Manuel Juárez Calvario
Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Manuel Juárez Calvario
- Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
- J. C. V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, en la cual se ordenó el archivo del presente asunto como concluido y se ordenó la devolución del cuaderno de pruebas con un disco compacto que la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió en apoyo a su informe justificado, los cuales aún se encuentran en resguardo por este juzgado. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire devuélvase a la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el Tomo I de pruebas, formado con la copia autentica de los registros que integran la causa judicial ********************, un disco DVD, que contiene copia de audio y video de las audiencias celebradas en esa causa penal, mismas que adjuntó a su informe justificado registrado con el número de promoción 19290. Sin ser necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia terminada de engrosar el cuatro de mayo del año en curso, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, las copias auténticas de la causa judicial 271/2019 y el disco compacto que acompañó a su informe justificado, sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, del que se advierte que aún no obra constancia en la que se acredite que se hayan notificado las autoridades responsables Juez de Control y Oralidad Penal de la Región Judicial de Guridi y Alcocer y al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, de la sentencia dictada el cuatro de mayo del año en curso, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, comuníqueseles mediante oficio a las autoridades responsable el referido fallo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1116/2021, promovido por Manuel Juárez Calvario, por propio derecho, contra actos de la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otra autoridad; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda en el Estado de Puebla. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, al Juzgado Primero de Distrito de la materia y jurisdicción mencionadas; Manuel Juárez Calvario, por conducto de su defensora particular Cecilia Vargas Zamudio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y por los actos reclamados que precisó en su demanda, los que consideró violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla radicó la demanda de amparo bajo el expediente 1122/2021 y declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto por razón de territorio, por lo que la declinó en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno. SEGUNDO. Trámite ante este Juzgado de Distrito. Mediante oficio presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se enviaron los autos del juicio de amparo 1122/2021, promovido por Manuel Juárez Calvario, por conducto de su defensora particular Cecilia Vargas Zamudio, en contra las autoridades responsables y por los actos reclamados precisados en la demanda de amparo. TERCERO. Trámite. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 1116/2021, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado correspondiente; se ordenó emplazar con el carácter de tercero interesado a Magali Romero Ramírez y Ramiro Junior Flores Cano, en su carácter de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El trece de enero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a juicio con el carácter de tercera interesada a la víctima J.C.V., por conducto de su asesora jurídica Allison Massiel Serrano Casas. A las diez horas con dieciséis minutos del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito, por materia son de naturaleza penal y porque tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama de la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, así como del Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala: El auto de vinculación a proceso emitido en la continuación de la audiencia inicial que tuvo verificativo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa judicial 271/2019, instruida en su contra, por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de trata de personas en victimización de J.C.V., y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y el Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, por lo que se tienen por ciertos. Certeza que se corrobora con la videograbación de la audiencia inicial y su continuación, contenida en el disco versátil digital que exhibió la juez responsable, y la copia certificada de la causa judicial 271/2019; los que obran por separado y tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. CUARTO. Estudio de fondo. No obstante que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es preferente y de orden público, este Juzgado de Distrito no advierte la invocación de alguna causal de improcedencia, ni de oficio observa la actualización de una diversa, razón por la cual ha lugar a realizar el estudio del fondo del asunto. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. En el entendido de que, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en caso de que sea procedente, deberá suplirse la queja deficiente; dado que el asunto versa sobre la materia penal y el solicitante del amparo es parte imputada en el procedimiento de origen. En el apartado de conceptos de violación se plantea que el auto de vinculación reclamado es inconstitucional en virtud de las inconsistencias en lo concerniente a la imputación que formuló el agente del ministerio público; a saber: El representante social no señaló el tiempo, modo, lugar y circunstancias en la afirmación de que el quejoso captó la víctima cuando contaba veinte años de edad, que ella se encontraba laborando en un local comercial donde vendía fruta y que la conoció en el Estado de Puebla. En la afirmación relativa a que la víctima aceptó dedicarse a la prostitución y que por ello fue trasladada al Estado de Oaxaca, el representante social no preciso a qué ciudad, población o lugar fue trasladada. En relación con la afirmación de que la víctima se dedicó a ejercer la prostitución durante un año y que trabajó en diferentes establecimientos ubicados en el Estado de Oaxaca, el representante social no indicó que el imputado haya sido quien trasladó la víctima de un establecimiento a otro ni que le hubiera conseguido a sus clientes. En cuanto a la manifestación de que durante la estancia en el Estado de Oaxaca el imputado se percató que la víctima recibía mensajes de un cliente y que ello originó que la golpeara y que la trasladara al Estado de San Luis Potosí a ejercer la prostitución por un periodo de dos meses, el representante social tampoco precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En similares términos, el representante social no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con lo manifestado respecto a que la víctima fue trasladada al estado de Jalisco y de Zacatecas donde ejerció la prostitución por periodos de cuatro y dos meses respectivamente. En cuanto a que la víctima depositaba el dinero producto de la prostitución en una cuenta bancaria del banco HSBC, el representante social no especificó cuál es la cuenta, qué denominación tiene, qué número, así como las fechas y cantidades que se depositaron. El representante social no establece con qué datos de prueba se acreditan las manifestaciones relativas a que a) la víctima regresó nuevamente a la prostitución en el Estado de Oaxaca durante un par de meses y que el imputado le dijo que no debía embarazarse y que para ello le inyectó una solución anticonceptiva, lo que le provocó una hemorragia; y, que b) después de qué nació el menor hijo de la víctima, aún durante el tiempo de la cuarentena el imputado la mandó a trabajar, lo que implicó que tuviera una infección en la herida que no había terminado de sanar dentro de la referida cuarentena. El representante social no especificó a quien le pidió ayuda la víctima cuando el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, llegó el domicilio del imputado y le entregó la cantidad de cinco mil pesos, a lo que éste le manifestó que era insuficiente, por lo que la golpeó en diferentes partes del cuerpo. En cuanto a la resolución de vinculación a proceso que dictó la juez responsable, se destacan las siguientes inconsistencias: A pesar de que la juez mencionó que al imputado se le informó quienes son los que lo acusan; lo cierto es que no sabe quiénes deponen en su contra, dado que se trata de testigos de identidad reservada. Sin que se haya expresado en qué momento la jueza de control o un juzgador diverso autorizó esa reserva de identidad. En relación con que el imputado llevó a la víctima del Estado de Oaxaca a ejercer la prostitución, en donde una persona de nombre Mariela le explicó cómo es que tenía que cobrar, que ello aconteció durante un año, que laboraba en diferentes establecimientos de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde, y de las seis de la tarde a las seis de la mañana, así como que percibía un ingreso semanal aproximado de seis mil a ocho mil pesos; la juez de control no indicó que el imputado haya permanecido con la víctima o que esté ya sido quien le consiguiera a los clientes, ni quien fuera quien administrara el dinero obtenido por la prostitución de la víctima. La juez de control no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con lo manifestado respecto a que la víctima fue trasladada al estado de Jalisco y de Zacatecas donde ejerció la prostitución por periodos de cuatro y dos meses respectivamente, así como que el dinero producto de la prostitución lo depositó en una cuenta bancaria del banco HSBC. La juez no estableció con qué datos de prueba se demuestra que la víctima fue obligada ejercer la prostitución en dos mil quince, con motivo de que la pasivo se trasladó al estado de Guerrero y el imputado la fue a ver para convencerla de que regresara con él, dado que su menor hijo la extrañaba. En relación con la valoración de los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso, el quejoso aduce las siguientes regularidades: En el dictamen de psicología de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, no se establece información sobre el estado de coacción que se ejerció sobre la víctima, ni se precisa cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. En otro segmento de su apartado de conceptos de violación se establece en el auto de vinculación se omitió precisar la forma en que el imputado se aseguró de captar a la víctima, de cómo el enamoramiento fue un medio comisivo del hecho punible, cuáles fueron los actos de enganche, cuáles fueron los lugares en el Estado de Oaxaca y en otras entidades federativas en donde la víctima fue trasladada a ejercer la prostitución, y no se proporcionaron mayores datos para identificar los establecimientos en los que la víctima ejercicio de la prostitución. En esta misma línea, se afirma que el representante social no aportó datos de prueba para sostener que la víctima trabajaba de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde, y de las seis de la tarde a las seis de la mañana, así como que percibía