Manuel Hector Garcia Mejia
Expediente 25/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Manuel Hector Garcia Mejia
- MANUEL HECTOR GARCIA MEJIA y Otros.
- Laura Luz Cuevas Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; por medio del cual, acusa recibo y se da por enterado, que la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para los efectos a los que haya lugar. Como esta ordenado, remítase al archivo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DICTADA CON FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los autos, en particular la certificación con que se da cuenta, se advierte que del dos al veintinueve de agosto del año actual, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del presente mes y año, transcurrió el plazo de veinte días que de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de julio del presente año, para que acreditara ante este Juzgado que procedió a la publicación de los edictos a fin de emplazar a juicio al tercero interesado Juan José Oliveros Leija; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En efecto, el uno de agosto de dos mil dieciocho, David Emmanuel Amaro Cárdenas, autorizado de la parte quejosa, recibió los edictos de referencia para los efectos legales conducentes, por tanto, se tiene que en esa misma data, la parte quejosa tuvo conocimiento del proveído de veintisiete de julio del presente año y apercibimiento en él decretado, por lo que el término de veinte días de mérito comenzó a correr a partir del dos del mes y año actual. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó a la parte quejosa mediante el citado auto de veintisiete de julio del año en curso, actualizándose así la causal de improcedencia, prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III inciso b) y 5° fracción III, de la Ley de Amparo, y siendo ello así, procede sobreseer en el presente juicio, toda vez que la parte quejosa incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que la suscrita Juzgadora de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 64/2002, por Contradicción de Tesis número 16/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de fecha catorce de junio del dos mil dos, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º. Fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Así como la tesis Jurisprudencial, 1.3º.C. J/42, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1463, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, al tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del día de la fecha.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, en particular la certificación con que se da cuenta, se advierte que del dos al veintinueve de agosto del año actual, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del presente mes y año, transcurrió el plazo de veinte días que de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de julio del presente año, para que acreditara ante este Juzgado que procedió a la publicación de los edictos a fin de emplazar a juicio al tercero interesado Juan José Oliveros Leija; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En efecto, el uno de agosto de dos mil dieciocho, David Emmanuel Amaro Cárdenas, autorizado de la parte quejosa, recibió los edictos de referencia para los efectos legales conducentes, por tanto, se tiene que en esa misma data, la parte quejosa tuvo conocimiento del proveído de veintisiete de julio del presente año y apercibimiento en él decretado, por lo que el término de veinte días de mérito comenzó a correr a partir del dos del mes y año actual. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó a la parte quejosa mediante el citado auto de veintisiete de julio del año en curso, actualizándose así la causal de improcedencia, prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III inciso b) y 5° fracción III, de la Ley de Amparo, y siendo ello así, procede sobreseer en el presente juicio, toda vez que la parte quejosa incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que la suscrita Juzgadora de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 64/2002, por Contradicción de Tesis número 16/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de fecha catorce de junio del dos mil dos, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º. Fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Así como la tesis Jurisprudencial, 1.3º.C. J/42, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1463, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, al tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del día de la fecha.
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