ofrecida como prueba, pero por la etapa en que se encuentra, no se producen violaciones a derecho sustantivos, pues ya se encuentra celebrada la audiencia final, lo que es considerado como una violación procesal. En ese sentido, el juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra dicha determinación, no es reclamable en la vía indirecta en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, pues, como se destacó, solo existe una omisión a la exhibición de una prueba, sin embargo la autoridad jurisdiccional a cuyo cargo está el trámite del juicio de origen tiene a su alcance los medios para hacer cumplir sus determinaciones. De igual forma, la omisión de dar respuesta a la solicitud en que los quejoso ofrecieron pruebas dentro del referido exhorto, tampoco constituye una afectación a derechos sustantivos pues con independencia de la naturaleza del medio de convicción ofrecido, la inadmisión, la falta de desahogo o su recepción en una forma prevista en la ley por si sola no produce la afectación de que se habla, ya que el juez al dictar sentencia debe valorar todos los elementos incorporados al proceso para determinar en su caso si se demostró la existencia del delito y la responsabilidad de los indiciados. Luego, como se dijo, la omisión de expedir la constancia de estudios de la menor de iniciales E. M. V, que no necesariamente trascenderán al fallo, y dichas violaciones procesales con ese carácter deben ser combatidas mediante la promoción del juicio de amparo en la vía directa -artículo 170 de la Ley de Amparo- es inconcuso que en la especie, como se anticipó, no es procedente el amparo indirecto, sino el uni-instancial, que en su momento promovieran las partes contra la sentencia definitiva que emita la autoridad responsable, si le fuere adversa la sentencia definitiva. Bajo esa tesitura, se estima actualizada la referida causa de improcedencia antes invocada, al tratarse de una violación procesal -luego de haberse designado un defensor diverso para que se continúe con el procedimiento- impugnable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". PROTESTA DE LEY Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. DESECHAMIENTO Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 -interpretado en sentido contrario- y precepto 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que indica. CORREO ELECTRÓNICO De igual forma, el correo electrónico ziglag@hotmail.com, del cual se ordena su habilitación para la recepción de notificaciones, sin que obste a lo anterior que el artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción IV, disponga que el único medio para recibir notificaciones electrónicas es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE) haciendo uso del Certificado de Firma Electrónica. No obstante, debe decirse que la circular SECNO/12/2020 que interpreta el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció la necesidad de encontrar soluciones creativas dentro del marco de la ley aplicable para sostener los nuevos retos que supone el trabajo a distancia, en el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19. Incluso, de conformidad con los artículos 28 y 34 del Acuerdo General Plenario 21/2020, la actuación a través de medios electrónicos constituye un eje rector en la tramitación de los expedientes, como medida preventiva de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por tanto, resulta factible ordenar la habilitación del correo electrónico aludido, en el entendido de que la notificación sólo resultará válida con la confirmación telefónica respectiva a través del número proporcionado para tal efecto. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Del mismo modo, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por el referido artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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