un ingreso semanal aproximado de seis mil a ocho mil pesos; además de qué, en relación con los depósitos a la cuenta bancaria, no se precisó a cual cuenta se refería, qué denominación tiene, el número de ésta, así como las fechas y cantidades depositadas. También se sostiene que la resolución de vinculación reclamada es inconstitucional debido a que la juez de control no ponderó que en el caso la víctima en realidad ejerció su libertad sexual y no fue objeto de explotación; pues de los hechos narrados no se advirtió que la víctima se encontrara sometida, controlada, vigilada o amenazada; sino que, por el contrario, permaneció en diversos lugares de la república mexicana en ejercicio de la prostitución bajo su libre albedrío. Para lo cual se debe tomar en cuenta que de los datos de prueba incorporados a la audiencia, particularmente del dictamen médico, se sigue que la víctima tiene un nivel de percepción adecuado y no presenta algún daño orgánico cerebral que pudiera alterar su percepción o conducta. En otro aspecto, se destaca que el auto de vinculación reclamado es inconstitucional debido a que, en relación con los testigos de identidad reservada, no se establecieron las razones de hecho o de derecho por los que existió esa protección sobre los testigos, ni tampoco la causa penal o expediente en el que se determinó que su identidad debía protegerse. Estos argumentos son infundados. Es así, en virtud de que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación fehaciente de los elementos del tipo penal; sino que en grado de probabilidad existan datos de prueba de que se cometió un hecho con apariencia de delito y de que probablemente el imputado lo cometió o participó en su ejecución. Además de que en el caso, dado que los actos reclamados están vinculados con actos de violencia sexual contra una mujer, debe aplicarse la herramienta metodológica de juzgar con perspectiva de género, lo que implica, entre otras cuestiones, considerar que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre los hechos. Para tal efecto, es menester recordar que los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los elementos que debe contener el auto de vinculación son: 1. Que se haya formulado imputación, según el caso, esto es: 2. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. 3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. Únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, en el entendido que el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. 5. Se establezca el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos, sin incluir las calificativas o circunstancias modificativas de la responsabilidad, y; 6. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos de la redacción del artículo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos si es el caso que estos últimos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, solo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. Para ello, el juez de control debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable) para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes). Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahora bien, dado que los actos reclamados están vinculados con actos de violencia sexual en contra de una mujer, es menester recordar que de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará" y, 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, deriva que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. Así, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el juez debe cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación; toda vez que el Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Al resolver el expediente Varios 1396/2011, relativo a las medidas a seguir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender las sentencias y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias de los Casos Inés Fernández Ortega y otros contra los Estados Unidos Mexicanos, y Valentina Rosendo Cantú y otra contra los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Pleno sostuvo, entre otras consideraciones, que en toda controversia jurisdiccional, se impone el deber a los jueces mexicanos, inclusive, de manera oficiosa, de impartir justicia con base en una perspectiva de género, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria, para lo cual deberá realizarse lo siguiente: I) Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. II) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. III) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. IV) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. V) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. VI) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Importa recordar que al resolver el amparo directo en revisión 3186/2016, la Primera Sala de Alto Tribunal de la Nación, destacó que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra reconocido expresamente en el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento internacional que fue adoptado por la Organización de los Estados Americanos al reconocerse que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos que limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos; y que este tipo de violencia constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Señaló la Primera Sala que a la luz de los deberes contemplados en los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7.e y 7.f de la Convención de Belém do Pará, con el objeto de remover las barreras en el acceso a la justicia y como una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, se