Manuel Forcelledo Nader

Expediente 693/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
693/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Manuel Forcelledo Nader

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de noviembre de dos mil veinte. Interposición de recurso de queja. Visto el escrito de *** mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original, así como el expediente en que se actúa. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del escrito de agravios, así como el auto que al efecto se emite. Notifíquese.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Se recibe resolución de conflicto competencial: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de octubre del año en curso en el conflicto competencial 7/2020 de su índice, de cuyo contenido se advierte que el referido tribunal colegiado determinó que este juzgado de distrito es el órgano competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por conducto de su defensor particular *** atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de mérito. Al respecto, acúsese el recibo de estilo respectivo. Se ordena glosar cuaderno de antecedentes: Vista la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el conflicto competencial 7/2020 de su índice y a fin de evitar la repetición innecesaria de las constancias que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar al presente expediente únicamente las constancias originales y los acuerdos conducentes dictados dentro del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del proveído de veinte de agosto de dos mil veinte -no acepta competencia-, a efecto de que obren como legalmente corresponda. Desechamiento: Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El marco normativo que rige el desechamiento de plano de la demanda se ubica en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará la demanda y la desechará si estima actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Por manifiesto e indudable se entiende aquello que se advierte en forma clara y patente; resulta obvio, es innegable e indiscutible y su existencia no puede sustentarse en una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causa de improcedencia respectiva se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo en que el juzgador se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa no implica que dicho estudio se encuentre vedado, siempre que la improcedencia resulte clara y manifiesta dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican. En el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés para controvertir los actos que reclama. Para mejor comprensión de la causa de improcedencia invocada, es conveniente analizar el sistema consagrado en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." LEY DE AMPARO "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Los preceptos transcritos permiten arribar a la conclusión de que el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. Al respecto, es conveniente apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente la causa de improcedencia que nos ocupa, señalando para tal efecto que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de amparo requiere la demostración de un interés jurídico que tiene una intensidad mayor al interés legítimo. Por su parte, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. El interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En suma, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emita, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones; esto es, tratándose del interés jurídico, debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditar: a) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Al respecto, es ilustrativa la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Establecido lo anterior, es menester precisar que tal como lo definió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2020, los actos que se reclaman en este juicio consisten en "(.) la indebida designación y permanencia de un juez de lo penal, así como la omisión de no verificar oportunamente que contara con los requisitos legales para fungir en ese puesto (.)" y, respecto de las actuaciones del juicio penal, el citado órgano colegiado determinó que "(.) no son reclamadas por vicios propios, sino que se hace depender su inconstitucionalidad de la que derive de los actos administrativos reclamados (.)" Asimismo, es pertinente acotar que el quejoso no controvierte tales actos desde la perspectiva de un ciudadano en general sino con motivo del carácter de procesado que le asiste en la causa penal *** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula Puebla. Bajo ese panorama, este juzgado federal encuentra que el quejoso carece de interés jurídico para controvertir los actos reclamados que se hicieron consistir en la indebida designación y permanencia de un juez de lo penal, así como la omisión de no verificar oportunamente que contara con los requisitos legales para fungir en ese puesto, en la medida que sus pretensiones están encaminadas a plantear argumentos de incompetencia de origen, siendo que los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada. Para profundizar en el concepto de incompetencia de origen es oportuno traer a colación algunos de los argumentos que sostuvo el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver el amparo en revisión 699/2000. En ese precedente, se determinó que las cuestiones relativas a la legitimidad de los funcionarios públicos o a la manera como se habían incorporado a la función pública -su designación o nombramiento- no son susceptibles de ser analizadas en el juicio de amparo, tal como enseguida se advierte: "(.) En efecto, los planteamientos de los quejosos en el sentido de controvertir la designación de magistrados está afectada de una carencia de interés jurídico pues es evidente que sus pretensiones militan en el sentido de plantear argumentos de incompetencia de origen. La noción de incompetencia de origen, nació hacia la segunda mitad del siglo pasado, para significarse con ella los problemas que entrañaban la ilegitimidad de autoridades locales, (presidentes municipales, magistrados y jueces, así como gobernadores) por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección para desempeñar cargos públicos. Las razones aducidas para distinguirla de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos autoritarios, fueron que el conocimiento de aquellas cuestiones por los tribunales federales se traduciría en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. La noción de incompetencia de origen así limitada en principio al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo, sin embargo, extensiva -por la fuerza de la tradición en el lenguaje forense- a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente inclusive al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública. Así, se introduce una distinción esencial entre la llamada "incompetencia de origen" y la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios "de jure" se ha creado una teoría de los funcionarios "de facto", esto es, aquéllos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. El examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial: mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este sentido, el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa. Por lo tanto, ni los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o incluso sin investidura alguna (.)" De la ejecutoria transcrita derivó la tesis publicada en la página 5, tomo XXII, noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La noción de "incompetencia de origen" nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular." Como puede advertirse de la ejecutoria y tesis transcritas, el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad puede formularse desde dos ópticas distintas: i) competencia y ii) legitimidad. Así, las cuestiones relativas a la competencia de un órgano implican el análisis de los límites dentro de los que éste puede actuar frente a terceros, conforme al cúmulo de facultades que le son atribuidas por las disposiciones normativas. Por su parte, la legitimidad estudia la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica. En ese sentido, el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal se limita a la actuación de la autoridad frente a los particulares, es decir, a determinar si su actuación se ubica dentro del cúmulo de facultades que le son conferidas por las disposiciones legales conducentes; sin que pueda analizarse bajo la óptica de la disposición constitucional señalada la cuestión atinente a la legitimidad de un funcionario ni a la manera en que se incorpora a la función pública, pues el derecho fundamental a la legalidad no tiene el alcance de fungir como un medio de control interno de la organización administrativa, pues ello implicaría una injustificada intervención en la autonomía del poder ejecutivo, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Por lo tanto, el quejoso carece de interés jurídico para controvertir los actos reclamados que se hicieron consistir en la indebida designación y permanencia de un juez de lo penal, así como la omisión de no verificar oportunamente que contara con los requisitos legales para fungir en ese puesto, en la medida que sus pretensiones están encaminadas a plantear argumentos de incompetencia de origen, siendo que los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada. Sirven de apoyo a las consideraciones vertidas, los siguientes criterios que al respecto ha emitido la SCJN: "PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. LA DEL APODERADO DESIGNADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO, SIN NECESIDAD DE COMPROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR QUE LO SUSCRIBE. El oficio que contiene la designación de apoderados por parte del titular de un ente o dependencia oficial para que lo represente en el juicio laboral burocrático en el que es parte, constituye un documento público que, salvo prueba en contrario, hace fe en el juicio en el que se presenta, sin necesidad de legalización, lo cual significa que no se requiere de la comprobación del nombramiento del titular que lo expide, en tanto que al emanar de una autoridad que actúa en el ámbito de su competencia, es decir, en ejercicio de sus funciones, como titular que lo expide (o como autoridad facultada para realizar la certificación respectiva), el acto en él contenido se encuentra investido del principio de presunción de legalidad y, por ello, hace prueba plena lo afirmado en él por la autoridad que lo suscribe, siempre que no sea desvirtuado por otros elementos de convicción. Lo anterior da sentido a la disposición del legislador ordinario de exigir del titular la sola emisión del referido oficio, cuando en uso de la facultad que le confiere la ley designa apoderados que lo representen en los juicios laborales burocráticos en los que es parte." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN, GARANTÍA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. El artículo 14 constitucional al referirse a la "autoridad competente" no establece como garantía individual, la necesidad de que las autoridades hayan sido nombradas con arreglo a la ley respectiva; por lo que cualquier vicio que tenga el nombramiento de una autoridad, no implica la violación de garantías por cualquier acto que cometa en contra de un particular, ni todos los actos de dicha autoridad son ilegales y carecen de valor." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. En el juicio de garantías, solo deben combatirse actos de autoridad, y por lo mismo no deben atacarse las incompetencias de origen, pues la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas que incumben constitucionalmente a otros poderes, y en el caso, si se declarara que la autoridad señalada como responsable, propiamente no es autoridad, el amparo interpuesto contra sus actos resultaría notoriamente improcedente." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, uniformemente, que el juicio de amparo es ineficaz para investigar la incompetencia de origen de las autoridades responsables, toda vez que la única competencia protegida por medio del juicio de garantías, es la constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de las atribuciones de los diversos poderes; pero de ninguna manera puede dilucidarse, mediante el ejercicio de la acción constitucional, la cuestión de la existencia o inexistencia de una autoridad o la de su legítima integración." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional y por medio de decisiones de un poder que, como el judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la existencia de poderes que deben ser independientes de él." Así como el criterio que al respecto también sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. NOCIÓN Y DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La noción de incompetencia de origen, nació hacia la segunda mitad del siglo pasado, para significarse con ella los problemas que entrañaban la ilegitimidad de autoridades locales, (presidentes municipales, magistrados y jueces, así como gobernadores) por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección para desempeñar cargos públicos. Las razones aducidas para distinguirla de las irregularidades examinadas en el rubro de competencia del artículo 16 constitucional, fueron que el conocimiento de aquellas cuestiones por los tribunales Federales se traduciría en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política, la noción de incompetencia de origen así limitada en principio al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo sin embargo extensiva - por la fuerza de la tradición en el lenguaje forense- a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente inclusive al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a la función pública. Así, se introduce una distinción esencial entre la llamada "incompetencia de origen" y la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios "de jure" se ha creado una teoría de los funcionarios "de facto", esto es, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. El examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial: mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este sentido, el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa. Por lo tanto, ni los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contencioso-administrativa federal, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, reproducido en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o incluso sin investidura alguna." No se soslaya que la SCJN ha establecido que, por regla general, el auto inicial no siempre es el momento idóneo para definir si el quejoso carece o no de interés para controvertir los actos que reclama. Sin embargo, como antes se anticipó, en este caso la actualización de la causa de improcedencia se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que no se requiere hacer un análisis profundo, pues tan sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, a través de los cuales la SCJN ha determinado que los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada y esta posición no podría ser modificada por los elementos probatorios que alleguen las partes durante el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos administrativos reclamados, también esa misma causa de improcedencia opera atinente a las actuaciones del proceso penal seguido en contra del quejoso, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2020, precisó que no se reclaman por vicios propios y, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley respecto del acto y autoridades señaladas. Consulta electrónica. ***. Al respecto, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario *** que corresponde a ***, autorizada para oír y recibir notificaciones y para imponerse de los autos de la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en los artículos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el diverso 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico en línea. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Se recibe resolución de conflicto competencial: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de octubre del año en curso en el conflicto competencial 7/2020 de su índice, de cuyo contenido se advierte que el referido tribunal colegiado determinó que este juzgado de distrito es el órgano competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por conducto de su defensor particular *** atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de mérito. Al respecto, acúsese el recibo de estilo respectivo. Se ordena glosar cuaderno de antecedentes: Vista la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el conflicto competencial 7/2020 de su índice y a fin de evitar la repetición innecesaria de las constancias que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar al presente expediente únicamente las constancias originales y los acuerdos conducentes dictados dentro del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del proveído de veinte de agosto de dos mil veinte -no acepta competencia-, a efecto de que obren como legalmente corresponda. Desechamiento: Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El marco normativo que rige el desechamiento de plano de la demanda se ubica en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará la demanda y la desechará si estima actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Por manifiesto e indudable se entiende aquello que se advierte en forma clara y patente; resulta obvio, es innegable e indiscutible y su existencia no puede sustentarse en una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causa de improcedencia respectiva se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo en que el juzgador se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa no implica que dicho estudio se encuentre vedado, siempre que la improcedencia resulte clara y manifiesta dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican. En el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés para controvertir los actos que reclama. Para mejor comprensión de la causa de improcedencia invocada, es conveniente analizar el sistema consagrado en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." LEY DE AMPARO "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Los preceptos transcritos permiten arribar a la conclusión de que el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. Al respecto, es conveniente apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente la causa de improcedencia que nos ocupa, señalando para tal efecto que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de amparo requiere la demostración de un interés jurídico que tiene una intensidad mayor al interés legítimo. Por su parte, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. El interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En suma, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emita, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones; esto es, tratándose del