Manuel Mañón Morales

Expediente 225/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
225/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Manuel Mañón Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de febrero de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******* apoderado legal de ********, calidad que acredita en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, con el primer testimonio de la escritura pública número treinta y cuatro mil doscientos sesenta, pasada ante la fe del notario público nueve de Acámbaro, Guanajuato, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 225/2017-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Pues bien, para una mejor comprensión de lo que se proveerá es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo, así como de sus anexos, se advierte que lo que en realidad reclama la parte quejosa es: La violación a sus derechos contenidos en los artículos 16 y 17 constitucionales, dentro del juicio C-176/2013 de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, con motivo del engaño del que fue objeto con el fin de que estampara su firma en un convenio y la ratificación del mismo, a través de los cuales se obligó a otorgar como dación en pago el bien inmueble ubicado en calle ******** en esta ciudad y al pago de diversas prestaciones. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Ahora, bajo dicha guisa y con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: El diez de julio de dos mil siete, el ahora quejoso, como acreditado y la persona moral "********, como acreditante, celebraron un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria respecto del bien inmueble ubicado en *********en esta ciudad. En el año dos mil trece, el solicitante del amparo a causa de problemas de salud perdió la vista, situación que lo incapacitó para seguir laborando y como consecuencia se vio imposibilitado para seguir realizando los pagos estipulados en el contrato aludido. El doce de abril de dos mil trece, la persona moral "Metrofinanciera" Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Enrique Méndez Chiprés, interpuso demanda en contra del ahora quejoso por vencimiento anticipado del plazo concedido para el pago del adeudo, tocando conocer al Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, quien lo radicó bajo el número C-176/2013. Pese a las gestiones realizadas dentro del citado expediente para la localización del demandado, ello no se logró. En enero de dos mil catorce, el representante legal de la parte actora se entrevistó con el quejoso y le manifestó que debía presentarse ante el juzgado que conocía del juicio, a efecto de que se pactara la contratación de un seguro de invalidez total debido a su estado de salud; sin que en dicho momento se le hiciera mención de la demanda entablada en su contra. Con motivo de lo anterior el treinta y uno de enero de dos mil catorce, Manuel Mañón Morales, acudió al referido tribunal, en el cual le fueron presentados diversos documentos en los que debía plasmar su firma, al preguntar sobre su contenido, le indicaron que eran "en relación a que terminara la demanda interpuesta en su contra y que era algo de pago de pesos y que así mismo autorizaba al representante legal para efectos de contratar un seguro en su favor por invalidez total en relación al crédito", agregando además que no se le podía dar más información al respecto y sin que se le explicaran los alcances de la voluntad que había expresado a través de su firma. El quejoso manifiesta que lo que realmente firmó en la data señalada, sin su consentimiento y a través de engaños, fue el emplazamiento personal al juicio supracitado, así como el convenio y la ratificación del mismo, convenio en el cual otorgó como dación en pago el bien inmueble ubicado en calle Caminos de Guanajuato, número cuatrocientos once, Fraccionamiento El Cantar de esta ciudad, materia del juicio natural y se obligó al pago de diversas cantidades. Con base en lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente ya que el hecho del que se duele consistente en el engaño del que fue objeto con el fin de que estampara su firma en un convenio y la ratificación del mismo, a través de los cuales se obligó a otorgar como donación en pago el bien inmueble materia del juicio de origen y otras prestaciones, no reúne las características de "acto reclamado", que se requiere para la procedencia del juicio constitucional, ya que al tratarse de un acto jurídico, que si bien fue ratificado ante un órgano jurisdiccional, dicho acuerdo de voluntades (convenio), es un acto entre particulares, y se estima que el medio idóneo para molificarlo o anularlo es la acción de nulidad que puede demandarse a través de un juicio ante la potestad común y no en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo CX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "NULIDAD, VÍA PARA PEDIRLA. La nulidad de un acto jurídico puede invocarse por vía de acción o de excepción." Máxime que del análisis integral del presente juicio se advierte que no se está en el supuesto de hacer respetar el derecho de propiedad para la procedencia del juicio de amparo, sino que en realidad la parte quejosa pretende resolver cuestiones de propiedad respecto del indicado bien inmueble que fue otorgado en dación de pago, que no pueden decidirse en el juicio constitucional, ya que deben ser resueltas en la vía y forma que correspondan ante las autoridades del orden común. Ilustra lo anterior la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 925, Tomo LXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente: "PROPIEDAD, PROTECCIÓN POR MEDIO DEL AMPARO DEL DERECHO DE. La Suprema Corte de Justicia, en varias ejecutorias, ha aclarado la jurisprudencia que establece que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el Juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que correspondan, ante las autoridades del orden común, en el sentido de que cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea el legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquél derecho, se mantenga en su goce al propietario, mientras no se resuelva en un juicio contradictorio si su derecho debe susbsistir; pero para que pueda aplicarse esta tesis, es necesario que el quejoso rinda pruebas que acrediten su calidad de propietario." En consecuencia, el juicio de amparo es improcedente ya que los actos reclamados son impugnables ante la potestad común, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el mismo orden, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elvia