Manuel González Luna
Expediente 753/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 03/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Manuel González Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cinco de agosto de dos mil dieciséis, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de tres de agosto del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa quien sería la única legitimada para tal efecto, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de uno de julio de dos mil dieciséis, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo, una vez transcurrido el plazo de cinco años; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que está a su disposición por un plazo de noventa días, el documento que acompañó a su escrito inicial de demanda; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse a recogerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, por sí y en representación del Director General de la Propiedad Rural, ambos con sede en la Ciudad de México, mediante el cual solicitan se declare que el auto de uno de julio de esta anualidad, por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, ha causado estado. Al efecto, dígase que no ha lugar acordar favorable su petición, pues de las constancias de autos, se advierte que el quejoso fue notificado el once de julio de los corrientes; por tanto, el término para hacer válido el derecho que le concierne, transcurre del trece de julio al dos de agosto del presente año.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual adjunta el original del juicio de amparo indirecto 753/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, así como también remite testimonio de la resolución emitida en los autos del incidente de inejecución de sentencia 8/2016, de la estadística de ese Órgano Colegiado, en sesión celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, en el que se declaró sin materia el incidente de inejecución de sentencia 8/2016, derivado del juicio de amparo indirecto antes referido; de lo que se toma conocimiento. Asimismo, intégrese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del incumplimiento de la ejecutoria, previo desglose de las copias que se obtuvieron para formarlo, toda vez que obran los originales en autos y es innecesaria su conservación.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el seis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de uno de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: El treinta y uno de julio de dos mil quince, se engrosó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección a Manuel González Luna. En auto de once de septiembre de dos mil quince, se tuvo al Director General Adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, interponiendo recurso de revisión contra dicha sentencia. Mediante ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, confirmó la sentencia recurrida, por lo que, en auto de quince de marzo de esta anualidad, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural y Delegado Estatal, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asimismo, se requirió a la Directora General de Coordinación de Delegaciones y Subsecretario de Ordenamiento Territorial, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en su calidad de superiores jerárquicos, ordenaran a sus subalternos cumplir con la ejecutoria de amparo. En auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, se tuvo al Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remitiendo copia certificada del acuerdo de diecinueve de abril de los corrientes, firmado por la Directora General Adjunta de Regularización de Propiedad Rural, en ausencia del Director General de la Propiedad Rural; en el cual se ordena el archivo de la solicitud de enajenación realizada por la parte quejosa relativa al predio denominado "Los Cinco Hermanos", así como de las constancias de notificación al quejoso. Por resolución de seis de mayo de esta anualidad, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia correspondiente y se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables, cumplir con la ejecutoria de amparo. En auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, se tuvo de nueva cuenta a la Directora General Adjunta de Regularización de Propiedad Rural, por sí y en ausencia del Director General de la Propiedad Rural, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remitiendo copia certificada de un nuevo acuerdo, fechado el veinticinco de mayo de los corrientes, firmado por la Directora General Adjunta de Regularización de Propiedad Rural, por sí y en representación del Director General de la Propiedad Rural; en el cual se dejaron insubsistentes los acuerdos de archivo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce y diecinueve de abril de dos mil dieciséis, determinando la continuación del trámite de la solicitud de enajenación realizada por la parte quejosa relativa al predio denominado "Los Cinco Hermanos", por lo que con dichas constancias se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su derecho corresponda. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar nuevamente si la sentencia de amparo está o no cumplida, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. La Superioridad confirmó la concesión de amparo, para los efectos siguientes: "1. Dejen sin efecto el acuerdo de archivo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce. 2. Emitan otro en el que, de manera completa, fundamente su competencia para emitir el acuerdo correspondiente. La concesión del amparo se hace extensiva al acto reclamado al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, consistente en la notificación del acuerdo de archivo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, pues no se expusieron conceptos de violación en su contra." Ahora, según se precisó desde el acuerdo de seis de mayo del presente año, en el que se declaró incumplida la ejecutoria, el punto medular de la concesión partió de la falta de fundamentación en la competencia planteada por las autoridades responsables para emitir el acuerdo de archivo respecto de la enajenación hecha valer por el aquí quejoso, tal y como se precisó en los siguientes términos: "[.] Sin embargo, dicha fundamentación resulta insuficiente para justificar la competencia de la autoridad responsable, pues el artículo 22, fracción XV, incisos a) y c), del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, solo dispone que corresponde at Director de la Propiedad Rural -una de las autoridades v responsables signantes del acuerdo de archivo reclamado-la localización de los terrenos baldíos y verificar, de oficio o a petición de partes las posesiones que existen en ellos, así como la inscripción de los terrenos nacionales en el Registro Agrario Nacional y Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, pero no que tenga la facultad de emitir el acuerdo de archivo o de improcedencia. Lo precedente se corrobora, con la circunstancia de que en Acuerdo publicado el uno de agosto de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación [Acuerdo que no se citó en el acto reclamado], el Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reconoció que las facultades para emitir los acuerdos de improcedencia a