Manuel León Quijada
Expediente 935/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Manuel León Quijada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por exhibida la documental que anexa la autoridad oficiante, a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y en cuanto a su contenido, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: La omisión de la Junta responsable de señalar fecha para el desahogo de una prueba pericial caligráfica y grafoscópica tercero en discordia, dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 2692/2017. La omisión de la Junta responsable, de designar perito tercero en discordia, en términos del artículo 825, fracción V de la Ley Federal del Trabajo. Acerca del acto a que se refiere como inciso a, al rendir su informe justificado el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, aceptó el acto reclamado, pues así se advierte de dicho informe; sin embargo, el quince de agosto de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señaló para el desahogo de la prueba pericial caligráfica y grafoscópica tercero en discordia, dentro del plazo establecido en el artículo 883, las once horas con treinta minutos del siete de septiembre del presente año. Luego, por lo que respecta al acto indicado como inciso b, si bien no aceptó ni negó dicho acto reclamado, debe tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues de las constancias que anexó al informe de cuenta, se dilucida que el once de octubre de dos mil veintidós dictó un auto, en el que designó al licenciado Martín Alfredo Arvizu Llanes, como perito tercero en discordia. De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de julio de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba, por un lado, en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia precisada con anterioridad, dentro del plazo que indica el numeral 883 de la ley obrera, y por otra, designar un perito tercero en discordia, de conformidad en el arábigo 825, fracción V de la citada ley, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al declararse improcedente el amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados en análisis. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalados para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con cinco minutos del veintiuno de octubre del año en curso-. Finalmente, se exhorta a la autoridad encargada del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Contesta requerimiento. Agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales pretende atender el requerimiento efectuado en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de la constancia adjunta al informe de cuenta, se advierte que la autoridad responsable se reservó el derecho de designar perito para el desahogo de diversa probanza el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente de origen 2692/17 de su índice. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si efectivamente designó algún experto para diligenciar el medio de prueba precisado en el párrafo precedente, o bien, la imposibilidad que tenga para ello, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el que hace del conocimiento del Juzgado que debido al cambio de domicilio de dicha Junta, esta suspendió todas sus actividades, y por ende se encontró imposibilitada para atender los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, en el lapso de veintiséis de agosto al doce de septiembre del presente año. En atención a lo aseverado, téngase en consideración para computar los plazos que conciernan a lo conminado en el asunto en que se actúa. Estado de los autos. Con independencia de lo anterior, visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que el la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, omitió atender el requerimiento efectuado en auto de diecinueve de agosto de este año; por lo tanto, a fin de proveer conforme a derecho, se acuerda lo siguiente: Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, tengan bien a manifestar lo requerido en auto citado en el párrafo precedente, o bien, hagan saber a este juzgado la imposibilidad que tengan para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver lo conducente. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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