Manuel Laguna Noria

Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
350/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Manuel Laguna Noria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo el oficio 7808/2022, por el que se le notificó el proveído de trece de mayo del año en curso y se le devolvieron las constancias que adjuntó a su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinte de abril del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase por inadvertido para este juzgador el hecho de que el término de diez días para interponer recurso de revisión no haya transcurrido para la autoridad responsable, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, puesto que el acto reclamado se emitió en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que como justificación a su informe remitió la Juez Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Única Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 213/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para emplazar a la moral tercera interesada **************; en ese sentido, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por emplazada en el presente juicio. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: . Visto el estado de autos, específicamente las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *****************, que como justificación a su informe remitió la Juez Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las mismas se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ************ de la estadística del Juzgado Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir la materia del mismo. Lo anterior se afirma, ya que la materia del acto reclamado en el presente controvertido esencialmente consiste en determinar si está o no prescrita la acción para ejecutar la sentencia del juicio de origen. Sin embargo, mediante resolución de seis de abril del año en curso, emitida en el referido juicio ejecutivo mercantil ***************, la juez natural declaró extinto el derecho de la parte actora para ejecutar la sentencia, al considerar fundada la excepción de prescripción que hizo valer la parte demandada (aquí quejosa). En ese tenor, si bien es cierto que jurídicamente subsiste la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós (acto reclamado en el presente juicio), dado que no ha sido declarada sin efectos, también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir la materia de la misma, esto es, al haberse declarado la prescripción de la ejecución de la sentencia. Lo anterior es así, dado que si la materia de la indicada resolución esencialmente consiste en determinar si está o no prescrita la acción para ejecutar la sentencia del juicio de origen, y mediante un diverso fallo se declaró extinto el derecho de la parte actora del juicio de origen para ejecutar la sentencia, al considerar fundada la excepción de prescripción que hizo valer la parte demandada (aquí quejosa); es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado, pues en caso de concederse la protección constitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, al encontrarse prescrita la acción para ejecutar la sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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