Manuel María Castellanos González Hermosillo
Expediente 682/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/03/2016
Partes del expediente
- Manuel María Castellanos González Hermosillo
- Agente del Ministerio Público de la Federación Lic Norma Angelica Rendon Luna de la Procuraduría General de la República Actuando En la Averiguación Previa Pgr/Ddf/Spe-Xxvi/5608/13-10
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En la Ciudad de México, catorce de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil quince, se ordenó el archivo de presente asunto; sin embargo, consta en autos un tomo de pruebas remitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la mesa XXVI-DDF (foja 18); consecuentemente, devuélvase el tomo referido a su lugar de origen. En el entendido de que, la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador, de la autoridad responsable, de que recibió el precitado anexo, se tomara como acuse de recibo. Notifíquese.
- Incidental
México, Distrito Federal, dieciocho de septiembre de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, dieciocho de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Finalmente, atento a lo acordado en párrafos precedentes y, ante la inexistencia de razón jurídica para conservarlo, devuélvase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XXVI-DDF, el tomo de pruebas que remitió (anexo I), sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Notifíquese.
- Principal
En México, Distrito Federal, a las once horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil quince, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 682/2015-II, promovido por Manuel María Castellanos González Hermosillo; el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido del licenciado Anselmo Mirafuentes González, secretario con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito de demanda (fojas 02 a 07); auto admisorio de 10 de julio de 2015 (fojas 08 y 11); constancias de notificación de las autoridades responsables, e informes justificados rendidos por éstas; el pedimento ministerial 216/2015 (fojas 24 a 25). El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que el quejoso ofreció como medios de pruebas la instrumental pública de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana; asimismo la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XXVI-DDF, remitió copia certificada de las constancias que integran la indagatoria PGR/DF/SPE-XXVI/5608/13-10 (anexo I) El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados, los referidos medios de convicción, dada su propia y especial naturaleza. A continuación se procede a abrir el periodo de alegatos. Se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito formuló alegatos y que el resto de las partes no hizo manifestaciones en esta vía. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por el Representante Social de la Federación adscrito, respecto de lo cual se hará el pronunciamiento respectivo al momento de resolver lo que en derecho proceda en este juicio de amparo. Acto continúo, se declara cerrada la presente diligencia y se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 682/2015-II, promovido por propio derecho por Manuel María Castellanos González Hermosillo. ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. En la Mesa XXVI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Penales Especiales, Delegación Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República, se tramita la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXVI/5608/13-10, en la que el quejoso tiene el carácter de probable responsable por el delito de fraude. Se le atribuye que tramitó un juicio laboral en el que se condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) a pagar al quejoso 9 millones de pesos, sin que éste tuviera calidad de trabajador de la citada institución, pues para conseguir ese beneficio, acreditó dicha calidad con documentación apócrifa. Por ello, la autoridad ministerial giró un citatorio dirigido al peticionario de amparo a fin de que se presentara a rendir su declaración en relación con los hechos denunciados. Este citatorio constituye el acto reclamado para efectos de este juicio de amparo. 2. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 8 de julio de 2015. Admisión de la demanda con incidente de suspensión: 10 de julio de 2015 (foja 8) Emplazamiento al Ministerio Público adscrito a este juzgado: 13 de julio de 2015 (foja 11) Pedimento Ministerial: 21 de julio de 2015 (foja 24) en el que manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque no existe el acto reclamado. CONSIDERACIONES PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son los siguientes. a) Órdenes de detención, comparecencia, búsqueda y localización, y presentación. b) El citatorio girado por la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa XXVI-DDF de la de la Subdelegación de Procedimientos Penales Especiales, Delegación Distrito Federal, el 11 de marzo de 2015, dentro de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXVI/5608/13-10, a fin de que el quejoso compareciera ante esa autoridad, rindiera su declaración en relación con los hechos investigados. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa XXVI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Penales Especiales, Delegación Distrito Federal. - Órdenes de detención, comparecencia, búsqueda y localización, y presentación. - El citatorio girado el 11 de marzo de 2015, dentro de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXVI/5608/13-10, a fin de que el quejoso compareciera ante esa autoridad, rindiera su declaración en relación con los hechos investigados. Negó Aceptó 18 2 Procuradora General de la República Órdenes de detención, comparecencia, búsqueda y localización, y presentación. Negó 15 3 Titular de la Policía Federal Ministerial Ejecución Negó 16 3.1 La totalidad de las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en las órdenes de órdenes de detención, comparecencia, búsqueda y localización, y presentación, así como su ejecución. Bajo esa lógica, la quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar las negativas de mérito, pese que a ésta le correspondía la carga para acreditar su existencia y en autos tampoco obra prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del precepto 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por falta de materia que analizar, única y exclusivamente por lo que hace a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, detención o presentación. 3.2 Sí existe el acto reclamado consistente en el citatorio girado por la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa XXVI-DDF de la de la Subdelegación de Procedimientos Penales Especiales, Delegación Distrito Federal, el 11 de marzo de 2015, dentro de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXVI/5608/13-10, a fin de que el quejoso compareciera ante esa autoridad, rindiera su declaración en relación con los hechos investigados. Pues así lo manifestó la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa XXVI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Penales Especiales, Delegación Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe justificado. Por tanto, está demostrada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII que prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsiste el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto a la materia el mismo. Destacan los siguientes antecedentes del acto reclamado. 1. En el mes de octubre de 2013, la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), hizo del conocimiento del Ministerio Público hechos probablemente constitutivos del delito fraude en contra del quejoso (foja 1 del cuaderno de pruebas) 2. Por tal motivo se inició la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXVI/5608/13-10, ante la Mesa XXVI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Penales Especiales, Delegación Distrito Federal. 3. El 11 de marzo de 2015, la autoridad responsable emitió un citatorio (solicitud de comparecencia) a nombre del quejoso a fin de que se presentara ante esa autoridad a declarar en relación con los hechos denunciados (foja 322 del cuaderno de pruebas) 4. El 16 de agosto de agosto de 2015, la autoridad responsable determinó la averiguación previa, proponiendo el no ejercicio de la acción penal (foja 45 de autos) Ahora, para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso, esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Así en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos. En ese contexto, tomando en consideración que de las constancias de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXVI/5608/13-10, se advierte que el 16 de agosto de 2015, la agente del Ministerio Público responsable determinó procedente proponer el no ejercicio de la acción penal de la referida indagatoria, por considerar que la conducta del quejoso no era constitutiva del delito de fraude, previsto en el artículo 386 el Código Penal Federal. Por lo que no obstante que el mencionado citatorio subsiste, no puede surtir efectos materiales porque dejó de existir su objeto. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado llamar al quejoso Manuel María Castellanos González Hermosillo, a oírlo en declaración, con el fin de obtener elementos para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Sin embargo, al determinarse el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa dentro de la que derivó la citación, se impone concluir que el objeto material del acto ha dejado de existir por el entorno en que se encuentra el impetrante en relación al estado procesal que guarda la averiguación previa, toda vez que el acto reclamado ya no podrá concretarse en su perjuicio, pues no podrá actuarse en la mencionada investigación. Por tanto, como se adelantó, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. Es aplicable por identidad la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Atentas la consideraciones anteriores, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Dado el sentido de la presente sentencia, este juzgado no realiza pronunciamiento alguno en torno a las violaciones de forma o fondo, que como conceptos de violación hace valer el peticionario de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al no haberse reclamado por vicios propios, sino como consecuencia del acto antes referido. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE DERECHOS promovido por Manuel María Castellanos González Hermosillo, en os siguientes términos. - Respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en la consideración identificada como 3.1 de esta sentencia, por las razones y fundamentos ahí expresados. - Respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en considerando cuarto de esta sentencia, por las razones y fundamentos ahí expresados. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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