interés jurídico, debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditar: a) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Al respecto, es ilustrativa la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la SCJN: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Establecido lo anterior, es menester precisar que tal como lo definió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2020, los actos que se reclaman en este juicio consisten en "(.) la indebida designación y permanencia de un juez de lo penal, así como la omisión de no verificar oportunamente que contara con los requisitos legales para fungir en ese puesto (.)" y, respecto de las actuaciones del juicio penal, el citado órgano colegiado determinó que "(.) no son reclamadas por vicios propios, sino que se hace depender su inconstitucionalidad de la que derive de los actos administrativos reclamados (.)" Asimismo, es pertinente acotar que el quejoso no controvierte tales actos desde la perspectiva de un ciudadano en general sino con motivo del carácter de procesado que le asiste en la causa penal *** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula Puebla. Bajo ese panorama, este juzgado federal encuentra que el quejoso carece de interés jurídico para controvertir los actos reclamados que se hicieron consistir en la indebida designación y permanencia de un juez de lo penal, así como la omisión de no verificar oportunamente que contara con los requisitos legales para fungir en ese puesto, en la medida que sus pretensiones están encaminadas a plantear argumentos de incompetencia de origen, siendo que los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada. Para profundizar en el concepto de incompetencia de origen es oportuno traer a colación algunos de los argumentos que sostuvo el Tribunal Pleno de la SCJN al resolver el amparo en revisión 699/2000. En ese precedente, se determinó que las cuestiones relativas a la legitimidad de los funcionarios públicos o a la manera como se habían incorporado a la función pública -su designación o nombramiento- no son susceptibles de ser analizadas en el juicio de amparo, tal como enseguida se advierte: "(.) En efecto, los planteamientos de los quejosos en el sentido de controvertir la designación de magistrados está afectada de una carencia de interés jurídico pues es evidente que sus pretensiones militan en el sentido de plantear argumentos de incompetencia de origen. La noción de incompetencia de origen, nació hacia la segunda mitad del siglo pasado, para significarse con ella los problemas que entrañaban la ilegitimidad de autoridades locales, (presidentes municipales, magistrados y jueces, así como gobernadores) por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección para desempeñar cargos públicos. Las razones aducidas para distinguirla de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos autoritarios, fueron que el conocimiento de aquellas cuestiones por los tribunales federales se traduciría en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. La noción de incompetencia de origen así limitada en principio al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo, sin embargo, extensiva -por la fuerza de la tradición en el lenguaje forense- a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente inclusive al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública. Así, se introduce una distinción esencial entre la llamada "incompetencia de origen" y la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios "de jure" se ha creado una teoría de los funcionarios "de facto", esto es, aquéllos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. El examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial: mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este sentido, el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa. Por lo tanto, ni los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o incluso sin investidura alguna (.)" De la ejecutoria transcrita derivó la tesis publicada en la página 5, tomo XXII, noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La noción de "incompetencia de origen" nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular." Como puede advertirse de la ejecutoria y tesis transcritas, el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad puede formularse desde dos ópticas distintas: i) competencia y ii) legitimidad. Así, las cuestiones relativas a la competencia de un órgano implican el análisis de los límites dentro de los que éste puede actuar frente a terceros, conforme al cúmulo de facultades que le son atribuidas por las disposiciones normativas. Por su parte, la legitimidad estudia la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica. En ese sentido, el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal se limita a la actuación de la autoridad frente a los particulares, es decir, a determinar si su actuación se ubica dentro del cúmulo de facultades que le son conferidas por las disposiciones legales conducentes; sin que pueda analizarse bajo la óptica de la disposición constitucional señalada la cuestión atinente a la legitimidad de un funcionario ni a la manera en que se incorpora a la función pública, pues el derecho fundamental a la legalidad no tiene el alcance de fungir como un medio de control interno de la organización administrativa, pues ello implicaría una injustificada intervención en la autonomía del poder ejecutivo, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Por lo tanto, el quejoso carece de interés jurídico para controvertir los actos reclamados que se hicieron consistir en la indebida designación y permanencia de un juez de lo penal, así como la omisión de no verificar oportunamente que contara con los requisitos legales para fungir en ese puesto, en la medida que sus pretensiones están encaminadas a plantear argumentos de incompetencia de origen, siendo que los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada. Sirven de apoyo a las consideraciones vertidas, los siguientes criterios que al respecto ha emitido la SCJN: "PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. LA DEL APODERADO DESIGNADO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA O ENTE OFICIAL SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO, SIN NECESIDAD DE COMPROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR QUE LO SUSCRIBE. El oficio que contiene la designación