Martine Carrillo al contar con cédula profesional número 127326 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ******* apoderado legal de ********, calidad que acredita en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, con el primer testimonio de la escritura pública número treinta y cuatro mil doscientos sesenta, pasada ante la fe del notario público nueve de Acámbaro, Guanajuato, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 225/2017-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Pues bien, para una mejor comprensión de lo que se proveerá es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo, así como de sus anexos, se advierte que lo que en realidad reclama la parte quejosa es: La violación a sus derechos contenidos en los artículos 16 y 17 constitucionales, dentro del juicio C-176/2013 de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, con motivo del engaño del que fue objeto con el fin de que estampara su firma en un convenio y la ratificación del mismo, a través de los cuales se obligó a otorgar como dación en pago el bien inmueble ubicado en calle ******** en esta ciudad y al pago de diversas prestaciones. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Ahora, bajo dicha guisa y con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: El diez de julio de dos mil siete, el ahora quejoso, como acreditado y la persona moral "********, como acreditante, celebraron un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria respecto del bien inmueble ubicado en *********en esta ciudad. En el año dos mil trece, el solicitante del amparo a causa de problemas de salud perdió la vista, situación que lo incapacitó para seguir laborando y como consecuencia se vio imposibilitado para seguir realizando los pagos estipulados en el contrato aludido. El doce de abril de dos mil trece, la persona moral "Metrofinanciera" Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Enrique Méndez Chiprés, interpuso demanda en contra del ahora quejoso por vencimiento anticipado del plazo concedido para el pago del adeudo, tocando conocer al Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, quien lo radicó bajo el número C-176/2013. Pese a las gestiones realizadas dentro del citado expediente para la localización del demandado, ello no se logró. En enero de dos mil catorce, el representante legal de la parte actora se entrevistó con el quejoso y le manifestó que debía presentarse ante el juzgado que conocía del juicio, a efecto de que se pactara la contratación de un seguro de invalidez total debido a su estado de salud; sin que en dicho momento se le hiciera mención de la demanda entablada en su contra. Con motivo de lo anterior el treinta y uno de enero de dos mil catorce, Manuel Mañón Morales, acudió al referido tribunal, en el cual le fueron presentados diversos documentos en los que debía plasmar su firma, al preguntar sobre su contenido, le indicaron que eran "en relación a que terminara la demanda interpuesta en su contra y que era algo de pago de pesos y que así mismo autorizaba al representante legal para efectos de contratar un seguro en su favor por invalidez total en relación al crédito", agregando además que no se le podía dar más información al respecto y sin que se le explicaran los alcances de la voluntad que había expresado a través de su firma. El quejoso manifiesta que lo que realmente firmó en la data señalada, sin su consentimiento y a través de engaños, fue el emplazamiento personal al juicio supracitado, así como el convenio y la ratificación del mismo, convenio en el cual otorgó como dación en pago el bien inmueble ubicado en calle Caminos de Guanajuato, número cuatrocientos once, Fraccionamiento El Cantar de esta ciudad, materia del juicio natural y se obligó al pago de diversas cantidades. Con base en lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente ya que el hecho del que se duele consistente en el engaño del que fue objeto con el fin de que estampara su firma en un convenio y la ratificación del mismo, a través de los cuales se obligó a otorgar como donación en pago el bien inmueble materia del juicio de origen y otras prestaciones, no reúne las características de "acto reclamado", que se requiere para la procedencia del juicio constitucional, ya que al tratarse de un acto jurídico, que si bien fue ratificado ante un órgano jurisdiccional, dicho acuerdo de voluntades (convenio), es un acto entre particulares, y se estima que el medio idóneo para molificarlo o anularlo es la acción de nulidad que puede demandarse a través de un juicio ante la potestad común y no en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo CX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "NULIDAD, VÍA PARA PEDIRLA. La nulidad de un acto jurídico puede invocarse por vía de acción o de excepción." Máxime que del análisis integral del presente juicio se advierte que no se está en el supuesto de hacer respetar el derecho de propiedad para la procedencia del juicio de amparo, sino que en realidad la parte quejosa pretende resolver cuestiones de propiedad respecto del indicado bien inmueble que fue otorgado en dación de pago, que no pueden decidirse en el juicio constitucional, ya que deben ser resueltas en la vía y forma que correspondan ante las autoridades del orden común. Ilustra lo anterior la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 925, Tomo LXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente: "PROPIEDAD, PROTECCIÓN POR MEDIO DEL AMPARO DEL DERECHO DE. La Suprema Corte de Justicia, en varias ejecutorias, ha aclarado la jurisprudencia que establece que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el Juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que correspondan, ante las autoridades del orden común, en el sentido de que cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea el legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquél derecho, se mantenga en su goce al propietario, mientras no se resuelva en un juicio contradictorio si su derecho debe susbsistir; pero para que pueda aplicarse esta tesis, es necesario que el quejoso rinda pruebas que acrediten su calidad de propietario." En consecuencia, el juicio de amparo es improcedente ya que los actos reclamados son impugnables ante la potestad común, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el mismo orden, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elvia Martine Carrillo al contar con cédula profesional número 127326 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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