Manuel Ezequiel Cámara Bellos

Expediente 116/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
116/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Manuel Ezequiel Cámara Bellos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa, quien sería la única legitimada, le transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de mayo del año en curso, en la que se negó el amparo solicitado; sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA EJECUTORIADA, para todos los efectos legales. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración una vez transcurrido cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 116/2019 promovido por *****contra actos de la Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otra autoridad; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve [fojas 2 a 10], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad,*****por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuyó a la Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otra autoridad; que hizo consistir en lo siguiente: "*****" Actos que el peticionario de amparo consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve [fojas 11 a 148], este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente compete, también se ordenó el emplazamiento a juicio de la tercera interesada *****en representación del menor de identidad reservada, que tuvo lugar el veintiuno de febrero de la presente anualidad y, por último, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede a la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de esta jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: El acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, dentro de los autos del expediente *****, a través del cual, ordenó el descuento del veinticinco por ciento de forma quincenal del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga el quejoso por concepto de pensión alimenticia, en favor del menor acreedor. TERCERO. Existencia del acto. Al rendir informe la Juez Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial [foja 51], manifestó ser cierto el acto que el quejoso le tribuye, y señaló que efectivamente, el treinta de enero de la presente anualidad, dictó el acuerdo que se combate en este juicio, lo cual, constituye una confesión que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y hace patente la existencia del acto materia de este juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que obran en el expediente ****relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de paternidad del índice de la autoridad responsable, que adjuntó para justificar su informe, de las que se aprecia el auto reclamado en esta instancia y su relativa notificación publicad en los estrados de aquél órgano [foja 65]. Constancias que tienen eficacia probatoria plena en términos de los arábigos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentales públicas surgidas y emitidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y, por ende, cobran valor probatoria plena respecto de su contenido y alcance. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni opera alguna que debiera hacerse de oficio; por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 63 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Octava Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Conceptos de violación. Al no existir ninguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que deba estudiarse de oficio, corresponde realizar el análisis del acto bajo la luz de los conceptos de violación que en su caso, se hubieran formulado, sin necesidad de transcribirlos, toda vez que la Ley de Amparo no contiene precepto alguno que lo establezca como obligación, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de Mayo de 2010, de la Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Analizados en su conjunto los conceptos de violación propuestos por el quejoso, el suscrito juzgador, advierte que son infundados. En síntesis, el quejoso manifestó: Que se viola en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al haber otorgado la Juez Familiar su apellido al menor cuando no se ha determinado mediante sentencia firme que sea su hijo. Que resulta violatorio de sus derechos fundamentales el acuerdo combatido, ya que la Juez ordenó el descuento de su sueldo, sobresueldo y demás prestaciones, sin que la sentencia por cual se impuso la pensión alimenticia, esté previamente firme, esto, porque afirma, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Como antecedentes del caso, se tiene lo siguiente: En sentencia de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente****relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de paternidad, la Juez Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, resolvió en lo conducente: "RESUELVE: PRIMERO. HA PROCEDIDO el Juicio Ordinario Civil de RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD promovido por la ciudadana *****, en representación de su menor hijo ****, por las razones expuestas en el considerando último de esta definitiva. SEGUNDO.- SE RECONOCE al ciudadano ***** como padre del menor **** nacido el veinticinco de mayo del año dos mil once quien debe usar el apellido paterno correspondiente. TERCERO.- AL CAUSAR EJECUTORIA la presente sentencia definitiva, GÍRESE atento OFICIO al OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, juntamente con copia autorizada de la misma, para que se sirva hacer las anotaciones marginales correspondientes en el acta de nacimiento número *****, del libro 0003, tomo 3, a foja ****de fecha de registro diez de febrero de dos mil quince, en el que deberá agregar en la sección de datos del registrado, en el primer apellido, debiendo decir ***** en lugar de *****, y en el segundo apellido ***** en lugar de **** quedando correctamente inscrito el menor con el nombre **** en sustitución de ****; igualmente procédase a hacer la anotación en el apartado de DATOS DE LOS PADRES, testado actualmente, en el que se deberá agregar el nombre del padre; debiendo decir*****de nacionalidad Mexicana. De igual forma devuélvase los documentos exhibidos previa constancia de recibo que obre en autos y archívese el presente asunto como totalmente concluido. CUARTO.