Manuel Martínez Mendoza
Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Manuel Martínez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en atención al oficio 19969/2023 del índice de este juzgado de distrito, acusa de recibo el expediente ******************** de su estadística; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de cuatro de los actuales, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; por tanto, devuélvanse a la autoridad responsable Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, las constancias originales del expediente SAT/266/2014 de su índice, que remitió como complemento a su informe justificado (promoción 11881). Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión contra el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 20, fracción II de esa normatividad. Notifíquese, por lista a la parte quejosa en atención a lo ordenado mediante auto de dieciséis de agosto del año en curso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese la razón del actuario judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa la resolución de once del presente mes y año, por las razones que en ella señala; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese mediante la lista que se publica en los estrados de este juzgado el presente proveído y la determinación en mención. En el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán a la parte quejosa por el mismo medio hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México) o en su zona conurbada (Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Tlalnepantla), o bien, designar de manera expresa un usuario para recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente proveído y la resolución de once de agosto de la anualidad. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la 1. Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, consistentes en las constancias originales del expediente *** de su índice; con las mismas fórmese el anexo I. Ahora bien, dado el volumen de dichas documentales, no es factible digitalizar las constancias para ser agregadas a la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, dado que el número de fojas supera los 20 MB que aquél permite. Ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas en otro. Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo. Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: . III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." Ahora bien, de las constancia remitidas por la responsable, se destaca que ya emitió una determinación respecto a la omisión que aquí reclamó la parte quejosa; en torno al escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (folio 6528), por cuanto hace a la omisión de dictar acuerdo correspondiente a: a) la revocación de poderes, b) nombramiento de apoderados, c) señalamiento de nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y, d) la expedición de copias simples, en el expediente SAT266/2014 del índice de la autoridad responsable; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: -La omisión de dictar acuerdo correspondiente al nombramiento de apoderados, revocación de poderes y solicitud de copias simples, en el expediente *** del índice de la autoridad reusable Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, bajo el número de folio 6528. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir al pronunciarse respecto de ello en la determinación de siete de agosto de dos mil veintitrés, por el que se acordó lo conducente en relación a la omisión de dictar acuerdo correspondiente a: a) la revocación de poderes, b) nombramiento de apoderados, c) señalamiento de nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y, d) la expedición de copias simples, en el expediente SAT266/2014 del índice de la autoridad responsable Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (folio 6528). En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de esos actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad diera contestación al escrito que presentó, de ahí que, si en el presente caso ya hay un pronunciamiento que impera, se debe estimar que tal acto omisivo cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (omisión de dictar acuerdo correspondiente a su petición en el expediente de origen), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción xvi, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la gobernada en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la responsable a efecto de que realice sus manifestaciones respectivas, en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que desahogue dicha vista respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable, al derivar de un procedimiento jurisdiccional. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con quince minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita y por oficio a la autoridad responsable."
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