Manuel Jesús Tuz Piste
Expediente 54/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 39 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carolina Tuz Och
- Manuel Jesús Tuz Piste
- Servicios de Salud de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
MESA VI. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado a la responsable; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomó en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, en los que ya obran los oficios remitidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, asimismo, se desprende que mediante proveídos de uno y dieciséis de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con los citados oficios y sus anexos, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera. Vista que fue desahogada por la parte quejosa a través de su escrito presentado el nueve de febrero siguiente. Por lo que este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora bien, a través de la sentencia firmada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se otorgó el amparo y protección de la justifica federal a Manuel Jesús Tuz Piste y a Carolina Tuz Och. Asimismo, por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las responsables su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: I. Dejar insubsistente el oficio DAJ/SF/2984/2021, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. II. En su lugar, emitir, con libertad de jurisdicción, una nueva determinación en la que, atendiendo a los lineamientos expresados en la sentencia respecto a los derechos de legalidad y seguridad jurídica, se pronuncien sobre el tipo de procedimiento que se instaurará en atención a la queja instada por la parte quejosa en su escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve; y, III. En el caso de estimar carecer de competencia para el efecto de atender la queja interpuesta, deberán, dado el tiempo trascurrido desde su interposición, emitir la resolución correspondiente de forma fundada y motivada, para posteriormente remitirla a la unidad que consideren facultada para su atención. En el entendido de que, independientemente del sentido de su determinación, deberán hacerlo del conocimiento de la parte quejosa. Luego, previa vista dada a las partes por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en auto de dos junio siguiente se tuvo por no cumplida la sentencia ejecutoriada de mérito, en virtud de que las autoridades responsables no acataron los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, por los siguientes motivos: ". en dicha determinación se resolvió que el acto reclamado consistente en el oficio DAJ/SF/2984/2021, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, era ilegal al no señalar, en un primer término, precepto alguno en el que se sustentara la competencia de su emisor para atender la petición presentada, sus facultades de representación o el carácter que tuvo en el procedimiento administrativo. También se destacó que se omitió precisar cuál era la legislación aplicable y el procedimiento administrativo que se llevó a cabo con motivo de la queja presentada a efecto de que la parte denunciante pudiera ejercer su garantía de audiencia y debido proceso. Igualmente se destacó que la queja respecto a la atención médica no se limitó a los hechos ocurridos en el Hospital General de Valladolid, sino también en el Hospital General Agustín O´Horán, de esta ciudad; lo que no fue tomado en cuenta en la resolución analizada en el amparo. De la contraposición antes realizada, se advierte que las autoridades responsables se limitaron a reiterar la expedición de un oficio en el mismo sentido que el acto declarado ilegal, con la única adición de una fundamentación genérica que no fue relacionada con la competencia de la autoridad oficiante, en donde tampoco se estableció qué tipo de procedimiento se llevó a cabo para resolver en ese sentido y, mucho menos, se permitió a la parte denunciante ejercer su garantía de audiencia y debido proceso, lo que derivó en una resolución unilateral al igual que la que fue dictada en un principio. Por otro lado, si bien se estableció en el nuevo oficio que se giró comunicación a la Secretaria de la Contraloría General del Estado a efecto de iniciar "el procedimiento administrativo correspondiente", no se especificó si esto se debió a que el aludido Director Jurídico carecía de competencia para atender la queja presentada y porqué debía remitirse a una autoridad diversa." Motivo por el cual se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables para que den cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de mérito, siendo que por acuerdo de veintidós de junio del año en curso se tuvo por recibido el oficio de cumplimiento de las responsables, por lo que, con fundamento en el 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con el mismo. Sin embargo, en auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida nuevamente la sentencia dictada en estos autos, por no acatar sus lineamientos, en atención a las consideraciones siguientes: ". en dicha determinación se resolvió que el