- Se condena al ciudadano *****al pago de los ALIMENTOS consistente en el VEINTICINCO POR CIENTO QUINCENAL del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga a favor de su menor hijo ****, en consecuencia, GÍRESE atento OFICIO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y/O SUBDELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN ESTA CIUDAD; para que a partir de que reciba el presente oficio, PROCEDA A DESCONTAR al ciudadano ***** como empleado de dicha institución en concepto de pensión alimenticia definitiva el VEINTICINCO POR CIENTO QUINCENAL, del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga a favor de su menor hijo ****, y cuyo importe deberá ser entregado a la ciudadana *****en representación de su menor hijo, previa identificación de su persona o bien consignarla en EL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ubicado en Avenida Flamboyan, número 250 entre Machiche y Chicozapote de la Colonia Arboledas, de esta ciudad, para su pago; apercibido que de no dar cumplimiento a lo antes ordenado, podrá ser sancionado imponiéndosele una multa consistente en veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, misma que corresponde a la cantidad de $1,612.00 (MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), tal y como lo establece los artículos 863 y 865 del Código Civil vigente en el Estado. QUINTO. Se DECLARA que el menor ****, queda en poder y bajo la CUSTODIA definitiva de la Ciudadana *****conservando ambos progenitores la PATRIA POTESTAD sobre el menor en mención. SEXTO. Se CONDENA al PAGO RETROACTIVO DE LOS ALIMENTOS al ciudadano *****a favor de su menor hijo ****que van desde su nacimiento al veinticinco de mayo del do mil once, hasta que cause ejecutoria la sentencia definitiva, en razón del VEINTICINCO POR CIENTO QUINCENAL del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga el demandado y que deberá ser pagado en su totalidad y cuantificado en la etapa de ejecución de sentencia. SÉPTIMO. No se condena al PAGO DE GASTOS Y COSTAS del presente juicio." [En la transcripción, se suprimieron los datos sensibles del menor] Contra dicho fallo, el aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, que fue proveído en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho por la responsable en los siguientes términos: "JUZGADO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. Por presentado el ciudadano MANUEL EZEQUIEL CÁMARA BELLOS, con su escrito de cuenta, haciendo manifestaciones, atento a lo anterior la ciudadana JUEZ ACUERDA: Agréguese a los autos los escritos de cuenta para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los artículos 593, 594, 595, 596, 599, 600, 609 y 613 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se tiene al ciudadano *****, interponiendo el Recurso de Apelación en AMBOS EFECTOS por lo que se refiere el reconocimiento de y en el EFECTO DEVOLUTIVO en cuanto a los alimentos en contra de la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. En su oportunidad, remítase al honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, el presente expediente para la substanciación del recurso de apelación hecho valer. [.]" Luego, con motivo de la promoción presentada por la tercero interesada ****en fecha treinta de enero de la presente anualidad, la responsable determinó ordenar el descuento del veinticinco por ciento del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga el quejoso *****como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo acreedor alimentario, que constituye el acto reclamado. Bien, como quedó resumido con antelación, la queja toral del peticionario estriba en que la responsable ejecutó la sentencia que contiene la condena de alimentos sin que previamente estuviera firme, ello en virtud del recurso de apelación que contra dicha sentencia interpuso. Al respecto, el artículo 596 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, dispone que el recurso de apelación, procede en un sólo efectos o en ambos, mientras que el diverso 597 de la propia codificación estatuye que la apelación admitida en un solo efecto no suspende la ejecución del auto o sentencia. Conforme a dicho precepto, cualquiera que sea la determinación apelada, si éste, es admitida en un sólo efecto o efecto devolutivo, como también se le conoce; la ejecución del acto combatido no se interrumpe, justamente porque la jurisdicción no se traslada a la Alzada, sino, queda con la de primera instancia que lo emitió para su ejecución. Lo anterior, así lo previó el poder constituyente local en la redacción de la segunda parte del numeral citado en último término, en la que dispuso que si la determinación apelada es la sentencia definitiva, se dejará en el juzgado copia certificada de la misma para poder ejecutarla; y remitirla, en su caso, los autos originales al Tribunal Superior para la substanciación del recurso. Por ello, y como vemos en los antecedentes, si bien es cierto la sentencia germen de la condena alimentaria fue oportunamente recurrida por el quejoso *****lo es también que el trámite que la responsable dio a este medio de impugnación, fue en el efecto devolutivo, de suerte que la instancia no se trasladó a la Alzada, más bien, siguió con la jurisdicción la Juez Familiar responsable para llevarla a ejecución. De tal forma que si el medio de impugnación que el condenado elevó contra la sentencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se tramitó en el efecto devolutivo - por lo que concerniente a los alimentos -, ningún impedimento tenía la Juez responsable de ejecutarla, ya que no suspendió su ejecución, por lo que se estima correcto que accediera a la petición de la progenitora del menor acreedor de ejecutar dicho fallo. Por analogía, se trae a consulta la jurisprudencia 1a./J. 71/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, Tomo XIV, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto siguientes: "APELACIÓN ADMITIDA POR EL JUEZ A QUO SÓLO EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. PROCEDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA APELADA AUNQUE NO SE TRATE DE UN ACTO DEFINITIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Cuando se admita el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia solamente en el efecto devolutivo, es posible ejecutar la sentencia recurrida aunque no se tenga conocimiento de la decisión de grado, pues conforme a lo previsto en el artículo 442 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuando la apelación sea admitida únicamente en dicho efecto, no se suspende el procedimiento ni la ejecución de la resolución apelada, siempre y cuando el actor otorgue fianza con el objeto de asegurar la devolución de las cosas, frutos e intereses, así como la indemnización por daños y perjuicios, para el caso de que el tribunal ad quem revoque la sentencia apelada. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que el auto por medio del cual se admitió la apelación no sea definitivo, sino hasta que lo confirme el tribunal de apelación, pues la privación de los bienes en litigio, tampoco es definitiva, en virtud de que la caución que fije el Juez al actor a fin de poder ejecutar la sentencia de primer grado, comprenderá la devolución de la cosa o cosas que debe percibir, sus frutos e intereses y la citada indemnización si la resolución se revoca, es decir, si la sentencia del tribunal de alzada fuese favorable al demandado, el actor tendría obligación de devolver el bien en litigio a su contraparte, por lo que no se deja sin materia la segunda instancia al efectuar la ejecución de sentencia, ni se priva en definitiva al demandado de su posesión." Aunado, los alimentos, son una cuestión de orden público que deben ser satisfechos inmediatamente por quien recae la obligación de darlos, sin imponer, para su eficacia, obstáculos que pongan en riesgo la subsistencia del acreedor alimentario, máxime tratándose de menores, que constituye precisamente el derecho alimentario, una de las vertientes del interés superior a que se contrae el numeral 4º de la Carta Magna. Orienta lo anterior la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 720, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se transcribe en seguida: "ALIMENTOS. SON UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y DEBEN SER SATISFECHOS INMEDIATAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El espíritu que animó al legislador para conservar la regulación de los alimentos en un lugar privilegiado de la ley, obedeció a que quiso evitar, en lo posible, cualquier táctica tendiente a entorpecer o dilatar el cumplimiento del deudor alimentista en la satisfacción de los alimentos para sus hijos; necesidad que debe procurarse satisfacer inmediatamente con las bases que se obtengan en el juicio de primera instancia, pero no esperar a que se aporten en ejecución de sentencia para cuantificar la pensión definitiva por el citado concepto; de ahí que con mayor razón la responsable debe fijar en la sentencia el monto de la pensión por alimentos que se reclamen al deudor alimentario." Así como la diversa tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 788, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor literal siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. El principio del interés superior del menor como norma de procedimiento, en términos del 4º Constitucional, obliga a que siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en éstos. De esa forma, los Jueces están facultados y, en ciertas circunstancias, obligados a actuar y pronunciarse de oficio cuando en las decisiones a su cargo se encuentra en juego el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de hacer efectivos sus derechos, y de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como sus necesidades físicas, alimentarias, afectivas, físicas, entre otros. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Encuentra apoyo lo anterior en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1398, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Época: Décima Época, Registro: 2008547, que se transcribe: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores." Concretamente, el artículo 4º de la Carta Magna, en su párrafo noveno, establece como obligación de los Estados, a actuar en protección al principio del interés superior de los menores. Dicho precepto establece: "Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [.]" Entonces, ese interés superior de la niñez, actualiza el deber constitucional de todas las autoridades del Estado, incluidos los juzgadores, de garantizar la protección de sus derechos. Circunstancias que justifican plenamente la actuación de la Juez responsable al llevar a ejecución la sentencia, ya que como se adelantó, el tema de los alimentos son de orden público y por ello debe garantizarse para quien los necesita sin mayores formalidades impeditivos, a fin de no poner en riesgo su subsistencia. Máxime, la apelación a que se refiere el quejoso en sus conceptos de violación, y sobre la que hace descansar su argumento, fue resuelta por la Alzada el siete de marzo pasado, según se desprende de las constancias que allegó a este sumario la Juez Familiar responsable, de la que se desprende que confirmó la sentencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que da origen a la obligación alimentaria. Por todo ello, es que se estima que los conceptos de violación expuestos por el quejoso, son como se adelantó, infundados y por ende, la decisión de la Juez en ordenar el descuento del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo, fue correcta, pues, no sólo porque se lo permitía la norma, sino, que actúo en protección al interés superior del menor, esto es, su derecho a recibir alimentos a cargo de su progenitor. Congruente con los razonamientos expuestos, lo que procede es negar al quejoso *****el amparo y protección de la justicia de la unión contra el acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve dictado dentro de los autos del expediente ****por la Juez Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director de Recursos Humanos y Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que no fueron combatidos por vicios propios, sino en vía de secuela. Al respecto tiene aplicación la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que versa: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***** contra el acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente ****por la Juez Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo.

  3. Principal

    CITATORIO. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***** contra el acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente ****por la Juez Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en atención al diverso 10523/2019 de once de los actuales, informa que la calificativa que atribuyó la alzada en el recurso de apelación de que se trata, fue admitido en los mismos términos pronunciados en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el cual que fue confirmado en resolución de siete de marzo de dos mil nueve por la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chetumal, Quintana Roo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental consistente en: Copia certificada de diversas constancias que integran el expediente ****de su índice. Lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

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