Manuel Hernandez Villalobos

Expediente 1728/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1728/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Manuel Hernandez Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese recurrido el auto de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve el expediente original **, del índice de este Juzgado de Distrito, e informa que el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha causado estado. En ese contexto, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, comuníquese a las partes, y hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días, contado a partir del momento al en que reciban el oficio correspondiente de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, es decir, deberán de realizar lo siguiente: ".a) Tomando en cuenta que la violación constitucional se generó por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable al pago del impuesto predial, se le aplique únicamente el monto de la cuantía menor señalado en la tabla de valores unitarios para la zona relativa al bien de la quejosa, tomando en cuenta que se encuentra ubicado en la Estación, Cuernavaca, Morelos, por lo que el cobro debe hacerse atendiendo al lugar donde se ubica el bien del que derivó el impuesto reclamado por la quejosa, y le sea devuelto el remanente debidamente actualizado. Finalmente, debe precisarse, que cuando en una sentencia de amparo se ha determinado la inconstitucionalidad del precepto que prevé la obligación de pago de una contribución, los efectos de la protección deben extenderse a la devolución de la cantidad que hubiere pagado la parte quejosa con base en el artículo contrario a la Carta Magna, pero debidamente actualizada para que así se reintegren las cosas al estado en que se encontraban antes del pago. De otro modo puede suceder que la cantidad erogada por la quejosa en la época del acto reclamado, haya perdido con el transcurso del tiempo su valor adquisitivo, de tal suerte que al momento en que la protección constitucional le es otorgada, la devolución que corresponda sin actualizarse, tendría un efecto negativo real en su patrimonio. Así, resulta que si en este caso el acto reclamado fue de carácter positivo, por tratarse de la aplicación de preceptos legales traducidos en el pago efectuado por la justiciable con motivo del impuesto predial, es acertado que si son declarados inconstitucionales los artículos que prevén esas contribuciones, la devolución de las cantidades correspondientes sea actualizada, conforme a los mecanismos legales aplicables al presente asunto, para que de esa forma se cumpla lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, y reciba las cantidades que corresponda en su valor adquisitivo, a las que erogó originalmente. En la inteligencia de que la devolución de la cantidad precisada en los párrafos que anteceden, correrá a cargo de la Tesorería de Cuernavaca, Morelos." Se previene a las responsables que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 267, fracción I, de la Ley de la Materia, que dice: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.". Todo lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otra parte, de conformidad con el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, a efecto de que, en su carácter de superiores jerárquicos, obliguen al Tesorero de dicho Municipio, correspondientes, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento. Apercibiendo a las autoridades responsables, así como a sus superiores jerárquicos, para el caso de desacato a tal requerimiento, se le impondrá a cada uno como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo. Por su contenido jurídico, es aplicable la tesis jurisprudencial I.9o.A. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1380, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese.

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