acto reclamado era ilegal al no señalar, en un primer término, precepto alguno en el que se sustentara la competencia de su emisor para atender la petición presentada, sus facultades de representación o el carácter que tuvo en el procedimiento administrativo. También se destacó que se omitió precisar cuál era la legislación aplicable y el procedimiento administrativo que se llevó a cabo con motivo de la queja presentada a efecto de que la parte denunciante pudiera ejercer su garantía de audiencia y debido proceso. Igualmente se destacó que la queja respecto a la atención médica no se limitó a los hechos ocurridos en el Hospital General de Valladolid, sino también en el Hospital General Agustín O´Horán, de esta ciudad; lo que no fue tomado en cuenta en la resolución analizada en el amparo. Así, de la contraposición entre las actuaciones emitidas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que las autoridades responsables pertenecientes a los Servicios de Salud del Estado de Yucatán no han realizado formalmente actuación alguna que se ajuste a los términos expresados en la sentencia de amparo. Esto se afirma, pues si bien obra en autos el oficio sin número de once de mayo de dos mil veintidós, en donde dicha autoridad afirmó que la expedición del diverso oficio DAJ/SF/2028/2022, de seis de mayo de dos mil veintidós, dejó sin efectos el acto reclamado consístete en la comunicación marcada con el número DAJ/SF/2984/2021 de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, lo cierto es que en dicha resolución no se hace señalamiento alguno al respecto, tal y como se advierte de su lectura integral. De ahí que el primer efecto para el cual se concedió la protección constitucional se halle incumplido. En cuanto al segundo efecto de la protección constitucional referente a la emisión con libertad de jurisdicción de una nueva determinación en la que se pronuncie respecto al procedimiento que se instaurará en atención a la queja instada por la parte quejosa en su escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, debe especificarse a la autoridad responsable que se resulta necesario su pronunciamiento a efecto de que, en un primer término, establezca si a ella corresponde el trámite de procedimiento alguno al respecto o esto, como dijo en su oficio acordado en auto de veintidós de junio del año en curso, corresponde al Organismo de Control Interno asignado a los Servicios de Salud de Yucatán. Siendo que la cita genérica de diversos compendios internacionales con los que pretende justificar la legitimación de los comités de ética de los hospitales generales de Valladolid y Agustín O'Horan, resulta, de momento, inoportuna para establecer si los Servicios de Salud de Yucatán pueden o no emitir una resolución derivada de una queja formulada ante una posible mala praxis médica en uno de los hospitales a su cargo. Además de que, en caso de estimarse competente para ello, en todo caso, tal y como se precisó en la sentencia de amparo, es necesario que se respete el debido proceso, otorgándose garantía de audiencia a la parte quejosa, oportunidad de alegar y ofrecer pruebas, lo que en el caso no aconteció. Además de que, resulta contradictoria la emisión de una determinación de no responsabilidad médica y a su vez otorgar participación al Organismo de Control Interno asignado a los Servicios de Salud a efecto de que se realice un nuevo procedimiento respecto de los mismos hechos. Sin omitir destacar que resulta relevante para este juzgado el señalamiento realizado por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, en su oficio DAJ/2045/2352/2022, dirigido al Titular del Órgano de Control Interno asignado en los Servicios de Salud de Yucatán el dos de junio de dos mil veintidós, en donde precisa que no cuenta con el escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en el que la parte quejosa interpuso la queja administrativa que dio origen a este juicio de amparo. Siendo que en su oficio DAJ/SF/481/2020, de cuatro de febrero de dos mil veinte, dirigido a la quejosa Martha Carolina Dib Gasque, señaló que esa determinación se emitió en atención precisamente al escrito de queja recibido en dicho organismo el doce de agosto de dos mil diecinueve. Por lo cual, en caso de estimar carecer de competencia para el efecto de atender la queja interpuesta, deberá emitir la resolución correspondiente de forma fundada y motivada, para posteriormente remitirla a la unidad que consideren facultada para su atención, tal y como se precisó en el tercer punto de la ejecutoria de amparo." En mérito de lo anterior, se requirió nuevamente a las autoridades responsables para que cumplan en los términos plasmados en la sentencia de amparo y se vinculó al cumplimiento al Secretario de Salud del Estado, en su carácter de superior jerárquico. Siendo que por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, nuevamente se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo en atención a lo siguiente: ".Primeramente, por cuanto hace al primer efecto, del oficio DAJ/SF/3061/2022, de veintiséis de julio de dos mil veintidós, se advierte