Manuel Hernández Contreras
Expediente 645/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Hernández Contreras
Actuaciones
- Principal
I. URUAPAN, MICHOACÁN, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial, ha transcurrido el término de tres días, concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiuno de diciembre del año próximo pasado, a efecto de que designara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones de carácter personal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído; por tanto, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, en términos del artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 29, ambos de la Ley de Amparo, practíquensele por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Zamora, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el despacho 361/2018 (C. O. 1875/2018), del índice de este juzgado, enviado con la finalidad de notificar al quejoso Manuel Hernández Contreras, el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, encomienda que se realizó el veinticuatro de enero de la presente anualidad, tal como se advierte de las constancias que se adjuntan al comunicado de cuenta. Dése de baja tal comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo. Por otra parte, del inciso c) de la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que el quejoso, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE...
- Principal
I-RECEPCIÓN, REGISTRO DE LA DEMANDA Y COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 18098, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, derivado del juicio de amparo IX-1003/2018, del índice del juzgado de su adscripción, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Manuel Hernández Contreras; contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Zamora, Michoacán. Lo anterior, toda vez que mediante auto de catorce de diciembre que transcurre, el titular de dicho juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver la demanda de garantías en cuestión, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución en una localidad donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia; esto es, en Tangamandapio, Michoacán. Consecuentemente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37, segundo párrafo del precepto 48 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del asunto. Comuníquese esta determinación al Juez declinante, para los efectos legales conducentes. Por tanto, téngase a Manuel Hernández Contreras, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Zamora, Michoacán, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 645/2018-I, se comisiona a la Secretaria la revisión de integración de los expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías y el escrito aclaratorio de mérito, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción IX, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En el caso, el quejoso reclama: "La resolución decretada por la C. Jueza Tercero Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en la cual se ordena DEJAR SIN EFECTOS LA ORDEN DE APREHENSIÓN, NIEGA DICTAR ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE DEJA SIN EFECTOS EL ASEGURAMIENTO DE OBJETO, de fecha veinticuatro de agosto del año 2018 dos mil dieciocho; así como el diverso AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA REQUERIR ENTREGA DE INMUEBLE, de fecha 06 seis de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, lo que me fue notificado con fecha 21 de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, en el cual se me requiere para que en el término de 3 tres días ponga a disposición del H. Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el objeto mueble que en cuanto víctima directa me fue debida y legalmente en restitución provisional de mis derechos , por la C. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, consistente en el tractor marca Massey Ferguson, modelo 1981, color rojo, con número de serie 3KA133375, motor número 1F001M2982G, y el molino para pastura marca SWISSMEX, modelo SW610130, serie 39517114." Del contenido de su escrito de demanda de amparo y sus anexos, se desprende que los actos reclamados se emitieron dentro del proceso penal 25/2016, tramitado ante el Juez responsable por el delito de robo calificado en contra de Antonio Hernández Contreras. En efecto, específicamente del original del instructivo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 42), se evidencia que el quejoso fue requerido por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, de Zamora, Michoacán, para que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo derivada del juicio I-777/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, deje a disposición de ese órgano jurisdiccional, el tractor de la marca Massey Ferguson, modelo 1981, color rojo, con número de serie 3KA133375, número de motor 1F001M2982G, así como el molino para pastura marca Swissmex, modelo SW610130. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Tesis: 189 Apéndice de 1995 Quinta Época 394145 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 129 Jurisprudencia(Común) COPIAS CERTIFICADAS. Las que expidan las autoridades en ejercicio de sus funciones no pueden ser tenidas como documentos privados, y cuando sean expedidas por la autoridad judicial, es indispensable que estén autorizadas por el Secretario del Juzgado respectivo, y si carecen de ese requisito, no tienen valor alguno. Ahora bien, de los datos que obran registrados en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales constituyen hechos notorios para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene la siguiente información. El juicio de amparo 1777/2017 fue promovido por Antonio Hernández Contreras, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, de Zamora, Michoacán, dentro de la causa 25/2016; en el que señaló como acto reclamado el siguiente: "a).- De la autoridad señalada como ordenadora y que lo es el C. Juez Tercero de lo Penal reclamo: El que haya dictado dentro del Proceso Penal 25/2016, una orden de aprehensión y detención, Así como se haya ordenado mediante el auto de fecha 03 Julio del año 2017, la práctica de una diligencia que deberá de llevarse a cabo, a las 14:00 del Día 22 de Agosto del año en curso en la cual tiene como objetivo la autoridad señalada como ordenadora, la restitución provisional, en favor de la víctima, de mi tractor marca Massey-Ferguson, tipo, tractor, color rojo, modelo 1981, con número de serie 3KA133375, con motor número LF001M2982G, así como un molino que se encuentra agregado al tractor el cual es de la marca SWISSMEX, modelo SW610130, con serie número 39517114, sin que el suscrito haya causado motivo legal alguno para ello; Orden de aprehensión y detención, así como la diligencia a que me refiero en el párrafo que antecede, se encuentra fuera de todo procedimiento por violar las normas Constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna; consecuentemente y de manera específica la orden que se reclama, y que dictó dicha responsable en contra mía, es ilegal, por no estar debidamente fundada y motivada." Dicho juicio de amparo lo conoció y tramitó el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Morelia; y fue resuelto por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien dictó sentencia de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la que por una parte decretó el sobreseimiento del juicio, y por otra negó la protección Constitucional. Inconforme con esa resolución, Antonio Hernández Contreras, interpuso recurso de revisión 87/2018, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, residente en Morelia, quien emitió resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, en la que modificó la sentencia dictada por el juzgado auxiuliar, para ahora conceder el amparo y protección solicitados, en los siguientes términos: "(.) En relación a la factura número 50066FU expedida por la persona moral Massey-Ferguson de México, sociedad anónima, respecto del tractor afecto a la causa penal de antecedentes, de la orden de aprehensión se aprecia que la responsable no abordó realmente su estudio, para concluir que evidencia la propiedad de ese bien mueble a favor del denunciante, por la secuencia de los endosos que en su reverso obran; pues recordemos que por auto de once de marzo de dos mil dieciséis, decretó la suspensión del procedimiento por falta de un requisito de procedibilidad, en específico que en dicha factura si bien aparece un endoso a favor del denunciante, lo cierto es que no aparecía el nombre de la persona que lo efectuó; y sobre ese particular la jueza de la causa, en el libramiento de la orden de aprehensión, nada expuso y menos razonó ni determinó. Enseguida, la autoridad responsable cuando se pronuncia sobre la probable responsabilidad del ahora recurrente en la comisión del referido delito, procede en iguales términos, remitiéndose inclusive a lo expuesto con antelación, cuando anteriormente sus determinaciones de conceder valor demostrativo a las pruebas de cargo son carentes de fundamentación y motivación; sin pasar inadvertido que respecto de los testimonios administrativos de Marisela y Anita sí expone diversas cuestiones, pero, como ya se señaló, son meras afirmaciones. Ahora bien, como los numerales 154 y 155 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, ponen de relieve que el juzgador está obligado a realizar un análisis exhaustivo de los puntos que integran el debate, apoyándose en él o los preceptos jurídicos que permiten pronunciar su acto de autoridad, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, siendo necesario que se funde y motive la causa legal del procedimiento acorde a los postulados de los numerales 14 y 16 Constitucionales, deviene inconcuso que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, como se adelantó. Como la autoridad responsable no emitió una resolución fundada y motivada, este órgano colegiado no puede válidamente sustituirse en su arbitrio, por ende, únicamente no se pueden analizar lo agravios que atañen al fondo del asunto. Ilustra el sentido de la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de Mil Novecientos Noventa y Cinco, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis Quinientos Treinta y Ocho, página trescientos cincuenta y tres, Quinta Época, cuyo rubro y texto rezan: "TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS. (.) Cuya concesión por vicios de forma se hace extensiva respecto del acto concerniente el aseguramiento decretado del tractor y molino