Manuel Noyola Alvarez
Expediente 737/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Manuel Noyola Alvarez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquel, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Con fundamento en el artículo 20 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que debido a que en este expediente se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional es destruible, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Se hace del conocimiento de las autoridades. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Se agrega informe Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Domicilio y delegados. Como lo solicita, se tiene como domicilio de su parte el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como sus delegados a las personas que indica. Contenido del informe Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente del informe justificado y del anexo que se acompaña al mismo, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo,a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Lo anterior, encuentra justificación en lo siguiente: El quejoso Manuel Noyola Álvarez, reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el acto que hizo consistir en: ". el auto de fecha 26 de Mayo del 2022, en donde la RESPONSABLE se reserva derecho de CALIFICAR PRUEBAS y hasta la data no me a(sic) sido notificado acuerdo de calificación de pruebas por parte de la autoridad responsable, excediéndose por mucho el término que la Ley señala para la celebración de la audiencia." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable anexas a su informe justificado, a las que se reitera su pleno valor probatorio pleno, se evidencia lo siguiente: Los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante acuerdo dictado el cinco de junio de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 742/2021/M-5, realizó la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, tanto actora como demandada, además de que se señaló fecha y hora para el desahogo de aquellas que admitió, calificó de procedente y que su por su naturaleza ameritarán dicho desahogo. Con lo anterior, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues existe comprobado el impulso procesal de la responsable, en cuanto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen y la fijación de fecha y hora su correspondiente desahogo. En ese sentido, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión de que se duele la quejosa, ha desaparecido. En efecto, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en el caso, consistente en la inactividad e impulso procesal de que se duele la promovente del amparo para la calificación y el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 742/2021/M-5; lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causa de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, como ya se analizó, de las constancias que remitió la autoridad responsable a su correspondiente informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que la dilación y omisión reclamadas fueron subsanadas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró realizar las gestiones correspondientes a fin de calificar y ordenar el desahogo las pruebas ofrecidas por las partes en juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Decisión Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Se agrega informe Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Domicilio y delegados. Como lo solicita, se tiene como domicilio de su parte el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como sus delegados a las personas que indica. Contenido del informe Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente del informe justificado y del anexo que se acompaña al mismo, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo,a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Lo anterior, encuentra justificación en lo siguiente: El quejoso Manuel Noyola Álvarez, reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el acto que hizo consistir en: ". el auto de fecha 26 de Mayo del 2022, en donde la RESPONSABLE se reserva derecho de CALIFICAR PRUEBAS y hasta la data no me a(sic) sido notificado acuerdo de calificación de pruebas por parte de la autoridad responsable, excediéndose por mucho el término que la Ley señala para la celebración de la audiencia." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable anexas a su informe justificado, a las que se reitera su pleno valor probatorio pleno, se evidencia lo siguiente: Los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante acuerdo dictado el cinco de junio de dos mil veintitrés, en el expediente laboral 742/2021/M-5, realizó la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, tanto actora como demandada, además de que se señaló fecha y hora para el desahogo de aquellas que admitió, calificó de procedente y que su por su naturaleza ameritarán dicho desahogo. Con lo anterior, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues existe comprobado el impulso procesal de la responsable, en cuanto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen y la fijación de fecha y hora su correspondiente desahogo. En ese sentido, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión de que se duele la quejosa, ha desaparecido. En efecto, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en el caso, consistente en la inactividad e impulso procesal de que se duele la promovente del amparo para la calificación y el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 742/2021/M-5; lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causa de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, como ya se analizó, de las constancias que remitió la autoridad responsable a su correspondiente informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que la dilación y omisión reclamadas fueron subsanadas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró realizar las gestiones correspondientes a fin de calificar y ordenar el desahogo las pruebas ofrecidas por las partes en juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Decisión Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V I S T O S para resolver, el juicio de amparo 201/2023-VII (...) Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosí, San Luis Potosí y otra autoridad, por los motivos precisados en el considerando sexto, para los efectos indicados en el diverso octavo de este fallo. Notifíquese personalmente
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Manuel Fernando Segura Bravo959/2023
- Manuel Hector Garcia Mejia25/2018
- Manuel Hernandez Avila819/2019
- Manuel Luciano Gerardo Montiel Mejia427/2018
- Manuel Molina Quiñonez1451/2022
- Manuel Nava Calvillo1024/2019
- Manuel Noyola Alvarez1469/2023
- Manuel Omar Sanchez Ramos288/2018
- Manuel Omar Sanchez Ramos1172/2021
- Manuel Perez Morales841/2019
- Manuel Rangel Alonso735/2018
- Manuel Rangel Cruz15/2023