Manuel Juares Candido
Expediente 17/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Manuel Juares Candido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...N.P.
- Principal
CITATORIO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 17/2017, POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que obran en los mismos, se advierte que en relación con el acto reclamado consistente en el acuerdo SM/***/30-11-16, por el que se le niega la pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha Ley. El artículo 5 de la Ley de Amparo establece que tendrán el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de dicha Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el acuerdo SM/***/30-11-16, por el que se le niega la pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, atribuyéndoselo a la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones y al Presidente ambos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, sin embargo, acorde a los preceptos transcritos de la Ley de Amparo, no les recae el carácter de autoridades para efectos del juicio constitucional, por las consideraciones que a continuación se exponen. El pleno del Decimoctavo Circuito en sesión de trece de febrero de dos mil diecisiete, al resolver la contradicción de tesis 2/2016, sostuvo que el derecho a las pensiones mencionadas involucra la facultad de los Ayuntamientos para otorgarlas o denegarlas, concomitante con los requisitos legales que el trabajador o sus beneficiarios deben cumplir para poder acceder a dicha prerrogativa. Señaló que, incluso, los propios Ayuntamientos se encuentran obligados a emitir el acuerdo correspondiente, y cumplir con ciertas formalidades establecidas en la norma legal aplicable, como son el plazo con que cuentan para resolver, la fundamentación y motivación cuando se trata de una negativa, y la notificación de la misma mediante la entrega al solicitante de una copia certificada, entre otras, además de contemplar en el presupuesto de egresos del Municipio los recursos financieros necesarios para el pago de la nómina de pensionistas. Además, expuso que los requisitos y obligaciones que la ley impone a las partes (patrón y empleado) en tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual necesariamente debe ser dilucidado, en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política Federal, y en respeto a la garantía de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo, a que se refieren los instrumentos internacionales firmados por México. Destacó que la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban una solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado. La competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De lo anterior derivó la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: CONFLICTOS INDIVIDUALES QUE SE SUSCITEN ENTRE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS TRABAJADORES O LOS BENEFICIARIOS DE ÉSTOS, EN RELACIÓN CON LAS PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS MISMOS. De acuerdo con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir ambas partes, es decir, el trabajador o sus beneficiarios y el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o negativa de la pensión que se solicite. En tales circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto que se suscite, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el que se encuentra facultado para prevenir a la parte actora a efecto de que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en la misma se advierte que tal solicitud no ha sido presentada conforme al artículo 57 del último ordenamiento invocado. Por tanto, si bien dichas autoridades cuentan con facultades para determinar sobre la procedencia de la prestación solicitada (pensión), lo cierto es que no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar lo antes expuesto. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual pretende ampliar su demanda de amparo; por tanto, dígase al promovente de amparo que deberá de estarse a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de ocho de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se indica, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a la partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
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