Manuel Leonardo Martinez Tapia
Expediente 1271/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Manuel Leonardo Martinez Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de enero de dos mil veintitrés. I. Estado procesal. Visto lo de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. II. Relación de constancias. Consta en autos que el veintiséis de octubre de dos mil veintidós se dictó la resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable: " (.) Acuerde lo que en derecho corresponda en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio laboral de origen 628/2020" III. Ejecutoria. Luego, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución. IV. Cumplimiento de ejecutoria. Posteriormente, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se agregó el oficio registrado con folio 19337 y anexo presentado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a través de los cuales, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el veintiocho de octubre del mismo año, dictó un auto en relación con la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen. V. Vista de cumplimiento. Con lo anterior, mediante el proveído de referencia -ocho de diciembre de dos mil veintidós-, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada el nueve de diciembre siguiente, y no realizó manifestación alguna en relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Cabe mencionar que, no pasa inadvertido por este juzgador que, el efecto protector fue dictado para que se realizaran las gestiones precisadas con anterioridad, en el expediente de origen 628/2020, del control de la Junta responsable. No obstante, lo cierto es que el juicio obrero génesis es el 268/2020, de la estadística de dicha Junta, tal como se advierte de las manifestaciones del quejoso en su escrito inicial de demanda y de las documentales remitidas por la autoridad responsable. Por lo que las acciones desplegadas por la Junta en mención, fueron las conducentes para atender el fallo protector y satisfacer las pretensiones del quejoso, con independencia del delatado error dactilográfico. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Depúrese el presente asunto una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. Háganse las anotaciones correspondientes. VIII. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio y anexo que remite la autoridad responsable presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, residente de esta ciudad, en el que manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realice lo siguiente: "Acuerde lo que en derecho corresponda en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio laboral de origen ********************" Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con once minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que en el proveído de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados; lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Además, vista la certificación que antecede, se advierte que no habrá de transcurrir a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica: No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado (hoy tercero interesado) no comparezcan a esta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que en el caso particular, no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva." Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el presente caso, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no conozca del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1271/2022; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este juzgado, Manuel Leonardo Martínez Tapia solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. El veintidós de septiembre de la presente anualidad se admitió a trámite, se pidió informe justificado a la Junta señalada como responsable, se dio a la representación social la intervención que legalmente le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, que la responsable, en contravención a lo dispuesto en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, ha omitido acordar lo conducente en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta laboral, toda vez que al rendir su informe con justificación admitió su existencia, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, de las que se advierte la existencia del acto impugnado. Estudio. 6. Toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 7. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 Constitucional, en particular lo establecido en el artículo 880 de la ley obrera, pues ha omitido pronunciarse en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. 8. Dicho concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la Junta responsable, a la fecha, no ha emitido pronunciamiento en relación con las pruebas ofrecidas por las partes, en contravención a lo dispuesto en el artículo 880 de la ley laboral, pues en la audiencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, entre otros puntos, declaró cerrada la etapa de ofrecimiento de pruebas y en cuanto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, se reservó la facultad para dictar el acuerdo correspondiente a la mayor brevedad posible una vez que las partes formularan las objeciones correspondientes en el término concedido. 9. Cabe precisar que el invocado artículo 880, de la Ley Federal del Trabajo, derogado en la época de inicio del juicio laboral (año dos mil veinte), pero aplicable al presente caso, por disposición expresa del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y otras normas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, disponía lo siguiente: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. 10. En efecto, el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 11. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 12. Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 13. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 14. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 15. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 16. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 17. Por su parte, los artículos 685, 686 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las Juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. 18. En el caso particular, el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo derogado en la época de inicio del juicio laboral, sin embargo aplicable al caso, disponía que una vez concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche; y en caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. 19. Ahora, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la responsable, se desprende que en la audiencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, la Junta del conocimiento concluyó la referida audiencia al declarar cerrada la etapa de ofrecimiento de pruebas y en cuanto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, se reservó la facultad para dictar el acuerdo correspondiente a la mayor brevedad posible una vez que las partes formularan las objeciones correspondientes en el término concedido, sin que a la fecha exista evidencia de que hubiere acordado lo conducente en relación con las pruebas ofertadas. 20. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable contraría los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que a la fecha, ha omitido acordar lo conducente en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, esto es desde la fecha en que se reservó para acordar lo que corresponda (07 de octubre de 2021), al día en que se pronuncia la presente sentencia (26 de octubre de 2022), ha transcurrido más de un año, data que supera en considerable exceso el plazo de cinco días establecido en la parte final de la fracción IV del artículo 880 de la ley laboral, transcrito en apartados que anteceden. 21. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, en tanto que la autoridad ha desfasado el plazo establecido en el código obrero, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 22. Por su parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio VI. Decisión 23. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: ? Acuerde lo que en derecho corresponda en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas, dentro del plazo establecido en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio laboral de origen 628/2020. 24. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan al acto reclamado y a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. 25. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: VII. Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel Leonardo Martínez Tapia, respecto del acto reclamado identificado en el apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr .
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