las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales, no se encontraban conferidas expresamente en el Reglamento Interior de la Secretaria mencionada, ni siquiera en el artículo 22, fracción V, inciso f), de dicho Reglamento; de ahí que con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica fue que el Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió el Acuerdo en comento, en cuyo punto primero expresamente delegó en el Titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, la facultad de emitir los acuerdos de improcedencia, a las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales, mientras tanto en el punto segundo dispuso que pata tal efecto los acuerdos también estarían asistidos por la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural." [lo sombreado es propio] Esto es, se destacó la ausencia del acuerdo delegatorio de uno de agosto de dos mil trece en la fundamentación y motivación de la competencia de las autoridades responsables al emitir el acuerdo de archivo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce. Por tanto, en el referido auto que ordenó la remisión del expediente a la Superioridad, se precisó: "De lo anterior se advierte que, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la responsable citó artículos de múltiples legislaciones, empero, -en particular- omitió pronunciar el Acuerdo publicado el uno de agosto de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, el cual precisa la facultad que se le otorga a la Secretaría por conducto de la Dirección General que corresponda, cuyo primer y segundo punto refieren: "PRIMERO. Se delega en el Titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, la facultad de emitir acuerdos de improcedencia, a las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales que se presenten ante esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEGUNDO. Cuando exista solicitud de enajenación de algún presunto terreno nacional, y en términos del Título Cuarto del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se determine la improcedencia de su enajenación, la Delegación Estatal de esta Dependencia del Ejecutivo Federal que conozca del asunto, deberá emitir opinión por escrito al respecto y remitir inmediatamente a la Dirección General de la Propiedad Rural, el expedientillo integrado con motivo de la solicitud, adjuntando las constancias registrales y técnicas obtenidas, a fin de que dicha Dirección General, asistida por la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural y previa consulta a la Unidad de Asuntos Jurídicos, sea quien emita el Acuerdo de improcedencia correspondiente, considerando en el mismo, la opinión de la Delegación Estatal y la de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ordenando el archivo del expediente como asunto totalmente concluido." Al respecto, la autoridad Directora General Adjunta de Regularización de Propiedad Rural, por sí y en representación del Director General de la Propiedad Rural, en cumplimiento al fallo protector, mediante oficio REF.I.110/A/D/13206/2016, remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco de mayo de los corrientes; en el cual se dejaron insubsistentes los acuerdos de archivo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce y diecinueve de abril de dos mil dieciséis, y se determinó la continuación del trámite de la solicitud de enajenación realizada por la parte quejosa relativa al predio denominado "Los Cinco Hermanos", así como del oficio por el cual se ordena al Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la notificación al quejoso Manuel González Luna. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En efecto, de la lectura del nuevo acuerdo pronunciado el veinticinco de mayo del presente año en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que en el considerando cuarto del referido acuerdo se estableció lo siguiente: "IV.- Que como parte del cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 753/2014, por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quedando determinada en el Considerando anterior la insubsistencia de los mencionados Acuerdos de Archivo de fechas 26 de septiembre de 2014 y 19 de abril de 2016, relativos al predio "LOS CINCO HERMANOS" y tomando en cuenta que esta Secretaría debe dictar un nuevo Acuerdo, en el que fundamente su competencia en la norma que la faculta para ello, en continuación del procedimiento, resulta procedente pronunciarse en el siguiente sentido: [.] ...no obstante que se argumentó que la facultad de la Dirección General de la Propiedad Rural para administrar los terrenos nacionales, prevista en el artículo 22, fracción XV, inciso f) del Reglamento Interior de esta Secretaría, se complementa con la establecida en el artículo 13, fracción III, del mismo ordenamiento, ya que faculta al Director General de la Propiedad Rural, para "...suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones.". [.] Los acuerdos de archivo [.] no pueden fundarse en el referido Acuerdo Delegatorio de Facultades para la emisión de Acuerdos de Improcedencia, en virtud de que dicho Acuerdo prevé su aplicación, en los casos en que agotadas las etapas de investigación de antecedentes registrales y de trabajos técnicos correspondientes previstos en el Título Cuarto del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, contando con la opinión por escrito de la Delegación Estatal y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría..." [.] .NO RESULTANDO EN CONSECUENCIA PROCEDENTE, FUNDAR LOS ACUERDOS DE ARCHIVO QUE SE EMITEN EN TÉRMINOS DE LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, EN EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES PARA LA EMISIÓN DE ACUERDOS DE IMPROCEDENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1° DE AGOSTO DE 2013." Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, ello en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De la transcripción anterior se advierte que la autoridad responsable Directora General Adjunta de Regularización de Propiedad Rural, por sí y en representación del Director General de la Propiedad Rural, determinó improcedente cumplir con la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil quince, confirmada por la Superioridad en ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mi dieciséis, respecto de la fundamentación de su competencia conforme al Acuerdo Delegatorio, publicado el uno de agosto de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación; motivo por el cual optó por revocar el archivo del expediente agrario y ordenar la continuación de dicho procedimiento. Ahora, al margen de que dichos argumentos resultan inatendibles, pues debieron ser materia del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia pronunciada en el presente juicio; lo cierto es que las autoridades responsables, al determinar la continuación del trámite de la solicitud de enajenación de terrenos nacionales promovida por el quejoso, le restituyeron su derecho fundamental que había sido vulnerado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo. La anterior determinación, hágase de conocimiento a la Superioridad por oficio vía fax para los efectos legales correspondientes.
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