Manuel Jesus Trejo Rodriguez
Expediente 886/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Jesus Trejo Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintisiete de agosto del presente año. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, compareciendo por sí y en representación de dicha institución, así como el anexo que acompaña; del cual se advierte que en fecha dieciséis de agosto del año en curso, dictado en autos del expediente 284/2015 del índice de las responsables de mérito, se dictó un acuerdo con el cual se dio contestación al escrito presentado por el quejoso el quince de junio del presente año ante las mismas. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la falta de acuerdo de las responsables a su escrito presentado ante las mismas el quince de junio del año en curso, mediante el cual solicitó diversas peticiones conducentes impulsar la ejecución del laudo dictado a su favor. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la falta de respuesta al escrito presentado por el quejoso en fecha quince de junio del año en curso, en el que solicitó diversas peticiones conducentes a impulsar la ejecución del laudo dictado a su favor. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el por acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, dio contestación al escrito presentado por el quejoso, manifestándole lo siguiente: "TRIBUNAL DE LOS TRABAJODRES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. MÉRIDA, YUCATÁN A DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.--------------------------------------- (.), consistente en que se le hagan efectivos los apercibimientos decretaros al Ayuntamiento demandado, se accede a su solicitud (.), en consecuencia, se le hacen efectivos los apercibimientos decretados en autos (.), de le impone una multa de $8,000.00 M.N.(.). (.) en cuanto a sus solicitudes consistentes en que se actualicen las cantidades condenadas en el laudo de mérito, así como se requiera al Cabildo y se ordene al Presidente, al Sindico, Secretario y al Tesorero Municipal, a tomar las medidas pertinentes para prever en el presupuesto correspondiente y realizar los ajustes necesarios para lograr el pago del aludo (.); se accede únicamente por lo que respecta al Presidente, al Síndico de Hacienda y al Tesorero Municipal puesto que son las autoridades hacendarias y fiscales, (.) resulta procedente requerir nuevamente al PRESIDENTE, AL SÍNDICO DE HACIENDA Y AL TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN, para el efecto de que realicen los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones, adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto (.) para realizar el pago del laudo condenatorio a favor del actor (.). Finalmente, por lo que respecta a su petición marcada con el número 4. Consistente en que se hagan efectivas las multas impuestas en autos (.) en atención a lo solicitado por la parte actora se ordena girar atento oficio recordatorio a dicha AGENCIA DE ADMINITSRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN, para que informe a esta autoridad el estado que guardas el cobro de las siguientes multas (.)." Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que por acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, de forma congruente dio contestación al escrito presentado por el quejoso el quince de junio del presente año, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, compareciendo por sí y en representación de dicha institución, así como el anexo que acompaña; del cual se advierte que en fecha dieciséis de agosto del año en curso, dictado en autos del expediente 284/2015 del índice de las responsables de mérito, se dictó un acuerdo con el cual se dio contestación al escrito presentado por el quejoso el quince de junio del presente año ante las mismas. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la falta de acuerdo de las responsables a su escrito presentado ante las mismas el quince de junio del año en curso, mediante el cual solicitó diversas peticiones conducentes impulsar la ejecución del laudo dictado a su favor. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la falta de respuesta al escrito presentado por el quejoso en fecha quince de junio del año en curso, en el que solicitó diversas peticiones conducentes a impulsar la ejecución del laudo dictado a su favor. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el por acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, dio contestación al escrito presentado por el quejoso, manifestándole lo siguiente: "TRIBUNAL DE LOS TRABAJODRES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. MÉRIDA, YUCATÁN A DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.--------------------------------------- (.), consistente en que se le hagan efectivos los apercibimientos decretaros al Ayuntamiento demandado, se accede a su solicitud (.), en consecuencia, se le hacen efectivos los apercibimientos decretados en autos (.), de le impone una multa de $8,000.00 M.N.(.). (.) en cuanto a sus solicitudes consistentes en que se actualicen las cantidades condenadas en el laudo de mérito, así como se requiera al Cabildo y se ordene al Presidente, al Sindico, Secretario y al Tesorero Municipal, a tomar las medidas pertinentes para prever en el presupuesto correspondiente y realizar los ajustes necesarios para lograr el pago del aludo (.); se accede únicamente por lo que respecta al Presidente, al Síndico de Hacienda y al Tesorero Municipal puesto que son las autoridades hacendarias y fiscales, (.) resulta procedente requerir nuevamente al PRESIDENTE, AL SÍNDICO DE HACIENDA Y AL TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ, YUCATÁN, para el efecto de que realicen los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones, adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto (.) para realizar el pago del laudo condenatorio a favor del actor (.). Finalmente, por lo que respecta a su petición marcada con el número 4. Consistente en que se hagan efectivas las multas impuestas en autos (.) en atención a lo solicitado por la parte actora se ordena girar atento oficio recordatorio a dicha AGENCIA DE ADMINITSRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN, para que informe a esta autoridad el estado que guardas el cobro de las siguientes multas (.)." Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que por acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, de forma congruente dio contestación al escrito presentado por el quejoso el quince de junio del presente año, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 535/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno.
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