Manuel Jesus García Camacho
Expediente 1917/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1917/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2023
Partes del expediente
- Manuel Jesus García Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Admiten revisión Intégrese el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica que el órgano colegiado de su adscripción admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Manuel Jesús García Camacho, contra la sentencia dictada en este juicio; medio de impugnación que se registró con el amparo en revisión número 63/2023, de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se está a la espera de la determinación que resuelva el citado medio de impugnación.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Intégrese el escrito signado por el quejoso, por medio del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, distribúyase entre las partes el mismo. Una vez integrado este expediente, remítase al Tribunal de Alzada, solicitando atentamente a la superioridad acuse recibo de no tener inconveniente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, el cual deberá estar integrado únicamente con copias del escrito que se atiende, así como del presente proveído, sin que sea necesario agregar más actuaciones en razón de que la totalidad de las mismas se encuentran en el expediente electrónico de este sumario De igual manera, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada. ***
- Principal
S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelven los autos para resolver el juicio de amparo 1917/2022-I-C, promovido por Manuel Jesús García Camacho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito depositado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en la propia fecha a este juzgado de Distrito, Manuel Jesús García Camacho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó al Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Legislatura, Director del Instituto de la Función Registral y Titular de la Oficina Registral de Toluca, todas las autoridades del Estado de México, consistentes en: "IV. Actos reclamados: De la Legislatura del Estado de México: La aprobación, expedición y orden de publicación del artículo 95, fracción I, incisos C), D), E), G) y H), todos en relación con el rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal 2022 (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la Inscripción de la Sentencia Definitiva dictada por el JUEZ CIVIL EN LÍNEA, DEL ESTADO DE MÉXICO, dentro del expediente número 256/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre la INFORMACIÓN DE DOMINIO. Del Gobernador Constitucional del Estado de México: reclamo la promulgación, publicación y emisión del Decreto que originó la vigencia del artículo 95, fracción I, incisos C), D), E), G) y H), todos en relación con el rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal 2022 (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la Inscripción de la Sentencia Definitiva dictada por el JUEZ CIVIL EN LÍNEA, DEL ESTADO DE MÉXICO, dentro del expediente número 256/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre la INFORMACIÓN DE DOMINIO. Del Secretario General de Gobierno del Estado de México: reclamo el refrendo del Decreto que originó la vigencia del artículo 95, fracción I, incisos C), D), E), G) y H), todos en relación con el rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal 2022 (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la Inscripción de la Sentencia Definitiva dictada por el JUEZ CIVIL EN LÍNEA, DEL ESTADO DE MÉXICO, dentro del expediente número 256/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre la INFORMACIÓN DE DOMINIO. Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, reclamo el cobro de cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la Inscripción de la Sentencia Definitiva dictada por el JUEZ CIVIL EN LÍNEA, DEL ESTADO DE MÉXICO, dentro del expediente número 256/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre la INFORMACIÓN DE DOMINIO. Contenidos en el volante universal de pago bajo la línea de captura número IRQS0952060036959264; cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción I, incisos C), D), E), G) y H), todos en relación con el rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal 2022. Titular de la Oficina Registral de Toluca, Estado de México, el cobro que se realizó del monto del derecho para la inscripción la Sentencia Definitiva dictada por el JUEZ CIVIL EN LÍNEA, DEL ESTADO DE MÉXICO, dentro del expediente número 256/2022 relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre la INFORMACIÓN DE DOMINIO. Contenidos en el volante universal de pago bajo la línea de captura número IRQS0952060036959264; cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción I, incisos C), D), E), G) y H), todos en relación con el rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal 2022, que efectuó en acatamiento de las obligaciones que le impone el Código Financiero del Estado de México y Municipios, por lo cual resulta auxiliar de la administración tributaria del Estado de México, en la recaudación del pago de los derechos de inscripción a que he hecho referencia.". SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se requirieron sus respetivos informes justificados a las autoridades responsables, en términos del numeral 118 de la ley de la materia; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados en los términos siguientes: Autoridad Responsable Acuse de notificación Informe justificado Sentido Legislatura del Estado de México. A foja 42 82 a 91 Cierto Gobernador Constitucional del Estado de México. A foja 43 A fojas 60 a 74 Cierto Secretario General de Gobierno del Estado de México A foja 44 A fojas 45 a 59 Cierto Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México. A foja 41 A fojas 80 a 81 Niega Titular de la Oficina Registral de Toluca, Estado de México A foja 40 A fojas 75 a 79 Niega El representante social de la adscripción fue emplazado al presente sumario constitucional, como se desprende de la constancia de remisión signada por la actuaria de la adscripción. Previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y Primero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se combaten normas generales, cuyo acto de aplicación tiene ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables al: Legislatura del Estado de México. Gobernador Constitucional del Estado de México. Secretario General de Gobierno del Estado de México. Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Titular de la Oficina Registral de Toluca, Estado de México. De quienes reclaman: La discusión, aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del decreto por el que se creó el artículo 95, fracción I, incisos C), D), E), G) y H), todos en relación con el rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios. El primer acto de aplicación de los preceptos referidos, con motivo del pago realizado respecto de la inscripción de la sentencia definitiva dictada por el Juez Civil en Línea del Estado de México, dentro del expediente 256/2022 relativo al procedimiento judicial no contencioso sobre la Información de Dominio, pagada a través de la línea de captura IRQS0952060036959264. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, atribuido al Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y la Legislatura, todos del Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado. Además, que tratándose de actos de naturaleza legislativa, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general controvertida, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que no es necesario probar su existencia, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que correspondan, para que la autoridad esté obligada a analizarlos, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. En consecuencia, el tener o no como ciertas las conductas combatidas no depende únicamente de lo expuesto en los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, pues es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba; de ahí que, se tengan ciertos los actos que se le atribuyen. Sustenta lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". También es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por su parte, el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Titular de la Oficina Registral de Toluca, Estado de México, negaron los actos de aplicación atribuidos; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa tanto con las propias manifestaciones efectuadas por las autoridades de mérito en su informe de ley, así como con las copias del volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01 y de su comprobante de pago, los cuales adjuntó el quejoso a su escrito inicial de demanda. Al respecto resulta aplicable la tesis publicada en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con registro 211004, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya esta consideración la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del mes de Agosto de 1994, foja 87, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del mes de Febrero de 1995, foja 353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Precisado lo anterior, la Titular de la Oficina registral de Toluca, Estado de México al rendir su informe con justificación (foja 79) manifestó que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acredita su interés jurídico para impugnar el artículo 95, fracción I, inciso C), D), E), G) y H), todos en relación con el rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, al no acreditar el acto de aplicación de dicha norma. Lo cual resulta fundado, en razón de las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". De la porción normativa transcrita se evidencia que el juicio de amparo sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto constitucional referido, se infiere que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, reitera la norma constitucional y dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Al respecto, se tiene en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo. Resulta oportuno destacar en el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías en contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 18 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 55/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo texto es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Una vez que se precisó lo anterior, es importante destacar que el artículo 95, fracción I, incisos C), D), E), F), G) y H), rango 6 de la Tafira, del Código Financiero del Estado de México, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, refiere lo siguiente: "Artículo 95.- Por inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles se pagarán los siguientes derechos: TARIFA CONCEPTO I. Por inscripciones relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes inmuebles: (.) C). La declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier título o sentencia. Se considera que existe transmisión o cesión de derechos de fideicomitente o fideicomisario cuando hay sustitución de un fideicomitente o de un fideicomisario por cualquier motivo. En el caso de la permuta de derechos se cobrarán por cada uno de los inmuebles. Los títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional. D). La compraventa a plazos, con reserva de dominio o cualquier otra condición resolutoria o suspensiva y la constitución de fideicomiso traslativo de dominio. E). Tratándose del registro de actos que constituyan compraventa a plazos, con reserva de dominio o cualquier otra condición resolutoria o suspensiva, constitución de fideicomiso traslativo de dominio, transmisión de dominio en ejecución de fideicomiso y transmisión de propiedad o posesión, relacionados con viviendas de interés social, social progresiva o popular, se pagarán por concepto de derechos. $97 F). La inmatriculación judicial o administrativa de inmuebles, por cada predio. Por las inmatriculaciones administrativas por las que se regularice la tenencia de la tierra en programas o campañas promovidas por el Estado o por los Ayuntamientos y cuya superficie no rebase los 1,000 m2, se pagará por concepto de derechos. $857 G). Constitución de régimen de propiedad en condominio, división de la copropiedad, fusión, lotificación, relotificación y/o subdivisión de predios, por cada unidad privativa o fracción y por cada uno de los lotes fusionados, lotes resultantes, lotes relotificados o comerciales, respectivamente, que deriven del régimen de propiedad en condominio, copropiedad o de conjuntos urbanos, según sea el caso, se pagarán por concepto de derechos. $1,299 H). Otros actos inscribibles o anotables. Por las inscripciones o anotaciones de régimen de propiedad en condominio, fraccionamiento, lotificación, relotificación o subdivisión de predios relacionados con vivienda de interés social, social progresiva o popular, se pagarán por concepto de derechos $203, por lote o vivienda resultante siempre y cuando conste de manera fehaciente la autorización expresa de que en los lotes o fracciones resultantes se construirán este tipo de viviendas, o que el condominio en su totalidad tendrá esa naturaleza. Por las sentencias que declaren la adquisición de la propiedad por usucapión cuando exista inscripción previa de la posesión, se pagarán por concepto de derechos. $865 Por las inscripciones de los actos a que se refieren los incisos C), D), F) y H), se pagarán derechos, conforme a la siguiente: TARIFA CONCEPTO 1. Cuando los actos a inscribir no tengan valor determinado o éste sea hasta de $215,885. $2,342 2. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $215,885 y hasta de $269,857. $7,030 3. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $269,857 y hasta de $323,828. $11,720 4. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $323,828 y hasta de $377,800. $16,406 5. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $377,800 y hasta de $431,773. $21,141 6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773 y hasta de $2,500,000. $23,484 7. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $2,500,000 y hasta $5,000,000. $28,181 8. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $5,000,000 en adelante. $35,227 Por las inscripciones a que se refieren los incisos C), D), F) y H), se tomará como valor para la ubicación del rango correspondiente de la tarifa anterior, el que resulte mayor entre el inserto o declarado en la operación, el catastral o el de avalúo. Por inscripción o anotación de modificaciones, aclaraciones o rectificaciones relativas a inscripciones principales que no constituyan novación de contrato, se pagará un derecho de $586, por cada una de ellas. Las constancias o documentos que amparen los valores de bienes inmuebles como el avalúo y la certificación de clave y valor catastral deberán corresponder al ejercicio fiscal que sea solicitado el servicio.". El precepto transcrito, establece el pago de derechos por concepto de inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles, entre los que se encuentran la adquisición o transmisión de la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier título, así como la tarifa que corresponde a cada uno de los rubros que ahí se contemplan. Así, dada la naturaleza de la norma impugnada, con su sola entrada en vigor no causa perjuicio alguno a los gobernados, sino que para actualizar el perjuicio, se requiere la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa y que se funde en el citado precepto legal, lo cual da pauta, para impugnarse de inconstitucional, como condición sine qua non. De ello se advierte que su naturaleza corresponde a la de las leyes heteroaplicativas, es decir, de individualización condicionada. Ahora bien, la quejosa reclama la citada norma como una ley de naturaleza heteroaplicativa; por tanto debe demostrar la existencia de dicho acto de aplicación, y no sólo eso, sino también que dicho acto irrumpió en la esfera de sus derechos. En ese orden de ideas, el suscrito determina que opera la anunciada causa de improcedencia, toda vez que el quejoso no exhibió documento idóneo con el que acreditara fehacientemente el acto de aplicación de la norma que cita. Lo anterior se considera así, pues el quejoso exhibió en este juicio con el propósito de acreditar que la disposición impugnada le resulta aplicable, los siguientes documentos: Copia simple de la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós dictada en el expediente 256/2022 del índice del Juez Civil en Línea del Estado de México. Copia simple del volante de trámite universal con número 735218. Copia simple del volante universal FR-MOD-MPOOR-UNI-01, con un recibo de pago por la cantidad de $23,484.00 (Veintitrés mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). En ese orden de ideas, el justiciable exhibió copia simple del volante de trámite universal con número 735218 y del volante universal FR-MOD-MPOOR-UNI-01, con un recibo de pago por la cantidad de $23,484.00 (Veintitrés mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); así también de una resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós dictada en el expediente 256/2022 del índice del Juez Civil en Línea del Estado de México; documentos que al carecer de la certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo aplicado de manera supletoria, no se les puede otorgar valor probatorio por sí mismas y, por ende, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de sus contenidos, por lo cual no pueden acreditar el interés jurídico de quien promueve. Esto es, no se advierten datos que produzcan convicción de que dichas constancias contengan datos reales y vigentes de que se aplicó al impetrante del amparo la norma que tilda de inconstitucional; por lo que no resultan suficientes, pues se trata de reproducciones simples que no cuentan con certificación de que dichos datos son fidedignos; o en su caso, que dicha constancias tengan alguna cadena de datos o sello digital. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia IV.3o. J/23, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, mayo de 1996, página 510, que dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." De igual forma, sustenta la consideración expuesta, la jurisprudencia 3a./J. 3/91, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Febrero de 1991, página 58, que dispone lo siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." Por ello, al no encontrarse adminiculadas dichas constancias con algún otro elemento de convicción, carecen de valor probatorio pleno para ser consideradas en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, la parte quejosa no demostró la afectación a su interés jurídico; pues para ello era necesario que acreditara el acto de aplicación de la norma que reclama, lo que no realizó, pues la exhibición de los medios de prueba a que se ha hecho referencia resultan insuficientes. Con base en todo lo hasta aquí señalado, válidamente se concluye que no demostró la aplicación del artículo 95, fracción I, incisos C), D), E). F), G) y H), rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y por ende la afectación a su esfera jurídica; esto es así, pues el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; es decir, corresponde la carga de la prueba de ese extremo a la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 15, cuyo epígrafe y texto establecen lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Así como en la tesis III.1o.A.25 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, página 401, que textualmente dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sin que en el caso resulte necesario analizar la existencia de las diversas causales de improcedencia hechas valer por las autoridades señaladas como responsables, pues con la actualización de una es suficiente para sobreseer en el presente juicio de amparo, además de que su análisis no cambiaría el sentido de la presente resolución. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 414, tomo VIII, agosto de 1998, materia(s): común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con sustento además en los artículos 73, 74, 75, y 124, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Jesús García Camacho, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Intégrense los informes justificados rendidos por las autoridades Secretario General de Gobierno, Gobernador Constitucional, Registradora de la Propiedad y del Comercio de la Oficina Registral de Toluca, dependiente del Instituto de la Función Registral y Director General del Instituto de la Función Registral, todos del Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Delegados y domicilio Como lo disponen los numerales 9° y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que se mencionan y como domicilio el que señalan. Correo electrónico y número telefónico Téngase el correo electrónico proporcionado como medios adicionales para entablar comunicación con las autoridades responsables.
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