Manuel Israel Peña Cardenas

Expediente 1184/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1184/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Manuel Israel Peña Cardenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del oficio por el cual se le notificó que la sentencia por la que se negó al quejoso la protección de la Justicia de la Unión emitida en autos causó ejecutoria. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1184/2022, promovido por ********************, por conducto de su representante legal ********************; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su representante legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado de Distrito, en donde se registró con el número 1184/2022 y en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, (foja 28), la admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede, por lo que ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que en la especie, el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, consiste en: La resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca de apelación I-276/2022, relativo al juicio especial familiar oral ********************, que sobre cumplimiento íntegro y total de la obligación de pagos y alimentos promovió ******************** también conocida como ********************, frente al apelante ********************; mediante la cual, determinó confirmar la sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con el toca de apelación I-276/2022, que remitió la responsable, documental que tiene valor robatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora, en una porción de los conceptos de violación el quejoso esgrime esencialmente: Que el origen de la condena que se pretende liquidar, derivaba de obligaciones contractuales y no del ejercicio mismo de la petición de alimentos; eso era, no provenía del estado de necesidad o urgencia a que se refería el artículo 443 del Código Familiar del Estado, sino del pago de una contraprestación convenida en un contrato de usufructo vitalicio. Que la rentabilidad materia de la donación se constituyó como obligación para destinarla a los alimentos, pero con ello no se perdía la naturaleza contractual, por lo que para su interpretación, cumplimiento y alcance, debía recurrirse al Código Civil, debiéndose obtener el monto del pago de alimentos a través de la pericial que determine precisamente la rentabilidad de los bienes. Que las prestaciones reclamadas no versaban sobre alimentos, sino sobre la rentabilidad establecida en los contratos de donación, motivo por el cual estima que son de naturaleza civil y no familiar. Conceptos de violación que devienen inoperantes, toda vez que tales aspectos constituyen pronunciamientos con la autoridad de verdad legal y cosa juzgada. Así se considera, porque el argumento toral en el que se hacen descansar dichos motivos de inconformidad, consiste en que las prestaciones de la actora no versan sobre alimentos, sino que tienen su fundamento en la donación, por lo que el pago dependía de la rentabilidad establecida en los contratos respectivos que son de naturaleza civil y no familiar; fue materia de la sentencia pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el tres de agosto de dos mil veintiuno, en el toca diverso ******************** formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por las partes en el juicio especial oral familiar ********************, mediante la cual revocó la sentencia definitiva pronunciada por el juez natural. En efecto, basta imponerse del contenido de la sentencia de mérito, para poder advertir que el Tribunal de Alzada en los considerandos octavo y noveno, señaló por un lado que el asunto se trataba de una controversia de índole familiar y no civil; y por otro, estableció que la cantidad que debía cubrirse por concepto de alimentos era la de doscientos mil pesos, atento a la siguiente transcripción: Respecto de la naturaleza de la controversia. ".Sin que mucho menos se converja en que el juez de origen tuviera que abstenerse de incursionar en el estudio del fondo del negocio sometido a su arbitrio, al vincularse con una situación de carácter meramente patrimonial, ya que la sola circunstancia de que según los agravios formulados por la actora apelante, los contratos accionarios acudiendo a las reglas de la interpretación, involucren un usufructo previsto por el artículo 259 del Código Civil vigente en nuestra Entidad Federativa, no implica que el juez familiar carezca de competencia para resolver la acción ejercitada, al exigírsele, lisa y llanamente, el pago de pesos a razón de un millón de cuatrocientos setenta mil pesos por incumplimiento de su obligación de otorgarle alimentos a la enjuiciante, acorde al inciso b) del capítulo de prestaciones del ocurso generador del procedimiento, pues aun cuando -como manifiesta el adherente- en los multicitados nexos de voluntades no se hubiere convenido a qué importe debería ascender exactamente la rentabilidad de los inmuebles objeto de las donaciones celebradas entre las partes, ello no significa que la competencia para conocer del asunto recayera automáticamente en un juez civil, toda vez que desde el mismo momento en que celebraron los pactos accionarios surgió la obligación del donatario de cubrirle a la donante el pago de alimentos indispensables para garantizar su subsistencia, en términos del artículo 477 del Ordenamiento Familiar Local, como contraprestación a la nuda propiedad que le transmitió sobre los tres bienes inmuebles descritos en los nexos de voluntades accionarios, estamos en presencia de una controversia familiar como válidamente lo determinó el juez en los párrafos trigésimo quinto y trigésimo sexto del considerando segundo del fallo apelado, en la que se acordó el pago de una pensión alimentaria derivada de la relación materno filial que una a ********************, también conocida como ******************** con ********************, por lo que al fungir el demandado como su deudor alimentista y relacionarse el juicio con el parentesco por consanguinidad de los contendientes, la vía idónea para substanciarlo es la familiar que se eligió, atenta la Fracción I del dispositivo 1000 del cuerpo legal acabado de consultar y no la ordinaria civil como erróneamente lo sostiene el profesionista inconforme." [foja 42- 42 vuelta] Respecto del monto de la pensión. ".No representa obstáculo para el criterio adoptado, las excepciones opuestas por ********************, inherentes a la de improcedencia de la vía familiar por las razones expuestas en el fallo combatido y que corroboró esta Sala en el considerando Octavo de esta ejecutoria al estudiar la apelación adhesiva interpuesta por su mismo mandatario jurídico el abogado ********************; y, la concerniente a que la suma de doscientos mil pesos mensuales que le estaba entregando a la accionante sólo era un adelanto de las obligaciones convenidas en los pactos volitivos fundatorios, sustentada en el monto de rentabilidad de los tres bienes inmuebles materia de ellos todavía no se determinaba, pues ninguna prueba rindió en autos para acreditar tal afirmación, entendiéndose por esa razón que a dicho importe -doscientos mil pesos mensuales- ascendió la cantidad fijada por concepto de alimentos en favor de********************, igualmente conocida como ********************, reconociéndolo así la propia enjuiciante en su escrito inicial de demanda. [foja 60 del tomo de pruebas] Lo que constituye un pronunciamiento de la sentencia definitiva (de segundo grado) con la que concluyó el juicio, de donde deriva el acto aquí reclamado, relativo al incidente de liquidación de sentencia. Conforme a lo expuesto, lo inoperante de los conceptos de violación materia de estudio en este apartado, en los cuales el peticionario de amparo insiste en que las prestaciones reclamadas no versan sobre alimentos, sino que tienen como fundamento los contratos de donación son de naturaleza civil y no familiar; constituyen aspectos superados, en la medida que, en la referida sentencia de fondo, dictada en la apelación, la Magistrada de la Octava Sala Civil, en esencia señaló que, desde el momento en que celebró los pactos accionarios surgió la obligación del donatario de cubrirle a la donante el pago de alimentos, como contrapresatación a la nuda propiedad que le transmitió; por lo que se estaba en presencia de una controversia familiar; además estableció que la cantidad por concepto de pago de alimentos, ascendía a $200,000.00 doscientos mil pesos mensuales De ahí que, se insista, esos aspectos, deban permanecer intocados, al existir un pronunciamiento firme que constituye cosa juzgada, en el que se resolvió que la condena al pago de alimentos era de naturaleza familiar; además se fijó el monto que debía cubrir por tal concepto, pues la liquidación tiene la finalidad de concretar las condenas de la sentencia y, por ende, no es válido analizar nuevamente los tópicos en ella dilucidados. En apoyo a lo anterior, es de citar por identidad jurídica substancial, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2014920, que dice: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. En otra porción de los conceptos de violación, el quejoso aduce medularmente, que la resolución reclamada vulnera su esfera de derechos, toda vez que el Magistrado responsable omitió analizar los agravios que expuso vía apelación, dado que se limitó a establecer que fueron inoperantes. Argumentos que se tornan infundados, toda vez que, si bien es cierto que el Magistrado responsable en una parte de la resolución que se revisa, determinó la inoperancia de los agravios que expuso ante esa instancia, al considerar que los argumentos vertidos por el a quo no fueron combatidos; también lo es que, no obstante que los calificó de esa manera, abordó su estudio atento a lo siguiente: ".Al margen de lo anterior, ésta sede judicial considera correcta la forma en que el juez de primera instancia, determinó la suma pretendida en concepto de pensión alimenticia, porque como ya se comentó, no tomó en consideración fechas y cantidades ya condenadas, ni mes de julio de 2022 dos mil veintidós que aún no se generaba, puntualizando el correcto período de condena, agregando los meses no pagados y restando los abonos realizado por aquel concepto, ello a través de las operaciones matemáticas; por haberse condenado al incidentado a las pensiones alimentarias que se sigan acumulando hasta la conclusión del juicio, que en este caso lo es, hasta que el deudor alimentista cumpla a cabalidad con su obligación. De ahí que, no asista razón al apelante, ya que como lo argumentó el juzgador, si bien con la sentencia definitiva, se puso fin al juicio, no quiere decir que las consecuencias jurídicas derivadas de esa resolución, debían realizarse hasta la fecha en que se emitió dicho fallo, tomando en cuenta que en la misma se ordenó que la cuantificación se postergara para la etapa de ejecución, donde se liquidaría no solo las pensiones reclamadas por la acreedora, sino también las que se siguieran venciendo; de tal suerte que, será hasta que acredite cubierto a cabalidad los alimentos correspondientes, para tener por concluido el presente juicio." [foja154 vuelta y 155]. Esto es, al margen de la declaración de inoperancia, el Magistrado responsable a la luz de los agravios expuestos, estimó correcta la suma pretendida por concepto de pensión alimenticia; al justipreciar que se le condenó al pago de las pensiones alimentarias que se seguían acumulando hasta la conclusión del juicio, que en ese caso era, hasta que cumpliera a cabalidad con su obligación. Además consideró, que no asistía razón al apelante porque las consecuencias jurídicas de la sentencia definitiva no debían realizarse hasta la fecha en que se emitió, tomando en cuenta que en la misma se ordenó que la cuantificación