Manuel Israel Peña Cardenas

Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
668/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Manuel Israel Peña Cardenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 668/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó a juicio la autoridad responsable. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por la autoridad responsable y hace constar que las demás partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a las responsables formulando sus alegatos y a las demás partes se les declara precluido el derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de las demandas. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 2), Manuel Israel Peña Cárdenas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos de la autoridad y acto reclamado siguiente: Autoridad responsable: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán. Acto reclamado: El auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno emitido dentro del juicio especial oral familiar 63/2020, a través del cual se decretó como medida cautelar de alimentos provisionales a cargo del quejoso, la cantidad de $215,100.60 (doscientos quince mil cien pesos 60/100 M.N.). Invocándose en esta demanda como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Recepción, registro y admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 668/2021 y se admitió a trámite el cinco de agosto del año en curso (foja 33), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El veintisiete de agosto de la anualidad que transcurre (foja 42), se fijó fecha para la audiencia constitucional; posteriormente, mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno (foja 50), se reconoció el carácter de tercera interesada a Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y/o María de los Ángeles Cárdenas Torres. Finalmente, en esta misma fecha se verificó la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclaman un auto emitido por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que, en la especie, el acto reclamado consiste en: Acto reclamado: El auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno emitido dentro del juicio especial oral familiar 63/2020, a través del cual se decretó como medida cautelar de alimentos provisionales a cargo del quejoso, la cantidad de $215,100.60 (doscientos quince mil cien pesos 60/100 M.N.). Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así se manifestó al rendir el informe justificado (foja 44). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó al informe justificado rendido dentro del juicio de amparo, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, consistente en testimonio autorizado del juicio especial oral familiar 63/2020. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este apartado es necesario establecer que, aunque ninguna de las partes hizo valer causal de improcedencia del juicio de amparo, el suscrito juzgador estima necesario puntualizar que aun cuando las constancias que integran el juicio familiar de origen revelan que desde el veintidós de abril de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva, este juzgador no advierte impedimento para estudiar el fondo del presente asunto. Lo anterior, dado que si bien es cierto que, el artículo 470, fracción I, del Código Familiar aplicable, dispone que la sentencia definitiva de alimentos sustituye la provisional; igual lo es que, el diverso 473 señala que en caso de que el fallo definitivo hubiere denegado los alimentos y se hubiera recurrido -como lo hicieron en este asunto las partes-, se seguirá abonando la pensión provisional hasta en tanto se decida el recurso, cuando como en el caso, el actor sea un adulto mayor: Artículo 470. La sentencia que decrete los alimentos: Fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; y, II. Apercibirá al deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal. Artículo 473. En caso de que el fallo hubiese denegado los alimentos, y se haya recurrido, y que la parte acreedora se trate de: menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas, se seguirá abonando la pensión fijada como provisional, hasta en tanto se decida el recurso. Dicho lo anterior y como ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tiene aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ellos, el promovente del amparo aduce esencialmente lo siguiente: Que la determinación reclamada es ilegal, porque en ella se determinaron alimentos provisionales, cuando lo que en realidad se está exigiendo en la acción dilucidada por su contraria, es el pago de una contraprestación convenida en un contrato de usufructo vitalicio; Que por ello, al no derivar la obligación de un vínculo familiar sino de una relación contractual, entonces los alimentos determinados en el auto reclamado, no deben determinarse a la luz de lo establecido en el artículo 444 del Código Familiar ni debió establecer que los mismos deberían de fijarse atendiendo al principio de proporcionalidad; Que además, al tener un origen derivado de un contrato de usufructo vitalicio, todo lo relacionado con el conflicto de ese consenso de voluntades, debe ventilarse en la instancia civil y no familiar, ya que se trata de una cuestión meramente patrimonial y no de una acción de alimentos, dado que la obligación no se entabla derivada del vínculo filiar sino del contractual; Que por ello, debe declarase la improcedencia de la vía familiar y no entrar al estudio del fondo del asunto; y, Que también es ilegal el auto reclamado en la parte que el juez responsable otorga valor probatorio pleno a los avalúos allegados por su contraria, en los que se estableció la renta mensual de diversos inmuebles y que conforme a ellos, haya establecido el monto de los alimentos provisionales, ya que descontando factores como el índice de la rentabilidad que cada uno otorga, así como las deducciones fiscales a los que están sujetos esos ingresos y considerando además que, el perito en esos dictámenes olvidó obtener el porcentaje que la actora le donó respecto de dos de ellos, esto es, 40% respecto de la estación gasolinera; el 75% de la casa habitación ubicada en la Avenida Juárez Oriente de Zamora, el monto neto que generan esos inmuebles es mucho menor a los $358,000.00 (trescientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) que se establecieron y en realidad, la rentabilidad de los mismos oscila en $184,418.00 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). Conceptos de violación los identificados en los incisos a, b, c y d, que, estudiados en su conjunto, son inoperantes, atendiendo a las consideraciones que se anotarán enseguida. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Así se considera, porque el argumento toral en el que se hacen descansar dichos conceptos de violación, consiste en que no procede que en la vía familiar se determine a cargo del quejoso una obligación alimentaria derivada del contrato de usufructo vitalicio que celebró con su madre, porque todo lo relacionado con el conflicto de ese consenso de voluntades, debe ventilarse en la instancia civil y no familiar, ya que la obligación no deriva del vínculo filial sino de uno contractual. Sin embargo, tales aspectos constituyen pronunciamientos con la autoridad de verdad legal y cosa juzgada y por ende, los conceptos de violación deben calificarse inoperantes. Para explicarlo, debe decirse que en auto de veinte de agosto de dos mil veinte pronunciado en el juicio familiar de origen, inicialmente se desechó la demanda de alimentos que promovió la tercera interesada Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y/o María de los Ángeles Cárdenas Torres, bajo el argumento que la acción de alimentos que entabló únicamente en contra de su hijo Manuel Israel Peña Cárdenas, debería instaurarse también en contra de sus otros dos hijos Isaac Enrique y Emma Gisela, ambos de apellidos Peña Cárdenas. Inconforme con esa determinación, la citada tercera interesada interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien lo registró con el número de toca I-210/2020 y quien mediante resolución de veintidós de septiembre del año pasado, determinó revocar el auto de desechamiento impugnado, para en su lugar, ordenar que se admitiera a trámite la demanda planteada, bajo los argumentos siguientes: Que la acción de la tercera interesada para exigir en forma particular a Manuel Israel Peña Cárdenas, la obligación de alimentos derivada de un consenso de voluntades pactado libremente, era legal, sencillamente, porque el artículo 444 de la legislación familiar, no impide que los mismos puedan fijarse por convenio de las partes; Que si la actora Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y/o María de los Ángeles Cárdenas Torres demandó del quejoso la obligación del pago de alimentos derivada del contrato que celebraron, entonces la relación jurídica procesal tendiente a dilucidar dicha exigencia, debería establecerse exclusivamente entre el quejoso y su madre; Que si los hermanos del quejoso no adquirieron la obligación de alimentos con su madre en el contrato que el peticionario del amparo suscribió con ésta, entonces no era dable actualizar litisconsorcio pasivo necesario; y, Que por ello, en el juicio de origen la exigencia de alimentos derivada del contrato que el quejoso suscribió con su progenitora, debería dilucidarse en exclusiva con él. Determinación la anterior, que adquirió firmeza legal en términos del artículo 757 del Código Familiar del Estado de Michoacán, ya que contra la misma no se promovió juicio de amparo; al contrario, bajo el contexto procesal que revelan las constancias del juicio de origen, es posible afirmar que el aquí quejoso, tácitamente estuvo conforme con lo determinado en esa sentencia de apelación, porque en cumplimiento a esa ejecutoria, el cinco de octubre siguiente, el juez responsable admitió la demanda planteada por la tercera interesada y el veintiséis de octubre del mismo año, el peticionario del amparo, compareció a formular su contestación de demanda. Conforme a lo expuesto, lo inoperante de los conceptos de violación materia de estudio en este apartado, en los cuales el peticionario de amparo insiste en que no procede que en la vía familiar se determine a su cargo una obligación alimentaria derivada del contrato de usufructo vitalicio que celebró con su madre, bajo el argumento que todo lo relacionado con el conflicto de ese consenso de voluntades, debe ventilarse en la instancia civil y no familiar, ya que la obligación no deriva de un vínculo filial sino de uno contractual; constituyen aspectos procesales superados, en la medida que, en la referida sentencia de apelación, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en esencia señaló que, como no existe prohibición legal para que los alimentos se convengan por las partes, la vía instada por Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y/o María de los Ángeles Cárdenas Torres sí era apta para dilucidar en forma singular, la obligación de alimentos exigida al quejoso, derivada del contrato de usufructo vitalicio que ambos celebraron y que por ello, debería admitirse la demanda. De ahí que, se insista, esos aspectos, deban permanecer intocados, al existir un pronunciamiento firme que constituye cosa juzgada -por haber no haber sido impugnado vía juicio de amparo- en el que se resolvió que la vía familiar sí constituía la idónea para que Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y/o María de los Ángeles Cárdenas Torres exigiera la obligación alimentaria derivada del contrato de usufructo vitalicio. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 1a. LXVI/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Pag. 576, Décima Época, registro 2014643, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Asimismo, es ilustrativa al respecto la jurisprudencia II.1o.T. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Pag. 2547, Décima Época, registro 2011845, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo directo en contra de un ulterior laudo o sentencia que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a combatir las cuestiones que la responsable: 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que le fuera conferida o en vía de consecuencia de ese ejercicio, y/o 2) dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de esa plenitud de jurisdicción; erigiéndose lo anterior en una conditio sine qua non o condición necesaria para ser analizables. Y, por ende, por vía de exclusión los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, ya que inexorablemente quedarían comprendidos: a) en el cumplimiento cabal y vinculante de esa ejecutoria, o en la reiteración de las mismas consideraciones por: haber sido infundados los conceptos de violación enderezados en su contra (cosa juzgada), o, b) en el ser reiterados, por no haber sido materia de la litis constitucional; o, c) en el exceso o el defecto de ese cumplimiento o, d) en la indebida repetición del acto reclamado, o bien, e) habría precluido su derecho para hacerlos valer, porque a pesar de no haberse reflejado en el primer laudo o sentencia la violación procesal y/o algún punto decisorio que pudiera perjudicarle, debió haberlas combatido, en vía de amparo adhesivo en contra de aquél. En ese tenor, si en esa ejecutoria de amparo no se le confirió libertad de jurisdicción a la responsable, para que decidiera respecto de algún tópico, sobre el cual ésta en el ulterior laudo falló de manera diferente a como lo había hecho en el primero, ni ello es una consecuencia necesaria de tal libertad de jurisdicción que sí se le confirió; los conceptos de violación que impugnan la legalidad de lo fallado son inoperantes, por no ser materia del nuevo juicio de amparo, enderezado en contra del ulterior laudo dictado con motivo de la ejecutoria de amparo anterior." Por otra parte, es infundado el concepto de violación identificado con el inciso e, en el que el accionante del amparo aduce que, también es ilegal el auto reclamado en la parte que el juez responsable otorga valor probatorio pleno a los avalúos que allegó su contraria, en los que se estableció la renta mensual de diversos inmuebles y que conforme a ellos, haya establecido el monto de los alimentos provisionales, ya que descontando factores como el índice de la rentabilidad que cada uno otorga, así como las deducciones fiscales a los que están sujetos esos ingresos y considerando además que, el perito en esos dictámenes olvidó obtener el porcentaje que la actora le donó respecto de dos de ellos, esto es, 40% respecto de la estación gasolinera y el 75% de la casa habitación ubicada en la Avenida Juárez Oriente de Zamora; el monto neto que generan esos inmuebles es mucho menor a los $358,000.00 (trescientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) que se estableció en ese peritaje y en realidad la rentabilidad de los mismos, oscila en $184,418.00 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, porque los aspectos en los que descansa esos argumentos, corresponden a conocimientos técnicos que sólo pueden ser determinados por profesionales expertos en el tema y no determinados por el juez responsable de motu proprio; de forma tal que, si hasta ese momento, el juzgador primario no contaba con dictamen pericial diverso al allegado por Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y/o María de los Ángeles Cárdenas Torres, entonces, se comparte la valoración otorgada a ese medio de prueba por el juez natural. Sobre todo, atendiendo a que, de conformidad con el artículo 464, fracción I, del Código Familiar aplicable, para la fijación de los alimentos provisionales, el juez resolutor sólo puede considerar las pruebas aportadas hasta antes del auto admisorio: "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; (.)" Aunado a ello, se comparte la tasación otorgada a ese dictamen, porque para determinar la cantidad de alimentos provisionales, el juez responsable no se apoyó en forma exclusiva en ese peritaje, sino que en realidad, justiprecio todo el acervo probatorio allegado por la tercera interesada, consistente en certificados de propiedad y recibos de las utilidades que el quejoso reportaba a su madre mensualmente, tal y como se aprecia: Conforme a ello, si de acuerdo al cúmulo probatorio que se tenía en la temporalidad en que se emitió el auto admisorio, esto es, hasta el cinco de octubre de dos mil veinte, sólo se contaba con el dictamen pericial que había allegado su contraria, a juicio de quien resuelve, es correcto, que se hubiere considerado ese medio probatorio, más porque se insiste, no fue ese dictamen pericial el medio de prueba determinante y único para que se fijara ese monto, sino solo uno de las pruebas consideradas. En tales condiciones, al considerarse inoperantes en una parte e infundados en otra, los conceptos de violación expresados por el promovente del amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Manuel Israel Peña Cárdenas, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual informa que remitió el oficio 13372 de veintisiete de agosto del presente año, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, dado que este se encuentra dirigido a dicha autoridad. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito firmado por el apoderado jurídico de la tercera interesada ********************, también conocida como María de los Ángeles Cárdenas Torres, carácter que se le reconoce en términos de artículo 11° de la Ley de Amparo y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se le tiene por apersonado al juicio en que se actúa. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Ahora bien, la parte tercera interesada solicita se le autorice la consulta del expediente vía electrónica y proporciona el nombre del usuario para ingresar al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Atento lo anterior, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario", registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal que proporciona para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular, en términos del párrafo primero del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3349/2021 de uno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte de las constancias remitidas por el juez responsable que la parte actora en el juico de origen es Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres, también conocida como María de los Ángeles Cárdenas Torres; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se le reconoce el carácter de tercera interesada, quien puede ser emplazada al presente en el domicilio ubicado en la calle Nahuatzen, número 101, colonia Lomas de Guayangareo de esta ciudad. Atento lo anterior, se comisiona al actuario de este juzgado para que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, las once horas con cincuenta minutos del veintidós de octubre del dos mil ventiuno; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, h) Hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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