Manuel Jesús Palma Rodríguez
Expediente 1179/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Jesús Palma Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1179/2020-II-B, promovido por MANUEL JESÚS PALMA RODRÍGUEZ, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado al día siguiente hábil este Juzgado, MANUEL JESÚS PALMA RODRÍGUEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó de las autoridades Delegación y Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno de dicho Consejo, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; lo que implicó que no corrieran plazos procesales, salvo las excepciones previstas en dicho Acuerdo. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, se levantó la suspensión del procedimiento; por lo que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: A) De la Delegación del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán: 1. No vigilar que el Registrador Integral realice la calificación e inscripción del contrato de enajenación de derechos celebrados por el C. Gabriel Guzmán Millet a favor del suscrito, respecto de un porcentaje de derechos de la parcela colectiva número 268 Z8P1/1 del núcleo agrario Conkal, Municipio de Conkal, Yucatán, conforme a la normativa autorizada, en cumplimiento a lo que establece la fracción II, del artículo 24, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. 2. No supervisar que se realice el asentamiento respectivo del contrato de enajenación de derechos celebrados por el C. Gabriel Guzmán Millet a favor del suscrito, respecto de un porcentaje de derechos de la parcela colectiva número 268 Z28P1/1 del núcleo agrario Conkal, Municipio de Conkal, Yucatán, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en cumplimiento a lo que establece la fracción VII, del artículo 24, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. 3. Como consecuencia de las omisiones reclamadas, no expedirme y/o negarse a la entrega, en su caso, del certificado parcelario respecto de un porcentaje de derechos de la parcela colectiva número 268 Z8P1/1 del núcleo agrario Conkal, Municipio de Conkal, Yucatán, de conformidad con el contrato de enajenación de derechos celebrado por el C. Gabriel Guzmán Millet a favor del suscrito, en cumplimiento a lo que establece el artículo 84, en relación con el 86, del Reglamento Interior del Registro, Agrario Nacional. B) Del Registrador Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán. 1. La abstención de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, el veinte de junio de dos mil diecinueve, con número de solicitud 31190005558, en el que se solicitó la inscripción del contrato de enajenación de derechos celebrados por el C. Gabriel Guzmán Millet a favor del suscrito, respecto de un porcentaje de derechos de la parcela colectiva número 268 Z8P1/1 del núcleo agrario Conkal, Municipio de Conkal, Yucatán, al que se adjuntaron los documentos que acreditan mi personalidad, según lo dispone el artículo 84 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Delegación y Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, residentes en esta ciudad, pues así lo manifestaron la encargada de Despacho y el Registrador, al rendir su informe justificado. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que anexó a su informe la autoridad responsable, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, entregó a la parte quejosa, por conducto de su apoderada, el certificado parcelario respecto de un porcentaje de derechos de la parcela colectiva número 268 Z8P1/1 del núcleo agrario Conkal, Municipio de Conkal, Yucatán, relativo a la solicitud de trámite número 311900005558. Lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del citatorio-recibo que la responsable adjuntó a su informe, que contiene la firma de la citada apoderada del quejoso, relativa a la entrega del documento de referencia. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo antes referido, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo a lo anterior, que no hubiese transcurrido el plazo de ocho días a que hace referencia el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación a la vista del informe que se le dio a la parte quejosa en proveído de ocho de febrero del presente año, ya que aunado a que no solicitó el diferimiento de la audiencia por esa circunstancia, se entiende que no existe interés de la promovente en impugnar lo determinado por la responsable, por cuanto hace a la omisión en sí misma, pues esa era su pretensión en el sentido de que cesara; por lo que deberá tenérsele por enterada y conforme con el informe justificado y sus anexos en su totalidad, tal y como se le dijo en dicho proveído. QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por MANUEL JESÚS PALMA RODRÍGUEZ, contra de los actos que reclamó a la Delegación y Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, residentes en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto: agréguese a este expediente el informe justificado de la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en Mérida, así como los anexos que al mismo acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto: agréguense a este expediente los informes justificados rendidos por la encargada del Despacho y por el Registrador Integral y Revisor Integral, ambos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, así como los anexos adjuntos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace a la solicitud que realiza la Encargada oficiante, relativa a que por conducto de este juzgado se dé vista a la parte quejosa para que se constituya ante las oficinas del Centro de Atención al Público de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, a las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, a darse por notificada de lo acordado por la autoridad responsable y a fin de que se le haga entrega del certificado parcelario ******************** relativo a la parcela colectiva número 268 Z-08 P1 del ********************, indíquese a la referida responsable que no ha lugar a proveer de conformidad. Lo anterior es así, toda vez que no corresponde a este Juzgado Federal suplir las funciones que únicamente al órgano agrario competen, en cuanto a notificar a las partes respecto de las citas que genere con relación a los diversos juicios que se tramitan en este órgano jurisdiccional, bajo el argumento de que dicha dependencia carece de notificadores. Si bien, este órgano de control constitucional mediante las determinaciones que emite, señala las directrices en el trámite particular de cada asunto, recae en el caso de las autoridades responsables, la obligación de llevar a cabo todas las gestiones inherentes a su cargo para lograr el debido cumplimiento y acatamiento de las mismas. En tal virtud, se hace hincapié en que, dado que la notificación de los trámites y procedimientos administrativos, derivados de la aplicación de la Ley Agraria, de los que conoce la referida Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, es un acto que les reviste de formalidad y certeza jurídica, al dar a conocer legalmente a una persona o núcleo ejidal el estado o resultado de sus solicitudes, no obstante la relación que exista entre estos asuntos y el juicio de amparo, es dicho órgano desconcentrado, a pesar de las limitaciones de operatividad que aduce, el único responsable y obligado a efectuarlo y no este Juzgado de Distrito, al no encontrarse en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Manuel Jesus Maria Chi Tut1594/2019
- Manuel Jesús Moguel Manzur1913/2021
- Manuel Jesús Moises Elías1044/2017
- Manuel Jesús Morales Palomo117/2019
- Manuel Jesus Moreno Chay1580/2017
- Manuel Jesus Padron Couoh718/2023
- Manuel Jesús Pérez Alcocer614/2019
- Manuel Jesús Pérez Peña223/2018
- Manuel Jesús Pérez Peña590/2018
- Manuel Jesús Salas Castillo1118/2018
- Manuel Jesús Sánchez Uh449/2021
- Manuel Jesús Sauri Cruz1051/2019