de apoderados por parte del titular de un ente o dependencia oficial para que lo represente en el juicio laboral burocrático en el que es parte, constituye un documento público que, salvo prueba en contrario, hace fe en el juicio en el que se presenta, sin necesidad de legalización, lo cual significa que no se requiere de la comprobación del nombramiento del titular que lo expide, en tanto que al emanar de una autoridad que actúa en el ámbito de su competencia, es decir, en ejercicio de sus funciones, como titular que lo expide (o como autoridad facultada para realizar la certificación respectiva), el acto en él contenido se encuentra investido del principio de presunción de legalidad y, por ello, hace prueba plena lo afirmado en él por la autoridad que lo suscribe, siempre que no sea desvirtuado por otros elementos de convicción. Lo anterior da sentido a la disposición del legislador ordinario de exigir del titular la sola emisión del referido oficio, cuando en uso de la facultad que le confiere la ley designa apoderados que lo representen en los juicios laborales burocráticos en los que es parte." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN, GARANTÍA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. El artículo 14 constitucional al referirse a la "autoridad competente" no establece como garantía individual, la necesidad de que las autoridades hayan sido nombradas con arreglo a la ley respectiva; por lo que cualquier vicio que tenga el nombramiento de una autoridad, no implica la violación de garantías por cualquier acto que cometa en contra de un particular, ni todos los actos de dicha autoridad son ilegales y carecen de valor." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. En el juicio de garantías, solo deben combatirse actos de autoridad, y por lo mismo no deben atacarse las incompetencias de origen, pues la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas que incumben constitucionalmente a otros poderes, y en el caso, si se declarara que la autoridad señalada como responsable, propiamente no es autoridad, el amparo interpuesto contra sus actos resultaría notoriamente improcedente." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, uniformemente, que el juicio de amparo es ineficaz para investigar la incompetencia de origen de las autoridades responsables, toda vez que la única competencia protegida por medio del juicio de garantías, es la constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de las atribuciones de los diversos poderes; pero de ninguna manera puede dilucidarse, mediante el ejercicio de la acción constitucional, la cuestión de la existencia o inexistencia de una autoridad o la de su legítima integración." "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional y por medio de decisiones de un poder que, como el judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la existencia de poderes que deben ser independientes de él." Así como el criterio que al respecto también sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. NOCIÓN Y DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La noción de incompetencia de origen, nació hacia la segunda mitad del siglo pasado, para significarse con ella los problemas que entrañaban la ilegitimidad de autoridades locales, (presidentes municipales, magistrados y jueces, así como gobernadores) por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección para desempeñar cargos públicos. Las razones aducidas para distinguirla de las irregularidades examinadas en el rubro de competencia del artículo 16 constitucional, fueron que el conocimiento de aquellas cuestiones por los tribunales Federales se traduciría en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política, la noción de incompetencia de origen así limitada en principio al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo sin embargo extensiva - por la fuerza de la tradición en el lenguaje forense- a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente inclusive al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a la función pública. Así, se introduce una distinción esencial entre la llamada "incompetencia de origen" y la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios "de jure" se ha creado una teoría de los funcionarios "de facto", esto es, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. El examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial: mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este sentido, el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa. Por lo tanto, ni los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contencioso-administrativa federal, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, reproducido en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o incluso sin investidura alguna." No se soslaya que la SCJN ha establecido que, por regla general, el auto inicial no siempre es el momento idóneo para definir si el quejoso carece o no de interés para controvertir los actos que reclama. Sin embargo, como antes se anticipó, en este caso la actualización de la causa de improcedencia se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que no se requiere hacer un análisis profundo, pues tan sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, a través de los cuales la SCJN ha determinado que los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada y esta posición no podría ser modificada por los elementos probatorios que alleguen las partes durante el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos administrativos reclamados, también esa misma causa de improcedencia opera atinente a las actuaciones del proceso penal seguido en contra del quejoso, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2020, precisó que no se reclaman por vicios propios y, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley respecto del acto y autoridades señaladas. Consulta electrónica. ***. Al respecto, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario *** que corresponde a ***, autorizada para oír y recibir notificaciones y para imponerse de los autos de la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en los artículos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el diverso 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico en línea. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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