se postergara para la etapa de ejecución, donde se liquidaría no solo las prensiones reclamadas por la acreedora, sino también las que se siguieran venciendo; consideraciones que a juicio de quien resuelve, se estiman correctas; como se verá a continuación. En efecto, el quejoso, tendente a combatir aquéllos argumentos de la Sala Civil responsable, precisó en múltiples conceptos de violación: Que al tratarse de una sentencia de condena, sus efectos se producían hasta la existencia de una sentencia; eso era, encontraba su límite para su cuantificación y posterior ejecución, el momento en que el fallo causara ejecutoria. Que el juez de origen debía resolver lo solicitado por el accionante y condenado por la sala y no más allá. Que en sentencia definitiva se condenó al quejoso al pago de alimentos que de manera mensual se generaron desde el día en que se presentó la demanda, hasta el día en que causaba ejecutoria el fallo y que la liquidación estaba sujeta a la forma en que se condenó, eso era, no se podía alterarse en el incidente de liquidación. Conceptos de violación que resultan infundados. Se dice de este modo, toda vez que de la sentencia emitida el tres de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se revocó el fallo definitivo, la Magistrada adujo: ".Mas como el resolutor primario no lo estimó así, lo que procede en reparación del agravio ocasionando en perjuicio de la accionante ********************, también conocida como ********************, es revocar la sentencia definitiva combatida del veintidós de abril del año en curso, con plenitud de jurisdicción y frente a la inexistencia de reenvío en nuestro sistema apelatorio, para ahora declarar fundada la acción de cumplimiento íntegro y total de la obligación de pago de alimentos ejercitada contra ********************, en la vía especial oral familiar, condenando al accionado al pago de la cantidad de un millón cuatrocientos setenta mil pesos que le fue reclamada por concepto de pago de alimentos devengados durante el periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de julio de dos mil veinte, más los que se sigan generando hasta la total solución del conflicto, cuya cuantificación se posterga para la etapa de ejecución.". Esto es, el Magistrado declaró fundada la acción de cumplimiento íntegro y total de la obligación de pago de alimentos que se ejercitó en contra del quejoso, condenándolo al pago de un millón cuatrocientos setenta mil pesos por concepto de pago de alimentos devengados durante el periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de julio de dos mil veinte, más los que se sigan generando hasta la total solución del conflicto, cuya cuantificación se posterga para la etapa de ejecución. Sin que tal determinación deba interpretarse como lo pretende el impetrante del amparo, en el sentido de que la obligación alimentaria concluye al momento en que causa ejecutoria la sentencia en el juicio. Ello, porque en primer lugar la sentencia definitiva nunca sujetó la obligación del quejoso a otorgar alimentos a temporalidad alguna; por el contrario, en diversos apartados del fallo de mérito, se estipuló que ambas partes convinieron en que el amparista entregaría a su progenitora en forma mensual y por adelantado la suma de doscientos mil pesos [foja 53 y 60 del tomo de pruebas]. Y por otro, porque las controversias de alimentos no tienden a dar por terminada una contienda, sino por el contrario, su objetivo conlleva a determinar una pensión alimenticia, la cual desde el punto conceptual y teleológico, está destinada a satisfacer las necesidades del acreedor que se otorga en forma periódica, temporal o vitalicia; que además desde el punto de vista del período en el que se genera el crédito, se tiene que opera para el sostenimiento futuro del acreedor alimentario; esto es se trata de una situación progresiva de tracto sucesivo. De ahí, que la condena impuesta al quejoso por concepto de pago de alimentos, implica aquéllos que se sigan venciendo; esto, hasta en tanto no se determine su suspensión o cesación en el juicio correspondiente. Finalmente, son infundados los conceptos de violación en los que el quejoso esgrime, que si la Sala estimó que los agravios que expuso eran insuficientes para atacar la resolución recurrida, debió suplir su deficiencia y adecuarlos para combatirla. Lo anterior es así, toda vez que como se precisó en párrafos anteriores, el Magistrado a pesar de que estimó que los motivos de disenso no combatían las consideraciones vertidas por el a quo, lo que condujo a declararlos inoperantes; finalmente, si los analizó concluyendo que no le asistía razón. Sin que la obligación de la responsable de suplir la deficiencia de la queja, llegue al extremo de determinar la procedencia de los agravios que conforme a la ley no se actualiza; dado que, partiendo de la premisa de que la referida institución se caracteriza, como el conjunto de atribuciones que se confieren al Juez para corregir los errores o deficiencias en que incurran las partes al emitir lato sensu sus alegatos jurídicos, ello trae consigo integrar lo que falta, subsanar una imperfección o mejorar lo parcial o incompleto; no entraña actuar al margen de la ley En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación propuestos, y al no advertir este Órgano Constitucional, deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción II de la ley de Amparo, se determina que el acto reclamado no infringe en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales consignados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su representante legal ********************, contra el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de esta ciudad. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinte de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 20 de enero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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