deben establecer reglas para la valoración de los testimonios de las víctimas de este tipo de delitos con una perspectiva de género, con el objeto de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas y que su inadecuada valoración pueda llevar a las personas juzgadoras a restar credibilidad a la versión de las víctimas. Así, la Primera Sala reconoció la complejidad que implica la valoración probatoria por parte de los juzgadores en casos en los que se ha ejercido violencia sexual contra la mujer, la cual radica en la naturaleza de la comisión de este tipo de actos, los cuales son, generalmente, perpetrados de manera oculta, situación que dificulta la existencia de testigos o de otro tipo de evidencias, por lo que el testimonio de la víctima del delito suele constituir la prueba de mayor relevancia en la acusación formulada contra la persona imputada. Acorde con ello, la Primera Sala estableció que los elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de valorar el testimonio de la víctima que ha sido sometida a un acto de violencia sexual, son: a) Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. b) Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que no debe ser inusual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Por lo tanto, dichas variaciones no podrán constituir fundamento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y, e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Estas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), con número de registro digital 2015634, de epígrafe: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO". Conforme a las bases expuestas, es necesario tener presente que en el caso en estudio, en la continuación de la audiencia inicial que tuvo verificativo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, de forma relevante aconteció lo siguiente: 13:41 horas. La juez de control declara cerrado el debate y procede a dictar auto de vinculación a proceso, con base en la siguientes consideraciones: El hecho que se imputa consiste en que el encausado realizó la captación de la víctima J.C.V., que tenía veintidós años de edad, mientras está trabajaba en el Estado de Puebla en un local de venta de frutas. El imputado realizó actos de engaño para entablar una relación de noviazgo con la víctima, por lo que en junio de dos mil nueve convenció a la víctima para acudir a una reunión en su domicilio ubicado en San Pablo del Monte, Tlaxcala. En dicho lugar el imputado le pidió a la víctima que se quedara y así comenzaron una relación de concubinato. Por tanto el imputado realizó una conducta de captación y enganche, a través del enamoramiento de la víctima que se encontraba en un estado de vulnerabilidad; el engaño consistió en que le hizo creer a la víctima que sostendrían una relación de concubinato. De igual forma en junio dos mil nueve, el imputado le dijo a la víctima que tendría que ejercer la prostitución para que ambos pudieran crecer como pareja, por lo que el imputado le pidió que lo apoyara. Una vez que la víctima aceptó ejercer la prostitución el imputado realiza una acción de traslado y lleva a la víctima al Estado de Oaxaca; en donde una persona de nombre Mariela le explica a la víctima cómo es que tiene que ejercer la prostitución, que debía cobrar de ciento cincuenta a doscientos pesos por desnudo de la cintura para abajo, cien pesos por los extras y cincuenta pesos por las posiciones. Por lo que la víctima se dedica a la prostitución en diversos establecimientos por el periodo de un año, en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, y de las seis de la tarde a las seis de la mañana y percibía entre seis mil a ocho mil pesos semanales. Durante el tiempo que la víctima ejercía la prostitución en el Estado de Oaxaca, el imputado le encontró mensajes de un cliente en el teléfono de la víctima, por lo que la golpeó y la trasladó al Estado de San Luis Potosí durante dos meses para que siguiera ejerciendo la prostitución. Después la trasladó a los Estados de Jalisco (específicamente en la ciudad de Guadalajara) y de Zacatecas para que, por periodos de cuatro y dos meses respectivamente, ejerciera la prostitución. En ocasiones la víctima le entregaba el dinero obtenido de la prostitución directamente al imputado y en otras ocasiones lo hacía a través de depósitos a una cuenta bancaria en HSBC. Posteriormente el imputado regresó a la víctima al Estado de Oaxaca para que ejerciera la prostitución durante un lapso de dos meses. En una ocasión el imputado le indicó a la víctima que no debía embarazarse, por lo que incluso le inyectó unos anticonceptivos que le provocaron una hemorragia sin que recibiera atención médica. En el año de dos mil doce la víctima se embarazó y dio a luz a su menor hijo J.M.J.C., que a pesar de que debía guardar reposo durante la cuarentena, el imputado le ordenó que regresara a trabajar, por lo que la víctima tuvo una infección. En dos mil quince la víctima regresó a su domicilio ubicado en el Estado de Guerrero; sin embargo, el imputado la buscó para convencerla de que regresara, toda vez que su hijo la extrañaba, por lo que la víctima aceptó regresar con el imputado y para continuar prostituyéndose. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las tres de la mañana, la víctima entregó al imputado a la cantidad de cinco mil pesos, a lo que imputado consideró que era poco dinero por el ejercicio de la prostitución, por lo que la golpeó en todo el cuerpo y ello obligó a que la víctima pidiera apoyo. Después de enunciar el hecho con apariencia de delito que se atribuye al imputado, la juez de control refiere que los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público son suficientes, pertinentes e idóneos para establecer que existe la probabilidad de que el imputado haya realizado una acción de captar, enganchar, retener y transportar a la víctima; lo que se desprende de las entrevistas de la víctima realizadas el veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y su ampliación efectuada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Esto, toda vez que la víctima es quien resiente el hecho por el cual se está solicitando la vinculación a proceso y en sus declaraciones narra cómo es que conoce al imputado y de esa manera es captada, así como la forma en que es enamorada y después enganchada, toda vez que el imputado le dijo que llevarían una vida en común y que iban a crecer juntos; sin embargo, después la obligó a ejercer la prostitución De igual forma la víctima describió las entidades federativas en las que estuvo ejerciendo la prostitución, e incluso los lugares en los que la llevó a cabo, cuya existencia se corroboró con las inspecciones realizadas por la policía de investigación. Por lo que el dicho de la víctima adquiere credibilidad. Aunado a ello se encuentra también con el dictamen en psicología de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se describe la personalidad de la víctima y se destaca su inseguridad, dependencia e inferioridad, así como que se encontraba en un estado de coacción; de manera que son factores que indican que la víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad y que justifica que el imputado haya podido captar y enganchar a la víctima con facilidad. Del informe 718/2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el que el perito en medicina hizo constar que después de realizar una revisión a la víctima, se encuentran lesiones físicas en diversas partes del cuerpo. Lo que corrobora el dicho de la víctima en cuanto a que el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho fue golpeada por el imputado al haberle entregado la cantidad de cinco mil pesos y que a este no le pareció suficiente dinero por el ejercicio de la prostitución, por lo que la golpeó en todo el cuerpo. Del informe de trabajo social número 578, de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se desprende el nivel educativo de la víctima y que por ello adquirió un rol débil en la relación que tenía con el imputado. Del acta de nacimiento del menor J.M.J.C., se desprende que los padres de dicho infante son la víctima y el ahora imputado, lo que corrobora el dicho de la primera. Del dictamen en lesiones número 717/2018, del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, practicado a la víctima por parte del médico adscrito a la procuraduría, se desprende que la víctima se encontraba orientada en lugar y persona; por ende, se encontraba en aptitud de poder establecer la situación en la que se encontraba, y que no padece alguna cuestión mental que le impidiera narrar lo sucedido. Así, los datos de prueba son suficientes, pertinentes e idóneos para establecer que el imputado realizó una acción de captación, enganche y transporte de la víctima para que ejerciera la prostitución en diversos estados; pues incluso se estableció la temporalidad con la que ejerció la prostitución en cada lugar, y que además el imputado recibía las cantidades producto de la prostitución de la víctima. De las entrevistas realizadas a la víctima por parte del representante social se desprende el engaño que realizó el imputado, pues después de captar y enganchar a la víctima, el imputado enamoró a la víctima y se aprovechó de su vulnerabilidad, dado que estos factores se describieron en el dictamen en psicología. Además de qué también se ejerció en contra de la víctima violencia física y psicológica, pues el imputado la golpeó y le decía que hasta para la prostitución no servía, dado que no le parecía suficiente la cantidad de dinero que le entregaba con motivo del ejercicio de la prostitución. También se acredita la agravante consistente en que exista una relación sentimental entre la víctima y el imputado, dado que de la entrevista de la primera se desprende que el imputado la captó y enganchó a través del enamoramiento y por ello comenzaron una relación, y que incluso establecieron su domicilio conyugal en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala y que tuvieron un hijo derivado de la relación sentimental que sostenían. Lo que se corrobora con el acta de nacimiento del menor J.M.J.C., de la que se desprende que los padres son la víctima y el ahora imputado. No se acredita la agravante relativa a que la víctima hay ejercido la prostitución mientras estuviera embarazada; ya que si bien la víctima narró que le imputado le dijo que no se embarazara, que incluso le inyectó anticonceptivos que le provocaron hemorragia y que con posterioridad si se embarazó y tuvo un hijo, lo cierto es que el representante social no incorporó un dato de prueba que demostrara que durante el embarazo ejerció la prostitución. Por tanto, dado que existen datos de prueba que hacen suponer la existencia del hecho con apariencia de delito de trata de personas, y la probabilidad de que el imputado lo cometió, se dicta en su contra auto de vinculación a proceso. Con lo antes expuesto, adversamente a lo estimado por el peticionario del amparo, se considera que la juez de control acertadamente resolvió que en la especie sí existen méritos para estimar que debe continuarse una investigación judicializada en contra del justiciable