Manuel Flores Anaya
Expediente 599/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Manuel Flores Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.********************Informes justificados.****************************************Visto lo de cuenta, intégrense al sumario los oficios de cuenta, suscritos por la Asistente de Sala en funciones de Administradora del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y por el Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en funciones de Juez de Despacho; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados, en los que niegan los actos reclamados.****************************************Vista a las partes. ****************************************Con el contenido de los informes de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído.****************************************Notifíquese.
- Incidental
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. Se niega a **********la suspensión definitiva, en términos del considerando cuarto de la presente resolución SEGUNDO. Al hacerse pública la presente resolución, deberá tomarse en cuenta que la parte quejosa, no manifestó oposición expresa para la publicación de sus datos personales Notifíquese.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, once de agosto de dos mil veintiuno. Radicación de incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 599/2021-III, promovido por ****************, por derecho propio, contra actos del Administrador del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Dicho informe deberán ser rendidos preferentemente de manera electrónica al correo oficial 1jdo28cto@correo.cjf.gob.mx; de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante el contingencia por el virus Covid-19, vigente a partir del tres de agosto del presente año. Fecha de audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Estudio de la medida cautelar. De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el juicio principal del cual deriva el presente incidente, se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. Solicitud de la medida cautelar fijación de los actos a paralizar. El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que la parte quejosa señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues el quejoso solicitó la medida cautelar e indicó que los actos que pretende paralizar consisten en la orden de búsqueda, localización y aprehensión, así como su ejecución. Por tanto, para un adecuado estudio de la suspensión solicitada, se realizará en forma separada el análisis de cada uno de los mandamientos privativos de libertad que reclama. Estudio de la suspensión provisional solicitada respecto de la orden de localización. Con fundamento en el artículo 136, 139, 162 y 166 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por el quejoso Manuel Flores Anaya, respecto del acto reclamado consistente en la orden de localización, para el efecto de que, de estimar conveniente se presente ante la autoridad responsable investigadora, quien deberá hacerle saber los derechos constitucionales que le asisten, entre ellos, el de ofrecer pruebas en la etapa ministerial, y así estar en condiciones de ejercer su defensa, para lo cual la autoridad responsable deberá permitirle directamente al quejoso o a su defensor el acceso a la carpeta de investigación -sólo en caso de que le revista el carácter de imputado-. Asimismo, dado que los mandatos de tal naturaleza no se traducen propiamente en una privación de libertad, los efectos de esta suspensión incluyen que al momento de que el quejoso declare dentro de la investigación ministerial que se esté integrando y una vez terminada la diligencia para la que fue citado, pueda reincorporarse a sus actividades cotidianas. En ese sentido, a fin de evitar que pueda consumarse irreparablemente el mencionado daño o perjuicio, se ordena la paralización o inmovilización de los actos que impliquen restricción de su libertad y sus efectos hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, a fin de que el presente juicio de amparo no quede sin materia y en su momento se decida en cuanto al fondo, así como impedir que los efectos del acto que se reclama sigan afectando los derechos del quejoso. Todo lo anterior no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la indagatoria. En el entendido que la suspensión concedida no surtirá efecto para el caso que la averiguación previa o carpeta de investigación de que se trate haya sido consignada, puesto que en tal circunstancia se estaría ante la presencia de un acto de naturaleza consumada. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia 86/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 162694 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Febrero de 2011 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 86/2010 Página: 573 "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador." Estudio de la suspensión provisional solicitada respecto de la orden de búsqueda y aprehensión. Ahora bien, dado que con la concesión de la medida cautelar solicitada por el hoy quejoso, no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de búsqueda y aprehensión girada en su contra, reclamadas en el juicio de amparo del que emana el presente incidente; ello, desde luego en tanto no se examine la constitucionalidad de tales mandatos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, solicitada respecto de la orden de búsqueda y aprehensión en estudio y su ejecución. Ahora, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese derecho fundamental y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. Sobre el tema, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: ..."SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." En tales circunstancias, con fundamento en los artículos 163 y 168 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSION PROVISIONAL solicitada por el quejoso para el efecto de que en el caso de que la orden de aprehensión, girada por autoridad judicial derive de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, una vez que sea detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar de su reclusión únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido; lo anterior, hasta que las responsables reciban el oficio por el que se les comunique que se ha dictado la suspensión definitiva. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde luego pero dejará de hacerlo si el quejoso no otorga como garantía a disposición de este Juzgado de Distrito, la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cantidad que se fija toda vez que no se tienen mayores datos para proveer sobre la medida cautelar que se solicita; en el entendido de que deberá comparecer ante la autoridad señalada como responsable a partir de que conozca los informes previos y se reconozca la existencia del acto reclamado, asimismo, deberá comparecer cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias con base en el artículo 168 de la ley de la materia, apercibiéndole que de no justificar que cumplió con los requisitos antes fijados, en el término de cinco días, con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Amparo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y las responsables podrán proceder a la ejecución del acto sin responsabilidad alguna. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 107/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se lee: .. "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." De los artículos 124, 124 Bis, 130, 131, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, y en atención a la naturaleza, el objeto, los requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión de los actos reclamados y el principio de celeridad que rige en la suspensión, deriva que si el juez de distrito tiene la facultad de adoptar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes sobre el quejoso para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia con motivo de la suspensión que llegue a concedérsele, es a dicho juzgador a quien corresponde, atendiendo a las circunstancias del caso, fijar el plazo para que aquél exhiba la garantía necesaria para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional concedida a su favor contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta su libertad personal, sin que dicho plazo pueda exceder el término de las setenta y dos horas siguientes al dictado del auto inicial que le otorga el referido artículo 131, para fijar la fecha para celebrar la audiencia incidental." Igualmente tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 1o./J.66/2001, cuya localización, rubro y texto dicen: ..."SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." Se apercibe a las responsables, que de no obedecer el presente proveído, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Requerimiento a las autoridades responsables. Requiérase con base en el referido artículo 168 de la ley de la materia, a las autoridades responsables para que remitan las constancias necesarias de las que pueda establecerse la naturaleza, modalidades y características del ilícito atribuido al quejoso; las características personales y situación económica de éste, si existe o no posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia a fin de determinar, al resolver sobre la suspensión definitiva, si se incrementa o no el monto de la garantía y medidas de aseguramiento aquí fijadas, para la eficacia de la suspensión, apercibiéndolos que de no enviar tales elementos, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. ( Expedición de copias. Con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica. Lo anterior, en el entendido que por la actual contingencia sanitaria que atraviesa el país y para evitar el contacto social y procurar la salud de los justiciables y del personal judicial, dígase al promovente que las copias que solicita las podrá obtener del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, si cuenta con usuario, previa solicitud de su acceso al expediente electrónico; pues en términos del artículo 36 párrafo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en éste; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Ahora, de no contar con un número de usuario para el acceso al expediente electrónico, las copias certificadas se podrán obtener hasta que se regularicen las actividades del órgano de control constitucional, pues aun cuando se hayan reanudado las labores jurisdiccionales, no se cuenta con el personal suficiente para obtener las constancias que indica, aunado a que no existen condiciones de seguridad sanitaria para ello, ya que implicaría que un servidor público acudiera con el promovente a un local externo para obtener las copias que requiere. Finalmente, en virtud de que las reproducciones que solicita no exceden de veinte fojas, otra alternativa que se propone al promovente es la obtención de dichas constancias en copias simples por medios electrónicos, esto es proporcionando un correo electrónico a fin de que personal de éste órgano de control constitucional se las remita por dicha vía, y una vez que obtenga las referidas copias podrá programar su cita a través del sistema "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener la certificación de tales constancias. En la inteligencia de que esta autorización de copias, atiende a que las actuaciones de las que se pide una reproducción, se consideran indispensables para que el promovente pueda hacer valer sus intereses. De manera que este procedimiento es excepcional y, por lo tanto, no puede instarse respecto de cualquier actuación, sino únicamente de aquéllas que realmente le resulten necesarias para la defensa de sus intereses. De las notificaciones a las autoridades responsables. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente de suspensión, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza con los siguientes datos: ...NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de agosto de dos mil veintiuno. ( Se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos. Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ***********, no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintitrés de julio del año en curso, en el sentido de aclarar: "PRIMERO. Precise si la orden de búsqueda, localización y aprehensión, se las reclama como autoridades ordenadoras y ejecutoras únicamente al Administrador del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y al Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; o también es su deseo señalar como autoridad responsable a los elementos de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, SEGUNDO. Manifieste si la orden de búsqueda, localización y aprehensión que deriva de la causa penal ****, fue dictada por algún juez Federal en el Estado de Michoacán o Estatal de dicha entidad federativa; en caso afirmativo deberá precisar la denominación correcta de la autoridad judicial responsable, y además precisar si es su deseo señalar también como autoridad responsable a los elementos de policía de ministerial (sic) del Estado de Michoacán; o si las órdenes en cuestión, fueron dictadas por los jueces locales que señaló como responsables.". En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos y se tiene como actos reclamados y autoridades responsables, únicamente los que se señala en los capítulos respectivos III y IV de su demanda de amparo, esto es: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO A). Administrador del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. B). Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. La orden de búsqueda, localización y aprehensión y su ejecución. En atención a lo anterior, se procede a proveer la demanda de amparo en los siguientes términos. Se admite demanda de amparo. En atención a que se satisfacen los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por****** por derecho propio, contra actos del Administrador del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y otra autoridad; los que estima violatorios en su perjuicio de los artículos 1°,14 y 17 Constitucionales. ( Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la orden de búsqueda, localización y aprehensión, así como su ejecución. (Requerimiento de informes justificados. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. En el entendido de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, o bien, preferentemente por correo institucional 1jdo28cto@correo.cjf.gob.mx, pero únicamente por una de las vías antes señaladas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se les otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. En el entendido que la copia de la demanda de amparo se anexará al oficio derivado del incidente de suspensión. ( Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. ( Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, con la finalidad de preparar la celebración de la audiencia constitucional, es menester tener presente que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece que en la audiencia constitucional se hará una relación de constancias, videograbaciones y pruebas desahogadas, y se recibirán las probanzas que falten por desahogarse y, en su caso, los alegatos por escrito, así como que el quejoso podrá alegar verbalmente únicamente en el caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o cuando durante la audiencia, o su continuación, deba desahogarse un medio de prueba, como la testimonial. En ese tenor, atendiendo a lo antes citado y a lo previsto en los artículos 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y 27, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; la celebración de la audiencia constitucional a través de videoconferencia está restringida a que se reclamen actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o cuando deba desahogarse un medio de prueba, como la testimonial; en razón de que los alegatos de las partes deben presentarse por escrito e, incluso, si se objetare de falso un documento, esa incidencia debe plantearse por la misma vía antes o durante el desahogo de la audiencia constitucional. Bajo estas condiciones, se solicita a las partes para que, en caso de que sea procedente su intervención verbal en la audiencia y tengan interés de hacerlo, informen si requieren que la audiencia constitucional se celebre a través de videoconferencia; para lo cual se les otorga el término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Con el apercibimiento que de no realizar alguna manifestación, la audiencia tendrá verificativo en su forma tradicional y sin su intervención. Sin que ello impida que por escrito presenten sus alegatos y, en su caso, por la misma vía promuevan la objeción de falsedad a que hace referencia el artículo 122 de la Ley de Amparo. ( Con incidente de suspensión. Ahora bien, en atención a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, con copia de la demanda, fórmese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. ( Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Toda vez que a la presente fecha ya se cuenta con el registro de usuario FISCFED9, proporcionado por el fiscal federal adscrito, de conformidad con en el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE a fin de que realice el registro correspondiente y para que se le notifique por dicha vía. Se reserva emplazar terceros interesados. Se ordena reservar lo conducente respecto del emplazamiento a terceros interesados en el presente juicio, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. ( Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, ampliado en cuanto a su vigencia por el Acuerdo General 25/2020, se les comunica a las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. ( Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ( De las notificaciones a las autoridades responsables. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza con los siguientes datos: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." ( Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista; al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y a las autoridades responsables por oficio o por correo electrónico.
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