Manuel Mata Gomez
Expediente 705/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Manuel Mata Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio de amparo; así como el original del incidente de suspensión toda vez que se negó la medida cautelar, por ende, glósese al presente; y, en su oportunidad destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 705/2020-II, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y otra autoridad; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual fue remitido el ocho siguiente, por razón de turno a este Juzgado Federal, Manuel Mata Gómez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y otra autoridad, de quienes reclamó los actos precisados en la demanda. SEGUNDO. Por auto de trece de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 705/2020-II; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Asimismo, se fijó día y hora para la audiencia constitucional la cual se celebró conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse actos dictados en juicio cuya materialización se realizó dentro del ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados de manera clara y precisa, para lo cual se examinan íntegramente el escrito de demanda, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión planteada, de identificar la causa de pedir y con ello de respetar los principios de unidad, congruencia y continencia de la causa. Soporta este proceder las tesis de jurisprudencia números P./J. 40/2000 y P.VI/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de desposesión, desalojo o desocupación del inmueble ubicado en el paraje Loma de Poza Honda, sin número, poblado de San Francisco Chimalpa, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por conducto de su apoderado y el Titular de la Unidad de Asuntos de Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación del Subsecretario de la Policía Estatal del Estado de México, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados; sin que la parte quejosa haya aportado elementos de prueba que desvirtúen dichas negativas. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa no ofreció prueba alguna con la que acredite la existencia de la orden de desalojo, desposesión o desocupación, del bien inmueble ubicado en el paraje Loma de Poza Honda, sin número, Poblado de San Francisco Chimalpa, Naucalpan de Juárez, Estado de México, toda vez que sólo exhibió las siguientes pruebas: ~ Croquis de localización del predio. ~ Copia simple del escrito de fecha de quince de junio de mil novecientos cincuenta. ~ Copia simple de los comprobantes de pago de impuestos correspondientes al Estado números 144043, 358146, 151998, 369324, 114071, 110114, 138053 y 370437. ~ Constancia de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos. ~ Copia simple del Acta de Asamblea General de Ejidatarios de doce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. ~ Recibos de solicitud al programa de PROCAMPO, de los años mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho y dos mil uno. ~ Impresiones fotográficas Documentales que son valoradas de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°; sin embargo, como se dijo, son insuficientes para desvirtuar la negativa manifestada por las autoridades responsables. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Así, a juicio de este juzgador, las pruebas ofrecidas por la parte impetrante resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de los actos de que se trata, ya que no hay dato o elemento del cual se advierta, siquiera indiciariamente, la intervención o participación de las autoridades en los actos que nos ocupan. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226. Página: 153.) "DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados no reconocidos, pero tampoco objetados por la parte a quien perjudican, determinan que sí pueda otorgárseles valor probatorio, el que, según las circunstancias, puede ser pleno." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: XX, Cuarta Parte. Página: 122.) "DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados provenientes de terceros, rendidos como prueba en el juicio y relacionados con el asunto que se ventila, cuando no son objetados por las partes contrarias, deben tenerse por admitidos y surtir sus efectos como si hubieren sido reconocidos." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVIII. Página: 2171.) En esas condiciones, es evidente que subsiste para efectos del juicio de amparo la negativa de que se trata, a final de cuentas porque la parte promovente no la desvirtuó a pesar de que tiene la carga de la prueba, por lo cual, sin duda, resultan inexistentes los actos que nos ocupan. Consecuentemente; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades mencionadas. Además, cabe precisar que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama a las autoridades específicamente señaladas como responsables efectivamente existen. Bien, la ley de la materia establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado, la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Las cuales, en el caso no se actualizan. En ese contexto, es claro advertir que el quejoso no aportó elementos de convicción suficientes para acreditar plenamente la existencia de los actos reclamados a las mencionadas responsables. Aplica a lo anterior, la siguiente tesis: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por ende, al imponerse el sobreseimiento en esta causa constitucional, no procede entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos contra los referidos actos reclamados; esto con base en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, del Tomo, que aparece en la página 57, número 70, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, y del contenido: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, las tesis y criterios aquí enunciados se aplican en la medida en que no se oponen a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo Sexto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 705/2020-II, promovido por...
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020, atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/ 6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. Implementar En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno para que tenga verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a dicha audiencia por medio de videoconferencia, caso en el cual, deberán manifestar su voluntad de hacerlo a más tardar tres días hábiles previos a la fecha antes señalada.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el día de hoy; sin embargo, no es posible celebrarla en virtud que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación del Subsecretario de la Policía Estatal del Estado de México. Por tanto, se difiere y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, agréguese el escrito que signa el quejoso; en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes.
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