por el hecho con apariencia de delito de trata de personas cometido en victimización de J.C.V. Es así, en virtud de que en el caso los hechos con apariencia de delito constituyen una forma de violencia sexual en contra de la mujer, de manera que el examen del testimonio de la víctima debe valorarse con cuidado, otorgándole una mayor preponderancia debido a que los hechos con apariencia de delito no pueden demostrarse a través de medios de prueba directos, sino que para tal efecto debe considerarse que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Atento a ello, fue correcto que a partir de la declaración de la víctima, rendida en sus diversas entrevistas, corroborada con los diversos medios de prueba, se tuviera por cierto que la víctima fue captada y enganchada por el imputado a través del enamoramiento o cortejo que realizó este y que con la promesa de entablar una relación de concubinato la llevó a su domicilio ubicado en San Pablo del Monte, Tlaxcala; que después de esto, la obligó a ejercer la prostitución bajo la afirmación de qué tenía que apoyarlo y de qué con ello crecerían como pareja. En este sentido, si bien el relato de la víctima, que vertió el representante social y que sirvió para que la juez de control dictará auto de vinculación a proceso, no precisa o específica circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los diversos hechos vinculados con la captación, enganche y transporte de la víctima; lo cierto es que, para efectos del auto de vinculación a proceso, lo narrado por la víctima sirve para establecer -en grado probable- que existió un hecho con apariencia de delito de trata de personas, pues de forma general se describe como se captó a la víctima, cómo se le enganchó a través del enamoramiento y de qué manera se le transportó en diversos estados para que ejerciera la prostitución y durante cuanto tiempo lo hizo, y como el dinero obtenido de esta actividad se lo entregaba personalmente al imputado o se lo depositaba en una cuenta bancaria. De ahí que haya sido suficiente el relato de la víctima, concatenado con los dictámenes en psicología, trabajo social y de medicina; dado que estos últimos sirven de soporte a lo expresado por la víctima, en la medida que corroboran su estado de vulnerabilidad, las lesiones que presentó después de la agresión de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, así como que sostuvo una relación de concubinato con el imputado y que derivado de ello procrearon un hijo. En ese sentido, no es dable exigir una precisión cercana a la de una prueba desahogada en juicio, en cuánto a las aseveraciones de la víctima respecto a la forma en que fue captada por el imputado, a los lugares donde ejerció la prostitución, o el número de cuenta y tipo de instrumento bancario en el que realizó los depósitos; debido a que la información obtenida de estas referencias a un dato de prueba que obra en la carpeta de investigación no sirve para establecer la existencia de un delito, ni la plena responsabilidad de un sujeto en su comisión ejecución; sino únicamente, como se ha reiterado, que existen méritos para continuar con investigación judicializada. Sobre todo que el relato de la víctima adquiere preponderancia si se toma en cuenta que los hechos que acontecieron antes y durante el tiempo en que fue inducida a prostituirse, hasta este momento de la investigación, no pueden demostrarse a través de otros datos de prueba, pues son de realización oculta y difícilmente pudieron ser atestiguados por personas diversas a la víctima y al aquí quejoso; por lo que resulta suficiente el relato de la víctima directa. De esta manera, el examen conjunto de los citados datos de prueba permite establecer que efectivamente la quejosa fue captada y enganchada para ejercer la prostitución y, con posterioridad, se le facilitaron los medios para continuar prostituyéndose e, incluso, que se lo obligaba a hacerlo, puesto que el imputado la golpeó en diversas ocasiones, la denigraba diciéndole que ni para la prostitución servía y la coaccionaba -a través de chantajes- diciéndole que su menor hijo le extrañaba, por lo que debía regresar con ellos y ejercer la prostitución; además de que en todo momento el imputado recibía directamente o por depósito en cuenta bancaria el dinero que obtenía la víctima por el ejercicio de la prostitución. En cuanto a que el dictamen en psicología no demuestra el estado de coacción ni la vulnerabilidad que se alegó; lo cierto es que, contrariamente a lo estimado por la parte quejosa, en el referido dictamen se puso de relieve que la víctima cuenta con factores de dependencia, inseguridad e inferioridad y que ello redundó en que durante la relación con el imputado -pues debe recordarse que se encontraban en concubinato- desarrollara un rol débil; lo que le permitió al imputado seguirla obligando ejercer la prostitución. En cuanto a la manifestación de qué el imputado no pudo defenderse en relación con lo narrado por los testigos protegidos, lo cierto es que al dictar el auto de vinculación a proceso la juez de control no hizo referencia a ninguna manifestación vertida por un testigo cuya identidad se haya protegido; sino que únicamente se basó sobre lo expresado por la víctima, eslabonado con los dictámenes en psicología, trabajo social, y medicina, además de la documental consistente en el acta de nacimiento del hijo menor de edad de la víctima y del imputado. Finalmente, en cuanto a que la víctima se prostituyó por voluntad propia y no fue coaccionada para ello cabe decir que, como lo expuso la juez de control, la víctima