Manuel María Castellanos González Hermosillo

Expediente 612/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
612/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
17/07/2015

Partes del expediente

  • Manuel María Castellanos González Hermosillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a diecisiete de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Incidental

    México, Distrito Federal, diecisiete de julio de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    México, Distrito Federal, veinticinco de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual formula alegatos; por tanto, dígase que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones serán relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Asimismo, agréguese la razón de la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente al quejoso Manuel María Castellanos González Hermosillo, el proveído de veintitrés de junio del año en curso. Por lo anterior, demostrada la imposibilidad material que tuvo el funcionario judicial para practicar la notificación de mérito en términos del artículo 30, fracción I de la Ley de Amparo; en una interpretación armónica de los artículos 27 al 34, todos de la ley de la materia, notifíquese por lista el auto de referencia, así como los subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los informes justificados de las autoridades responsables Juez Octavo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Procurador General de la República y Titular de la Policía Federal Ministerial, quienes negaron los actos reclamados; atento a lo anterior, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se tienen como domicilios de las autoridades oficiantes los que precisan en sus informes, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designan. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual formula alegatos; por tanto, dígase que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones serán relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Ahora bien, del aludido escrito se advierte que la parte quejosa ofrece los siguientes medios de prueba: Testimonial o en su caso, la ampliación a la testimonial a cargo de Alonso José Navarrete Rosel y todos los testigos o cualquier persona que haya declarado en la causa penal 159/2006. Los careos procesales y constitucionales entre el quejoso y los testigos o cualquier otra persona que hubiere declarado en la averiguación previa que dio origen a la causa penal 159/2006 y los que obran en dicho expediente. La instrumental pública de actuaciones consistente en todo lo actuado en la causa penal 159/2006 del índice del Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; el expediente 1387/2001 del índice de la Junta Federal Especial número 11, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el amparo directo en revisión 3971/2014 de la ponencia de la Ministro Olga Sánchez Cordero. La documental consistente en un oficio dirigido al Titular de la Unidad de Enlace y Subdirector de Atención al Derechohabiente. La documental consistente en la nota presupuestal número 50575. La de presunciones o indicios. Asimismo, solicita se recabe de oficio, copia certificada de todos los procedimientos judiciales mencionados por el quejoso (causa penal 159/2006 del índice del Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; expediente 1387/2001 del índice de la Junta Federal Especial número 11, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; amparo directo en revisión 3971/2014 de la ponencia de la Ministro Olga Sánchez Cordero). Ahora bien, tales probanzas van encaminadas a aclarar cuestiones relativas al fondo del asunto y no a demostrar la existencia del acto reclamado. Bajo ese contexto, resulta oportuno transcribir el artículo 75 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. (.)." Conforme al numeral transcrito, en el juicio de amparo el acto reclamado debe apreciar tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni considerarán las pruebas que no se rindan ante ella, además dicho principio procesal no es absoluto en materia penal, pues sólo es aplicable a las probanzas que el quejoso haya estado en condiciones de ofrecer y desahogar en la averiguación previa o ante el juez de la causa, mas no a aquellas que aún no se han producido o nacido a la vida jurídica al emitirse el acto reclamado, pues es evidente que tratándose de pruebas supervenientes se actualiza una imposibilidad física y jurídica para presentarlas ante la autoridad responsable al momento de producirse el acto de molestia, de manera que en causas constitucionales en las que lo combatido sea un mandato de captura, deben tomarse en cuenta las pruebas desahogadas en el proceso penal con posterioridad a su libramiento, siempre que el justiciable demuestre que se trata de probanzas supervenientes y tengan estrecha vinculación con los hechos materia de la investigación, o bien que se acredite que la parte quejosa tuvo imposibilidad jurídica y material para ofrecerlas ante la autoridad responsable. Ahora bien, dicha permisión procesal que se desprende del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, no es absoluta, sino que indudablemente está condicionada a que el acto reclamado sea cierto (orden de aprehensión), pues sería ilógico admitir pruebas que traten de desvirtuar la legalidad de un acto inexistente. Lo que se corrobora con la redacción de dicha porción normativa, en la que se sostiene que "el acto se apreciará", lo que indudablemente permite establecer que para apreciar el acto reclamado, éste debe de haber nacido a la vida jurídica con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ya que no puede apreciarse ni analizarse algo inexistente. Precisado lo anterior, no es jurídicamente factible admitir las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, ya que como quedó apuntado en párrafos precedentes, la autoridad responsable ordenadora Juez Octavo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, negó haber emitido alguna orden de aprehensión en contra del justiciable, así como cualquier otro acto privativo de la libertad. Por tanto, no se cumple con el presupuesto procesal necesario para que este órgano jurisdiccional analice si el quejoso estuvo o no estuvo en posibilidad de ofrecer pruebas ante la responsable o si las mismas son supervenientes, ya que hasta este momento procesal, el acto reclamado es inexistente. Por tanto, lo procedente es desechar los medios de prueba ofrecidos por el quejoso, encaminados todos a acreditar que se vulnera en perjuicio del quejoso la máxima jurídica que reza: "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito"; ya que no existe materia para hacer algún pronunciamiento sobre su conducencia, dada la inexistencia del acto hasta este momento. Además, se reitera, ninguna de las pruebas ofrecidas se advierte encaminada a acreditar que antes de la presentación de la demanda sí existía la orden de aprehensión y/o detención reclamadas. Por lo que no es factible su admisión.

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