que la autoridad responsable emitió la resolución correspondiente, en la cual, en su segundo párrafo únicamente hizo referencia al efecto de dejar sin efectos el oficio DAJ/SF/2984/2021, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, sin que realizara mayor pronunciamiento en relación con dicho efecto. Máxime que de una lectura íntegra del referido oficio no se advierte en parte alguna que de forma expresa la autoridad responsable hubiera ordenado dejar sin efectos la misiva reclamada, motivo por el cual no se puede tener por cumplido dicho requisito hasta en tanto lo manifieste de forma expresa en la resolución correspondiente. En cuanto al segundo efecto de la protección constitucional referente a la emisión con libertad de jurisdicción de una nueva determinación en la que se pronuncie respecto al procedimiento que se instaurará en atención a la queja instada por la parte quejosa en su escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, se reitera que la autoridad responsable, de forma alguna expreso si a ella le corresponde el trámite de procedimiento respectivo, en atención a que de no justificó con precepto alguno su competencia en el presente asunto. Asimismo, la responsable reitera el trámite e investigación del asunto ante los Subcomités de Bioética del Hospital General de Valladolid, por ser el grupo interdisciplinario responsable de orientar y aconsejar al personal de la salud en la tomar de decisiones ante situaciones cotidianas y pretende fundar lo mismo, ante diversos cuerpos normativos, sin que precise los preceptos concretos en los cuales justifica la competencia de dicho grupo para realizar y ejecutar las acciones precisadas en la resolución de cuenta. Por lo que, se advierte que la autoridad responsable reincide en tratar de fundar y motivar su resolución por medio de razonamientos no vinculados entre sí y por medio de disposiciones normativas genéricas, que de modo alguno, precisan si efectivamente los Servicios de Salud de Yucatán es la autoridad competente para resolver la queja formulada por la aquí quejosa. De igual manera, la autoridad responsable reitera en citar diversas pruebas a fin de robustecer la decisión acordada en la resolución de mérito, sin que acredite el haber respetado el debido proceso, otorgándose garantía de audiencia a la parte quejosa, oportunidad de alegar y ofrecer pruebas, pues únicamente enumera las diversas probanzas recabada por la Sesión del Subcomité de Bioética del Hospital General de Valladolid, sin que se advierta mayor información que no sea la aportada por el citado Subcomité. De tal forma, que la emisión de una determinación de no responsabilidad médica derivada de la queja interpuesta por la aquí quejosa, a partir de una investigación que no acreditó haber respetado las formalidades del debido proceso y sus diversos componentes, de forma alguna puede ser tomada como una resolución debidamente fundada y motivada, como se ordenó en la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos. Siendo que la solicitud realizada a la Secretaria de la Contraloría General del Estado para que gire instrucciones al Titular del Órgano de Control Interno a fin de que inicie el Procedimiento Administrativo correspondiente y, en su caso, establezca las sanciones pertinentes, representa una contradicción a lo resuelto en el cuerpo de dicha resolución. Lo anterior, en virtud de que, por una parte, la responsable resuelve la queja interpuesta sin fundamentar su competencia y, por otra parte, radica dicho asunto al Titular del Órgano de Control Interno, para el trámite del procedimiento correspondiente, sin que tampoco acredite la competencia de dicho organismo para resolver la citada queja. En mérito de lo anterior, se reitera a la autoridad responsable que, en caso de estimar tener competencia para resolver la queja interpuesta, debe emitir la resolución correspondiente de forma fundada y motivada y respetando los principios de legalidad y seguridad jurídica, tal como se precisó en el segundo efecto de la sentencia de amparo; o, en caso de estimar carecer de competencia para el efecto de atender la queja interpuesta, debe emitir la resolución correspondiente de forma fundada y motivada, para posteriormente remitirla a la unidad que consideren facultada para su atención, tal y como se precisó en el tercer punto de la aludida ejecutoria de amparo. Por lo cual se requirió nuevamente a las autoridades responsables para que cumplan con la ejecutoria de amparo, en los efectos respectivos. Siendo que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, nuevamente se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo en atención a que: ". si bien cumplieron con el primer efecto de la protección constitucional y se dejó sin efectos el oficio DAJ/SF/2984/2021, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; lo cierto es que se incumplió con las restantes concesiones establecidas en la sentencia de amparo. En efecto, la autoridad responsable estimó carecer de competencia para conocer de la queja interpuesta por la una de los peticionarios de amparo a través de su escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, por no existir precepto legal que la faculte para ello; sin embargo, posterior a esa afirmación, resolvió que, con base en los datos obtenidos de las sesiones de los comités de bioética de los hospitales donde se brindó atención médica a la reclamante, no existía falta administrativa alguna de las establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, lo que imposibilitaba el inicio del procedimiento administrativo ante el Órgano de Control Interno asignado a ese organismo. De ahí que el actuar de la responsable nuevamente carezca de legalidad y respeto al debido proceso, sin ajustarse a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, pues a pesar de su reconocimiento como autoridad incompetente, situación que fue considerada como una posibilidad en la sentencia de amparo, resuelve, sin otorgar garantía de audiencia a la parte quejosa, que en el caso no se actualizó causa de responsabilidad alguna y concluye que es improcedente la participación del Órgano de Control Interno; lo que resulta una incongruencia puesto que a pesar de carecer de facultades para ello emite una resolución que impide a la quejosa acceder al procedimiento correspondiente ante la autoridad que conforme al Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Yucatán, en relación con el Código de la Administración Pública de Yucatán, su Reglamento y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado, es el organismo con facultades para el trámite de quejas y denuncias, substanciación de procedimientos, imposición de sanciones, resolución de recursos y evaluación de la actuación de los servidores públicos en casos como el que dio origen a la queja de la peticionaria de amparo; por lo que, en todo caso, la determinación de procedencia o no del procedimiento corresponde única y exclusivamente a dicho organismo en ejercicio de su competencia." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, emitió el oficio DAJ/SF/4623/2022, en el que, en primer término, dejó insubsistente el oficio DAJ/SF/2984/2021, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; y, posterior a ello se declaró incompetente para conocer respecto de la queja interpuesta por la parte quejosa por una posible mala praxis médica. Lo anterior, al considerar que no existe numeral alguno en la Ley General de Salud, el Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud de Yucatán, ni en la Ley de la Administración Pública del Estado de Yucatán y su Reglamento, que le otorgue facultad para conocer y dirimir cuestión alguna sobre mala praxis médica. Posteriormente, emitió el oficio DAJ/SF/377/2023, en el que solicitó al Titular del Órgano de Control Interno asignado a Servicios de Salud de Yucatán, de ser procedente, resuelva iniciar o no un Proceso Administrativo por los hechos de atención médica brindada a los quejosos, el cual fue entregado el uno de febrero de dos mil veintitrés en el área de correspondencia de la Secretaria de la Contraloría General del Estado. Determinación que se notificó a la parte quejosa en la diligencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, por la Actuaria de este juzgado debido a que la diligencia respectiva desahogada por el notificador adscrito a la autoridad responsable resultó infructuosa. De ahí que en el caso deba considerarse que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; en virtud de que, la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, estimó carecer de competencia, emitió resolución correspondiente y procedió remitirla al Órgano de Control Interno asignado a Servicios de Salud de Yucatán, y el uno de febrero del año en curso entregó dicho escrito de queja para su trámite; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Sin que obsten a lo anterior, las manifestaciones de la parte quejosa donde se cuestiona la legalidad del oficio DAJ/SF/377/2023 de treinta de enero del año en curso, pues dicha determinación no puede ser sometida a control constitucional a través de este estudio de cumplimiento, ya que, en todo caso, dicho análisis corresponderá a la sentencia que se dicte en un nuevo procedimiento donde sea señalado como acto reclamado destacado, previo el agotamiento de los recursos ordinarios. Ello sin que obste que uno de los efectos de la sentencia de amparo lo fue para que emita la correspondiente resolución de forma fundada y motivada, pues para ello se le otorgó libertad de jurisdicción, por lo que, se reitera, no es posible analizar en esta instancia la legalidad de la decisión adoptada. De ahí que deba estimarse cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VI. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida la sentencia ejecutoria. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexos que adjunta, sin que sea el caso dictar providencia alguna en cuanto a su solicitud, ya que, en proveído de uno de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el oficio DAJ/SF/377/2023, que hace referencia, a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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