Manuel Enrique Cahuich Gongora
Expediente 771/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Enrique Cahuich Gongora
Actuaciones
- Principal
Agréguense a estos autos para que obren como legalmente corresponda los informes de suspensión de plano del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, toda vez que en acuerdo de seis de los cursantes, se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata, causando estado dicha determinación y por ende, se ordenó su archivo como corresponda, dejando sin efectos legales, las medidas tomadas en él.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha fenecido el término que se le concedió a las partes quejosa y tercero interesada en proveído de veintidós de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que informaron las responsables, sin que hayan hecho manifestación al respecto; por tanto, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, se aprecia que por sentencia dictada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, confirmada por la ejecutoria de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 169/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto reclamado del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán para su cumplimiento, en los siguientes términos: "[.] SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En atención a lo expuesto en el considerando anterior, al resultar fundado el concepto de violación estudiado, procede conceder la protección constitucional solicitada en forma lisa y llana a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales trasgredidos, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, la autoridad responsable ordenadora Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos el embargo trabado en auto de once de julio de dos mil diecinueve, sobre el predio marcado con el número cuatrocientos cinco, de la calle cincuenta y seis, cruzamientos con las calles cuarenta y tres y cuarenta y cinco, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, únicamente por lo que respecta al gravamen relacionado en la presente sentencia de amparo y derivado del juicio ejecutivo mercantil 1043/2018. 2. Como consecuencia de lo anterior, ordene la cancelación del embargo referido, girando las instrucciones que sean necesarias a la autoridad ejecutora Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad de Mérida, quien deberá actuar en el ámbito de sus atribuciones, y cancelar la inscripción del citado embargo sobre el citado predio, con folio de inscripción 835054 en el folio electrónico 489442, solamente por lo que hace al juicio ejecutivo mercantil 1043/2018 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y respecto del citado inmueble materia del presente juicio. [.]" Ahora, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1.- Por oficios de veintinueve de marzo y veintiuno de abril del presente año, la Jueza Tercero Mercantil y la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial del Estado, respectivamente, informaron que por auto de veinticinco de marzo pasado, dictado en el juicio 1043/2018 del índice del citado Juzgado, se ordenó dejar sin efectos el embargo decretado en dicho procedimiento sobre el bien inmueble marcado con el número cuatrocientos cinco, de la calle cincuenta y seis, cruzamientos con las calles cuarenta y tres y cuarenta y cinco, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como se giró el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que procediera a cancelar dicha anotación. 2.- Por oficio de seis de abril del presente año, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, comunicó que con fecha veintinueve de marzo del presente año, quedó cancelado el embargo trabado sobre el bien inmueble descrito líneas arriba, con número de inscripción 902331. Por tanto, con lo anterior se concluye que las responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria, pues acataron los efectos del fallo ya que la Jueza responsable dejó insubsistente el embargo recaído sobre el bien inmueble propiedad del quejoso, y la autoridad registral responsable procedió a tomar razón de la cancelación respectiva y la Actuaria acató los efectos; y con ello se le restituyó en el goce de sus derechos a la parte quejosa, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo se HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESO NI DEFECTO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por DORIEO ENRIQUE CHAB BALAM, a favor de MANUEL ENRIQUE CAHUICH GONGORA, contra el acto que reclama de la Policía Municipal Coordinada de Kanasín, Yucatán; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda, a reserva que sea ratificada. Fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 771/2021-IV. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Así, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable o a aquellas que resulten con tal carácter, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida, que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá a la omisa una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se impondrá a la omisa una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito, para que se constituya en los separos o cárcel a cargo de la autoridad responsable, o cualquier otro lugar en el que pueda encontrarse detenido o recluido el directo agraviado MANUEL ENRIQUE CAHUICH GONGORA, incluyendo el Centro de Reinserción Social del Estado, a fin de que al momento de la notificación, una vez ante su presencia, le haga de su conocimiento la naturaleza del presente juicio de amparo, y le requiera para que indique si ratifica la demanda promovida a su favor, o bien, lo haga dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo; asimismo, instrúyase al aludido Actuario de la adscripción, para que en el acto de la ratificación de la demanda, de fe de las lesiones físicas que pudiere presentar el directo agraviado MANUEL ENRIQUE CAHUICH GONGORA, y le requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice; con el apercibimiento, que de no ratificar la misma, se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que en caso de que el directo quejoso se encuentre en libertad, se le deberá hacer la notificación relativa en el domicilio señalado en la demanda de amparo. En el entendido, que la anterior notificación deberá realizarse acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. De la revisión de la demanda, se advierte que el promovente reclama la detención fuera de procedimiento e incomunicación, de los que afirma es objeto MANUEL ENRIQUE CAHUICH GONGORA; ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a tener incomunicado al quejoso, hacerlo víctima de malos tratos, tortura, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarlo de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de esta Juzgadora por lo que hace a su libertad personal. Igualmente, la concesión es para que se permita el acceso de manera mesurada a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de la persona detenida; bajo el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrito a este Juzgado, el acceso a uno de los familiares o abogados del directo agraviado, a fin de que estén presentes al momento de dicha diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Asimismo, requiérase a la responsable para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comunique vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano; con el apercibimiento, que de no cumplir con ello, se le impondrá a las omisas una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Asimismo, toda vez que uno de los actos reclamados consiste en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, conviene acotar que en el Estado, ha entrado en vigor el sistema penal acusatorio y oral, por lo que se seguirán los lineamientos establecidos para estos casos. Así las cosas, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión del citado acto para el efecto de que, en el caso de que la detención del directo quejoso haya sido efectuada por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad del directo agraviado, o bien, ponerlo a disposición de las autoridades investigadoras competentes. Ahora bien, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que el agraviado sea puesto en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya llevado a cabo la detención del quejoso, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el Registro de la Detención, pues los miembros de la policía que realicen la detención, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y hora en que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales se concede la suspensión solicitada para el efecto de que, en caso de que se trate de delito flagrante o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición al agraviado, deberá examinar de inmediato las condiciones en que se realizó la legalidad de la detención, debiendo remitir a este Juzgado, las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro de la detención o retención correspondiente, a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar su libertad o solicitar la celebración de la audiencia de control de la detención. En caso de que la detención de la parte quejosa obedezca a un caso distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, se concede la suspensión para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o consignado ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictadas en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de hechos continuos los cuales son susceptibles de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención del agraviado y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente esté ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD al agraviado, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por las autoridades señaladas como responsables; pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tengan conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la directa agraviado, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. A efecto de velar porque la determinación que antecede tenga su más exacto cumplimiento, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, comisiónese al Actuario de guardia de este Juzgado, para que una vez que éste último notifique el presente acuerdo a la autoridad responsable respectiva, en el mismo acto de la diligencia, proceda a levantar acta pormenorizada del cumplimiento que a esta determinación realice la autoridad nombrada, a fin de verificar si la autoridad de referencia puso en LIBERTAD INMEDIATA al directo quejoso, ya que como antes se señaló, el cumplimiento deberá ser inmediato, debiendo señalar la hora en que se cumplió esta determinación. Lo anterior, con el apercibimiento a las autoridades responsables, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el precitado numeral 211 de la Ley de la Materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública para cumplirla. Por otro lado, se ordena al Actuario de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en la dependencia antes citada con relación a los detenidos, debiendo hacer constar dicho fedatario la hora y el día en el que la quejosa ingresó a la dependencia, a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Por último, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye un delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, por no haber sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de la impetrante de amparo. De igual forma, se hace saber a las responsables que el informe requerido sobre la suspensión de plano, también podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial, esto es, 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes que intervengan en este asunto, para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda. Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al Actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues esta Juzgadora se encuentra facultada para corregir la inexactitud del señalamiento del quejoso, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, el agraviado reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos del quejoso. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a las autoridades responsables, que si persistieren en no recibir el oficio que les fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. De la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita al Actuario adscrito, para que en incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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