agregado afectos a la causa penal, y su correspondiente restitución al denunciante, ordenados por el juez responsable por auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, puesto que al haber resultado inconstitucional la orden de aprehensión reclamada de la autoridad ordenadora, igual consideración debe hacerse respecto de dicho acto de aseguramiento y restitución, toda vez que éste es consecuencia de aquel mandamiento de captura -sin que ello signifique se devuelva materialmente el tractor-. En mérito de lo expuesto, se impone modificar la sentencia impugnada, para conceder al quejoso la protección de la Justicia de la Unión impetrada, lo que se hace extensivo a las consecuencias de la orden de aprehensión, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y dicte otra resolución con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero purgando los vicios formales destacados. (.)" Resolución que se glosa al presente juicio, en copia certificada, y que como ya se determinó, constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos y rubro son los siguientes: Tesis: XX.2o. J/24 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168124 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIX, Enero de 2009 Pag. 2470 Jurisprudencia(Común) "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Sin embargo, como ya se destacó, fue parte de la concesión del amparo otorgado por el Tribunal Colegiado, que el juez responsable dejara sin efectos la orden de aprehensión combatida, así como el aseguramiento decretado del tractor y molino afectos a la causa penal, y su correspondiente restitución al denunciante; cuyo cumplimiento a esa ejecutoria constituyen los actos reclamados en este juicio, los cuales ya quedaron descritos. Por lo que, en términos del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en el fallo referido; sin que obste a ello, el hecho de que se haya ordenado la restitución de los bienes motivo del conflicto -tractor y molino-, dejándolos a disposición del juez de la causa, y físicamente en posesión de Antonio Hernández Contreras; puesto que de la propia resolución de revisión se colige que así se ordenó, dando como opción, la posibilidad de que no se devolviera materialmente el tractor; por lo que, si la autoridad responsable determinó, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejar insubsistente el aseguramiento decretado respecto de los bienes ya descritos, y para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de éste, ordenó que se hiciera la devolución respectiva, es evidente, que ese acto reclamado en este juicio de amparo, también encuadra en la citada causa de improcedencia. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción IX, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, en contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Manuel Hernández Contreras; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como autorizado con la amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Magdaleno Ávalos, toda vez que se constató que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se encuentra registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Lo anterior encuentra sustento en la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Asimismo, como lo solicita el promovente, téngasele autorizando únicamente para sacar copias a Jesús Pérez Zaragoza, Omar Ávalos Aburto y Martín Gabriel Carranza Hernández. Ahora, toda vez que el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones no pertenece a esta ciudad, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, con sede en Zamora, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa Manuel Hernández Contreras, en el domicilio bien conocido en los Hucuares municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán. De igual manera, lo prevenga para que en ese acto, o bien, dentro de los tres días siguientes a éste, precise domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes le serán ordenadas, aún las de carácter personal, por medio de lista, tal como lo establece el precepto legal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Bajo la observación de que deberá atender los lineamientos establecidos en el artículo 27, incisos a), b) y c), esto es, el encargado de realizar la diligencia buscará a la persona a notificar, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. De todo lo anterior, el actuario deberá asentar la razón correspondiente. De conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se delegan facultades al Juez requerido, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Asimismo, se faculta al Juez despachado para que, de resultar insatisfactoria la diligencia encomendada, en el domicilio indicado, en caso, de tener conocimiento de algún domicilio diverso, en el que pueda ser localizado el mencionado quejoso, practique dicha diligencia, sin necesidad de ulterior acuerdo, siempre y cuando se ubique dentro de su circunscripción territorial. Hágase saber al Juez despachado que una vez que cuente con las constancias relativas a lo encomendado, inmediatamente deberá remitirlas a este Juzgado de Distrito. NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables y por exhorto al quejoso.
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