Manuel Felix Oyarzabal Montealegre

Expediente 1147/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1147/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Manuel Felix Oyarzabal Montealegre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo en que se actúa. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta a su informe de referencia, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Lo anterior sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno. Delegado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegada de las referidas autoridades a la persona que menciona. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de radicar la demanda y dictar acuerdo relativo al señalamiento de día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de radicar su demanda laboral y dictar acuerdo relativo al señalamiento de día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral; sin embargo, de las constancias remitidas por la junta responsable en apoyo a su informe de cuenta, se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje ya radicó la demanda interpuesta por la parte quejosa, asignándole el numero *** y señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de referencia, tal como se aprecia de la imagen siguiente: *** Como se advierte de lo anterior, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje por acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil veinte, radicó la demanda con el número *** y señaló las once horas del diez de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el citado juicio laboral; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Lo anterior, sin soslayar que la junta responsable no haya remitido la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil veinte; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que al momento de notificar personalmente la presente determinación a la parte quejosa tendrá conocimiento de la referida resolución, pues se ordena correr traslado con copia de ésta. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta a su informe de referencia, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Lo anterior sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno. Delegado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegada de las referidas autoridades a la persona que menciona. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de radicar la demanda y dictar acuerdo relativo al señalamiento de día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de radicar su demanda laboral y dictar acuerdo relativo al señalamiento de día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral; sin embargo, de las constancias remitidas por la junta responsable en apoyo a su informe de cuenta, se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje ya radicó la demanda interpuesta por la parte quejosa, asignándole el numero *** y señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de referencia, tal como se aprecia de la imagen siguiente: *** Como se advierte de lo anterior, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje por acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil veinte, radicó la demanda con el número *** y señaló las once horas del diez de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el citado juicio laboral; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Lo anterior, sin soslayar que la junta responsable no haya remitido la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil veinte; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que al momento de notificar personalmente la presente determinación a la parte quejosa tendrá conocimiento de la referida resolución, pues se ordena correr traslado con copia de ésta. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Asimismo, mediante diversa circular SECNO/2/2021, del pasado once de enero, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos comunicó que durante el referido plazo comprendido del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se suspenden las citas para consulta de expedientes para los Estados de Sonora (Quinto Circuito), Puebla (Sexto Circuito) y Veracruz (solo el Séptimo Circuito). Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Audiencia constitucional. Se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para la celebración de la audiencia constitucional. Exhorto para mejorar comunicación. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita a las partes que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese; por lista a la parte quejosa y tercera interesada; por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) local(es) y al Agente del Ministerio Público de la Federación.

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