Manuel Esgardo Colima Sanchez

Expediente 1416/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1416/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Manuel Esgardo Colima Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado del juicio en que se actúa y considerando la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley para que la parte promovente de amparo hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda intentada; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.Lo proveyó y firma Roberto Antonio Alcoverde Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con asistencia del Secretario, Moisés Astengo Palencia, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto diecisiete de enero de dos mil veintidós. Escrito Intégrese a los autos el escrito de Manuel Esgardo Colima Sánchez, quejoso en el presente juicio, mediante el cual desahoga la prevención de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Desechamiento Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda en cita, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En la especie, la parte quejosa hace consistir como acto de reclamo, la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca 1050/2021, en el que se declaró improcedente el recurso de apelación planteado en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que el Juez Segundo de lo Civil, aprobó el remate celebrado en autos del juicio especial hipotecario 846/2016 de su índice. En ese sentido, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [...] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los preceptos en cita, se obtiene que en relación a los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, en los que tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y específicamente, tratándose de remates, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, como excepción a la regla general que contiene la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que no constituyan la última resolución, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción V citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: 1) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y; 2) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente (regla general), y; b) Cuando el acto reclamado dictado en ejecución de sentencia y que no constituye la última resolución, vulnere derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (regla de excepción). Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 108/2010 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Lo anterior es así, porque el mencionado párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio de forma manifiesta e indudable, toda vez que en la resolución reclamada se declaró improcedente el recurso de apelación promovido contra el auto por el que se aprobó el remate celebrado en autos del juicio especial hipotecario 846/2016 de su índice, por lo que no constituye la última resolución dentro del procedimiento de remate, es de decir, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, ni afecta algún derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Por tanto, resulta inconcuso que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal en cita.

  3. Principal

    se notfica por lista a la parte quejosa el auto de fecha, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno..."Recepción. Vista la demanda de amparo que promueve Manuel Esgardo Colima Sánchez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1416/2021-4. Prevención. Ahora, para el efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con apoyo en los artículos 108, fracción V, 112 y 114 fracción I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Primero. Precise la fecha en que se emitió la resolución reclamada, pues al respecto, indicó que fue el "veintitrés de noviembre del año cursante 2018". Segundo. Amplíe los antecedentes del acto reclamado y bajo protesta de decir verdad, que carácter procesal le asiste en el juicio de origen, y en su caso, a quienes les asiste el carácter de parte actora y demandada en dicho juicio. Precise en antecedentes con qué carácter se ostenta el promovente en el juicio de origen y cuáles son las partes que emanan del mismo. Al respecto, conviene precisar el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Tercero. Acompañe copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior en el plazo que para tal efecto se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio procesal y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Rubén Nretado Guerrero, al no encontrarse registro de su cédula profesional. Exhortación al uso de medios electrónicos Ahora, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, conforme las consideraciones entonces expuestas y que cobran especial relevancia dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se exhorta a las partes del presente asunto a que de ser posible, realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles las diligencias derivadas del presente asunto. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano