Manuel Jesús Salas Castillo
Expediente 1118/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Jesús Salas Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al peticionario del amparo el veintinueve de mayo último, sin que hubiese realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal fin, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En el primer punto resolutivo de la sentencia firmada el veintiuno de febrero del año que transcurre, se sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados por el quejoso al Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; y en el segundo, se le concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, dejara sin efectos la medida de arresto impuesta al promovente el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y su ejecución; lo anterior, sin perjuicio de que, de insistir en dicha postura, purgara los vicios formales detectados en la orden de arresto reclamada. Dicha determinación fue recurrida por el quejoso a través del recurso de revisión, del cual, por razón de materia, tuvo conocimiento el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mismo que quedó registrado con el número de toca 74/2019. Por oficio número 3680/2019 de quince de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos del citado Tribunal, informó que se recibió en ese órgano colegiado, los autos del amparo en revisión 74/2019, así como la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, del día dos del mismo mes y año, en el que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, en el que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, Fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General, ambos del Estado de Yucatán. - - - SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. - - - TERCERO. La Justicia de la Unión amparo y protege a Manuel Jesús Salas Castillo, respecto de los actos reclamados del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para los efectos precisados en esta ejecutoria.". En tales condiciones, se hace la precisión que los efectos por los que se concedió la protección constitucional, en lo esencial, fueron para que la autoridad responsable determinara la insubsistencia legal de la resolución en la que impusiera el arresto reclamado por el quejoso, así como sus consecuencias jurídicas, de existir éstas, sin que se le obligara a reponer el procedimiento administrativo respectivo, o bien, impidiera que la autoridad administrativa pudiera retomarlo en uso de sus atribuciones, pues se trataba de una facultad potestativa de ella, la cual podría ejercer, siempre y cuando respetara la garantía de audiencia en forma previa a la imposición del arresto administrativo. Luego, mediante oficio SSP/DJ/17708/2019 de veintiuno de mayo último, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, domiciliado en esta ciudad, informó respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo, para lo cual, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el veintiuno del propio mes y año, en la que dejó insubsistente la orden de arresto que decretara en contra del aquí quejoso el treinta de septiembre de dos mil dieciocho; dejando sin efectos, como consecuencia de dicha determinación, las horas pendientes de compurgar. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la responsable se encontraba obligada a dejar sin efectos la orden de arresto que decretara el treinta de septiembre de dos mil dieciocho en contra del quejoso, así como las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acto, en acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito; restituyendo así al peticionario del amparo en el goce del derecho fundamental violado; lo cual se ajusta a los lineamientos precisados en el fallo protector. De ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; además de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, al ser un juicio de amparo concedido, mismo que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE cinco de junio de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al peticionario del amparo el veintinueve de mayo último, sin que hubiese realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal fin, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En el primer punto resolutivo de la sentencia firmada el veintiuno de febrero del año que transcurre, se sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados por el quejoso al Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; y en el segundo, se le concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, dejara sin efectos la medida de arresto impuesta al promovente el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y su ejecución; lo anterior, sin perjuicio de que, de insistir en dicha postura, purgara los vicios formales detectados en la orden de arresto reclamada. Dicha determinación fue recurrida por el quejoso a través del recurso de revisión, del cual, por razón de materia, tuvo conocimiento el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mismo que quedó registrado con el número de toca 74/2019. Por oficio número 3680/2019 de quince de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos del citado Tribunal, informó que se recibió en ese órgano colegiado, los autos del amparo en revisión 74/2019, así como la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, del día dos del mismo mes y año, en el que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, en el que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, Fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General, ambos del Estado de Yucatán. - - - SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. - - - TERCERO. La Justicia de la Unión amparo y protege a Manuel Jesús Salas Castillo, respecto de los actos reclamados del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para los efectos precisados en esta ejecutoria.". En tales condiciones, se hace la precisión que los efectos por los que se concedió la protección constitucional, en lo esencial, fueron para que la autoridad responsable determinara la insubsistencia legal de la resolución en la que impusiera el arresto reclamado por el quejoso, así como sus consecuencias jurídicas, de existir éstas, sin que se le obligara a reponer el procedimiento administrativo respectivo, o bien, impidiera que la autoridad administrativa pudiera retomarlo en uso de sus atribuciones, pues se trataba de una facultad potestativa de ella, la cual podría ejercer, siempre y cuando respetara la garantía de audiencia en forma previa a la imposición del arresto administrativo. Luego, mediante oficio SSP/DJ/17708/2019 de veintiuno de mayo último, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, domiciliado en esta ciudad, informó respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo, para lo cual, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el veintiuno del propio mes y año, en la que dejó insubsistente la orden de arresto que decretara en contra del aquí quejoso el treinta de septiembre de dos mil dieciocho; dejando sin efectos, como consecuencia de dicha determinación, las horas pendientes de compurgar. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la responsable se encontraba obligada a dejar sin efectos la orden de arresto que decretara el treinta de septiembre de dos mil dieciocho en contra del quejoso, así como las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acto, en acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito; restituyendo así al peticionario del amparo en el goce del derecho fundamental violado; lo cual se ajusta a los lineamientos precisados en el fallo protector. De ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; además de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, al ser un juicio de amparo concedido, mismo que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a estos autos el oficio SSP/DJ/17708/2019 del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de diecisiete de mayo del presente año, relacionado con la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista de lo anterior a la parte quejosa, por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se realice de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Notifíquese como corresponda y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a estos autos el oficio SSP/DJ/17708/2019 del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de diecisiete de mayo del presente año, relacionado con la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista de lo anterior a la parte quejosa, por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se realice de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Notifíquese como corresponda y cúmplase.
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