fue captada y enganchada para ejercer la prostitución dado que el imputado la enamoró y después, una vez que vivían en concubinato, lo obligó a ejercer la prostitución, además de que la transportó para que realizara esa actividad y en diversas ocasiones la golpeó y agredió verbalmente para que lo continuará haciendo, como en la ocasión en la que le encontró mensajes de un cliente en el estado de Oaxaca y la golpeó, cuando le dijo que no se embarazara y le inyectó un anticonceptivo, o bien cuando la víctima se trasladó al Estado de Guerrero y el imputado la visitó para convencerla de que regresara a ejercer la prostitución, dado que su hijo le extrañaba. Así, las diversas acciones que desplegó el imputado demuestran que la víctima no se dedicó voluntariamente a la prostitución ni la ejerció de forma libre; sino que ello se debió, en principio, a la captación, de enganche y traslado que realizara imputado, así como a las agresiones físicas y verbales qué le profirió durante diversas ocasiones, así como al chantaje relativo a que su hijo menor de edad la extrañaba. Por lo que con dichos indicios es dable establecer, como lo hizo la juez de control, que la víctima fue obligada a ejercer la prostitución. Así, se estima que el auto de vinculación a proceso reclamado no vulnera algún derecho fundamental del quejoso; sobre todo que, como se adelantó, para dictar el auto de vinculación a proceso, como lo señala el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solo se requiere de datos de pruebas de los que se desprendan indicios razonables que hagan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solo se requiere una referencia al contenido de un determinado antecedente de investigación -medio de convicción aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional- que permita razonablemente suponer que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo haya realizado o haya participado en su ejecución. Sobre el particular es conveniente recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en la jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.)- ha establecido que los jueces de amparo no pueden sustituir al juez de control en la ponderación de los datos de prueba; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que la ponderación de los datos de prueba, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es facultad exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los jueces constitucionales. No obstante, aclaró la Primera Sala, ello no implica que los jueces de amparo no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí; lo que no implica que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y para constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Al respecto debe recordarse que de acuerdo con los artículos 260 y 261, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la carpeta de investigación -previo a su judicialización- obran antecedentes de investigación; es decir, registros incorporados en la carpeta que sirven de sustento para aportar datos de prueba. Así, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado antecedente de investigación -medio de convicción aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional- idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Atendiendo esa directriz se observa que, en la especie la juez de control adecuadamente determinó que los datos de prueba verbalizados en la audiencia inicial eran suficientes para considerar, en esta etapa del procedimiento, que el quejoso sí realizó diversas acciones -de captación, enganche, transporte y coacción- para que la quejosa se prostituyera y lo continuara haciendo. En tanto que en la etapa en que se encuentra el procedimiento penal solo se requiere datos de prueba que permitan establecer la existencia de un hecho que la ley califica como delito y que probablemente el imputado -aquí quejoso- lo cometió o participó en su ejecución. Es decir, no se precisa un medio de convicción que acredite -con un grado de certeza cercano a la prueba plena- la existencia de los hechos que narró la víctima, sino que únicamente es necesario que los antecedentes de investigación, como los aludidos, hagan referencia a esos hechos. Por tanto, para acreditar los elementos que configuran el hecho con apariencia del delito o, como en el caso, las acciones para que la víctima se prostituyera y lo continuara haciendo, no se precisa prueba plena o medio de convicción con similar grado de fiabilidad probatoria, sino una referencia a un registro en la carpeta de investigación que permita suponer razonablemente su existencia. III. Conclusión. En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Manuel Juárez Calvario, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones expresadas en el cuarto considerando de ésta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales Notifíquese por lista a la víctima tercera interesada; electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables y a las autoridades terceras interesadas. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy cuatro de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Manuel Dónovan Zumaya Constantino389/2019
- Manuel Enrique Montiel González1302/2015
- Manuel Erasmo Sánchez Pulido y Otros.364/2023
- Manuel Flores Anaya599/2021
- Manuel Hernández Bautista1557/2023
- Manuel Iván Chavero Martínez1315/2023
- Manuel Juárez Calvario1153/2023
- Manuel Juárez Calvario1308/2023
- Manuel Morales Molina1693/2014
- Manuel Pedro González Báez702/2016
- Manuel Saldaña Sánchez15/2017
- Manuel Sanmartín Galindo573/2016