Manuel Guerrero Lázaro
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Guerrero Lázaro
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito presentado por ********************, albacea definitivo dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, por medio del cual se le tiene desahogando cabalmente la prevención formulada en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, por lo que se acuerda lo conducente. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, en el que se dijo que no ha lugar a tener por interponiendo el recurso de apelación contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el cual no se tuvo a Manuel Guerrero Lazaro, por compareciendo a contestar la demanda, toda vez que la misma fue instaurada en contra de Manuel Guerrero Lazaro, en cuanto albacea de la sucesión a bienes de ********************, no así, en contra de la persona física, por lo que no se le tuvo compareciendo por su propio derecho. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que la Jueza de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva, en su caso, en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dictara sentencia de fondo, para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Resulta aplicable la tesis: Tesis: P. LVII/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 180415 9 de 9 Pleno Tomo XX, Octubre de 2004 Pag. 9 Tesis Aislada(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pag. 1902 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, el promovente del amparo reclama el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, en el que se dijo que no ha lugar a tener por interponiendo el recurso de apelación contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el cual no se tuvo a Manuel Guerrero Lazaro, por compareciendo a contestar la demanda, toda vez que la misma fue instaurada en contra de Manuel Guerrero Lazaro, en cuanto albacea de la sucesión a bienes de ********************, no así, en contra de la persona física, por lo que no se le tuvo compareciendo por su propio derecho. Bajo ese contexto, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no le reviste el carácter de definitivo, en razón de que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal, que de momento no tiene sobre la persona del agraviado una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Luego entonces, ese acto de molestia y sus efectos, se traducen en una violación a las leyes del procedimiento que, en su caso, afectan las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución que en su momento llegue a dictar la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, lo que implica que en el caso se está en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no vulnerarse de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el citado juicio ordinario civil de que se trata, de ser contraria a los intereses de la parte quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, se haga valer, considerando que el aquí quejoso es parte formal en ese juicio de origen, al tener el carácter de demandado. Apoya lo anterior, por analogía jurídica, la tesis aislada, con rubro y texto: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SUCONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Así como, por las consideraciones que la sustentan, la tesis siguiente: "AMPARO INDIRECTO, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA DE NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. PORQUE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. El auto que tiene por contestada la demanda de nulidad no es de imposible reparación porque no afecta de manera inmediata derechos sustantivos que sean de la titularidad del quejoso, sino sólo derechos adjetivos o procedimentales que pueden ser analizados en el fallo final del juicio contencioso administrativo y que pueden ser impugnados a través del juicio de amparo directo. En efecto, el auto que tiene por contestada la demanda de nulidad, carece de ejecución de imposible reparación (a la que se refiere la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo como supuesto de procedencia del amparo indirecto), no obstante que ese auto no es recurrible a través de algún medio ordinario de defensa ante la propia responsable, porque el que se tenga por contestada la demanda no produce afectación inmediata a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la transgresión de un derecho adjetivo que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales, que no necesariamente van a ocasionar que el fallo definitivo que deba dictar la responsable sea desfavorable a los intereses del quejoso. Esto es así, si se considera que las violaciones a derechos adjetivos o procesales se dan cuando de admitirse o desecharse la demanda en forma indebida, no se ajustó esta actuación a las formalidades procesales que requiere la ley para tal efecto, lo que demuestra que sólo pueden transgredirse derechos adjetivos y no sustantivos que no van a trascender al fondo de la litis planteada, ni dejan sin defensa al promovente del amparo, porque en términos de la fracción XI del artículo 159, de la Ley de Amparo, si el fallo le es desfavorable, podrá impugnar no sólo éste, sino además la falta de personalidad de la autoridad que dio contestación a la demanda de nulidad correspondiente, a través del juicio de amparo directo, como una violación al procedimiento, por no ajustarse a los preceptos aplicables. De ahí que, se insiste, lo reclamado se trata de violaciones procesales surgidas dentro del juicio, lo que no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo produce efectos de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar en el momento de obtener un fallo favorable; y en caso de no ser así y persistir la transgresión de que se duele el quejoso, puede ser reclamable mediante el correspondiente medio de defensa. Por lo que, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sensu, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por ********************, albacea definitivo dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.****************************************RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, quien manifiesta ser Albacea definitivo dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, contra actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad.****************************************EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado.****************************************De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este.****************************************En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado ****************************************En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ****************************************PREVENCIÓN. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en el artículo 108, fracciones I y V, en relación con el numeral 110 y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece:****************************************"Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su bogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ****************************************II."************************************************************Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda, respecto de lo siguiente:****************************************Acredite con documento idóneo la personalidad que le permita tramitar el presente juicio de amparo en su calidad de Albacea definitivo dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************.****************************************Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de la ley de la materia; pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109, de la ley de la materia.****************************************En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis de jurisprudencia que dispone:****************************************Tesis: P./J. 43/96********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************200084 1 de 1****************************************Pleno********************Tomo IV, Julio de 1996********************Pag. 48********************Jurisprudencia (Común)****************************************************************************************************"PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." ****************************************II. Exprese de manera completa, clara y concreta cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta, completa y ordenada de los hechos previos a la emisión del acto que se duele en la presente instancia constitucional. ****************************************Lo anterior, toda vez que en el capítulo correspondiente a los antecedentes de demanda sólo señala algunos hechos de manera dispersa, empero, no precisa ningún antecedente en relación con el acto reclamado y el juicio de origen; por lo que, dichas manifestaciones no pueden equipararse al requisito de forma, previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo; ya que estos deben precisarse de manera completa, clara, precisa y concreta; a efecto de estar en condiciones de proveer lo conducente. **************************************** Resultan aplicables a lo anterior los siguientes criterios:****************************************Tesis: I.7o.A.100 K********************Semanario Judicial de la Federación y su********************Gaceta********************Novena Época********************175345 1 de 1****************************************Tribunales Colegiados de Circuito********************Tomo XXIII Abril de 2006********************Pag. 990********************Tesis Aislada (Común)********************************************************************************"DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley".****************************************Así como la tesis:****************************************Tesis: VI.1o.19 K********************Semanario Judicial de la Federación ********************Octava Época********************208347 1 de 1****************************************Tribunales Colegiados de Circuito********************Tomo XV-2 Febrero de 1995********************Pag. 301********************Tesis Aislada (Común)********************************************************************************"DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio".****************************************APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.****************************************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma.**************************************** Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.**************************************** También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.**************************************** La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".**************************************** Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo.****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito.****************************************SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. ****************************************PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes:****************************************"COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados."************************************************************DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en ********************. ****************************************AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.****************************************Y como autorizados en términos restringidos del citado artículo, párrafo segundo, ultima parte, de la ley de la materia, a ********************toda vez que no cumplen con dicho requerimiento.****************************************Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: ****************************************Tesis: I.11o.A.4 A********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************175204 1 de 1****************************************Tribunales Colegiados de Circuito********************Tomo XXIII, Abril de 2006********************Pág. 1188********************Tesis Aislada(Administrativa)********************************************************************************"SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". ****************************************HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós.****************************************En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.****************************************CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. ****************************************EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).****************************************TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia********************y Acceso a la Información Pública.****************************************FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.****************************************NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
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