Manuel de la Cruz Sanchez

Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
732/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Manuel de la Cruz Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio con firma electrónica de la Secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, mediante el cual manifiesta que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio amparo 291/2021-I-B de su índice, ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Manuel de la Cruz Sánchez, por conducto de su apoderado legal Oscar Alberto Castillo Ramírez. Lo anterior, si hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por el Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, a través del cual comunica el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio amparo 291/2021-I-B de su índice, del cual se advierte, que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Manuel de la Cruz Sánchez, por conducto de su apoderado legal Oscar Alberto Castillo Ramírez. En ese sentido, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso j), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  3. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la presente fecha, no se ha recibido acuse por parte del Juzgado a quien por razón de turno, le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 732/2020-3, con motivo de la incompetencia planteada por este Órgano Jurisdiccional, respecto de la demanda promovida por Manuel de la Cruz Sánchez, por conducto de su apoderado legal Oscar Alberto Castillo Ramírez. En ese contexto, atendiendo la certificación secretarial de cuenta, en la que consta que después de realizar una minuciosa investigación por parte de la secretaria encargada del trámite, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que en el índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia Villahermosa, se encuentra registrado diverso juicio de amparo 291/2021 a nombre del quejoso en cita, resulta procedente solicitar a dicho juzgado, se sirva a informar si a la fecha ya se pronunció respecto a la competencia que se declinó a su favor. Notifíquese.

  4. Principal

    Escrito aclaratorio Agréguese el escrito que firma electrónicamente Oscar Alberto Castillo Ramírez, apoderado legal de Manuel de la Cruz Sánchez, mediante el cual bajo protesta de decir verdad desahoga la prevención formulada por éste Juzgado en veintiuno de octubre del año que transcurre Incompetencia Ahora, del contenido integral de la demanda, se advierte que se reclama medularmente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. La inconstitucionalidad del acuerdo 09/SPD/SO-20/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, relativo a la modificación sobre el pago del incentivo de K1 destinado a los maestros de Educación Media Superior, mediante el cual viola la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, la LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS ambas de publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de septiembre de 2019, mismo que vulnera en nuestro perjuicio los artículos 1, 3, 14 y 16 constitucional y los criterios de asignación del incentivo K1 publicados en fecha 16 de julio de 2019 que se confirman en el siclo escolar 2019-2020, esto como resultado de la notificación informal del referido acurdo en fecha 28 DE EPTIEMBRE DE 2020, impidiendo con ello que el pago de dicho incentivo sea de manera definitiva para los suscritos a pagarse por el 24% y 27% sobre el sueldo base. Atento a ello, y en atención a lo manifestado por el promovente de cuenta, en el escrito aclaratorio que se agrega, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que ésta debe ser conocida por el juzgador que resida en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, especifica las reglas de competencia en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito indica la "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, esa expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material; esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en tanto que establece una orden, un mandato, o prohibición para realizar algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Las reglas a que se refiere dicho numeral son las que se indican a continuación: 1. Cuando el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; 2. Si el acto o resolución reclamada requiere ejecución material, es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, 3. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Luego, considerando que al instar el juicio de control constitucional, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta desempeñarse como maestro frente a grupo dentro de la Educación Media Superior, en el estado de Tabasco; lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Por otro lado, del anexo que el promovente, adjuntó a su demanda, consistente en copia digital del instrumento notarial 53,893, volumen DCCXLIII de diez de octubre de dos mil veinte, pasado ante la fe del Notario Público número siete de Villa Hermosa, Tabasco, se advierte que el directo quejoso Manuel De La Cruz Sánchez tiene su domicilio en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco; instrumento notarial, de cuyo contenido se desprende que el mismo, reside en el domicilio ubicado en calle Ucase, número 111, fraccionamiento Bosques de Villahermosa, código postal 86030, en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco. De lo que es factible concluir, conforme los datos objetivos que se desprenden de las relatadas documentales, que tanto el domicilio, como el lugar de trabajo del peticionario se ubica en el municipio indicado, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo habida cuenta que si el aspecto por el que se combate el acuerdo versa sobre las condiciones laborales del directo quejoso en su calidad de maestro frente a grupo dentro de la Educación Media Superior, en el estado de Tabasco, es inconcuso que dicho acuerdo tendrá verificativo o habrá de aplicarse en el lugar donde labora el quejoso, conforme se constata a través de sus propias manifestaciones. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989, Octava Época, página 75 (registro 820159), que establece: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Criterio jurisprudencial que si bien parte del análisis al artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables por cuanto el contenido del actual numeral 37 de la ley de referencia vigente, es similar. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Primero de Distrito declara carecer de legal competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel de la Cruz Sánchez por conducto de Oscar Alberto Castillo Ramírez en su carácter de apoderado legal, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito en el Estado de Tabasco en turno, con sede en Villahermosa. Consecuentemente, remítase al indicado órgano, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, los autos originales del presente asunto, copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda referida junto con sus copias y anexos, así como del escrito aclaratorio, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme. Asimismo, solicítese al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional la determinación que asuma al respecto.

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