Manuel Herrejón Suárez
Expediente 1904/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1904/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/01/2019
Partes del expediente
- Manuel Herrejón Suárez
- Manuel Herrejón Suárez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Intégrese la razón actuarial con la que la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa Manuel Herrejón Suárez por propio derecho y en representación del menor de edad con iniciales M.L.H.F., la determinación de veinte de los cursantes, por los motivos que expone. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquense al impetrante la notificación del aludido acuerdo, la relativa al presente, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec).
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA **********************************, EL AUTO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CUAL , EN ESENCIA, DICE: Vista la demanda promovida por **********por propio derecho y en representación del menor de edad con iniciales M.L.H.F., regístrese bajo el número 1904/2018-III-C. DESECHAMIENTO Del estudio integral del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama de la Jueza Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México: - Los acuerdos de once y diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictados en el procedimiento especial de divorcio incausado 1098/2018, en los que se reservó proveer respecto a la medida provisional de convivencia con el menor de edad con iniciales M.L.H.F; hasta en tanto tenga verificativo la primer audiencia de aveniencia. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)--------XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió la Jueza Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. Respecto al inciso b), también se encuentra satisfecho, dado que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en los artículos 1. 362 y 5.74, disponen la procedencia del recurso de revocación, de la siguiente manera: "Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dicto. Revocación fuera de audiencia Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales.". Como consecuencia de lo anterior, los actos reclamados en la presente instancia constitucional no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de los citados actos impugnados, se debió interponer el recurso de revocación ante la autoridad que los emitió, tal como lo establece los ordinales 1.362 y 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que atendiendo a las consideraciones que expone la parte recurrente de amparo, los actos tildados de inconstitucionales en esta vía revisten la característica de ser autos que se reservan proveer respecto a la medida provisional de convivencia con el menor de edad con iniciales M.L.H.F; hasta en tanto tenga verificativo la primer audiencia de aveniencia. Por lo que en la especie, dichos actos reclamados pueden ser modificados, nulificados o revocados previamente al juicio de amparo; en consecuencia, al no haberse interpuesto dicho medio de defensa ordinario, se actualiza plenamente la causa de improcedencia en estudio y procede desechar la demanda de amparo en términos del citado artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que en el caso concreto, el acto reclamado tiene repercusión en un menor de edad, pues en primer lugar, este juzgador no advierte alguna afectación al principio de interés superior de los niños -salvaguardar la satisfacción de su derechos mínimos necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso-; aunado a ello, no puede suplirse la deficiencia de la queja cuando no se agotaron los recursos ordinarios o medios de defensa que prevé la ley, pues si bien es cierto que la suplencia de la queja tratándose de menores consiste en intervenir de oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a juicio del juzgador sean o que conduzcan al esclarecimiento de la verdad, en ordenar de manera oficiosa el desahogo de pruebas, la corrección en el error de la cita de preceptos, entre otros aspectos; sin embargo, respecto de la procedencia del juicio de amparo, es necesario que primeramente se colmen los requisitos para su procedencia, y entre ellos se encuentra, el principio de definitividad. Lo anterior es así, porque en la especie, el aquí quejoso, pudo agotar el recurso de revocación previsto por el Código Familiar de Procedimientos Civiles del Estado de México, antes de venir al juicio de amparo, ya que no la exime de agotar el principio de definitividad. Hacerlo de otra manera implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de las partes de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, tomo XIV, Agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que se cita: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación." Así como la jurisprudencia VI.2o.C.190 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 951, tomo XVIII, Noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a continuación se transcribe: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.
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